759 resultados para POLÍTICA PÚBLICA - BILINGÜISMO - COLOMBIA


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In actual context of multidimensional and complex interactions, public safety has been occupying more and more both rhetorical and political agendas and citizen’s concerns. People discuss the causes, crime combat, question the punishment and its implementation as a way of stop the the increasing criminality. Such as public safety, also prisons and prision systems as integral parts in coproduction safety have been taking the center of the discussions, which seeks to realize the preponderance of the portuguese prision system in the context of public safety.

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La viabilidad de la estrategia de municipios saludables es un producto conjunto entre el trabajo de investigación realizado por el autor en la Maestría de Administración Pública, de la Escuela Superior de Administración Pública, y las reflexiones realizadas en el Grupo de Investigación de Rehabilitación e Integración Social de la Persona con Discapacidad, dentro del proyecto de Políticas Públicas y Municipios Saludables, de la Facultad de Rehabilitación y Desarrollo Humano de la Universidad del Rosario. Este texto expone, desde una mirada conceptual y crítica, la viabilidad de la estrategia de municipios saludables como política pública en nuestro contexto; analiza la importancia de las políticas internacionales de promoción de la salud, la reforma en dicho sector y, finalmente, muestra un estudio de caso en el municipio de Zipaquirá. La obra desarrolla los factores y elementos que hacen posible la estrategia de municipios saludables y presenta los instrumentos de recolección de la información que pueden ser teóricos e investigativos para que desde lo local se implemente la estrategia, con el objetivo de mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y las ciudadanas.

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La Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria, CORPOICA, es una organización que involucra a diversos actores distintos del Estado. CORPOICA surgió cuando Colombia experimentaba un cambio en la estructura del sistema nacional de investigación agrícola, junto con los procesos de modernización del Estado y la apertura económica. Esta investigación se centra en la política pública de Ciencia y Tecnología que dio origen a CORPOICA, para determinar los factores que impulsaron la alianza entre el sector público y privado que caracterizó el sistema nacional de investigación agrícola, implementado en la última década del siglo XX.

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El problema del transporte público colectivo (TPC) en Bogotá es complejo, caracterizado por una inconstante sobreoferta que se ve reflejada, como primera medida, en una tarifa para el transporte público inflada por encima del costo real. Sumado a esto, la debilidad institucional es muy grande, generando así una acumulación de poder a favor de los transportadores, a quienes la sobreoferta les resulta lucrativa. Y si le adicionamos el componente de incentivos que la misma Administración Distrital promueve, con el ineficiente sistema de funcionamiento y adjudicación de rutas, la situación se hace aún más critica. Para reducir la sobreoferta el gobierno de Bogotá ha promulgado una serie de políticas que no han resultado efectivas. Las más estructuradas y optimistas se dieron en la administración Mockus, donde se expidieron los decretos 112 a 116 de 2003 de reestructuración del transporte público, que buscaban reducir la sobreoferta y mejorar la calidad del servicio, que iba en decadencia. El siguiente documento intenta analizar como los decretos mencionados pueden haber sido apenas una estrategia jurídica y una muy limitada política pública al menos por 3 razones especificas: la primera hace referencia a las deficiencias en el momento de la planificación y formulación de la política pública, la segunda analiza el problema de desconocer la existencia e influencia determinante de los transportadores como grupo de presión con poderes económicos y políticos. Y la tercera describe de que manera el alto grado de impunidad a la hora de detectar, juzgar y sancionar a los infractores; ha creado aún más traumatismos en la implementación de estas normas.

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Analizar la gestión que diferentes actores gubernamentales y otros agentes particulares han adelantado en materia de política exterior y relaciones con el mundo, resulta ser un ejercicio de gran importancia en la medida en que aporta a la evaluación de la política exterior del país. Muchos análisis se han enfocado en estudiar las relaciones políticas y económicas que tiene Colombia con Estados Unidos. Otros han tendido a estudiar la relación del país con la Unión Europea (UE) desde el punto de vista económico, comercial y en menor medida político. Pero definitivamente, muy pocos se han centrado en analizar la gestión que adelantan los actores gubernamentales y otros agentes involucrados que manejan la política exterior de Colombia frente a la Unión Europea (UE). Por esta razón, el propósito de este trabajo es realizar una aproximación al estudio de dicha gestión en materia de negociación frente a la Unión Europea.

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La política exterior de Colombia se caracteriza por el compromiso firme con el multilateralismo, anuncia sin ambigüedad la estrategia de política exterior de Colombia para el periodo 2002-2006. A continuación ésta anticipa que nuestro país participará activamente en los foros internacionales, en especial aquellos en donde se debaten los temas de la agenda global más relevantes a la realidad colombiana, los cuales se identifican con: los derechos humanos, las drogas, el terrorismo, el medio ambiente, la cooperación internacional, entre otros.1 Todos ellos son temas inherentes a la labor de las Naciones Unidas en el mundo y en particular de la Asamblea General en donde tienen representación los 192 países del mundo.

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La educación está definida por la Constitución Política como derecho y como servicio público con función social. A su vez, para lograr este cometido se la ha definido como política pública, es decir, de máximo interés para el Estado. No obstante, lo plasmado en norma y programas no corresponde con la realidad. Aún hay actuaciones de la administración que vulneran el derecho a la educación por deficiencias en la prestación del servicio público educativo. De ahí el interés legítimo que tiene la colectividad para exigir de la administración, mediante las acciones populares, que se garantice la prestación del servicio público de la educación en las mejores condiciones posibles. La educación como servicio público es un derecho colectivo, y la comunidad puede exigir que se garantice su prestación adecuadamente, pues en la medida en que haya más personas bien educadas, ello redunda en beneficio de la sociedad y del Estado.

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El presente documento explora las estrategias y características de dos unidades de trabajo vinculadas a uno de los fenómenos comerciales informales más importantes en Bogotá y que es conocido popularmente como El Madrugón, mercado en el que se venden principalmente artículos de la confección. Se trató de ilustrar en detalle y relacionalmente mediante la teoría del sociólogo Pierre Bourdieu, las diversas situaciones a nivel comercial y productivo que estructuran la permanencia en un territorio altamente competitivo y que se caracteriza por sus ventas mayoristas. Asimismo, la investigación trata de entender las lógicas comerciales de un fenómeno urbano cuyo origen está fuertemente configurado por una política pública en relación a la recuperación de un espacio público en el sector de San Victorino (Bogotá), pero también por una estructura de mercado muy particular. El objetivo principal del presente trabajo fue el de comprender cómo este territorio se construye a partir de prácticas informales que en algunos casos tienen elementos ‘Modernos’.

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El presente trabajo investigativo desarrolla el tema de las acciones populares, con relación al derecho colectivo a la moral, evidenciando su importancia como respuesta adecuada ante la inmoralidad, especialmente en el caso de la contratación pública en Colombia.

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En este Estudio de Caso, que se centra en el análisis del proyecto productivo de Palma de Aceite que desde el año 2007 viene siendo implementado en el Territorio Colectivo del Consejo Comunitario de Guapi Abajo, se busca establecer la relación que existe entre el choque de intereses que se ha suscitado entre diferentes actores desde el orden nacional hasta el local, dada su postura sobre la pertinencia de la implementación de esta iniciativa productiva, y la afectación sobre el proceso de toma de decisiones del proyecto, a lo largo de las diferentes fases que conforman el ciclo de la política pública.

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Una de las dificultades que enfrentan las grandes urbes, es manejar todo aquello que resulta del consumo diario de su población como lo son los residuos sólidos. Frente a esto los gobiernos, en su voluntad por transformar comportamientos, determinan las reglas de juego introduciendo políticas públicas que permitan modificar situaciones percibidas como insatisfactorias y problemáticas. Muchas veces aunque exista un universo normativo este no logran materializarse, evidenciando una brecha entre lo que se supone deben hacer los ciudadanos y lo que realmente hacen. Por lo anterior, involucrar los hábitos, concepciones e imaginarios colectivos en el análisis de la incidencia del comportamiento ciudadano en la implementación de la política pública en Bogotá en materia de residuos sólidos permite indagar sobre los hábitos y prácticas ciudadanas y su incidencia cuando de implementar una política pública sobre residuos sólidos se trata.

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La construcción e implementación de una Política Pública de Mujer y Género, puesta en marcha a través del Plan de Igualdad de Oportunidades para la Equidad de Género en Bogotá Distrito Capital (2003-2005), es el resultado de la construcción e integración de saberes de índole interdisciplinar –desarrollado en el mundo hace más de un siglo- y del trabajo realizado –en Colombia hace poco más de una década- por organizaciones colectivas de mujeres en el Distrito, en su intento por incorporar las necesidades, intereses y propuestas de género en las agendas políticas y propuestas programáticas de la alcaldía de turno, para el caso del Alcalde elegido para el periodo 2004-2008, entonces candidato, Luís Eduardo Garzón.

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Durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez hubo un gran crecimiento económico en Colombia; sin embargo, al final de su mandato había más de 20 millones de personas en condición de pobreza, es decir casi la mitad de su población. Como los problemas que trata de resolver la política pública no tienen soluciones absolutas, cada gobierno debe apostarle a diferentes soluciones. Dado los buenos resultados en las primeras evaluaciones del programa de transferencias condicionadas Familias en Acción, el gobierno de Uribe aumentó su cobertura y número de beneficiados. Sin embargo, dicho fortalecimiento fue criticado por diferentes personalidades públicas del país por considerarlo asistencialista, clientelista, proclive al uso electoral, entre otros. La presente disertación, analiza dichas críticas y las posibles razones que llevaron al gobierno de Uribe a fortalecer y ampliar el programa. Al analizar una política pública, lo importante no es alabar o desvirtuar sus alcances, sino resaltar los aportes positivos y sus debilidades para continuar con lo que está dando resultados y tomar las medidas pertinentes respecto a los nuevos problemas que se presentan. Dadas las dimensiones de la pobreza en Colombia, este tema debe ser una prioridad de todos los ciudadanos; su solución no puede quedar en manos del gobierno o del mercado, sino que debe haber un debate serio al respecto.

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En la última década, uno de los problemas considerados más relevantes de la política pública colombiana es la Seguridad Alimentaria y Nutricional, que contempla no sólo la disponibilidad y el acceso a los alimentos, sino también la utilización y estabilidad (disponibilidad continua) de alimentos sanos, limpios e inocuos para el consumo humano. En este marco, el gobierno de Garzón dio inicio política pública “Bogotá sin indiferencia”, junto con el programa “Bogotá sin Hambre”, que pretendía a través de diversos proyectos garantizar el derecho a la alimentación de la población de escasos recursos; uno de ellos es el proyecto 319 de Agricultura Urbana, el cual presenta continuidad hasta el momento. La presente investigación, realiza una evaluación externa y participativa al proyecto, desentrañando a través de la metodología del marco lógico, los objetivos y metas de dicho proyecto, para seguidamente evaluarlo apoyándose en la propuesta de Cohen y Franco (1992) y García y Ramírez (1994); bajo el supuesto de que su sostenibilidad depende del tipo de huerta, del apoyo institucional y del empoderamiento de los beneficiarios. Desde la mirada de los beneficiarios, se adelantó la evaluación de tres Estudios de Caso que permitieron desvelar los principios que regulan la política pública, las dificultades y problemas estructurales existentes a la misma.

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El proyecto busca establecer las competencias que debe desempeñar el gestor cultural frente al reto de la cibercultura y la sociedad del conocimiento. A partir del análisis de las actividades de gestores en ejercicio y de la oferta de programas de formación se pueden elaborar nuevos significados e identificar nuevas prácticas del trabajo del gestor cultural en sus comunidades. La investigación del perfil profesional permitirá entender cómo fortalecer las redes sociales – integración social -; fomentar el reconocimiento de las diferencias – pluralismo -; promover el uso de TIC como vehículo de comunicación, proyección, formación de redes y gestión de comunidades; agenciar a los individuos y comunidades para una apropiación eficiente de sus saberes y tradiciones, de sus deberes y derechos como ciudadanos. Si la gestión cultural está íntimamente ligada a la construcción de nuevos sentidos de identidad, creatividad y participación democrática, entonces conocer, articular y fortalecer el perfil profesional de los gestores culturales coadyuvará para el logro de éstas y otras metas de la política cultural de Colombia.