1000 resultados para Tecnologia de la informació - Política governamental - Colòmbia
Resumo:
Tiene como objetivo fundamental estudiar en qu medida la evolucin de las nuevas tecnologas de la información y la comunicacin han permitido la transnacionalizacin de las formas de participacin política en el contexto democrtico de los pases de Amrica Latina, enfatizando el caso ecuatoriano. Para lograr el objetivo planteado, se ha realizado un sucinto recorrido terico sobre la democracia, el estado y la ciudadana desde la mirada de la Ciencia Política. Adems se ha desarrollado el anlisis de la transnacionalizacin de la participacin política en el marco del desarrollo de las nuevas tecnologas de la información y comunicacin. La metodologa utiliza la información aportada por tres variables, la conceptual y la recabada a travs de entrevistas a profundidad y encuestas realizadas a actores estratgicos en materia de sociedad y tecnologa. El estudio analiza las prcticas que en este campo han experimentado los pases de Amrica Latina, profundizando el razonamiento en el caso ecuatoriano. Para este fin se ha tomado varias iniciativas de e-participacin política en el Ecuador subrayando el modelo planteado por la Plataforma Virtual "Bienvenidos a Casa" que lidera la Secretara Nacional del Migrante de este pas. Finalmente, se discuten las posibilidades empricas de ampliar el ejercicio en la actualidad de la participacin política en este contexto analtico.
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La Educacin Intercultural ha sido planteada en la dcada de los 90s desde los pueblos indgenas y otras diversidades del territorio boliviano y ecuatoriano con una dimensin política. Pero su puesta en prctica a travs de la Reforma Educativa de ambos pases se ha reducido en una mirada multicultural. A partir de los proyectos iniciales de la interculturalidad se analiza la dimensin política que subyace a las experiencias educativas del CEFOA-Fermn Vallejos y de Raqaypampa Cochambaba Bolivia y de la Escuela Política de Mujeres Dolores Cacuango de Quito Ecuador, espacios creados por la organizacin campesina indgena de la CSURCIR y del ECUARUNARI, respectivamente. Como lugar tras el cual subyace la dimensin política se toma tres ejes centrales: el marco poltico (fines y objetivos de los Centros), organizacin curricular (ejes temticos, metodologa y dentro de ella las acciones de los participantes) y la estructura organizativa interna.
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Las instituciones políticas informales pueden tener mayor peso que las formales. La destitucin presidencial en el Ecuador, el fenmeno poltico ms dramtico de los ltimos diez aos, es un ejemplo de ello. Los ltimos tres presidentes democrticamente electos han sido destituidos, removidos de su cargo de manera extra constitucional mediante resoluciones del Congreso Nacional. Este mecanismo de la destitucin presidencial es ms complejo que una pugna de poderes entre el Ejecutivo y el Congreso; la protesta popular ciudadana y las Fuerzas Armadas tambin son claves en su funcionamiento. El modelo general que se sigue es: protesta popular movilizada por un detonante, como una crisis política o econmica; la resolucin legislativa que depone al Ejecutivo; y el arbitraje final de las FFAA. Se analizar esta nueva institucin bajo tres argumentos: 1) la destitucin presidencial en el Ecuador tiene una lgica propia; 2) la multiplicidad de actores ha fortalecido su mecanismo de funcionamiento; y 3) esta institucin es distinta de los fenmenos sucedidos en el resto de la regin. Usando el marco conceptual del institucionalismo histrico, este trabajo establece los orgenes de la inestabilidad presidencial en el Ecuador. Despus, analiza la innovacin institucional implcita en su surgimiento del patrn de la destitucin presidencial, enfocndose en la pugna política y econmica entre las elites del pas al principio de los aos noventa. De ah, explica cmo los diversos actores e intereses convergen para asegurar la reproduccin de la institucin. Finalmente, se compara el caso ecuatoriano con los otros casos de destitucin en la regin, encontrando diferencias en su desempeo.
Resumo:
A partir de la reforma y codificacin constitucional de 1998, realizado por la autoproclamada Asamblea Nacional Constituyente de 1997, se introdujo el principio de competencia en la Constitucin ecuatoriana, determinando as la regulacin de ciertas materias por ley orgnica, ciertas por ley ordinaria y ciertas por actos normativos con categora normativa inferior a la ley. El mencionado principio de competencia tiene relevancia desde que ya no se aplica a rajatabla el principio de jerarqua que hasta antes de dicha codificacin se utilizaba con mucha frecuencia cuando existan problemas de contradicciones normativas, ya que las normas jurdicas en general estaban perfectamente jerarquizadas, sin dar pbulo a confusiones sobre la aplicacin de las normas. Evidentemente la Constitucin ecuatoriana no determina expresamente la aplicacin del principio de competencia, es ms, en el artculo 272 de la Constitucin se trata de jerarquizar el mbito normativo, pero sucede que esto no es as, ya que no se puede interpretar la Constitucin de manera absoluta y en contra de si misma. Es por lo dicho que en derecho constitucional existen mecanismos y mtodos propios de interpretacin constitucional como es el mtodo tpico que en suma nos dice que a la constitucin hay que interpretarla en funcin de los principios de unidad de la Constitucin, concordancia prctica, correccin funcional, funcin integradora y fuerza normativa de la Constitucin, que se explicarn ampliamente en el desarrollo de la tesis y mediante el cual llegaremos a la conclusin que la Constitucin ecuatoriana determina claramente el principio de competencia. Es debido precisamente a este problema de interpretacin de la Constitucin, que en los actuales momentos, con este nuevo principio introducido en la constitucin ecuatoriana, ha llevado a que el Congreso Nacional trate de regular mediante ley (sea esta orgnica u ordinaria) materias que la constitucin ha asignado a otros rganos del Estado, lo que se traduce en una evidente arbitrariedad por parte del legislativo sobre potestades que la Constitucin no le ha asignado, contrariando as el principio de legalidad consagrado en el artculo 119 de la Constitucin que determina: Las instituciones del Estado, sus organismos y dependencias y lo funcionarios pblicos no podr ejercer otras atribuciones que las consignadas en la Constitucin y la ley.... La importancia de este tema desde el punto de vista acadmico es interesante desde que la aplicacin del principio de competencia no es una invencin ecuatoriana, es as que este principio de origen francs con la V Repblica de 1958 es tomado en sistemas como el espaol, el chileno, el colombiano entre otros ya han determinado claramente la aplicacin de este principio por sobre el principio clsico de jerarqua, determinando en su jurisprudencia que la creacin y aplicacin de la norma se la realiza en virtud de las competencias que la Constitucin de cada pas ha determinado a los rganos del poder pblico respectivos. Por ltimo, la importancia social de este tema es evidente ya que el Congreso Nacional ecuatoriano utilizando un concepto ya superado, como es el de que la soberana radica en ellos, pretende arbitrariamente regular materias que no le competen, provocando as una confusin en los operadores de la norma, como son la administracin pblica, los jueces y los administrados, utilizando el criterio de que una ley y mejor aun que una ley orgnica se aplica por sobre el resto del ordenamiento jurdico inferior en aplicacin del principio de jerarqua y no del principio de competencia vigente a partir de la codificacin y reforma constitucional de 1998.
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Este artculo analiza los avances de la Constitucin Política del Ecuador en materia de derechos de las mujeres y el enfoque de gnero, as como los retos que este nuevo marco legal propone, tanto al Estada ecuatoriano como al movimiento social de las mujeres y a la sociedad en general, de manera que se pueda pasar del solo reconocimiento del Derecho en la letra de la ley, al ejercicio y goce pleno de los mismos. La reflexin sigue la propuesta del feminismo en la crtica al Derecho. Se profundiza el anlisis de los derechos constitucionales civiles y polticos, econmicos y sociales, pero sobre todo, se reconoce la importancia del reconocimiento de muchos de los derechos sexuales y reproductivos que ya han sido incorporados como parte del Derecho internacional de los Derechos Humanos de las mujeres, entendiendo que este logro no es una concesin generosa del Estado sino ms bien es el resultado de todo un proceso de movilizacin y generacin de propuestas legales, trabajadas desde el movimiento de mujeres del Ecuador, que tuvo como corolario la aprobacin de 34 de las 36 propuestas presentadas a la ltima Asamblea Nacional.
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Este artculo presenta un breve anlisis de la situacin actual de las negociaciones para establecer un Acuerdo de Asociacin entre la Unin Europea y la Comunidad Andina, tomando como punto de partida los resultados de IV Cumbre Unin Europea-Amrica Latina y el Caribe, realizada en Viena, Austria en el 2006, como tambin las ltimas decisiones del Consejo Presidencial Andino, en donde se pueden apreciar algunos elementos definitorios de lo que podra ser la integracin con Europa, la cual, sin lugar a dudas, constituye una prioridad para los pases andinos y para el resto de pases latinoamericanos.
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El artculo presenta algunos elementos que permiten constatar que la negociacin para la firma de un Tratado de Libre Comercio va ms all del tema comercial y se inscribe, tarrlbin, en una esfera política. Para esto la autora analiza lo que han sido las negociaciones para la firma del TLC entre Estados Unidos y los pases andinos, sealando que en esta otra "negociacin política" se ven involucrados diversos actores como empresas, ONG's, organizaciones de trabajadores, entre otros.
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Este artculo examina el negocio de las drogas ilegales en los Andes desde las relaciones de la oferta y la demanda. Luego, en el intento de construir una respuesta a la interrogante de por qu unos pases producen drogas ilegales y otros no, Thoumi cuestiona las cuatro razones (pobreza, desigualdad, crisis econmicas y corrupcin) que comnmente se utilizan para explicar este fenmeno, y seala que en muchas ocasiones estas variables son detonantes ms que causas. En la parte final, el autor expone las caractersticas sociales e institucionales de los pases que propician las destrezas necesarias para llevar a cabo actividades ilegales, y argumenta que su solucin requiere cambios estructurales en la sociedad.
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Romero sostiene que la dinmica del ALCA parece seguir un curso inexorable, en medio de la contemplacin de los responsables de las economas latinoamericanas. Salvo contadas excepciones, no existe un debate amplio sobre el proceso, ni una evaluacin clara de sus implicaciones. El anlisis de las posiciones predominantes en el gobierno y en el congreso norteamericano, expresadas en la discusin de la ""va rpida"", sealan una clara tendencia hacia el unilateralismo, que puede vaciar de cualquier inters al ALCA. Segn el autor, es preciso analizar adecuadamente esas perspectivas, revalorizando los esquemas de integracin en Amrica Latina y volver a situar al comercio en el marco de la política de desarrollo.
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La presente investigacin titula la Transformacin de la legitimidad política en las autoridades indgenas del municipio de Turco (departamento, Oruro-Bolivia) entre 2007 2010. Lo cual aborda las nuevas formas de legitimacin en las que estn inmersos las autoridades aymaras y su relacin con las autoridades del municipio, donde se expresa la combinacin de legitimidad, entre la gestin comunal de la autoridad aymara con la gestin estatal ejercida por el municipio. Sin embargo, yendo ms all de esas afirmaciones encontramos, un conjunto de factores internos y externos que han transformado la naturaleza interna del ayllu. Donde el hilacata como autoridad del ayllu, sus responsabilidades se van ampliando hacia otros mbitos, como ser, proyectos de desarrollo, fiscalizacin, etc. Los conflictos sobre la posesin legtima de la tierra surgen a raz de que muchos poseedores, comunarios, no viven en el ayllu como ocurran antes, sino muchos emigraron hacia las reas urbanas. Adems otro elemento que coloca en entredicho a la autoridad aymara es la valoracin diferenciada a su trayectoria política. Las autoridades que provienen del ayllu tienden a gozar de mayor reconocimiento, que aquellas autoridades residentes que retornan de las ciudades. Lo cual significa para los comunarios, desconfianza, y menor grado de legitimidad política. En relacin a los factores externos, encontramos la actitud de algunas autoridades residentes que tienen dificultades en mantener un dilogo con los comunarios. Adems se observa la misma realidad en los comunarios residentes que con su ausencia influyen en la agudizacin de tensiones por la posesin legtima de la sayaa. Ante este panorama la legitimidad de la autoridad aymara tiene que ver con la combinacin entre un ejercicio comunal y estatal.
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El objetivo central de la tesis es el explicar cmo? y por qu? tras el advenimiento del presidente Hugo Chvez al poder en 1999, se dan un conjunto de cambios en la política exterior venezolana, evidenciados por medio de cuatro hechos concretos que dan inicio a una nueva etapa en la Cancillera venezolana. El primer hecho concreto que trataremos ser la incidencia de la constitucin de 1999 en el redimensionamiento de la democracia venezolana y su impacto en la política exterior; el segundo hecho ser la promulgacin de la Ley del Servicio Exterior aprobada en Gaceta oficial N 37.254 del da 6 de agosto de 2001; el tercero estar referido a la publicacin del Decreto N 3.402 de 2004, en el cual se dicta la Reforma Parcial del Reglamento Orgnico del Ministerio de Relaciones Exteriores, incorporando la figura de cinco (5) Viceministros por rea geogrfica; el cuarto punto tratado en este captulo trabajara la Reforma Parcial de la Ley del Servicio Exterior de 2005, la cual concedi al Ejecutivo Nacional la competencia de designar el 100% de los Jefes de Misin entre otras facultades, consolidando as el carcter presidencialista de las relaciones internacionales de Venezuela. Una vez presentados estos puntos, procederemos a trabajar el caso del vice ministerio para frica, el cual resulta ilustrativo para la investigacin debido a que muestra claramente uno de los supuestos centrales de nuestro trabajo, el como el servicio exterior para 1999 a pesar de ser un cuerpo altamente profesional, no estaba dispuesto a ponerse al servicio del nuevo gobierno y su política, haciendo necesarias reformas institucionales que adaptaran su funcionalidad a las nuevas necesidades del Estado venezolano encabezado por Hugo Chvez y delineado por medio de su nuevo marco jurdico la constitucin de 1999. Los impactos de las reestructuraciones ocurridas a lo interno de MPPRE de cara a la funcionabilidad, profesionalizacin, y proyeccin en el tiempo de las lneas de política exterior planteadas por el gobierno revolucionario de Hugo Chvez, sern tratadas por medio de los presupuestos de la teora neo-institucional.
Resumo:
La presente tesis, presenta los efectos jurdicos de la relacin constitucin- relaciones internacionales, revisando nociones como soberana y tratado internacional, tambin se delinean las principales caractersticas del control constitucional a priori, como uno de los mximos referentes para que un estado soberano pueda ser parte de un proceso de integracin regional, sin dejar de lado un precepto bsico de todo ordenamiento jurdico y de toda relacin interestatal: la supremaca constitucional. Producto central de este trabajo de investigacin es delimitar el tratamiento normativo que da la Constitucin boliviana a las relaciones internacionales, el comercio internacional y la integracin, advirtiendo despus de un minucioso estudio, que existen carencias en su regulacin ya que las nicas competencias en materia internacional son solo de carcter funcional, no existiendo alguna definicin en la Carta Magna de Bolivia sobre relaciones externas del Estado. Por otro lado, si bien se puede manifestar que en Bolivia existe un control a priori que se desprende de la Constitucin boliviana en el artculo 120 N 8, el mismo no garantiza el que se preserve la nocin de supremaca constitucional, ya que no estn claros en la Ley del Tribunal Constitucional N 1836, menos en la Constitucin, cules seran los efectos jurdicos de la aprobacin de tratados o convenios multilaterales virtualmente inconstitucionales a pesar de la reserva del Tribunal Constitucional.
