1000 resultados para DESPLAZAMIENTO FORZADO - ASPECTOS SOCIALES
Resumo:
El propósito central de la propuesta de investigación es responder a la siguiente pregunta: ¿la proliferación de respuestas teóricas al desplazamiento forzado, impulsada con la declaratoria del estado de cosas inconstitucional (ECI) en 2004, generó algún cambio en el paradigma de la responsabilidad patrimonial del Estado (REPE), que orientó al Consejo de Estado al definir la responsabilidad de las autoridades por desplazamiento forzado (DEFO), entre 2004 y 2010? Para lograrlo, comenzamos por aproximarnos a los elementos del paradigma tradicional de la responsabilidad estatal y luego tratamos de desarrollar las etapas de la teoría de las revoluciones científicas, propuesta por el profesor Thomas Kuhn. En ese orden, encontramos en primer lugar, que es posible hablar de un paradigma tradicional de la REPE pero muy difícil hallar sus contornos con absoluta precisión. Se trata de un complejo andamiaje de conceptos, creencias y valores en constante formación y redefinición. En segundo lugar, intentamos tomar consciencia de la anomalía del DEFO, esto es, apreciar de cerca sus características. Fue así como logramos evidenciar que se trata de un fenómeno fuertemente arraigado en nuestra historia, cuyas soluciones requieren esfuerzos interdisciplinares. En tercer lugar, emprendimos la exploración conceptual: buscamos dentro de una amplia urdimbre de propuestas académicas aquellas que se pudieran conectar mejor con los elementos del paradigma de la REPE. Identificamos 18 líneas de fuga teórica alrededor de los conceptos del daño, imputación y reparación. Todas apuntan hacia la ampliación de sus alcances y la búsqueda de remedios más eficaces y democráticos para las víctimas del DEFO. En cuarto lugar, contrastamos dichas propuestas con las respuestas que ofreció el Consejo de Estado a la población en desplazamiento, en sus fallos proferidos entre 2004 y 2010 en esta materia. Finalmente, después de dicha exploración encontramos que el paradigma de la REPE no fue radicalmente alterado por la proliferación de respuestas teóricas ofrecidas después de 2004. El máximo juez contencioso tomó cierta consciencia de la anomalía, exploró algunas aristas del fenómeno, pero se quedó corto a la hora de evaluar el alcance de sus herramientas tradicionales y proponer soluciones novedosas y eficaces. Presenciamos algunos cambios en el concepto y alcance de la reparación, originados en decisiones anteriores poco relacionadas con eventos de desplazamiento, que resultan insuficientes a la luz de las exigencias de la problemática del DEFO.
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El siguiente estudio busca contextualizar el fenómeno del desplazamiento en Colombia, entendiendo los orígenes del fenómeno en las variables claves del sistema, pasando por todos los cambios tanto de actores como de agentes que se han presentado a través de tiempo; y a partir de esto se tomará la información adecuada para aplicar las herramientas de prospectiva propuesta por Michael Godet; para así determinar los escenarios posibles del desplazamiento en Colombia, proponiendo finalmente en uno de éstos un planteamiento productivo para esta fuerza laboral. Después de entender históricamente los factores más relevantes de este sistema se realizó la aplicación de la herramienta MICMAC
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Pretende dar una formación global e integral a los alumnos coordinando las distintas disciplinas que convergen en la Educación Ambiental, que les lleven a investigar y conocer los aspectos naturales, económicos y sociales de su medio. Objetivos: conocer por parte de los alumnos la problemática medioambiental de su entorno, tanto natural como económica y social. El desarrollo de actitudes de participación activa y proporcionar las aptitudes necesarias para proteger y mejorar el medio ambiente. Muestra: 50 alumnos de tercero de Formación Profesional de los Institutos de Güimar y de Granadilla. Se realizaron encuestas. Se ha conseguido un aumento de la conciencia y sensibilidad de los alumnos por su medio, la adquisición de unos conocimientos sobre la problemática medioambiental y la posibilidad de llevar a cabo un enfoque interdisciplinar de los temas que se traten.
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La forma en que se reduce o se limita la entrada de personas para la distribución de recursos parece ser lo que queda de la posibilidad de acceso a derechos luego de transitar por lo que se ha llamado la ruta1 para la Atención a la población en situación de desplazamiento. El conjunto de traducciones propuesto por quienes implementan la política, disponiendo para el acceso a los recursos trámites o acciones no determinados y que exceden los requisitos iniciales, determina un resultado: el sistema que conocen las personas que pretenden acceder a él.
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El desplazamiento forzado es un fenómeno urgente de nuevas lecturas que permitan arribar a soluciones adecuadas. Desde la perspectiva jurídica, es posible plantearlo a partir de un examen de la responsabilidad estatal por falla del servicio en el diseño e implementación de la política pública, entendiendo por falla aquel evento de atribución de perjuicios por omisión en el cumplimiento –posible– de un deber jurídico. Sin embargo, la revisión del proceso de la política, antes y después de la declaratoria de estado de cosas inconstitucional, muestra los cortos alcances de la institución de la responsabilidad patrimonial, por lo que es necesario habilitar esta vía de exigibilidad de derechos haciendo uso de nuevos aparatos conceptuales.
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El desplazamiento forzado de población en la zona del Alto Sinú durante los años 1998 – 2002 responde al interés de los grupos armados ilegales por dominar el territorio y reconfigurar el orden socioeconómico en el mismo.
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Un fenómeno social, político, económico y cultural como el desplazamiento interno forzado amerita especial atención por parte de los gobiernos, sus instituciones, la sociedad civil y la Comunidad Internacional. Es una situación de degradación de la dignidad de los seres humanos, lesiona la paz y el entorno social en el que se desarrollan y “... establece condiciones... inhumanas y degradantes, pues los desplazados... tienen que vivir hacinados... soportando hambre, desnudez, enfermedades, persecuciones y toda clase de privaciones...” ; es un hecho que no hace discriminación alguna, pues afecta y desequilibra a infantes, adultos, ancianos y minorías étnicas, convirtiéndose en un terrible “crimen contra la humanidad”
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La violencia en Colombia en el transcurso de los tiempos ha venido causando un deterioro no solamente político y económico sino también social. En la actualidad cuenta con miles de familias desplazadas, las cuales al no poder solventar sus necesidades básicas viven en condiciones inadecuadas para el desarrollo de cualquier ser humano. Es por esto que resulta importante además de prestar ayudas económicas o psicológicas a cada uno de los individuos de una familia desplazada, dar herramientas a los mas vulnerables (los niños) que les permitan entender desde un punto de vista positivo la situación en la que se encuentran involucrados, pero sobre todo brindar nuevas alternativas de vida que procuren un mejor futuro.
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Resumen del documento
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Contiene: 1. Los "censos y el litigio por la rebaja de intereses. 2. Las capellanías: una empresa al servicio de la reproducción familiar. 3. Los "censualistas" quiteños y la naturaleza informal del sistema de crédito. 4. Las dimensiones políticas del crédito.
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La historia colombiana ha estado caracterizada por violentos procesos de despojo y de expulsión de población indígena, negra y campesina. Este pareciera ser el mecanismo de adecuación a las necesidades de producción y acumulación que el capitalismo impone y la estrategia de dominación de los diversos sectores que disputan el poder. Lejos de obedecer a un modelo de desarrollo pensado en función de los intereses de la nación colombiana, los movimientos migratorios, la mayoría de ellos involuntarios y violentos, obedecen a las necesidades e intereses de quienes han detentado el poder sobre la tierra, el poder político y a los intereses de capitales nacionales y transnacionales.
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Entender esta situación de refugio y desplazamiento forzado en el Ecuador es permitirnos ver la conflictividad que acontece y tiene sus repercusiones más dramáticas en todo el cordón fronterizo. La región fronteriza entre Colombia y Ecuador se ha visto afectada por el conflicto armado en Colombia y con mayor intensidad en los últimos años con la implementación del Plan Colombia, lo cual ha traído graves consecuencias en términos de migraciones y derechos humanos. En la región ha existido una histórica injusticia social, concentración de poder y de riqueza en ciertos sectores, violencia generalizada y, para el caso de la frontera colombiana, está la presencia de actores armados; como consecuencia de ello, se ha presentado una degradación que se expresa en la violación del Derecho Internacional Humanitario por parte de los actores armados, en una violencia estatal que desconoce los derechos de las comunidades afectadas -especialmente etnias y afro descendientes-, y en éstas una falta de identidad y temor.
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El desplazamiento constituye una violación múltiple de los derechos humanos. Las consecuencias que acarrea no son sólo demográficas, económicas o políticas sino que, debido a una serie de eventos violentos que existen antes, durante y después del desplazamiento, las personas son afectadas en su dignidad, su identidad y, por lo tanto, en su bienestar emocional.
Resumo:
El desplazamiento forzado es una problemática de suma gravedad que afecta a Colombia, siendo una de las más notorias consecuencias del conflicto armado, repercutiendo tanto a nivel político como económico, y que por consiguiente ha debido ser posicionado en la agenda pública. Durante el gobierno del Presidente Andrés Pastrana no se visibilizaba el problema, lo cual generó que se identificara a la población desplazada no como víctima del conflicto, sino como población pobre, lo que a su vez obligó a generar mayores rubros para atención a población vulnerable que no trataban el problema verdaderamente. El problema principal dentro de la política pública de atención al desplazamiento forzado es la clara identificación del problema, pues aun después de más de 10 años de haberse promulgado la ley 387 de 1997, que determina la población objeto de la política, y regula la atención que se pretende proveer, y los organismos del Estado encargados de proveerla, aun existe un debate que ha trascendido a las esferas de la jurisdicción constitucional al tratar de identificar la población que requiere dicha atención, y la naturaleza de la misma.
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Incluye Bibliografía