519 resultados para Globalización -- Conflicto armado -- Colombia


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La interrelación entre el municipio y la participación ciudadana en Nicaragua cobró especial relevancia con la restauración de la autonomía municipal en la Constitución de 1987 y con la promulgación de la Ley de Municipios en 1988. La dictadura somocista había suspendido la autonomía municipal durante 50 años, un período que incluyó la cancelación de la elección libre y directa de las autoridades locales, y aunque se reconoció de forma declarativa la autonomía financiera y administrativa, las competencias y funciones de las municipalidades fueron subordinadas a la aprobación final del Gobierno Central. Con las elecciones de 1990 el régimen autonómico municipal entró en vigor de manera expresa por primera vez en la historia de Nicaragua. Además, a partir de entonces se vio ampliado y reforzado con una larga lista de leyes como parte del proceso de descentralización del Estado y de reforma de la administración pública, coincidiendo con la salida del conflicto armado. Al mismo tiempo se generalizaron experiencias participativas en los tres niveles de la administración pública, municipal, autonómica y nacional, que a su vez dieron origen a un marco normativo innovador en Nicaragua y Centroamérica, que conoció su punto más importante con la Ley de Participación Ciudadana en 2003, claramente inspirada en el ámbito municipal. Sin embargo, tras el regreso del FSLN al poder, el presidente Ortega dentro de sus planes de refundar el Estado tomó un conjunto de medidas para limitar la autonomía municipal. Estudios de la época mostraron que la esfera política la autonomía municipal era unos de los obstáculos para implantar el modelo del Poder Ciudadano, que se asentaba en los Consejos del Poder Ciudadano (CPC), organizados de manera jerárquica desde el nivel nacional hasta las comunidades rurales y barrios...

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Esta investigación busca dar cuenta de las representaciones sociales que tienen las mujeres de la (in) seguridad, en dos comunas de la ciudad que se caracterizan por contextos de violencia urbana, pero que tienen unas connotaciones específicas que conllevan a unas representaciones particulares dadas las relaciones con el entorno, los/as otras, el espacio físico y los grupos armados legales e ilegales y que no solo se reproducen en la violencia urbana en relación a un conflicto armado urbano sino a ese orden social que establece el comportamiento de hombres y mujeres en la sociedad

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Esta investigación busca dar cuenta de las representaciones sociales que tienen las mujeres de la (in) seguridad, en dos comunas de la ciudad que se caracterizan por contextos de violencia urbana, pero que tienen unas connotaciones específicas que conllevan a unas representaciones particulares dadas las relaciones con el entorno, los/as otras, el espacio físico y los grupos armados legales e ilegales y que no solo se reproducen en la violencia urbana en relación a un conflicto armado urbano sino a ese orden social que establece el comportamiento de hombres y mujeres en la sociedad

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Esta investigación busca dar cuenta de las representaciones sociales que tienen las mujeres de la (in) seguridad, en dos comunas de la ciudad que se caracterizan por contextos de violencia urbana, pero que tienen unas connotaciones específicas que conllevan a unas representaciones particulares dadas las relaciones con el entorno, los/as otras, el espacio físico y los grupos armados legales e ilegales y que no solo se reproducen en la violencia urbana en relación a un conflicto armado urbano sino a ese orden social que establece el comportamiento de hombres y mujeres en la sociedad

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Los colombianos llevamos 35 años viviendo una situación que Daniel Pecaut ha descrito como ¨ni guerra ni paz¨. Una de las posibles claves explicativas de este hecho son las condiciones en que ha estado la sociedad civil en el conflicto armado.

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Tesis (Licenciado en Educación Religiosas).-- Universidad de la Salle. Facultad de Ciencias de la Educación. Programa Licenciatura en educación Religiosa, 2013

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En la década de los 90, el paisaje educacional en El Salvador era preocupante e incierto, producto del periodo de tensión a causa del conflicto armado que la tierra cuscatleca vivía en su día a día. En términos generales, los problemas educacionales que aquejaban a la clase trabajadora se evidenciaban en las alarmantes cifras que dejaban en claro que solamente el 12% de la población alcanzaba a terminar el 9° grado, mientras que un 11% lograba terminar la escuela secundaria, sin avanzar a más, dejando en evidencia que solo un 1% lograba llegar a estudios universitarios. El resto de los porcentajes lo conforman los niveles altos de analfabetismo, el cual oscilaba entre el 70% y 75%, perteneciendo en mayor porción al sector rural y específicamente, en su gran mayoría, al sector femenino. Estas cifras mostraban la inquietante marginación educativa de la nación, lo que reafirmaba que el sistema educativo estaba dirigido únicamente al servicio de las minorías de poder. Este artículo consiste en un análisis de corta extensión, pero de valioso contenido que permitirá al lector entender claramente la situación educativa salvadoreña del año 1991, específicamente en los niveles de educación inicial, nivel medio, nivel superior no universitario, nivel universitario, sector docente y educación especial

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Este libro surge del encuentro imprevisto de varias trayectorias investigativas, un encuentro que demuestra la importancia estructural y estratégica que tienen las economías criminales en Antioquia. Después de más de una década de trabajo sobre la violencia urbana y los problemas humanitarios en el departamento, la socióloga e historiadora Ana María Jaramillo encontró la ocasión para preguntarse por el estado de los estudios regionales sobre narcotráfico. La respuesta señala el desplazamiento que ocurrió en las preocupaciones de los investigadores antioqueños –académicos o no– hacia el conflicto armado y sus secuelas en materias humanitaria y de seguridad. Gustavo Duncan transformó su conocimiento y dedicación al estudio de los fenómenos de autodefensas y paramilitares en un intento por comprender las relaciones entre tráfico de drogas, crimen y poder tanto social como político. En mi caso, la pérdida de centralidad del conflicto armado de carácter político y la inquietud por las fuerzas que alimentan la inseguridad en la región ha orientado las pesquisas hacia la economía criminal. Y en este punto confluye el conocimiento de varios colegas de la Universidad EAFIT, en especial del profesor Alberto Naranjo. Superados o en vías de superación los fenómenos épicos del Cartel de Medellín, las milicias populares, las Auc y las aventuras urbanas de las Farc y el Eln –que han dado para películas, novelas, documentales, afectos y odios, aquí y afuera– queda la más opaca y no menos cruda presencia del narcotráfico como eje articulador de otras economías criminales e informales, y como expresión de una cultura permisiva, incómoda con la legalidad y atraída por el enriquecimiento y el ascenso social rápidos. Este es el punto de encuentro de la búsqueda de los investigadores reunidos en este volumen. La Fundación Proantioquia cumplió con la necesaria función de facilitar este encuentro. Varias conversaciones con su Presidente Juan Sebastián Betancur alrededor de la pregunta por las condicionales regionales que propician la criminalidad en Antioquia fueron conduciendo al interés por las condiciones en que funciona la justicia, la debilidad de las instituciones locales y el poder económico ilegal, entre otros factores. El resultado práctico fue el apoyo financiero de Proantioquia a un proyecto de investigación que involucró a investigadores de varios departamentos de la Universidad EAFIT, coordinados desde el Centro de Análisis Político de la misma. Fruto de este apoyo son los artículos de Duncan y Giraldo y Naranjo. El trabajo de Ana María Jaramillo proviene de otro proyecto diferente, como se indica en el respectivo lugar. Finalmente, la impresión como libro de los resultados de estos trabajos de investigación se debe también al interés y apoyo de la administración municipal. El Alcalde Alonso Salazar Jaramillo y el Director de la Empresa de Seguridad Urbana de Medellín Jesús María Ramírez respaldaron esta iniciativa.

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Fenómenos como la migración interna, el crecimiento poblacional, los desastres naturales, el conflicto armado y la crisis económica y social, además del rol del Estado, caracterizado por cumplir funciones de ejecutor, interviniendo directamente en la construcción de proyectos habitacionales, aumentaron la problemática del sector vivienda. Otros problemas como la exclusión social de amplios sectores populares, representa una de las raíces de la pobreza y marginación que impiden la accesibilidad de la mayoría de la población a una vivienda adecuada. La anterior situación agudiza el déficit habitacional, el cual tanto en el ámbito nacional como regional sigue creciendo en proporción al aumento de los hogares; pero, las soluciones habitacionales crecen a un menor ritmo. En razón de lo antes relacionado el presente trabajo tiene como finalidad realizar un estudio de factibilidad para la creación de una línea de crédito en el Fondo Nacional para la Vivienda Popular, cuyo propósito primordial es permitir al sector informal específicamente a los grupos familiares de los Comerciantes en los Mercados Municipales optar a un crédito para vivienda y mejorar sus condiciones de vida. Se desarrolló una investigación de campo, con el objetivo de medir el grado de aceptación para dicha línea de crédito para vivienda. Los resultados obtenidos reflejan que una de las principales causas del por qué los Comerciantes en los mercados no pueden optar a crédito para vivienda es por los requisitos del Sistema Financiero que difícilmente este sector puede cumplir, en cuanto a la comprobación de sus ingresos. Ante estos resultados el 70% de los encuestados manifestaron carecer de vivienda y a la vez estarían en la disposición de adquirir un crédito para vivienda lo cual confirma la demanda y necesidad de la línea de crédito.