998 resultados para Delitos contra el honor
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Nuevo código de infancia y adolescencia. Antecedentes, análisis y trámite legislativo tiene por el objeto presentar los debates y aportes académicos que giraron en torno a la redacción del Código de infancia y Adolescencia y que sirvieron de apoyo para los congresistas que se encontraba al frente del trámite de la iniciativa. En el presente texto se recogen las opiniones, sugerencias y fundamentos filosóficos y académicos de un equipo interdisciplinario de docentes de la Universidad del Rosario que, desde antes de la radicación del proyecto de ley y hasta la sanción presidencial de la norma, estuvo realizando aportes académicos indispensables para la consolidación de esta iniciativa legislativa. Adicionalmente, el libro cuenta con las ponencias y textos definitivos que se profirieron al interior del Congreso como parte del trámite legislativo del proyecto, así como la norma sancionada y algunos cuadros de análisis de normas relacionadas con la matera. El libro que presentamos a ustedes es un esfuerzo por recoger los antecedentes y las reflexiones en torno a la nueva norma y un esfuerzo por consolidar en un documento los aportes que desde la academia se hicieron a tan importante iniciativa legislativa. Este libro está dirigido a jueces de familia, jueces de menores, procuradores, defensores de familia, personeros, comisionarios de familia, abogados, docentes, estudiantes de pregrado y especialización, magistrados, congresistas, unidades legislativas, autoridades de policía, instituciones de adopción, psicólogos, trabajadores sociales, funcionarios del ICBF y todas las personas que tenga un interés en los derechos, las garantías y la protección de nuestros niños, niñas y adolescentes.
Genocidio y responsabilidad penal militar : precisiones en torno al artículo 28 del Estatuto de Roma
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El estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional es parte del ordenamiento jurídico colombiano desde el 1 de noviembre de 2002 y desde esta fecha los pronunciamientos en torno al contenido de este no se han hecho esperar. Entre estas intervenciones, la Corte Constitucional colombiana ha afirmado que el artículo 28 del Estatuto contempla una situación en virtud de la cual se estaría frente a un genocidio culposo. ¿Plantea el Estatuto de Roma el genocidio culposo para los jefes militares? ¿Es posible la comisión u omisión culposa del genocidio? ¿La tendencia internacional se dirige hacia una nueva tipificación y modalidad de comisión y omisión del genocidio? Este libro guía al estudioso de derecho penal e internacional, de las cortes internacionales y, en general, a quien presenta interés en la teoría de la responsabilidad del jefe militar, el genocidio, las disposiciones del Estatuto de Roma y los futuros pronunciamientos de la Corte Penal Internacional, a través de un análisis de la situación esbozada por la Corte Constitucional y la respuesta a los interrogantes planteados a la luz del ordenamiento jurídico interno, del derecho comparado y de los estatutos penales internacionales.
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En una época gobernada por la razón, en la que cada decisión está sustentada en argumentos, EEUU, junto con otros Estados, ha promovido la necesidad de aplicar los principios racionales a las Relaciones Internacionales. Esta campaña se ha efectuado para evitar repetir episodios lamentables de la historia, como cuando en el nombre de Dios, pueblos con mayor poder bélico se embarcaron en cruzadas contra los más débiles. Así, hoy las acciones de los Estados, especialmente cuando incluyen el uso de la fuerza, idealmente deberían tener un sustento ideológico racional, para no repetir injusticias del pasado, y por el contrario, mostrarse como necesarias para el bienestar de la Comunidad Internacional, la cual ha legitimado intervenciones militares de un Estado, o un conjunto, que han liberado sociedades de regímenes totalitarios, o llevado la paz a territorios en guerra, al tiempo que ha condenado la violencia sin motivos aparentemente racionales. Ejemplo de condena se ve contra los ataques del 11 de septiembre del 2001, ejecutados en nombre de Dios. Pero el 11-09 no solo desencadenaron opiniones negativas, sino que llevaron a EEUU a una lucha internacional contra el terrorismo, acudiendo a intervenciones militares en países como Iraq, que sin tener relación directa con los ataques del 11-09 ha despertado interrogantes sobre la legitimidad de estas políticas. ¿Tienen el derecho EEUU para condenar a quienes hoy apelan a Dios para ejecutar sus actos? ¿Acaso EEUU está libre de pecado?. Esta monografía indagará sobre la relación religión-política exterior de EEUU, estudiándola durante la administración de George W. Bush, investigando en la historia de la nación, y observando la continuidad de esta práctica en la próxima generación de líderes del país.
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Esta monografía busca analizar el papel del Estado colombiano con respecto a la protección de los Derechos de sus ciudadanos que han sido víctimas de la explotación sexual. En especial procura determinar los alcances y los logros de las políticas públicas colombianas encaminadas a reducir el número de niños, niñas y adolescentes víctimas de la explotación sexual como modalidad del delito de Trata de Personas durante el período 2000 2007. A partir de lo anterior, se trazaron como objetivos específicos: definir el delito de Trata de Personas y analizar las causas que conllevan a ser víctimas de ésta con la finalidad de comprender de qué es lo que se está hablando, y las condiciones en que se ubica la mayoría de sus víctimas. En segundo lugar intenta exponer la política pública colombiana contra el delito de Trata de Personas y especificar las instituciones que respaldan la elaboración de la misma. Igualmente busca analizar los programas implementados a partir de la política para entender qué ha hecho el Estado al respecto y con qué institucionalidad cuenta para la realización de sus proyectos. Para finalizar, busca analizar los alcances y logros de la política implementada por el gobierno colombiano. La presente investigación sobre el fenómeno de la Trata de Personas pretende mostrar que este delito no solamente afecta a las mujeres, como se ha presumido comúnmente, sino que por el contrario, hoy en día vincula diferentes sectores de la sociedad.
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El Plan Colombia fue diseñado como un paquete de ayuda internacional para la búsqueda de la paz en un marco de colaboración multilateral. Tras una negociación bilateral de dos años entre Colombia y Estados Unidos, el Plan concentró sus objetivos en la lucha contra el narcotráfico. Este trabajo pretende mostrar en qué consistió este cambio y describir el significado de la política del Plan. Se plantea que la política está determinada por la concepción del desarrollo como seguridad (Duffield, 2001 y 2002). Para ello, se realiza un análisis comparativo documental entre el primer texto del Plan Colombia, incluido en el Plan Nacional de Desarrollo de 1998, y el texto definitivo hecho por el gobierno en el 2000. La monografía argumenta que la ayuda otorgada está determinada por la lucha internacional contra las drogas y un nuevo modelo de Estado que implica tanto replantear las relaciones sociales a nivel local como una reflexión acerca de la soberanía estatal en el marco de nuevas tendencias globales.
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El giro que el sistema internacional dio tras los atentados perpetrados el 11 de septiembre de 2001 fue de enorme importancia para la política exterior de Irán y su posicionamiento en el sistema internacional. En efecto, la lucha guerra contra el terrorismo que Estados Unidos inició y que finalmente desembocaría en las incursiones armadas a Afganistán e Irak -ambos países limítrofes de Irán, en 2001 y 2003 respectivamente, así como la inclusión de Irán por parte de la administración Bush en 2002 como parte del denominado Eje del mal, generaron en el imaginario iraní una idea de amenaza internacional y por lo mismo, la necesidad de hacerse fuerte con el fin de mantener su integridad territorial y gubernamental. Así pues, una compleja situación económica y social sumada a una fuerte coalición del partido conservador iraní -uno de los más fuertes del país, soportado por el Ayatolá Alí Jamenei, autoridad suprema de la nueva República, un nuevo líder de corte conservador, llegaría a la presidencia: Mahmoud Ahmadinejad, un líder controversial y problemático que desde su primera campaña presidencial en 2002 defendería el derecho de la República a desarrollar armas nucleares para fines pacíficos. El verdadero inconveniente surge cuando occidente, en cabeza de los Estados Unidos en compañía de algunas potencias europeas como lo son Alemania, Francia y Gran Bretaña, duda sobre esta última afirmación. Esta investigación pretende profundizar cada uno de los elementos anteriormente mencionados así como establecer la forma en la cual China y Rusia países que ven de forma diferenciada el manejo de arsenal nuclear, logran configurarse y acreditar este desafío ante la comunidad internacional.
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Bajo el mandato del presidente Thabo Mbeki, Sudáfrica se ha perfilado como una potencia regional pacificadora, en tanto, legitimado por su lucha contra el régimen del apartheid y con los recursos provenientes del sostenido crecimiento económico tan inusual en el África subsahariana, se ha involucrado con la agenda de paz y seguridad continental, basado en los lineamientos panafricanos del Renacimiento Africano. Si bien este rol sudafricano conlleva grandes costos, materializados en tener que enfrentar las críticas de sus vecinos por la intromisión en los asuntos internos de los demás países, la cesión de soberanía a instituciones internacionales que constriñen la actuación del Estado, la destinación de recursos al financiamiento de las misiones de paz que podrían ser utilizados para responder las demandas socioeconómicas internas y la priorización del mercado africano ante la real importancia del continente asiático y el europeo como socios comerciales; es claro que los beneficios son mayores. En primera medida, el grado de formalización e institucionalización de los esquemas regionales de cooperación e integración en los que Sudáfrica se ha insertado, es relativamente bajo. Segundo, el despliegue de fuerzas para el mantenimiento de paz en la región es una apuesta a largo plazo con enormes beneficios como la consolidación de un vecindario seguro y mejores perspectivas de crecimiento económico. Por último, justificado en su labor pacificadora, el país obtiene el prestigio internacional necesario para exigir y alcanzar el tan anhelado puesto permanente en el Consejo de Seguridad de la ONU.
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El Departamento Administrativo de Seguridad DAS fue acusado de intervenciones ilegales de líneas telefónicas a magistrados, periodistas y miembros de la oposición. Una investigación periodística de la revista Semana puso al organismo en evidencia y al gobierno entre ojos. Esta es la historia detrás del escándalo colombiano que algunos ya comparan con Watergate.
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El proyecto político del ex Presidente Álvaro Uribe Vélez se presentó como una novedad histórica, articulada alrededor de la lucha contra el terrorismo y se creía que era la única salida eficaz a la situación de violencia que se venía generando en Colombia cincuenta años atrás. El estilo político de gobierno y la imagen personal de Álvaro Uribe Vélez marcó una ruptura significativa con relación a sus antecesores y a otros importantes dirigentes políticos de Colombia, ya que se tenía la concepción de que los anteriores gobiernos se caracterizaron por la incapacidad para enfrentar el conflicto armado. Esta novedad se vio reflejada no solamente en las medidas y políticas propuestas e implementadas desde comienzos de su administración, sino en toda una serie de estrategias tendientes a capturar la atención de los medios de comunicación y el respaldo de la ciudadanía al programa de gobierno en general y a la política de seguridad democrática en particular. Los consejos comunales de gobierno celebrados en los departamentos de Vichada y Chocó durante 2002 y 2006, incidieron en los resultados de las votaciones presidenciales del 2006 a favor de Álvaro Uribe Vélez. Esto es así dada la propaganda política que se hizo en ellos de la imagen del presidente y el uso de algunas reglas especiales que permitieron persuadir al electorado. Como se pudo observar, los consejos comunales hacían especial énfasis en las cualidades atrayentes del presidente: carácter, credibilidad, dinamismo, carisma y liderazgo. El uso de las 5 reglas explicadas: aprovechamiento de los deseos preexistentes de la audiencia, la apelación a las emociones, la simplificación de las emociones, la repetición de los temas principales y las afirmaciones declarativas directas, finalmente pretendían vender al presidente como un político sui generis, con unas cualidades excepcionales y como el único capaz de asumir los problemas de las regiones con autoridad y decisión. Esto sumado al vínculo emocional que siempre generaba con el público, catalizó su efecto propagandístico.
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El tráfico de personas especialmente el de mujeres para la explotación sexual en la región del Gran Mekong es un hecho que está afectando a la situación interna de los países, circunstancia que genera la necesidad de crear marcos de cooperación entre los gobiernos y las agencias de la ONU como mecanismo para tratar de dar solución al problema. Algunos países de la región como Tailandia, Camboya, Myanmar y Vietnam han iniciado este proceso como medida de prevención buscando así un mayor control judicial y laboral al igual que evitar una mayor violación de derechos humanos. Por esta razón Vietnam ha aprovechando las iniciativa de la ONU a través de sus agencias (OIT, UNODC y UNIAP) para emprender una lucha contra este problema y al mismo tiempo integrarse con los países de la región por que es a través de esto que se pueden lograr mayores resultados y beneficios. La cooperación internacional se ha convertido en uno de los mecanismos más utilizados por los estados para ayudar a darle solución a los problemas que no han podido resolver por ellos mismos. Este mecanismo ha permitido al gobierno vietnamita desarrollar algunas medidas contra el tráfico de mujeres para la explotación sexual. Esta investigación tiene como objetivo principal Analizar la cooperación entre la ONU a través de sus agencias especiales: OIT, UNIAP y UNODC y el gobierno vietnamita sobre el tráfico y explotación sexual de mujeres en la región de Mekong durante el periodo 2004 2008. Es por esto que en el primer capítulo se hace una descripción de la problemática sobre el tráfico y explotación sexual de mujeres en la región del Mekong, en el segundo se analiza la influencia de los proyectos de la ONU sobre la creación de políticas internas y externas en Vietnam lo que nos lleva a finalizar con una evaluación del alcance de las políticas que ha desarrollado Vietnam como resultado de la cooperación. La base teórica de este trabajado está planteada a través del enfoque básico del liberalismo y las teorías que lo abarcan son el Neoliberalismo Institucional de Robert Keohane y el Funcionalismo de David Mitrany, quienes analizan las instituciones internacionales y los temas de cooperación internacional entendidos como mecanismos que ayudan a resolver las falencias que el estado no puede suplir, de igual manera retoma la importancia de temas de la agenda mundial como lo son los derechos humanos, el medio ambiente y la economía.
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El documento contiene un análisis sobre la manera de controlar los contratos estatales antes y después de la expedición del Estatuto Anticorrupción (Ley 1474 de 2011)
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Introducción: La enfermedad diarreica aguda (EDA) es la segunda causa de muerte a nivel mundial en menores de cinco años. El rotavirus es el principal entero-patógeno asociado a EDA severa por lo cual se ha iniciado la vacunación contra este virus en Colombia. Este trabajo evaluó la efectividad de la vacunación contra la hospitalización por diarrea en niños menores de dos años en cinco ciudades de Colombia. Metodología: Análisis de sobrevida para estimar la efectividad de la vacuna contra el rotavirus en la prevención de hospitalización por EDA, basado en los datos de una encuesta poblacional realizada en niños menores de dos años de Bogotá, Barranquilla, Cali, Cartagena y Riohacha, en la que se recolectó información socio-demográfica, de vacunación, factores de riesgo para EDA y antecedentes de EDA. Resultados: Incidencia acumulada de hospitalización por diarrea de 5,3%. Cobertura de vacunación fue de 88,5% y 78% para primera y segunda dosis respectivamente. La vacunación con dos dosis presentó una efectividad de 52,4% IC 95% (13,2% a 73,9%) en la prevención de hospitalizaciones por EDA y la vacunación adecuada una efectividad de 59,5% IC 95% (23,9% a78,4%). El sexo masculino y la ciudad de residencia (Riohacha) se asociaron al riesgo de hospitalización. Conclusiones: La vacunación contra rotavirus mostro ser efectiva en la prevención de la hospitalización por EDA. Las coberturas de vacunación y la adherencia al esquema presentan deficiencias que requieren medidas para asegurar la vacunación de todos los niños antes de los seis meses..
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En una reciente decisión, la Corte Suprema de Justicia Colombiana condenó a un médico por haber prestado sus servicios profesionales a personas pertenecientes a un grupo armado al margen de la Ley. En el presente escrito revisamos ese fallo a la luz de la teoría de la imputación objetiva para diferir de la opinión del Alto Tribunal, por cuanto entendemos que el ejercicio de la medicina jamás constituirá un riesgo desaprobado y éste es un elemento necesario para que pueda hablarse de un delito.
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Hace 37 años, aproximadamente desde el 13 de mayo de 1970, fecha en la que el profesor Claus Roxin leyó su ponencia titulada “Política criminal y sistema de derecho penal”, la ciencia del derecho penal ha experimentado un profundo cambio en su método y en su objeto. El antiguo paradigma de que el derecho penal debía ser la barrera infranqueable del derecho penal, vigente desde los tiempos en que Franz von Liszt pronunció su conocido “Programa de Marburgo”, fue sustituido por una nueva perspectiva en la que la dogmática jurídico-penal sólo adquiere su verdadera dimensión de sentido, cuando se la elabora en función de la realización de los fines político-criminales que a la ley penal le atribuye la Constitución. La doctrina penal actualmente dominante, en consecuencia, ha abandonado por completo el método lógico-deductivo de los tiempos del positivismo, y el método teleológico-valorativo impuesto por el neokantismo, para adoptar como método para la elaboración y determinación del derecho penal uno con orientación teleológica hacia la realización de la política criminal del Estado. Hoy la doctrina general, casi de forma unánime, toma como punto de partida la idea de que la Constitución Política reconoce positivamente un conjunto de valores éticosociales,cuya preservación explica desde sus fundamentos el ius puniendi. Si se toma realmente en serio el carácter de Estado social y democrático de derecho, esa potestad con la que cuenta el Estado para crear delitos y para imponer penas, sólo puede fundamentarse como contrapartida del deber que le asiste de actualizar esos valores positivamente reconocidos en la Constitución. La Carta Política, depositaria de ese acuerdo sobre lo fundamental al que supo llegar el constituyente primario, determina con exactitud cuáles son esos valores sobre los que ha de erigirse el Estado; valores que luego se encarnan en las libertades civiles y en los bienes jurídicos fundamentales, y que habrán de servir como límite y fundamento del derecho penal. Si por política criminal entendemos el conjunto de principios que orientan, enmarcan, limitan y fundamentan el uso del ius puniendi que, legítimamente, puede hacer el Estado en orden a prevenir la realización de conductas que afecten las libertades y los bienes jurídicos básicos, entonces no queda duda de que ella se encuentra ya delineada en sus trazos más fundamentales en la Constitución Política, y que la ley penal no es más que la concreción de la política criminal del Estado en su más pura expresión. Muchos son los valores dignos de protección, y por ellos son muchos también los bienes que tradicionalmente han gozado de alguna forma de tutela jurídico-penal: la vida, la libertad individual, la libertad y el pudor sexual, la honra y el buen nombre, el patrimonio o la administración pública, son sólo algunos ejemplos de ellos. No obstante,junto a esos bienes jurídicos tradicionales, que desde mediados del siglo XVIII integran lo que actualmente se suele conocer como el derecho penal clásico o nuclear, han empezado a surgir otros que reclaman también protección penal. Se trata, en general, de bienes jurídicos que se aglutinan en lo que hoy se conoce como el derecho penal moderno o accesorio, y cuya protección se garantizaba anteriormente apelando a la legislación mercantil o administrativa. Y me refiero, en particular, a bienes jurídicos que, como la propiedad industrial, los derechos patrimoniales de autor, el medio ambiente o los recursos naturales, han pasado recientemente a disfrutar de un indiscutible estatus de protección penal del que antes no gozaban. Uno de esos bienes jurídicos que han pasado recientemente a disfrutar de la tutela jurídico-penal, es el orden económico y social, y es en el estudio de las conductas por medio de las cuales se le lesiona o pone en riesgo, donde se centra nuestra principal preocupación académica.
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Esta monografía busca responder desde la perspectiva del análisis del discurso a la pregunta sobre la manera como la década de los noventa permite explicar el surgimiento del discurso de Álvaro Uribe Vélez frente al tema de seguridad para las elecciones presidenciales del 2002. La problemática central de esta investigación gira entorno a los distintos hechos socio-políticos tanto nacionales, como internacionales que marcaron de manera negativa la percepción de la población colombiana durante la década de los noventa en el ámbito de la seguridad. Por lo tanto se buscó caracterizar al fenómeno político del ex mandatario desde el concepto de ideología a partir de la teoría del discurso ideológico propuesta por Teun Van Dijo, con el fin de saber si esta teoría es un elemento para comprender dicho discurso.