1000 resultados para LIMA (PERÚ) – AD¬MINISTRACIÓN PÚBLICA


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Se analiza la intervención parlamentaria del Conseller d'Educación Manuel Ferrer el dia 4 de noviembre de 1997 en relación a que, en 1998, el Govern Balear asumía las competencias en materia educativa a partir de las transferencias definitivas acordadas en las negociaciones que, durante meses, se mantuvieron con el gobierno central, lo que supuso 41.600 millones de pesetas, cantidad considerada insuficiente por todos los partidos de la oposición. Las transferencias afectaron a 140.000 alumnos y 1.700 profesores de alrededor de quinientos centros de enseñanza primaria y secundaria. El debate posterior se centró en cómo debían crecer los servicios educativos, hacia dónde -enseñanza pública, concertada o privada- los contenidos de la enseñanza, el peso de los gastos de los padres y de la administración y las prioridades en la construcción de nuevos centros.

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Decano de las Facultades de Relaciones Internacionales y de Ciencia Política y Gobierno participará, en la conferencia anual sobre Administración Pública que organiza el Institute of Public Administration of Canada en Ottawa.

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Decano de las Facultades de Relaciones Internacionales y de Ciencia Política y Gobierno participará, ent, como moderador principal del World Justice Project Latin America and Caribbean (LAC) Rule of Law Conference en la ciudad de Lima, Perú.

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En el plan de desarrollo integral 2004 2019 la universidad tiene como objetivo integrar diferentes tecnologías de información y comunicación en los ejes misionales de docencia, investigación y extensión, propiciando un cambio cultural progresivo de la comunidad rosarista. (pag.59); Es por esto que la universidad desea saber el nivel de conocimiento y competencia tecnológica de los docentes. Así las cosas, la Universidad busca que con su plan de desarrollo integral se forme al profesor en esa cultura, siendo este competente con la tecnología de la información para lograr ejercer satisfactoriamente su cátedra, en el contexto en que dicho plan desea integrar las diferentes tecnologías de información y comunicación, a fin de generar un apoyo a los procesos de los docentes a nivel curricular, optimizando el uso de plataformas educativa en la labor pedagógica

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Hace 37 años, aproximadamente desde el 13 de mayo de 1970, fecha en la que el profesor Claus Roxin leyó su ponencia titulada “Política criminal y sistema de derecho penal”, la ciencia del derecho penal ha experimentado un profundo cambio en su método y en su objeto. El antiguo paradigma de que el derecho penal debía ser la barrera infranqueable del derecho penal, vigente desde los tiempos en que Franz von Liszt pronunció su conocido “Programa de Marburgo”, fue sustituido por una nueva perspectiva en la que la dogmática jurídico-penal sólo adquiere su verdadera dimensión de sentido, cuando se la elabora en función de la realización de los fines político-criminales que a la ley penal le atribuye la Constitución. La doctrina penal actualmente dominante, en consecuencia, ha abandonado por completo el método lógico-deductivo de los tiempos del positivismo, y el método teleológico-valorativo impuesto por el neokantismo, para adoptar como método para la elaboración y determinación del derecho penal uno con orientación teleológica hacia la realización de la política criminal del Estado. Hoy la doctrina general, casi de forma unánime, toma como punto de partida la idea de que la Constitución Política reconoce positivamente un conjunto de valores éticosociales,cuya preservación explica desde sus fundamentos el ius puniendi. Si se toma realmente en serio el carácter de Estado social y democrático de derecho, esa potestad con la que cuenta el Estado para crear delitos y para imponer penas, sólo puede fundamentarse como contrapartida del deber que le asiste de actualizar esos valores positivamente reconocidos en la Constitución. La Carta Política, depositaria de ese acuerdo sobre lo fundamental al que supo llegar el constituyente primario, determina con exactitud cuáles son esos valores sobre los que ha de erigirse el Estado; valores que luego se encarnan en las libertades civiles y en los bienes jurídicos fundamentales, y que habrán de servir como límite y fundamento del derecho penal. Si por política criminal entendemos el conjunto de principios que orientan, enmarcan, limitan y fundamentan el uso del ius puniendi que, legítimamente, puede hacer el Estado en orden a prevenir la realización de conductas que afecten las libertades y los bienes jurídicos básicos, entonces no queda duda de que ella se encuentra ya delineada en sus trazos más fundamentales en la Constitución Política, y que la ley penal no es más que la concreción de la política criminal del Estado en su más pura expresión. Muchos son los valores dignos de protección, y por ellos son muchos también los bienes que tradicionalmente han gozado de alguna forma de tutela jurídico-penal: la vida, la libertad individual, la libertad y el pudor sexual, la honra y el buen nombre, el patrimonio o la administración pública, son sólo algunos ejemplos de ellos. No obstante,junto a esos bienes jurídicos tradicionales, que desde mediados del siglo XVIII integran lo que actualmente se suele conocer como el derecho penal clásico o nuclear, han empezado a surgir otros que reclaman también protección penal. Se trata, en general, de bienes jurídicos que se aglutinan en lo que hoy se conoce como el derecho penal moderno o accesorio, y cuya protección se garantizaba anteriormente apelando a la legislación mercantil o administrativa. Y me refiero, en particular, a bienes jurídicos que, como la propiedad industrial, los derechos patrimoniales de autor, el medio ambiente o los recursos naturales, han pasado recientemente a disfrutar de un indiscutible estatus de protección penal del que antes no gozaban. Uno de esos bienes jurídicos que han pasado recientemente a disfrutar de la tutela jurídico-penal, es el orden económico y social, y es en el estudio de las conductas por medio de las cuales se le lesiona o pone en riesgo, donde se centra nuestra principal preocupación académica.

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El presente trabajo pretende analizar los cambios institucionales, administrativos y de gestión producidos en el sector de agua potable y saneamiento básico en el Departamento del Chocó, a causa de las reformas impulsadas por la política de descentralización y sus distintos procesos entre 1986 y 1996 que se caracterizaron por combinar formas de centralización y descentralización con el ánimo de coordinar y generar colaboración y responsabilidades mutuas entre los distintos niveles de gobierno, dentro del enfoque de la inserción del “agua” como un derecho constitucional a partir de 1991.

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Antes de que Colombia fuera país, ya existían disputas, enfrentamientos e injusticias en torno a la estructura de acceso, tenencia y usufructo de la tierra. Tal situación engendró tensiones espaciales, que se pueden abordar y caracterizar a partir de un marco teórico sobre neoinstitucionalismo político. Con lo anterior en mente, el objetivo de ésta investigación , fue el de determinar la manera en que las dinámicas entre tensiones espaciales históricas como instituciones, delinearon el contexto del cual surgió la Ley 1448 de 2011 (Restitución de tierras y reparación de víctimas del conflicto armado) y la intervención e incidencia que ésta pretende, en la coyuntura actual.

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En la actualidad el Pacífico es visto como un espacio de oportunidades para aprovechar, bien sea de manera individual o a través de la creación de iniciativas comunes que conduzcan a mayores acercamientos a esta región. Si se apela a las iniciativas, es preciso estudiar el Acuerdo del Pacífico AP, un espacio conformado por México, Colombia, Perú y Chile, que se plantea como principal objetivo el acercamiento a la región de Asia Pacífico. Así, el presente documento intenta hacer un aporte a la disciplina de las Relaciones Internacionales por medio de un análisis de estas dos iniciativas, haciendo énfasis sobre el Acuerdo del Pacífico, también llamado Alianza del Pacífico, espacio que en la actualidad se perfila como uno de los de mayor dinamismo y relevancia en Latinoamérica.

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La energía eléctrica y los bienes o activos eléctricos (de acuerdo con la definición técnica) con que se lleva a cabo su prestación, goza de una particular regulación y normatividad, explicables por la importancia capital de este servicio público, sumado al diseño institucional traído por la constitución de 1991, lo que la hace especialmente compleja, dinámica y abierta a precisiones. Es ese sentido, se parte de un entendimiento inicial de todos los activos que conforman una red de generación, transmisión y distribución eléctrica, para de esa forma comenzar a esbozar el régimen jurídico de los mismos, dependiendo de su posición dentro de la cadena de suministro eléctrico. Una vez concluido este acercamiento, se abordan los principales problemas previsibles desde una perspectiva puramente académica, como por ejemplo el relacionado con el alcance de los conceptos de la CREG y su valor normativo, la presunta inembargabilidad de los bienes destinados a la prestación de servicios públicos en cabeza de comunidades organizadas y el problema de la propiedad de particulares sobre activos conformantes de la red de suministro eléctrico y la salida normativa a ese conflicto (pues no debe olvidarse que los propietarios de activos de uso general, de acuerdo con la CREG, deben ser prestadores de servicios públicos domiciliarios) de modo tal que se respeten los derechos de propiedad. De cada uno de estos interrogantes surgen soluciones que lejos de zanjar las discusiones al respecto, buscan abrir el debate sobre un tema de tan capital importancia.

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En el presente proyecto se realizaron cuatro capítulos que corresponden a unos objetivos específicos; en el primer capítulo, se abordó un estudio analítico del origen, definición, características y naturaleza de las multas contractuales y de las cláusulas penales en el derecho privado, el objetivo fijado era establecer un marco teórico que fundamente los capítulos siguientes. Posteriormente, en el segundo capítulo, se realizó una identificación y evaluación del tratamiento que la legislación ha dado a las multas contractuales y cláusulas penales. En el tercer capítulo, se analizó un caso práctico donde se evidencia la dificultad en la aplicación de estas figuras por la Administración Pública, resaltada por la escasa e imprecisa legislación al respecto. Finalmente, en el último capítulo, se enumeraron y desarrollaron la problemática e interrogantes detectados a lo largo del proyecto, con la idea de establecer soluciones a los vacíos o incongruencias encontradas.

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Tas la subscripción del Convenio de Asociación No. 0171 del 29 de junio de 2011 entre el Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario y la Gobernación del Departamento del Huila, con la finalidad de estudiar los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) en cada uno de los municipios del departamento, el presente documento contiene el análisis y evaluación de los avances del municipio Saladoblanco frente a los ODM, así como sugiere estrategias y recomendaciones de focalización de recursos para el periodo 2012 - 2015. Esta cartilla consta de dos partes, la Parte I describe la caracterización del municipio en dos capítulos: El Capítulo I puntualiza los principales indicadores demográficos y socioeconómicos como la distribución Urbano Rural, composición étnica, migraciones, desplazamiento, potencial de producción, composición de niveles educativos, entre otros. El Capítulo II hace alusión al desempeño de la administración y la importancia de su participación y regulación en la gestión, resaltando fortalezas y desafíos para enfrentar los ODM bajo estrategias que promuevan los programas y proyectos de desarrollo. Dando continuidad, la Parte II enfatiza sobre las políticas de la administración pública, abarcando las diferentes problemáticas sobre las cuales se deben tomar medidas correctivas y preventivas en ocho capítulos alusivos individualmente a cada uno de los objetivos, en los cuales se enfatiza en temas como: Pobreza extrema y hambre - Enseñanza primaria universal Igualdad de género Reducción de mortalidad en niños menores de 5 años - Mejorar la salud materna Combatir enfermedades como VIH, dengue y malaria - Sostenibilidad del medio ambiente y Promover alianzas universales de desarrollo.

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La idea central de este texto es que la ineficacia del voto programático (un tipo de voto que vincula a algunos gobernantes en Colombia al cumplimiento de su programa de gobierno) debe ser duramente criticada desde una comprensión participativa y deliberativa de democracia y desde el punto de vista de la obligatoriedad del Derecho, y por lo tanto resuelta a partir del desarrollo de las garantías del voto programático ya previstas en la Constitución y en la ley, así como a partir de la creación de nuevas garantías. En la primera parte del texto, correspondiente al marco teórico de la investigación, se desarrolla el tema de los posibles vínculos entre quienes están sujetos al poder político y quienes lo ostentan en una democracia (básicamente, mandato representativo y mandato imperativo). En la segunda parte, luego de la descripción normativa del voto programático, se ofrece una revisión detallada de la revocatoria del mandato en Colombia, teniendo en cuenta los últimos avances legislativos e información sobre su puesta en práctica. Así mismo, el trabajo incorpora un estudio de la correspondencia que debe existir entre los planes de desarrollo de departamentos y municipios y los programas de gobierno impuestos por la vía del voto programático a los elegidos gobernadores y alcaldes, así como un análisis del tema del control sobre la Administración a partir de la idea de accountability. Finalmente, se ha incluido un capítulo que plantea la posibilidad de considerar el cumplimiento de las promesas políticas como un derecho subjetivo.

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La exclusión social en París ha alcanzado niveles alarmantes generando un malestar social importante en los franceses, llegando incluso a transformarse en protestas callejeras como en el caso de los disturbios de 2005. Existe una segregación espacial tácita, vinculada directamente con el origen socio-cultural, el nivel económico e incluso con la orientación sexual de sus habitantes. Este reportaje apunta a resaltar esta grave situación y las iniciativas tomadas por el gobierno de Nicolás Sarkozy y los desafíos que le esperan al nuevo mandatario galo François Hollande. A lo largo de esta investigación periodística se evidencian el origen de las ampliaciones urbanas en la capital francesa, los retos sociales que persisten en el París actual y la multiplicidad de actores sociales que están involucrados. Lejos de haber un consenso, los diferentes actores implicados difieren en las medidas a adoptar para paliar esta segregación. Estas medidas van desde potenciar el transporte público hasta la construcción de viviendas de interés social.

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Estudio sobre el llamamiento en garantía con fines de repetición, como mecanismo jurídico para exigir la responsabilidad patrimonial de los agentes estatales, enfocado en las causas de su ineficacia y sus posibles correctivos.

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Remarcar la importancia de las actitudes hacia las lenguas catalana y castellana, y la competencia comunicativa en cada una de éstas en el panorama educativo de las Islas Baleares. Establecer cuál es la actitud y el nivel de conocimiento de los alumnos de octavo de EGB en ambas lenguas. Determinar cuáles son los factores que influyen sobre esta actitud y estos conocimientos. Precisar si existe una relación significativa entre la actitud hacia ambas lenguas y el rendimiento instructivo adquirido en ellas. Examinar otros factores de la situación de la enseñanza-aprendizaje de las lenguas en Mallorca. 553 alumnos que cursan octavo de EGB en las escuelas de Mallorca durante el curso 84-85, de los cuales 240 pertenecen a centros públicos y 313 a privados. Muestreo aleatorio estratificado por afijación proporcional en función de la situación geográfica del centro y por el régimen jurídico de la escuela. Muestreo por conglomerados. En el apartado teórico se revisa el concepto de actitud, la educación como proceso configurador de ésta, el rol de la escuela en tanto que contexto modelador de actitudes, la pedagogía de las lenguas y la evaluación de actitudes, la pedagogía de las lenguas y la evaluación de actitudes; en relación a los conocimientos se trata el problema educativo del bilingüismo y la competencia comunicativa. En el apartado experimental se plantea una investigación sobre las actitudes de los estudiantes de la escuela primaria en Mallorca hacia las lenguas catalana y castellana, y su nivel de conocimientos en éstas. Las variables independientes ambientales son tres: situación geográfica del centro, régimen jurídico de la escuela y uso público de las lenguas en la escuela; las individuales son ocho: sexo, situación socioprofesional, origen del alumno, tiempo de residencia en Mallorca, lengua familiar, condición lingüística del alumno, capacidad general de aprendizaje y rendimiento académico socio-legal. Las variables dependientes de tipo afectivo son dos: la actitud hacia las lenguas y el significado afectivo de éstas; las de tipo cognoscitivo hacen referencia a los conocimientos totales de las lenguas: vocabulario, comprensión lectora, ortografía, composición escrita y cultura literaria y gramatical. Para la evaluación afectiva se utilizan dos escalas de actitud: EALL-1 y EALL-2, y dos diferenciales semánticos: DS-1 y DS-2. Para la evaluación cognoscitiva se utilizan dos tests de vocabulario: TVC-1 y TVC-2, dos pruebas de comprensión lectora: PCL-1 y PCL-2, dos pruebas objetivas de rendimiento ortográfico: PORO-1 y PORO-2, dos pruebas de composición escrita: CE-1 y CE-2, y dos pruebas de cultura literaria y gramatical: PCLG-1 y PCLG-2. Para otras variables de tipo socio-lingüístico, tanto individuales como ambientales, se utiliza un cuestionario para el alumno y otro para el colegio. Las pruebas seguidas del número 1 se dirigen a la lengua catalana y las seguidas del número 2, a la castellana. Análisis estadístico apoyado por el paquete SPSS. Análisis de varianza, ANOVA, para relacionar las variables dependientes con las variables independientes. ANOVAFAC. Análisis factorial. Matriz de correlaciones de Pearson. Los factores que más influyen en la actitud hacia las lenguas son de carácter lingüístico-individual: la lengua familiar y la condición lingüística global de los alumnos. Siguen, en importancia, el sexo y la situación geográfica. El tiempo de residencia en Mallorca, la capacidad general de aprendizaje, el rendimiento académico y el origen del alumno son variables que influyen en la conformación de actitudes hacia el catalán, pero no sobre el castellano. La situación socio-profesional familiar influye en las actitudes hacia el castellano pero no sobre el catalán. La titularidad del centro no resulta significativa. Respecto a la evaluación cognoscitiva, la variable que más influye en el conocimiento de ambas lenguas es la capacidad general de aprendizaje. Existe correspondencia entre rendimiento académico y conocimientos totales de las lenguas. Las variables de tipo afectivo demuestran tener más influencia sobre los conocimientos del catalán que sobre los del castellano. Los alumnos de escuelas privadas tienen mejores conocimientos en lenguas. Las chicas dominan mejor ambas lenguas. Cuanto mayor uso público, mejor competencia comunicativa. A mejor categoría socio-profesional de los padres corresponde un conocimiento más elevado en lengua. El distrito de levante es el que tiene menores conocimientos frente a las zonas centrales y de montaña donde se registran los mejores conocimientos. El catalán se ha incorporado al sistema escolar de las Baleares, aunque como asignatura. Todavía hay escuelas que no imparten el número mínimo de horas. La denominación popular continúa siendo 'mallorquín'. La mitad del alumnado es catalanoparlante pero no lo es su condición lingüística ambiental. Ante el predominio del castellano no se puede afirmar la existencia de una educación bilingüe aunque sí se observa un avance en la conciencia lingüística unitaria del idioma catalán. Esta evaluación diagnóstica de la situación de las lenguas catalana y castellana en Mallorca sirve de base a responsables de la política educativa, así como a profesores para que proporcionen medidas adecuadas que contribuyan a la mejora de la enseñanza y del estatus de la lengua catalana como lengua territorial propia de la Islas Baleares. Las propuestas de intervención pedagógica para el contexto escolar vienen especificadas en cuatro áreas: 1. Entorno físico. Propiciar el uso público del catalán en las reuniones, en actividades extra-escolares, en la correspondencia, en la revista escolar, etc. 2. Materiales y recursos didácticos. Mayor uso del catalán en textos impresos, en material audiovisual, etc. 3. Maestro y currículum. Metodología participativa, empatía, etc. 4. Política educativa. Transformación del currículum, modelo organizativo bilingüe, formación del profesorado, supervisión, asesoramiento, etc. Las propuestas para el entorno cultural son, entre otras, aumentar los incentivos, mayores subvenciones para material didáctico, becas de investigación, integración de los inmigrantes a nuestra realidad cultural y lingüística, mayor propaganda comercial en catalán, política normalizadora de la administración pública, mayor uso del catalán en las celebraciones religiosas, etc..