842 resultados para Administración local y autonómica
Resumo:
Resumen basado en el del autor
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Número extraordinario 2006, con el título: PISA. Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos. Resumen basado en el de la publicación
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Serie de seis artículos con el mismo título genérico en los siguientes números de la revista: n. 25, p. 92-100; n. 26, p. 184-196; n. 29, p. 175-182; n. 30, p. 30-37; n. 31, p. 122-133 y n. 32, p. 206-215
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Se presentan y comentan los principales momentos del desarrollo histórico de la orientación en España. Se realiza un repaso legislativo de las principales disposiciones sobre orientación. Así, se trata la orientación: en la enseñanza primaria y en las enseñanzas medias anterior a 1970; en la propia Ley General de Educación de 1970; en las orientaciones pedagógicas para la EGB; en el Curso de Orientación Universitaria; en el Reglamento de los Centros de Formación Profesional; en el Reglamento de los institutos de Bachillerato; en el Consejo Orientador de la segunda etapa de EGB; en el estatuto de los Centros Escolares; en los institutos de orientación educativa y profesional; en los centros de enseñanzas integradas, en el INEM; en la Administración Provincial y Municipal; en la Administración Autonómica y preautonómica; y en las iniciativas privadas en materia de orientación. Se aporta un ejemplo de institucionalización: los servicios provinciales de orientación escolar y vocacional, donde se implanta una línea pedagógica que implica una sucesión de etapas coordinadas.
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Se pretende combatir los problemas con los que se enfrentan los responsables de la formulación de las políticas en Noruega, debido al paso de un sistema centralizado, dirigido por reglas, a otro en el que la descentralización se convierte en norma operativa. Se propone cómo se puede ajustar la evaluación a las funciones de la escuela, la autoridad local y el Ministerio, y se señalan los conocimientos necesarios para realizarla, las fuentes de evaluación y la utilización que se hace de los conocimientos y la evaluación en este proceso. Por último, se destaca cómo la evaluación puede y debe ajustarse a otros aspectos de una planificación educativa y de un sistema distributivo.
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Los gastos en educación en España en 1965, ascendieron a unos 28.865 millones de pesetas, según el Servicio de Estadística del Ministerio de Educación y Ciencia. En esta cifra se incluyen también los gastos de la Administración pública, tanto estatal como local, y los de otros organismos públicos. El gasto en educación representa el 2,58 por 100 de la renta nacional de España. Pero parece que el total de los gastos en educación realizados en España en 1965 es algo superior a la cifra antes mencionada, en base a una serie de razones. Una parte de los gastos que se financian por organismos públicos, fuera del presupuesto específico para gastos de educación. Se muestran en un cuadro los gastos estimados para cada uno de estos organismos del sector público, pero también se recogen los gastos de organismos privados y del sector público y privado conjuntamente. En el segundo cuadro se recogen la financiación en los gastos de educación en 1965, y sus porcentajes. En el último cuadro aparece una relación de los hogares, clasificados según los gastos de enseñanza en porcentajes.
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En España espectacular crecimiento del número de alumnos y gran centralización de funciones. Lo que ha provocado una gran congestión de funciones en la Junta de Construcciones que no ha sido dotada de medios suficientes. Es más, es imposible controlar tantas obras solo por un organismo central desde 1971. La consecuencias más evidentes son el estrangulamiento de las construcciones escolares e indirectamente, el retraso en las obras y un encarecimiento de su coste. Por esta razón se plantea la necesidad de realizar una desconcentración y descentralización, al menos en el nivel de la Educación General Básica. En definitiva, es necesaria una reestructuración de competencias entre la administración central y la provincial. Hasta 1968 las construcciones estaban fraccionadas entre varios organismos que se correspondían con los diferentes niveles de la educación. Esta situación multiplicó innecesariamente las unidades gestoras y condujo a una falta de coordinación en las construcciones. Así, se limitó el fraccionamiento. En realidad, existen unas normas generales sobre proyectos, pero está justamente en el control pedagógico y económico de cada proyecto específico que no está atribuido a ningún organismo. Uno de los problemas más graves de la falta de puestos escolares y de la ineficacia de la programación de las construcciones es la falta de solares que requieren la necesidad de oficinas centrales y provinciales encargadas sólo de la promoción, inventario y tramitación de las incidencias de los solares. En la actualidad, esta función no está encomendada a ningún organismo, no central, ni provincial, al menos en cuanto a la promoción e inventario.
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Hubo muchos problemas, situaciones y recomendaciones durante los primeros años de la reforma educativa en España. No es hora de establecer un balance, pero si de afirmar una actitud en las personas responsables de las tareas de planificación. El planificador provincial y su equipo de colaboradores deben adoptar un talante especial en orden a: profundizar cada vez más todos los problemas y situaciones que la planificación educativa presenta; depurar y perfeccionar los medios e instrumentos de análisis de los distintos fenómenos y problemas educativos; establecer una más completa labor de coordinación y colaboración con todos los sectores o estamentos interesados en la planificación social en general, no dejarse sorprender o desanimar ante cualquier fallo o situación desfavorable con que tropiece. Por último, seguir avanzando en el camino emprendido, con las máximas autoexigencias de profesionalidad.
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La principal propuesta de este estudio es que, a pesar de los escépticos, aún existe un importante componente de investigación que debe considerarse relativo al desarrollo curricular y a la mejora escolar, y que, al tratar de llegar a una conclusión debemos rehacer el modelo IDD para obtener el modelo de revisión, evaluación y desarrollo. (RED). Sólo así, podremos resolver el asunto de la diseminación, reforzar la eficacia de la evaluación en el proceso de desarrollo y fortalecer las relaciones entre los programas de desarrollo y mejora más arraigados y los movimientos locales de desarrollo y revisión curricular que a menudo se han propuesto como alternativas al modelo IDD. Esto parece útil en una época en que las revisiones escolares son objeto de una activa promoción por parte de las autoridades centrales y locales y en las que aún, existe una fuerte dicotomía entre las estrategias nacionales para el desarrollo, tal y como las ponen en práctica organismos como el Schools Council (hasta 1984) el CDU australiano y otros organismos a nivel internacional y los grupos de acción La expresión RED designa aquí interrelacionadas por medio de las cuales los practicantes y las instituciones en las que trabajan (incluidas las escuelas) participan consciente y deliberadamente en la investigación y desarrollo, no son meros receptores de sus productos, sino que colaboran activamente con especialistas en investigación y pueden considerarles como copropietarios de los procesos y lso resultados obtenidos. De ello resulta: el desarrollo del currículo y otras formas de mejora escolar son procesos reflexivos y crítico, que supone una revisión sistemática de los procesos que se están aplicando; la revisión de la escuela es hoy familiar para muchos profesores y gana adeptos para que la comunidad escolar se evalúe; los RED llevados a cabo por instituciones tienen ventajas sobre el antiguo IDD, pero sin excluir investigación y desarrollo a gran escala. El proyecto RED puede ser la plataforma para proyectos de investigación y desarrollo más amplios. No vale pensar que en los últimos años se ha sustituido un modelo por otro, se ha hecho, pero no totalmente y existe la doble tendencia a pensar que el modelo IDD no ha conseguido sus objetivos y a pasar por alto el desarrollo curricular basado en la escuela, de la iniciativa local y de la participación de los profesores en los cambios de los años sesenta y anteriores. La situación es siempre más compleja de lo que podría sugerir una simple oposición de estrategias..
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Se creó en 1836 y desde entonces ha cambiado tres veces de nombre, el actual y tercero desde 1940. Este cambio de nombres no a significado en realidad modificaciones sustanciales respecto a las funciones asesoras que el Consejo siempre ha tenido encomendadas. Teniendo en cuenta esta continuidad, las fases de evolución del Consejo se concretarían así: el Consejo conoce un primer momento fundacional y vacilante entre 1836-1848; una segunda etapa de consolidación que coincide con la promulgación de la Ley Moyano en 1857, que dedicó un capítulo a la regulación de este consejo y cuya prolongada vigencia implicó la subsistencia de una serie de estructuras fundamentales, entre ellas la de este órgano colegiado. A partir de 1932 y durante un periodo que llega hasta nuestros días, el Consejo sufre cambios de orientación. Este periodo se inicia ese año transformando el Consejo de Instrucción Pública en Consejo Nacional de Cultura, con la consiguiente ampliación del ámbito de sus funciones de asesoramiento, añadiendo a las clásicas ya asignadas de instrucción pública añade otras relativas a archivos, bibliotecas , tesoro artístico, instituciones benéfico-docentes, etcétera. El periodo termina con la promulgación de la Ley General de Educación, a partir de la cual se inicia otro periodo de configuración aún incierto porque se le añaden más funciones, no menos importantes, de representación de los organismos, entidades y sectores vinculados directamente a la educación o relacionados con sus problemas. La novedad está ahora en la conversión en un órgano colegiado teóricamente apto para su exposición e influencia, de forma que sus dictámenes se convierten en expresiones mixtas de expertos en educación y representantes de las aspiraciones sociales ne materia de educación. Este periodo tiene un significado ambivalente. Por una parte refleja la crisis del consultivo tradicional en su versión a de administración educativa, y por otra, la incrustación de los elementos representativos en el Consejo, lo que corresponde con el fenómenos aparecido en la moderna administración europea, el renacimiento de la colegialidad. Un renacimiento que se genera por la utilización del mismo para nuevos cometidos, dando entrada a la participación de ciertos sectores de interesados y administrados en la gestión de los asuntos públicos de la educación.
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Años 1977 hasta 1992. La demografía, el mercado laboral, la configuración del sistema educativo, las nuevas tecnologías están presionando para que los centros de enseñanza adapten su oferta a las nuevas demandas. Y la administración, por su parte, se ve obligada a trasladarles mayores cotas de negociación, a dotarles de un mayor grado de autonomía. Se ha revisado cómo la forma de distribuir los recursos entre centros, la capacidad de generar ingresos por estos y, en definitiva, todos los componentes de la gestión pueden crear problemas de eficiencia, sobre todo, problemas de equidad, los cuales deberán ser cada vez más vigilados por la Administración educativa y subsanados en su caso. Especialmente las desigualdades entre las Comunidades Autónomas, redes y centros. Se ha intentado que todo se relacione y son elementos de la gestión e los centros, que debe de estar sometida a una permanente puesta a punto. Los centros nuevos retos que la sociedad y la Administración educativa les imponen. Pero se debe plantear ajustar su forma de intervenir en el sistema educativo, empezando por la separación clara de sus tres funciones: reguladora, financiadora y de producción. Conviene señalar que la autónoma de gestión para los centros escolares ha de ser gradual, no son todos iguales.
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En la universidad clásica, tanto en España como en los países de Europa occidental, la función social más importante ha sido la educación especial de la élite administrativa político- jurídica y profesional en general y la reproducción social de esa clase privilegiada. Con independencia de la adecuación escrita de sus contenidos curriculares siempre estuvo orientada hacia las profesiones superiores. Los títulos y los diplomas de estas facultades garantizaban el acceso profesional a los mejores puestos de la administración pública y se valoraban muy bien en el mercado de trabajo. pero, con la masificación de la actual universidad, se ha producido un desajuste estructural entre la enseñanza superior y el empleo público, en general y, también una desestabilización de la relación tradicional entre las cualificaciones académicas en las carreras universitarias tradicionales y el empleo privilegiado; en segundo lugar, la transición a una economía de alta tecnología, hace que las políticas universitarias de los gobiernos europeos estén reconsiderando las funciones de la universidad, con una orientación netamente tecnocrática y utilitarista. En el caso de España faltan las investigaciones sociológicas para saber a que atenerse. Pero todo apunta hacia el desarrollo de dos transformaciones fundamentales: por un lado, la constitución de un dualismo universitario que tiende a resolverse con dos tipos de universidades diferentes, una de élites, privada y pública con salida profesional más fácil y acceso a los mejores empleos, para la minoría que dispone del capital económico, social y cultural suficiente; y en una universidad pública, masificada, para la mayoría, con una salida laboral bastante más difícil y a las ocupaciones medias, para la mujer y los otros estudiantes en general. Pero a esto hay que añadir, además, la reorientación tecnológica utilitarista gubernamental, creciente de la nueva universidad de élites y de la universidad en general. En la universidad privada se da un predominio claro de las enseñanzas tradicionales: ciencias sociales y jurídicas, medicina e incluso humanidades. En cambio, las carreras técnicas correspondientes a las escalas técnicas tradicionales y a los nuevos estudios neoprofesionales superiores se estudian en la universidad pública..de ahí la insistencia, por parte de los responsables gubernamentales de la política universitaria, de la necesidad de incrementar la oferta de titulaciones científicas y técnicas y, de adaptar la oferta profesional a la demanda del mercado. Además, también se desprende una demanda de educación superior que no se corresponde ni con las previsiones realizadas, ni con la oferta universitaria, sino la jerarquización de las carrreras universitarias en función del precio de mercado de sus títulos, con la consiguiente dedicación de los mejores recursos humanos a determinadas carreras técnicas, la subvención pública de las carreras más rentables económicamente para los individuos que las cursan y la subordinación , en definitiva, del sistema universitario al mercado de trabajo. para terminar, hay que decir que la producción científica de la universidad ha mejorado notoriamente con el aumento de los recursos económicos y de los incentivos profesionales de la investigación, con independencia de lo positivo del éxito del plan I+D.
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Las virtudes típicas de la educación inglesa han mostrado, desde siempre, una gran negativa hacia todo espíritu de uniformidad militar y ha preferido siempre dar prioridad al esfuerzo voluntario. En el aspecto organizador y administrativo, el sistema difiere mucho del de otros países en tres aspectos básicos: descentralización de la administración, el papel realizado por entidades de carácter voluntario y el hecho de que los profesores no están sujetos al control oficial en asuntos de enseñanza. Las relaciones entre autoridades local y central son buenas al estar basadas en las consultas y en la cooperación a través de un trato directo. En el pasado la instrucción pública dependió de entidades religiosas, sociedades particulares e instituciones benéficas que por tradición perviven. Los directores de las escuelas tienen gran libertad para organizarlas en función de sus criterios. No hay libros de texto oficiales y los maestros son empleados de las autoridades locales o de las entidades que gobiernan sus escuelas. El Ministerio de Educación se limita a realizar un control mínimo a través de inspectores. Estos rasgos característicos de descentralización, esfuerzo voluntario y libertad de metodología en la enseñanza, han creado un sistema de gran variedad.
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Revisión del Proyecto Educativo de Barcelona. El Proyecto Educativo de Ciudad impulsado en Barcelona se centra en dos puntos: 1. la educación como instrumento, no solo de progreso científico, sino también de cohesión social y de lucha contra la desigualdad y, 2. la educación entendida como un proceso que se produce a lo largo de toda la vida y que no se restringe sólo a la escuela. Es por ello, que la ciudad se convierte en una red donde interactuan multitud de agentes educativos. Se convierte en una 'Ciudad Educadora'. Se enumeran los responsables técnicos y políticos de este proyecto y se ofrece bibliografía sobre el tema.
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Resumen del documento de diagnóstico elaborado por el equipo técnico del Proyecto Educativo de Ciudad de Barcelona y aprobado por el Consejo Directivo del mismo. Se describen los hechos y tendencias más relevantes de la situación de la educación en Barcelona en relación con el sistema de educación formal, la formación básica, la formación permanente, la incorporación al mundo del trabajo, la oferta cultural y educativa, la función de las familias, los medios de comunicación, la cooperación, la organización de la ciudad y su ecosistema, la participación ciudadana, y la situación de las personas disminuidas.