979 resultados para Estado de transición


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Las políticas de población y planificación familiares de Europa occidental han llegado a un consenso para introducir la educación sexual en los planes de enseñanza y en el ámbito de la socialización familiar la Conferencia de el Cairo (1994) ha permitido ampliar este consenso a los países del tercer mundo mediante orientaciones para que incluyan la educación sexual en sus políticas demográficas. En España desde la transición democrática aparece expresamente recomendad su inclusión en los programas oficiales del Ministerio de Educación, al igual que la prevención del SIDA y otras enfermedades de transmisión sexual y sobre todo la preocupación por los embarazos no deseados entre adolescentes, etcétera. Estas campañas dirigidas por ejemplo a la utilización de preservativos entre los adolescentes han generado sonadas polémicas en los últimos años. Pero nadie pone en duda la necesidad de educar a los jóvenes en el conocimiento de su sexualidad. A partir del periodo simbolizado por el Plan Beveridge (1942) que significó también el comienzo del estado del bienestar, cambia el modo de entender el ejercicio del poder en relación con la salud de los ciudadanos y el propio concepto de salud. Desde este momento el Estado se preocupa por el bienestar y la calidad de vida individuales no con el objeto de aumentar el vigor de la nación y fortalecer al Estado, sino al servicio de los individuos, a los que se reconoce el derecho de mantener el cuerpo y la existencia propios, en buena salud y permanente bienestar. En este marco de gestión de la salud, que en España, por la dictadura, se desvincula tardíamente del Estado interventor, no se trata de convertir a la familia en un medio de tutela estatal, sino en una esfera que por si misma, demanda ayuda par resolver sus conflictos: problemas de comunicación de la pareja, consejos sobre planificación familiar, etcétera. Así, la educación sexual está regida por el imperativo orgásmico (deber del orgasmo) en el interior de la democracia sexual (respeto al goce recíproco). Estas garantías en la vida sexual de las parejas ayudarán a promover una correcta comunicación intrafamiliar, una afectividad idónea para la vida en sociedad. Pero en todos estos frentes de herencias y transformaciones se hace una crítica a la educación sexual formal por que no es sólo un conjunto de técnicas, de saberes, de valores; implica la producción de un modelo antropológico, un modelo de sujeto que impide la posibilidad de invertarnos, de experimentarnos a nosotros mismos y a los demás como sujetos de deseo. Si los defensores del sexo por el sexo no llegaron al delirio de un cuerpo, los amantes del sexo nos ofertan el suelo de un individuo feliz, anonadado en un climax sin fin.

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El artículo forma parte de un monográfico de la revista dedicado a enseñar el presente.- Resumen tomado parcialmente de la revista

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El artículo pertenece a una sección de la revista dedicada a investigación. - Resumen tomado parcialmente de la revista

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Comprobar el peso de la memoria histórica chilena, en la transición, sobre los hechos que marcaron los últimos treinta años del país, patentes por el temor a que los hechos ocurridos, señalados por el golpe de Estado, volvieran a repetirse. El método de investigación histórico caracteriza a este trabajo, el cual se desarrolla mediante cinco capítulos. El primer capítulo, configura un marco teórico que mediante una perspectiva crítica, aborda términos como 'memoria colectiva' y 'memoria histórica'. En el segundo capítulo, se desarrolla una revisión de la memoria durante la dictadura, para lo cual se tiene muy en cuenta el trabajo del investigador estadounidense Steve Stern. Los conflictos de la memoria colectiva en el Chile 'post-dictadura', definen el tercer capítulo. El cuarto capítulo, presenta las memorias del caso Pinochet. Por último, se presenta un capitulo descriptivo del origen y desarrollo de la 'Alianza por Chile'. No se puede saber lo que cada uno es si no se sabe cómo se ha llegado a ser lo que se es. Aparece en este momento la dimensión política de la historia y de la memoria: quien logra minar o debilitar ciertas memorias en función de afirmar otras, tiene el poder sobre las identidades que son reconocidas o negadas en una sociedad.

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El objetivo principal de este trabajo de tesis es determinar si ciertas instituciones en Bolivia son funcionales para propiciar una mayor participación del estado en la economía. Para ello se divide el trabajo en dos partes, una referida a los elementos necesarios para comprender como es que el estado participa en la economía; y otra, referida a la participación del estado boliviano en la economía, con énfasis en lo ocurrido desde el año 1985. Con la primera parte del trabajo se busca un debate entre ciertos autores sobre cual debe ser el rol del estado en la economía, para ello se siguen dos pasos previos; primero se repasa como puede ser la participación del estado en la economía. Para ello se toma a la constitución económica como eje orientador del rol del estado en la economía – aunque, se advierte que la realidad de los hechos en la investigación demuestra que esta no siempre puede ejercer esa función. Por ello, se continúa esta primera sección con una reflexión – desde el trabajo de determinados autores – sobre la relación que puede existir entre sistema jurídico y desarrollo económico. La segunda sección de esta primera parte, es un estudio de las instituciones como herramientas para propiciar la participación del estado en la economía, este repaso tiene orientación neo institucional, pues la misma tiene una visión más cercana al desarrollo de un país con base en sus propios rasgos culturales, históricos y políticos. Ya en la tercera y cuarta sección se entra al debate sobre el rol que debería tener el estado en al economía, para ello se analizan autores con posiciones encontrados y se respalda cada una de estas posiciones con el repaso de casos concretos como el de los países del este asiático. El segundo capítulo es un estudio del caso boliviano. En la primera sección se analiza la relación existente entre sistema jurídico, desarrollo económico, y participación estatal en la economía hasta el año 1985. La segunda sección repasa el proceso de transición económica e institucional en Bolivia y el rol que jugo el estado en todo este proceso. En la tercera sección se repasa el nuevo rol del estado en Bolivia desde el año 1985, así como el papel que jugaron ciertas instituciones en la formación de este nuevo orden. Se cierra el capítulo con una brevísima descripción del plan de gobierno del actual presidente boliviano Evo Morales, el cual implica dar al estado una mayor participación en la economía.

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Este artículo analiza la sentencia de la Corte Constitucional que resuelve el conflicto de criterios entre el Procurador General del Estado y el Contralor General. en cuanto a la materia misma de la sentencia, en opinión del órgano más importante de justicia constitucional del país, las tasas son tributos, que no pueden percibirse, cederse, ni administrarse directamente por ninguna persona natural ni jurídica que no sea el estado. el cambio constitucional exige una nueva óptica jurídica en la apreciación de los dictámenes prevenientes de la Procuraduría General del estado, que ya no son simples opiniones de juristas respetables, sino que constituyen normas jurídicas que se deben aplicar. De alguna forma ha renacido con mayor vigor el ius publice respondedi del pretor romano, y estos actos jurídicos han alcanzado la jerarquía de fuentes formales del derecho.

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¿Qué es el poder local? y ¿Cuáles son las potencialidades de estos actores para la construcción nacional? son las dos preguntas clave que articulan este trabajo, realizado en el Corregimiento de Riobamba, entre los años 1750 y 1820. Espacio con población predominantemente indígena, ubicado en la sierra centro de la Audiencia de Quito y especializado en la producción obrajera. En esta temporalidad, abordamos la constitución del poder local y el comportamiento de los actores en coyunturas producidas antes, durante y posteriores a la revolución de Quito de 1809, que es el hito fundacional de la construcción del estado nacional, para lo cual, hemos revisado una gran cantidad de fuentes primarias, rescatando la fuerza de la narrativa histórica y el análisis estructural de su principales elementos económicos, sociales e ideológicos. El estudio analiza el funcionamiento del poder local que se basa en elementos de antiguo régimen: venalidad, exclusión indígena, transgresión, corrupción y control ideológico. Analiza las continuidades y los modestos cambios que ese pensamiento experimentó, sobre todo en algunas de sus facciones más dinámicas. Analiza las redes cerradas integradas por facciones familiares y grupos de interés, que mantienen una serie de disputas y/o alianzas en las diversas coyunturas, donde las facciones plantean proyectos para procesar la crisis obrajera, desarrollar un proyecto minero, la consolidación de la hacienda, el traslado de la ciudad y la participación en las primeras guerras de la independencia. Hemos encontrado una elite periférica, poco activa y de escaso peso en las transacciones en la construcción del estado nacional, tanto por su dependencia con la administración de Quito y Bogotá, como por su carácter tradicional, que terminó construyendo una hacienda que impidió el desarrollo de ese espacio. Al mismo tiempo, vemos una elite con escasa potencialidad para construir una nación incluyente, que en la transición profundizó prácticas raciales que los llevó a excluir a los mestizos, a los indios e incluso a los caciques, como por su alineamiento con el pensamiento de antiguo régimen, que los hizo desechar cualquier reforma. Sin embargo, los acuerdos de las diversas facciones y los distintos alineamientos con las elites de otras regiones, les permitió mantener el control de la provincia, sujetar a los subalternos y participar a través de una serie de enlaces con facciones inter-regionales en la construcción del Estado.

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Se revisa la sentencia interpretativa no. 0006-09-sIC-CC, caso 0012-08-IC, expedida por la Corte Constitucional para el período de transición. en lo principal, esta sentencia analiza si el segundo inciso del art. 408 de la Constitución ecuatoriana es aplicable al sector de las telecomunicaciones. la mencionada norma dispone que el estado debe participar en los beneficios del aprovechamiento de varios recursos –entre ellos los no renovables y el espectro radioléctrico– en un monto que no debe ser inferior a los de la empresa que los explota. la importancia económica de la decisión de la Corte es evidente, pues incide directamente en el alcance del derecho de propiedad, tanto del estado como de los particulares que realizan actividades en el sector de las telecomunicaciones. Pese a la relevancia económica del asunto, la motivación es escasa, y la línea de argumentación obscura, e inclusive contradictoria.

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Este trabajo verifica si el tiempo estimado por el Estado Ecuatoriano para la transición hacia la Televisión Digital Terrestre en el país, es razonable. Esta comprobación se la hace a partir del concepto de la Cadena de Valor de la Televisión y su evolución hasta llegar a la Televisión Digital Terrestre, la descripción de los distintos hitos del proceso de transición hacia la nueva tecnología, la evaluación del Plan Maestro de transición a la Televisión Digital Terrestre en el Ecuador y la visión de los potenciales oferentes respecto al tiempo establecido para el Apagón Analógico, enfoque este último realizado sobre la base de los diferentes aspectos contemplados en el Plan Maestro, los pasos dados hasta la fecha y los restantes requeridos para completar el Apagón Analógico. Complementariamente, el repaso histórico de los principales hechos ocurridos hasta la definición de los diferentes estándares disponibles en el mercado mundial, la descripción de los procesos seguidos en los distintos países de la Región y de aquellos referentes en el mundo, resaltando los aspectos más relevantes en cada caso y el estado en el que se encuentran dichas transiciones, son aspectos proporcionados para el análisis. Todos estos elementos constituyen insumos suficientes para abordar la perspectiva de la implementación de la Televisión Digital Terrestre en el Ecuador, referida al tiempo requerido de transición hacia la nueva tecnología en el país. Al final del trabajo la sección de Conclusiones y Recomendaciones, escritas sobre la base de los resultados de la investigación, da respuesta a la pregunta e hipótesis planteadas.

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La curiosidad académica y la preocupación política que guía esta investigación se resume en la siguiente pregunta: ¿Cuál es el modelo de Estado y proyecto político al que apunta el proceso de transición, iniciado luego de la aprobación de la Constitución 2008? Esta pregunta presupone que la transición no necesariamente traerá como resultado la concreción del Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia, proclamado constitucionalmente. Para responder esta pregunta, esta investigación analiza la transición, entendida como momento refundacional, tanto en términos institucionales como normativos, circunscribiéndola al período que se inicia con la aprobación de la nueva Constitución (septiembre de 2008) y que se cierra con la integración definitiva del CPPCS (marzo 2010). El ensayo concluye que las decisiones excepcionales que se tomaron en los momentos críticos del proceso de transición, lejos de responder a una aplicación directa de los principios y normas de la Constitución 2008, respondieron conscientemente a la lógica de los plenos poderes que asumió la Asamblea Constituyente. Este es, sin duda, un mal síntoma y un enorme riesgo. Si bien no determina inexorablemente el resultado final del proceso, sí indica claramente que la transición estuvo desde el inicio marcada por una lógica de excepcionalidad política; hecho que institucionaliza dicha excepcionalidad y pone en riesgo todo el andamiaje constitucional. En suma, este texto demuestra que en la fase inicial de la transición avanzó hacia desbancar los rasgos liberales del Estado social de derecho anterior, sin quedar aún del todo claro que éste será reemplazado por un Estado constitucional de derechos y justicia. Evidentemente, aquello va más allá de lo que dice el texto constitucional y solamente se expresa, como lo ha dicho Carl Schmitt, cuando se hace necesario tomar decisiones excepcionales.

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El medio es el mensaje. La conocida expresión de McLuhan cobra una nueva dimensión con la asimilación de revolucionarias tecnologías por los medios de comunicación colectiva y la consecuente transformación de contenidos, productores y consumidores globales. La comunicación multimedia no volverá a difundir el mensaje de la época Gutermberg. El proceso de globalización, desarrollo de Tecnologías de Información y Comunicación (TIC), debilitamiento del Estado nacional-liberal y surgimiento de transnacionales de la comunicación determinan la refuncionalización de los massmedia y sus nexos con el movimiento social. El carácter de industria de la información y comunicación viabiliza la integración de los medios al conjunto de sujetos globales en expansión, como miembros de pleno derecho. La actoría económica, social y política de los grandes grupos multimedia es aceptada como parte de la lógica globalizadora. Estructuras en retroceso como Estados nacionales, clases sociales, partidos políticos y gremios que a ellos corresponden, en cambio, reclaman por la incursión de los mass-media en campos que los suponen privativos y exigen de ellos volver a su función liberal. Por su parte, sectores sociales de renovada visibilidad y protagonismo político encuentran en los escenarios de la comunicación un lugar de lucha por la significación de mensajes y sus posibles lecturas. Vivimos la batalla por el control de la información. Perdida de antemano, desde el subdesarrollo, en cuanto a la capacidad de difusión; no así, respecto de contenidos y significación. El cambio mediático no se reduce a la incorporación de tecnologías; la comunicación de masas contemporánea designa otro sensorium, modos de percibir, conocer, organizar el espacio público y privado, relacionarse con el tiempo. En este universo cambiante, los medios adquieren una polifuncionalidad propia de la transición que atraviesa al conjunto social y de la cual ellos igualmente son objeto. Su rol varía en relación con el carácter de actores sociales diversos, diferencia que se reproduce en los intereses de esa actoría, sus discursos y vinculación con la producción y difusión mediáticas. Simultáneamente, esa polivalencia también ha contribuido a opacar funciones, reproducir antiguos prejuicios y concebir renovadas ilusiones respecto de la comunicación y su potencial a inicios del siglo XXI.

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