936 resultados para Orden público


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Adaptación total del Test Keymath a las características educativas, lingüísticas y sociales de la población escolar andaluza siguiendo los procedimientos propuestos por Rash y Wright. 64 alumnos de segundo a séptimo de EGB del Colegio Cristo de la Yedra de Valor, Granada. Administración definitiva de la prueba a 278 alumnos de segundo curso de EGB, 142 niños y 136 niñas, del Colegio Caja de Ahorros, Colegio de Prácticas Masculino, Colegio Compañía de María, Colegio Público Fuente Nueva, Colegio Público San Matías, Colegio Público Inmaculada del Triunfo. Todos de Granada capital. De Granada provincia en el Colegio Público Sánchez Velayos de Ugijar. La prueba se realiza de marzo a junio del curso 1984-1985. Aplicación del test Keymath dividido en 14 subtests de forma individual, tomando como variables: habilidad aritmética demostrada y el dominio o no de determinadas destrezas. Edad, nivel de estudios, sexo, nivel socioecónomico, personalidad. Tests. La estimación de los parámetros de los elementos, se realiza siguiendo el procedimiento de estimación Ucon, utilizando la adaptación a Fortran 77 del Programa Bical realizado por Pérez Meléndez. Análisis de ajuste, utilizando un estadístico Chi cuadrado. Se observa la dificultad obtenida para los diferentes elementos sometidos a análisis. El orden de dificultad obtenido, en general, no presenta grandes variaciones con respecto al orden establecido en la prueba original americana. Los subtests geometría, medida y tiempo son los que ofrecen mayores cambios respecto al orden inicial. En los restantes subtests, el orden de dificultad obtenido es similar al de la prueba original. El Test Keymath es un instrumento útil para el diagnóstico de la habilidad matemática. El contenido de los elementos de Keymath, abarca todos los bloques temáticos incluidos en los programas renovados españoles para el Ciclo Inicial de EGB. A diferencia de los restantes tests de Matemáticas, hace mínimos los requisitos de lectura y escritura. Los resultados obtenidos en la prueba coinciden con las expectativas que los profesores tienen sobre sus alumnos.

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La Orden Ministerial FOM 956/2008 de 31 de marzo, por la que se aprueba la política de difusión pública de la información geográfica generada por la Dirección General del Instituto Geográfico Nacional (IGN), modifica sustancialmente el escenario existente en cuanto a condiciones de uso y distribución de los datos geográficos del IGN. En resumen, se puede decir que se libera completamente el contenido del Equipamiento Geográfico de Referencia Nacional (EGRN), tal y como se define en el R. D. 1545/2007, por constituir un armazón geográfico básico de referencia de uso recomendado, y se libera parcialmente, para usos no comerciales, el resto de productos de datos geográficos del IGN. El IGN se convierte así en el primer organismo nacional responsable de la cartografía oficial en Europa que libera parte de su producción y ofrece el resto en condiciones bastante abiertas. Por otro lado, la iniciativa IDEE (Infraestructura de Datos Espaciales de España) ofrece un amplio abanico de servicios Web, en condiciones de uso también notablemente abiertas, y el impulso que supone la Directiva INSPIRE para una IDE europea, contribuyen a que nos encontremos en un escenario de trabajo en el campo de la IG completamente nuevo y preñado de posibilidades sin explorar. En esta nueva situación, creemos que todos los actores (universidades, sector público, sector privado,…) están llamados a redefinir su papel y a contribuir, en la medida de sus posibilidades, a la liberación y al hecho de compartir recursos, no sólo pensando en el software, al fin y al cabo uno de los componentes de un SIG o de una IDE, si no considerando también los datos y los servicios estándar

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Resumen del autor. Res??menes en espa??ol e ingl??s

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El problema del transporte público colectivo (TPC) en Bogotá es complejo, caracterizado por una inconstante sobreoferta que se ve reflejada, como primera medida, en una tarifa para el transporte público inflada por encima del costo real. Sumado a esto, la debilidad institucional es muy grande, generando así una acumulación de poder a favor de los transportadores, a quienes la sobreoferta les resulta lucrativa. Y si le adicionamos el componente de incentivos que la misma Administración Distrital promueve, con el ineficiente sistema de funcionamiento y adjudicación de rutas, la situación se hace aún más critica. Para reducir la sobreoferta el gobierno de Bogotá ha promulgado una serie de políticas que no han resultado efectivas. Las más estructuradas y optimistas se dieron en la administración Mockus, donde se expidieron los decretos 112 a 116 de 2003 de reestructuración del transporte público, que buscaban reducir la sobreoferta y mejorar la calidad del servicio, que iba en decadencia. El siguiente documento intenta analizar como los decretos mencionados pueden haber sido apenas una estrategia jurídica y una muy limitada política pública al menos por 3 razones especificas: la primera hace referencia a las deficiencias en el momento de la planificación y formulación de la política pública, la segunda analiza el problema de desconocer la existencia e influencia determinante de los transportadores como grupo de presión con poderes económicos y políticos. Y la tercera describe de que manera el alto grado de impunidad a la hora de detectar, juzgar y sancionar a los infractores; ha creado aún más traumatismos en la implementación de estas normas.

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Está investigación es un análisis de las políticas, discursos y programas que tratan sobre el espacio público en las administraciones de Bogotá iniciando desde la de Jaime Castro hasta la de Luis Eduardo Garzón. Este análisis demostró que los gobiernos distritales relacionaron el mejoramiento y generación de espacio público en la construcción de un ciudadano con una cultura política de partipante, ya que este territorio es el lugar donde se relacionaba y generaba procesos de auto reflexión y autodeterminación. Este discurso fue puesto en comprobación, para ello se usaron distintos estudios de renta del suelo, anomia, the broken windows, igualmente se analizaron encuestas de precepción realizadas por organismos institucionales y privados. Probando que la incidencia en el mejoramiento y adecuación del espacio público puede incidir positivamente en la construcción de la cultura política, siempre y cuando se realice adecuaciones en el espacio público intangible y físico, y se garanticen en primera medida los derechos fundamentales de los ciudadanos.

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En 1991 la Constitución Política de Colombia incorporó las estrategias necesarias para hacer realidad la Rendición de cuentas como un proceso que contribuye a la gobernabilidad. El presente documento presenta no solo la legislación del gobierno sino también los modelos utilizados por la Contaduría General de la Nación-CGN y otras instituciones en diferentes países: Asociación Internacional de Administración de Ciudades-ICMA, Instituto Federal de Acceso a la Información-IFAI, Organización Internacional de Instituciones Fiscalizadoras Superiores-INTOSAI y la Organización Europea de las Instituciones Regionales de Control Externo del Sector Público-EURORAI. Adicionalmente se presentan conclusiones basadas en evidencia empírica proporcionada por los stakeholders y las recomendaciones necesarias para poner en práctica el concepto de Rendición de cuentas en la CGN y presentarlo ante los ciudadanos y otros stakeholders.

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El uso y percepción de los ciudadanos respecto a el espacio público, especialmente en parques, es congruente con el discurso político del Alcalde Mayor de Bogotá durante el periodo 1997-2000 referido a ellos, en la medida en que se tome en cuenta el contexto de diversidad presente en la ciudad y su dinámica como punto de encuentro social e identitario.

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Tras casi 30 años de conflicto, en 1990 el gobierno y las guerrillas guatemaltecas, se embarcaron en una serie de negociaciones en el marco de un proceso de construcción de paz que concluyó seis años después con la firma de los Acuerdos finales. Si bien los compromisos acordados incluyeron entre otros asuntos, una serie de reformas en torno a la transformación del sistema político con el fin de promover la consolidación de un orden democrático, esta transformación no inició en 1996, sino que se gestó años antes del emprendimiento de las negociaciones y de hecho, tuvo un efecto imprescindible en el inicio y la efectividad de las mismas al generar un clima propicio para la construcción de la paz. De igual forma, el desarrollo de ambos procesos influyó en las circunstancias del conflicto interno de Guatemala. El siguiente trabajo analiza precisamente el desarrollo entre 1983 y 1999 de estos procesos, de la relación interdependiente surgida entre ellos y los efectos que tuvieron estos lazos sobre el conflicto interno en Guatemala. Para ello se tomaron una serie de enfoques teóricos que proponen la existencia de un vínculo entre democracia y paz y su aporte a la prevención y manejo de los conflictos internos. Estos enfoques argumentan que la democracia se constituye en un mecanismo capaz de regular los conflictos internos a través de medios pacíficos, como la negociación y el debate público, y en que esta democracia necesita de unas condiciones mínimas de paz para poder desarrollarse de manera íntegra.

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El Derecho Penal Internacional es una rama bastante reciente del Derecho Internacional Público. En ese orden de ideas, el Derecho Penal Internacional le debe mucho a otras especialidades del Derecho Internacional, como lo son el Derecho de los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario, puesto que si bien estas dos especialidades pueden y deben separarse del Derecho Penal Internacional, ciertos crímenes involucran tanto infracciones a las normas de DIH como a las de Derechos Humanos. En consecuencia, han dotado al Derecho Penal Internacional de parte de su contenido y por tanto podríamos considerarlas –guardadas las proporciones- como ancestros evolutivos de la especialidad, materia de esta monografía.

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El presente trabajo tiene como objetivo analizar el proyecto de ley 024 del 2007, presentado por el representante Orlando Guerra de la Rosa, en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes del Congreso de la República, el cual tenía como objetivo la creación de la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial. Desde esa perspectiva, se realiza el estudio de la coyuntura que lo enmarcó, los retos y problemas que pretendía resolver dicho proyecto, y las razones por las cuales el proyecto no logró la aprobación de la Cámara. Adicionalmente, se estudia la importancia del Ordenamiento Territorial en el país, junto con las ventajas y desventajas que proponía el proyecto de ley en comento.

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Partiendo de su posición en el Sistema Internacional, una vez cayó el Muro de Berlín, Rusia abrió las puertas a una nueva política exterior. A través de los llamados Códigos Geopolíticos se redefinieron los intereses rusos, siendo los de escala regional los que cobran una mayor importancia. Lo anterior se ve reflejado en el caso de interés: La influencia en materia de seguridad ejercida por Rusia en la región del Cáucaso.

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Se aborda de manera particular el análisis de las exenciones concedidas por el Estado mediante la Ley 218 de 1995, más conocida como la Ley Páez, tras la emergencia económica que sufrieron los Departamentos de Cauca y Huila. Se debaten los conceptos de gasto público y ahorro fiscal.

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Este documento presenta un estudio de la autonomía administrativa de las entidades territoriales en la prestación del servicio público educativo en Colombia.

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La investigación aborda la problemática del contrato estatal atípico a partir de un marco teórico, con el fin de encontrar los contratos estales atípicos en la práctica pública, y a partir de allí realizar un análisis de su contenido de acuerdo al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública.