1000 resultados para Las políticas públicas


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La presente monografía intenta mostrar la incidencia del uso del enfoque de política pública (PP) en los resultados obtenidos tras la formación de la Ley 608 de 2000, principal instrumento para la reconstrucción del Departamento del Quindío después del terremoto del 25 de enero de 1999. Se identifican dos grandes enfoques de formación política para clasificar el caso: representativo-positivista y participativo-constructivista. La hipótesis inicial versa acerca de la implementación de la Ley que permitió la recuperación económica del Departamento, pero ella fue insuficiente. Así, la aplicación de los enfoques de PP permiten identificar las fallas y falencias durante el proceso de formación de la Ley estudiada.

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En el caso concreto objeto de esta investigación, se busca que a partir de evaluar el legado al que estuvo sujeto el gobierno distrital bogotano, para enfrentar los retos del tema de la movilidad y el transporte por la ciudad. La gestión de la administración distrital a partir de los resultados obtenidos en los años 2004 y 2005 bajo el mandato de Luis Eduardo Garzón, da un resultado parcial y medible a futuro, sobre la utilidad de las medidas tomadas para lo concerniente al manejo del transporte público y privado en la ciudad y además su repercusión en la movilidad urbana en la ciudad. Dado esto el impacto, tanto positivo como negativo, determina una propuesta desde la visión política del tema, hacia donde deberán ir enfocados los proyectos, o si más bien deben seguir el curso que está n tomando pero sirviéndose de aspectos alternos relacionados con el tema que se han dejado de tratar, al no ser importante su pertinencia.

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Son bien conocidas las tensiones entre juristas y economistas en torno a la exigibilidad de los derechos económicos, sociales y culturales. Mientras para los economistas más ortodoxos los derechos sociales son simples declaraciones, para los juristas más progresistas los derechos sociales, al igual que los derechos civiles y políticos, son plenamente exigibles a través de mecanismos judiciales y no judiciales. En el ámbito de estos últimos mecanismos, especial lugar ocupan las políticas públicas. Conforme con este marco, este ensayo llama la atención sobre la necesidad de que las políticas educativas se diseñen e implementen con fundamento en el contenido del derecho a la educación y las obligaciones constitucionales e internacionales del Estado colombiano en la materia. El ensayo se estructura en tres acápites: (i) presenta algunas reflexiones que ponen en evidencia la distancia entre la política educativa y el derecho a la educación; (ii) sintetiza el contenido fundamental del derecho a la educación y las obligaciones del Estado; y (iii) presenta un conjunto de indicadores a partir de los cuales se puede valorar el éxito de las políticas en lo que se refiere al respeto, protección y realización del derecho a la educación. 

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El hecho de que, desde la Constitución de 1991, normas y sentencias tiendan en considerar que los ejecutivos locales (alcaldes, gobernadores) deben ser unos agentes regidores que practican el gobierno del territorio y la “descentralización controlada” más que unos actores gobernantes, defensores de la gobernancia de sus territorios, plantea la cuestión de saber por qué y cómo aquéllos pueden combinar este doble rol. La mayor parte de la respuesta se encuentra en el examen simultáneo de la lógica de regulación de las políticas pública (Muller, 1997 y 2002) y de las condiciones de su implementación en el territorio o “despliegue territorial” (Medellín, 2003).La territorialidad de una política pública se refiere, según Muller, a una situación en la cual la lógica dominante de una política pública es una lógica territorial u horizontal (regulación de un territorio geográfico en una dialéctica centro-periferia), mientras la sectorialidad se refiere a una situación en la cual la lógica dominante de una política pública es una lógica sectorial o vertical (regulación de la reproducción de un sector determinado verticalmente en una dialéctica global-sectorial). A cada lógica de regulación de las políticas públicas le corresponde una manera de gobernar un territorio: el gobierno del territorio para la sectorialidad y la gobernancia de los territorios para la territorialidad.Al contrario del caso francés en el cual la construcción del Estado marca el fin de una lógica de territorialidad (la “territorialidad tradicional”), el Estado colombiano es un Estado endémico, un Estado fragmentado confrontado a la lucha por el control territorial y el temor a la fractura de la unidad territorial (Navas, 2003). Su capacidad parcial por cubrir todo el territorio y actuar sobre él (su “territorialidad parcial” según Medellín) afecta su gobernabilidad y el despliegue territorial de las políticas públicas, sometido a negociaciones inciertas, cercanas a la temática de la gobernancia.Por ello, la gobernabilidad en Colombia sólo es posible mediante políticas públicas híbridas, hijas del “matrimonio indisoluble de la sectorialidad y de la territorialidad”, de la “secterritorialidad”, que combina en proporción variable lógica sectorial (o sectorialidad, que implica centralización) y lógica territorial (o territorialidad, que implica descentralización), gracias a un modo de gobierno híbrido, la “gobiernancia” del territorio, ésta es una “dosificación” compleja entre gobier-no y gobernancia. Es, entonces, posible determinar el grado de territorialidad y de sectorialidad de una política pública en un momento dado y clasificar las políticas públicas según su grado de territorialidad y de sectorialidad, es decir, según la importancia relativa de sus lógicas de regulación.Si el periodo que empieza al iniciar los años setenta, y que termina al iniciar los años ochenta es un periodo en el cual domina primordialmente la sectorialidad y se asegura la gobernabilidad recurriendo casi exclusivamente al gobierno del territorio a través del despliegue territorial separado de cada sector, el periodo que va de 1984 a la época actual, caracterizado por la “descentralización controlada”, señala un cambio parcial de lógica de regulación de las políticas públicas a través del recurrir parcial a la lógica de territorialidad como respuesta a alguna crisis de sectorialidad.Como bien lo muestra el análisis y la evaluación de las políticas públicas de vivienda de interés social, ordenamiento y desarrollo del territorio municipal, educación y acueducto y alcantarillado, la gobernabilidad en este secundo periodo está asegurada, entonces, sólo gracias a la gobiernancia en los territorios o combinación entre el gobierno del territorio y la gobernancia de los territorios, es decir, gracias a un modo de gobierno híbrido que les permite a los ejecutivos locales conciliar su inclinación por la gobernancia de sus territorios y sus obligaciones en cuanto al gobierno del territorio y ser, al mismo tiempo, actores gobernantes y agentes regidores.-----Since the 1991 Constitution, most rulings and sentences tend to consider that individuals in charge of the local executive power (mayors, governors) should be some sort of tuling aldermen responsible for their particular territories and their “controlled decentralization” instead of actual governing actors, advocates and defenders of the governance of their territories. This fact raises the questions of why and how they can possibly play this double role. The bulk of the answer to this question can be found by examining both the logic behind public policies (Muller) and the conditions in whixh these are implemented in each territory, or “territorial deployment” (Medellìn).According to Muller, the territoriality of a particular public policy refers to a situation whereby the prevailing logic is territorial or horizontal (regulation of a geographical territory follows a center-periphery scheme), whereas its sectoriality refers to a situation whereby the prevailing logic is sectorial or vertical (regulation of a sector’s reproduction is vertically determined by a global-sectorial scheme). For each regulation logic behind public policies there is a corresponding way of governing a particular territory: governing the territory for the sake of sectoriality, and governing it for the sake of territoriality.As opposed to the French case, whereby the construction of the State signals the purposes of a territorial logic (“traditional territoriality”), the Colombian State is na endemic one, a fragmented State struggling for territorial control and in fear of the fragmentation of territorial unity (Navas). Its limited capacity to cover the whole territory and to act on it (its “limited or partial territoriality”, according to Medellín) affects governability as well as the deployment of public policies, which is frequently subject to uncertain negotiations related to the problem of governance.That es why governability in Colombia is only possible through hybrid public policies, which are in turn the result of the “indissoluble marriage between sectoriality and territoriality”, the result of a sort of “secterritoriality” which combines in various proportions a sectorial logic (or sectoriallity, which implies centralization) and a territorial logic (or territoriallity, which implies decentralization), all due to a hybrid form of governmen, or “governance” of the territory, a complex and variable dosage of both government and governance. Keeping this in mind, it is possible to establish the degree of territoriality and sectoriality of a public policy at a particular time, and to classify public policies according to their degree of territoriality and/or sectoriality, that is, according to the relative importance of the logics behind their regulation.From the early 70s to the early 80s, sectoriality prevailed and governability was guaranteed almost exclusively through the separate territorial deployment of each sector, then, from 1984 to the present, “controlled decentralization” has shown partial changes in the regulation logic behind public policies by resorting, at least in part, to a logic of territoriality in response to some sort of sectorriality crisis.As can be clearly seen after analyzing and evaluatin public policies in matters such as statesubsidized housing, municipal land development and legislation, education, water and sewage services, governability during this second period can only be guaranteed by governance in the territories or by a combination of both, government in the territory and governance in the territories. In other words, governability is possible thanks to a type of hybrid government that allows those in charge of exercising local executive power to reconcile their bias towards the governance of their teritories and their duties vis-àvis the government of the territory, but capable of being, at the same time, governing actors and ruling agents, active modern-day aldermen.

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Uno de los objetivos de la línea de Teoría y Práctica de las Políticas Públicas (TP3) es el análisis de las políticas públicas como objeto de estudio en sí mismo. En América Latina los estudios sobre este tema están más concentrados en el análisis práctico que en el académico, dejando de lado la posibilidad de teorizar y crear nuevos modelos que puedan ser replicados dentro de nuestros estudios de caso a nivel académico. Por ello, la tendencia ha sido la de copiar las teorías, enfoques y modelos propios de la escuela anglosajona (principalmente de Estados Unidos y Reino Unido), limitando nuestra capacidad de comprensión con respecto a nuestros fenómenos políticos, económicos y sociales. Por esta razón, durante el primer semestre de 2015 se creó el Semillero de Políticas Públicas con el fin de reflexionar sobre los vacíos que existen en la comprensión y el análisis de las políticas en Colombia y en Latinoamérica, para luego dar paso a la construcción de respuestas pertinentes. Esta publicación es el resultado de nuestra primera iniciativa como Semillero, la cual consiste en recoger las principales herramientas analíticas en el estudio académico de las políticas públicas, explicar sus postulados fundamentales, identificar sus fortalezas y debilidades y, finalmente, aplicar estas herramientas a un caso dentro del contexto colombiano.

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El juez constitucional es motivo de apasionados debates tanto por quienes defienden su actividad en tanto expresión constitucional de la democracia como por quienes lo atacan por poner en peligro la separación tradicional de los poderes públicos. Sin embargo una nueva dimensión de su actividad emerge en medio de la re definición de los conceptos jurídicos y políticos que fundan la noción del Estado. Las políticas Públicas hasta hace muy poco eran competencia exclusiva de la administración sin embargo el juez constitucional ha ido consolid?ndose como un actor capaz de determinar sus contornos desarrollando un concepto amplio de gobernanza que va más allá de la idea de gobierno y de gobernabilidad. Entonces esta investigación está orientada a presentar tanto a juristas politólogos y administradores el proceso mediante el cual el sistema jurídico constitucional regula el sistema de políticas públicas y en este caso la política territorial para buscar demostrar cómo una nueva dimensión del control constitucional se consolida dentro de una nueva idea Estado y de democracia.

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En este segundo documento de trabajo elaborado por el Semillero de Políticas Públicas se ha desarrollado un ejercicio de investigación formativa que tuvo dos propósitos fundamentales: a) entender el asunto de la reconciliación en Colombia como un fenómeno complejo que puede y debe ser abordado desde distintos frentes de política pública, y b) reconocer el esfuerzo que están haciendo algunos municipios en Colombia para lograr resultados concretos de reconciliación. En esta medida, hemos basado nuestro análisis en el trabajo previo de la Comisión de Conciliación Nacional, que elaboró en el año 2010 un Acuerdo Nacional para la Reconciliación y la Paz en Colombia. Según la entidad, “a través de conversatorios, foros públicos regionales, divulgación en medios y foros virtuales, se construyó de manera consensuada un Acuerdo de Mínimos por la Paz y la Reconciliación, que cuenta con la participación de prácticamente, todos los sectores de la sociedad, del ámbito público y privado; de la sociedad civil, la academia y el gobierno; de organizaciones de origen nacional como internacional” (Comisión de Conciliación Nacional, 2016, Consulta electrónica).

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Poner de manifiesto la necesidad de evaluar la calidad de las políticas públicas de formación y la falta de un consenso político entorno a este aspecto. Es decir, señalan la ausencia o poca presencia de una acción pública evaluadora que permita racionalizar y valorar la incidencia del volumen del gasto público destinado a las políticas públicas de formación. La formación profesional ocupacional y los programas de garantía social. El trabajo se estructura de las siguiente forma: primero se analiza el papel que juega la formación no reglada en el mercado de trabajo, cual es su origen y la importancia que se da a la política pública de formación, además de las aportaciones teóricas consiguientes. Seguidamente, se muestra el origen y desarrollo de la evaluación de políticas públicas de formación y se señalan los diferentes modelos de evaluación que existen. Después realiza la presentación de dos casos de políticas públicas de formación a las que se ha realizado una propuesta de evaluación teniendo en cuenta la hipótesis del trabajo. Finaliza la tesis con el análisis de lo planteado y las conclusiones. Cuestionario; encuesta; observación; recopilación documental; e informe final. Análisis documental. A partir de los resultados obtenidos en los dos estudios de evaluación realizados, son varias las razones que pueden hacer pensar que la formación resulta insuficiente, que es muy limitada para conseguir los objetos que tiene asignados y que es inadecuada para los colectivos a los que se dirige. Pero no es del todo así, ante esto hay que estudiar y ofrecer alternativas que permitan subsanar estas diferencias.

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Comprender el desarrollo de la educación primaria en Brasil mediante el análisis del impacto de las directrices y programas de los principales organismos internacionales (OIs) en la misma. Estudiar la inserción del desarrollo de este nivel de instrucción, como política pública en el contexto de la difusión internacional institucionalizada de ideas y en la cooperación internacional.. El objeto de estudio lo constituyen por una parte las políticas públicas de Brasil y por otra, las políticas educativas tanto directas como indirectas de los siguientes organismos internacionales de la UNESCO: el Banco Mundial, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), La Organización de los Estados Americanos (OEA), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la Oficina Internacional de Educación (OIE).. La investigación trata de aclarar inicialmente las concepciones acerca de la cooperación internacional y del desarrollo; del papel desempeñado por las OIs como productores y difusores de determinadas prácticas sociales a través de la promoción de modelos educativos. En un segundo capítulo se describe la trayectoria histórica de la implantación y del desarrollo de la escuela pública primaria en Brasil. Pasa después a realizar una revisión histórica de la creación de cada uno de los OIs seleccionados, de la evolución de sus políticas y programas y actuaciones para el desarrollo de la educación. Finalmente examina el impacto de las políticas, de las concepciones y de los programas de educación de esos organismos en el desarrollo de la educación primaria pública brasileña a partir de la segunda guerra mundial.. Se han utilizado tanto fuentes primarias(leyes, planes de gobierno, convenios e informes de proyectos implantados con financiación internacional o regional, memorias del Ministerio de Educación, respuestas a los cuestionarios elaborados por los OIs y documentos varios de los OIs) como secundarias (fuentes bibliográficas sobre historia de la educación mundial y de Brasil, análisis de los procesos educativos, estudios para el desarrollo de la instrucción, otros estudios sobre el tema y publicaciones de las OIs).. Se utiliza la entrevista centrada, caracterizada por la presentación de ciertos temas y-o hipótesis al entrevistado; sobre estos temas éste tiene que disertar y describir su experiencia personal. Además de llevar a cabo un análisis cualitativo, el cuantitativo se refleja en tablas y gráficos.. Los OIs han desempeñado un papel fundamental tanto en la consolidación del concepto de desarrollo como en la difusión de la concepción de que la educación constituye un instrumento esencial del desarrollo. Los sucesivos gobiernos de Brasil tienden a adoptar las recomendaciones de los OIs sobre: las modalidades y los niveles educativos, la estructura adecuada de la educación, los métodos pedagógicos y la organización de la educación y las estrategias más adecuadas para implementar los programas de educación primaria.. Se afirma que la adopción de las estrategias señaladas por los OIs, únicamente transfirió al interior del sistema educativo la discriminación escolar afrontada por los padres. Es decir, las puertas de la escuela están abiertas, los padres envían masivamente a los niños a la escuela, pero la estructura de ésta, sus métodos, o sus contenidos generan el fracaso de los niños pobres. Se apunta que la solución a este hecho sería la construcción de proyectos sociales alternativos.

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Resumen en inglés y catalán. Monográfico: La situación de la infancia después de la Convención. Se incluye una relación de webs relacionadas con el tema

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El artículo pertenece a una sección de la revista dedicada al análisis de las políticas de Formación Profesional. - Resumen tomado parcialmente de la revista

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Se analiza bajo criterios de rigor metodológico el nuevo panorama legislativo logrado con la implantación de las medidas contenidas en la Estrategia Global de Acción para el Empleo de las personas con discapacidad. Se realiza un análisis descriptivo de las políticas públicas que ene materia de empleo de las personas con discapacidad se han sucedido en España. Se detectan las mejoras, buenas prácticas y los avances contenidos en la Estrategia Global de empleo y en su plan de acción, en la medida que vienen a cubrir los déficits de las anteriores políticas implantadas en España. Se pretende comprobar si se confirma o no la hipótesis: la Estrategia Global de Acción para el Empleo aporta un marco innovador para el empleo de las personas con discapacidad en España, cuya situación laboral mejora cualitativamente con la aplicación de las medidas contenidas en ella. El proyecto se ha estructurado en tres capítulos. En el primero se contextualiza en el marco teórico y se aporta una definición de discapacidad y se realiza un acercamiento a las cifras de la población con discapacidad en España, primero de carácter general y posteriormente relativas a la realidad de su ocupación y empleo. Se describen las políticas de empleo por las que se rigen las personas con discapacidad. En el segundo capítulo se realiza una aproximación a la Estrategia Global de Acción para el Empleo de las personas con discapacidad y a su primer plan de acción, haciendo una descripción de su contenido. Por último, en el tercer capítulo se aporta una comparativa entre ambos marcos normativos y contextos, lo que conduce al informe final y a las conclusiones que abordan el análisis de la hipótesis. Tras la yuxtaposición se puede aceptar como válida la hipótesis de partida. La Estrategia de Empleo supone un nuevo marco de relaciones en torno al empleo. La Estrategia viene a reconocer el papel que los Centros Especiales de Empleo tienen y han tenido en la promoción del empleo de las personas con discapacidad. En definitiva se puede afirmar que la Estrategia puede ser un nuevo campo de relaciones e intervención en materia de empleo y discapacidad en los próximos cuatro años, que siente las bases de una nueva realidad laboral de la que se beneficien los más de tres millones de personas que en España tienen algún tipo de discapacidad.

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El propósito central es demostrar si en Guatemala existen políticas públicas adecuadas para garantizar los derechos de los migrantes, en situación "regular" o "documentada", así como el tratamiento que reciben los migrantes en calidad "irregular" o "indocumentados, tomando en cuenta que el país reúne las tres categorías: origen, tránsito y destino. Para lograr este propósito se ha tenido a la vista tres objetivos principales que se resumen en: a) Conocer las políticas y acciones de las instituciones de gobierno así como de las Organizaciones no Gubernamentales conocidas comúnmente como ONG, dedicadas a la protección de los derechos de los migrantes, b) Hacer un examen de la situación de los derechos humanos de los migrantes y la normatividad internacional y nacional, c) Examinar los resultados de las acciones de gestión gubernamental en el área bilateral y multilateral, con el fin de asegurar un respeto a los derechos de los migrantes guatemaltecos en el extranjero, principalmente en Estados Unidos y México. Por los razonamientos anteriores, la tesis se concentra en analizar la situación de los migrantes "documentados" e "indocumentados en Guatemala y su paso por México así como su situación Estados Unidos, estableciendo una relación directa entre los instrumentos nacionales e internacionales, también entre las acciones de los gobiernos frente a los constantes abusos, malos tratos, violaciones sexuales, humillaciones, torturas, persecución, detención, secuestros e incluso asesinatos, entre otros hechos, que merecen especial atención. En Estados Unidos, Europa y otras partes del mundo hay una creciente ola de migrantes, pero a la vez los Estados han establecido mecanismos cada vez más represivos, llegando al extremo de la criminalización, un prejuicio peligroso contra un migrante "ilegal" o "indocumentado" al tratarlo como "criminal" o "terrorista". Para Guatemala, el tema de los migrantes en otros países es de fundamental importancia por el aporte económico que brindan a través de sus remesas, por ello, se presenta una sección de conclusiones y recomendaciones al gobierno de Guatemala con el fin de reforzar, incluso de reformular políticas que alivien los sufrimientos de los migrantes que transitan por el país y a la vez que logre plantear planes y programas objetivos hacia México y Estados Unidos en su relación bilateral. También se quiere aportar con el medio profesional, académico y estudiantil.