995 resultados para Yo Público


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Este texto se ocupa de los factores subyacentes al cambio en el manejo del espacio publico del centro historico de Bogotá, que de una politica negligente de parte de alcaldes nombrados por el ejecutivo nacional pasó a otra, caracterizada por una agresiva campaña orientada hacia su recuperacion liderada por alcaldes ejegidos popularmente desde 1988 hasta 2003, cuando se eligio a Luis Eduardo Garzón.

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En el ámbito urbano una de las principales fuentes contaminantes del ambiente son los vehículos automotores. Una estrategia para reducir el número de los vehículos en circulación y frenar el deterioro ambiental es el mejoramiento del sistema de transporte público y estimular su uso. Para hacer atractivo el empleo del transporte público en Caracas es indispensable hacer cambios importantes en este. Se propone la implantación de un sistema de Bus Rapid Transit (BRT) que responda a los deseos de movilización de la población expresados en la Encuesta de Movilidad de 2005. En dicha ropuesta, las líneas de la red de transporte masivo existente constituirían rutas troncales del sistema más importantes; el BRT contemplaría la operación de estas rutas a lo largo del eje este-oeste de la iudad y de los principales corredores viales de los valles secundarios localizados al suroeste y sureste de Caracas; y las rutas alimentadoras operarían desde distintos sectores hacia las rutas troncales. La estimación del impacto ambi  tal derivado de la implantación del sistema propuesto, calculado solo con base en la sustitución de unidades minibús por autobuses en los principales corredores, señala ahorros sustanciales en consumo de espacio y de combustible; una disminución moderada del ruido; y reducciones de las emisiones de monóxido de carbono (CO), óxidos de nitrógeno (NOx) e hidrocarburos (HC).

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In the scope of network management there is, on the one hand, a broad dispersion between the different research trends, and, on the other, lack of knowledge on the dynamics of the networks. More empirical and inter-disciplinary research on inter-organizational collaboration is still needed. This article, starting from Kickert, Klijn and Koppenjan’s fields of the policy network (1997), and Huxham’s Collaborative Advantage Theory (2000), analyzes the case of Barcelona’s City Council’s social services network’s home delivery”.

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Los objetivos del proyecto son la creación de cuentos para el aula de idioma y conjugar diferentes técnicas plásticas.Esto se basa en: 1) Dar la palabra a los alumnos, haciendo del cuento un elemento de expresión y comunicación activos. 2) Crear en el aula de idiomas textos para el 'Rincon de Lectura'. 3) Recrear los cuentos con diversas modalidades plásticas para que inciten a su descubrimiento y disfrute. 4) Relacionar dichos textos con los centros de interés de la etapa, de modo que se refuerce la interdisciplinariedad. 5) Crear cuentos con múltiples fines: libros para dramatizar, para cantar, para contar, para regalar etc. 6) Aumentar la autoestima y la autoevaluación, que el alumno se sienta capacitado para escribir cuentos y disfrute con ello. 7) Desarrollar el vocabulario, expresividad y comunicación. 8) Conocer la personalidad de los alumnos, en la selección de colores, precisión, minuciosidad, descuido, timidez, interés etc. El contenido del proyecto es 1- El cuento como elemento de evasión y disfrute. 2- El cuento sin final o con varios finales. 3- El cuento para ser dramatizado. 4- Yo soy el protagonista. 5- Cuento musical. 6- Cuento colectivo, se pretende crear un cuento más o menos mensualmente..

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La ciudad y los procesos que ésta desencadena en su entorno territorial han variado, de acuerdo con el momento histórico y contexto geográfico donde ocurrió, está ocurriendo o sucederá, por lo tanto, lo primero y lo segundo, son tan cambiantes, como lo son los elementos constitutivos de ese espacio ocupado, apropiado y gobernado.Son pocos los asuntos sobre los cuales coinciden las distintas comunidades académicas y disciplinas que se encargan del estudio de los procesos urbanos, como urbanistas, arquitectos, geógrafos, sociólogos, politólogos, ingenieros o planificadores; por ejemplo, con relación a la definición de lo urbano o lo qué podemos entender por ciudad; tal vez hay mayor acuerdo por lo que no es, como se constata con los espacios dedicados, exclusiva o principalmente a las actividades productivas agropecuarias. De la misma manera, sobre lo que se considera como espacio público, ya que algunos le dan un énfasis estructural y físico, como uno de los elementos rígidos que constituyen el espacio ocupado, mientras que otros, además de lo físico, rescatan de él referentes históricos, culturales y simbólicos.En la actualidad viene ganando audiencia la postura que combina lo físico y material de la ciudad y el espacio público, con lo inmaterial y simbólico de los mismos, lo que le confiere un nuevo sentido. De este tipo de convergencias, surge el escenario que contribuye a construir el ciudadano que requiere y demanda la ciudad.De acuerdo con lo anterior, el análisis que aquí se presenta se aborda a partir de tres aspectos relevantes: en primer lugar, se reiteran algunos de los caminos andados, para esbozar algunas de las nuevas perspectivas sobre la ciudad y el espacio público, tal como se sugiere en el título del artículo; en segundo lugar, relacionar aspectos históricos, conceptuales y aplicados sobre la ciudad y de esta con el espacio público, con base en el caso de Bogotá y finalmente plantear algunos de los desafíos que surgen de esta interacción, a partir de algunas reflexiones que buscan vincular esta temática con las ciencias sociales y en particular con la ciencia política.-----The city and the processes triggered by the city in its territorial environment have changed, according to the historical moment and the geographical context in which it happened, is happening, or will happen; therefore, the former and the latter are as changing as the elements of that occupied, appropriated, and governed space.There are very few subjects on which there is an agreement among the different academic communities and disciplines that study urban processes, such as town planners, architects, geographers, sociologists, political scientists, engineers, or planners. For example, regarding the definition of the urban matters or what we may understand as a city, a greater agreement may be found on what it is not, as shown with spaces exclusively or mainly dedicated to the productive agricultural/livestock activities. Likewise, regarding what is deemed as public space, because some people stress the structural and physical aspect as one of the rigid elements that comprise the occupied space, while others rescue, in addition to the physical, the historical, cultural, and symbolic references.The position that considers the physical and material city and public space combined with their immaterial and symbolic aspects has been gaining terrain lately, providing them with a whole new sense. From these convergences arises the scenario that contributes to the building of the citizenship required and demanded by the city.According to the foregoing, the analysis presented here is addressed from three relevant aspects: First, reiterating some of the already treated topics to outline some new perspectives on the city and the public space, as suggested in the title of this article; second, relating historical, conceptual, and applied aspects of the city and such aspects of the city related to the public space, based on the case of Bogotá; and finally, formulating some challenges arising form this interaction, based on certain thoughts that seek to link this topic with the Social Sciences and, in particular, with the Political Sciences.

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Esta investigación se dirige a determinar el uso de la responsabilidad social como estrategia de mercadeo y de relación, y cuál es su impacto en la sociedad. De esta manera, se hace uso de los conceptos del mercadeo comunitario y el mercadeo relacional, para así desarrollar nuevas estrategias de marketing, en donde se logre incentivar y promover la responsabilidad social entre las empresas del sector de transporte público, por medio de la creación de una relación más estrecha entre las compañías y los clientes. Por esta razón, el objetivo general de la investigación es determinar cuál es la utilidad de la responsabilidad social en la relación estratégica comunitaria y el marketing en el sector del transporte público. Adicionalmente, se espera lograr una conexión entre la relación estratégica comunitaria y el marketing dentro del sistema de transporte público, por medio de la responsabilidad social. La importancia de éste proyecto consiste en determinar los beneficios que puede recibir el sector de transporte público con una aplicación estratégica de la responsabilidad social y el marketing comunitario. En Transmilenio se encontró que sí utilizan la relación estrategia comunitaria, a través de la implementación de las estrategias comunitarias mediante la responsabilidad social, usándolas de manera efectiva ayudando al marketing relacional. Lo anterior se evaluó mediante una revisión de la literatura sobre responsabilidad social, marketing relacional, la relación estratégica comunitaria, una investigación de las prácticas de responsabilidad social de la compañía así como investigaciones sobre Transmilenio.

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En la vida democrática moderna la participación ha adquirido una importancia fundamental. La idea de la participación indirecta y del papel inactivo de las personas y de las comunidades mostró su carácter insuficiente para resolver las complejidades de los asuntos contemporáneos y las necesidades de las naciones. Los cambios que se han dado en los últimos tiempos proponen un Estado que se relaciona de manera más directa con el ciudadano, con el cual toma además las decisiones a través de procedimientos de incidencia real y eficiente. La participación pasa a ocupar un puesto muy importante en la gestión del Estado, no solo en lo que tiene que ver con la toma de decisiones, sino también con la cogestión, el seguimiento y la evaluación de las mismas. Sin embargo, no basta con que el derecho a la participación sea reconocido: también se hace necesario el establecimiento de escenarios para su ejercicio como una obligación por parte del Estado. La participación es el cimiento del Estado y de la democracia; un deber y un derecho que se sustenta en el principio de solidaridad y en la unión de las comunidades en pos de un objetivo o de la integración de todas las personas en la construcción de un mejor país. El derecho a la participación es un derecho de primera generación correspondiente a los derechos civiles y políticos. En temas ambientales, una regla importante para orientar la actividad del Estado es la incidencia ciudadana en todos los ámbitos, desde las acciones de ordenamiento ambiental hasta las que tienen que ver con la investigación, con programas de control y protección de recursos, en el otorgamiento de licencias y permisos ambientales y en la planeación ambiental, entre otros. De esto se ha tenido conciencia desde la expedición del Código de Recursos Naturales en 1974, cuando se señaló que la actividad del Estado debería inducir a un manejo participativo, por cuanto se postula como regla de administración que debe promoverse la formación de asociaciones y de grupos cívicos para lograr la protección de los recursos naturales renovables y su utilización adecuada, con base en el estudio de las relaciones de la comunidad con tales recursos. Un componente importante para generar gobernabilidad es la participación de los diferentes actores sociales,1 la cual permite además una gestión ambiental planificada y evita la utilización de espacios judiciales para la defensa del derecho a gozar de un medio ambiente sano y para garantizar la inclusión en los programas, proyectos y decisiones en la materia. No obstante la importancia de esta fi gura, hoy se encuentran dificultades en su accionar, como la falta de educación, la ignorancia (se cree que solo se participa a través del voto) o el desconocimiento de los diferentes espacios y mecanismos de participación. Las posibilidades de intervención o manipulación que se presentan en muchos casos en el ejercicio de la participación, hacen que hoy exista desconfianza en la utilización de estos instrumentos y en las autoridades. Hoy se presenta el fenómeno del desencanto y la decepción en el ejercicio de la participación que obedece al fracaso y a la injerencia de intereses privados. Por esta razón, la participación termina viéndose como una demagogia dado que se ha legislado mucho al respeto pero no se han ejercido estos mecanismos o cuando se hace, terminan las comunidades por encontrar otros intereses en las decisiones finales. En materia ambiental, en Colombia en las últimas décadas se han establecido diferentes mecanismos y espacios de participación a través de los cuales se busca hacer realizar el derecho a gozar de un medio ambiente y garantizar la participación de la comunidad en las decisiones que puedan afectarles. Sin embargo, los altos costos y los escasos resultados evidencian una deficiencia en su implementación lo cual incentiva el uso de mecanismos como las acciones populares. Después de la Constitución Política de 1991, que promovió los derechos ambientales y la democracia participativa, de la institucionalización del sector público encargado de estas materias con la creación del hoy Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial y de la reorganización del Sistema Nacional Ambiental a través de la Ley 99 de 1993, es necesario ver qué ha pasado con el principio según el cual la acción para la protección y recuperación ambientales del país es una tarea conjunta y coordinada entre el Estado, la comunidad, las organizaciones no gubernamentales y el sector privado. La Universidad del Rosario, a través de la Línea de Investigación en Derecho Ambiental, viene trabajando en desarrollo del principio de participación ambiental a través de diferentes proyectos, en especial sobre los temas que tienen que ver con los mecanismos de tipo administrativo y judicial, mediante los cuales es posible hacerse parte en procesos como el de otorgamiento de una licencia o un permiso ambiental. Este documento contiene los resultados del proyecto de investigación financiado por el Fondo Institucional de la Universidad del Rosario, cuyo objetivo general es realizar una evaluación al ejercicio de la participación administrativa ambiental en los procesos para el otorgamiento de licencias ambientales en Colombia. Para ello se analizó el esquema conceptual y la caracterización constitucional, legal, política, social y cultural del derecho a la participación ambiental en Colombia; se señaló la naturaleza jurídica y los efectos de los mecanismos de participación ciudadana en materia ambiental, para de esta forma poder analizarlos dentro de los procedimientos administrativos. Adicionalmente, con este proyecto, cuyos resultados se presentan a continuación, se pretende determinar cuáles eran los espacios de participación dentro de los procesos administrativos para el otorgamiento de una licencia ambiental y así establecer la posibilidad de emplearlos y su capacidad de incidencia en las decisiones ambientales. A través de este documento se podrá identificar el impacto de la participación en la gestión ambiental y la situación de este ejercicio en Colombia. El estudio realizado permite además establecer cuáles son los aciertos y las dificultades que se han presentado en el desarrollo de estos mecanismos y proponer medidas o retos para lograr en Colombia una cultura participativa en materia ambiental. En este punto, y previo a la exposición de resultados, es preciso anotar que la totalidad del análisis que se realiza a continuación tiene como base información oficial suministrada por parte de las instituciones ambientales estatales correspondientes y que los documentos de soporte se encuentran debidamente archivados y disponibles en la Línea de Investigación para cualquier tipo de verificación. Los estudiantes que hacen parte de la Línea de Investigación han venido apoyando el proceso de recopilación y análisis de información. Este trabajo ha consistido en acceder directamente a algunos de los expedientes de estudio en las autoridades ambientales, tomar copias de la información relevante y diligenciar las guías de sistematización y análisis de los documentos. La metodología utilizada tiene como objetivo principal identificar las situaciones que tienen que ver con el ejercicio de los mecanismos de participación que hemos venido presentando y efectuar un análisis de las principales confrontaciones o problemáticas que se presentan entre la sociedad civil, las autoridades y los dueños de los proyectos por la ejecución de estos proyectos. Este trabajo se encuentra dividido en cuatro capítulos. El primero tiene que ver con los antecedentes y la contextualización en el ámbito jurídico nacional e internacional de la participación, desde las primeras formas de participación hasta lo acontecido en los últimos años en materia constitucional y legislativa. El segundo capítulo hace referencia a las clases, tipos, niveles, mecanismos y espacios de la participación, incluyendo de manera específica aspectos reglamentarios y jurisprudenciales. El tercer capítulo, de manera específica, se adentra en el análisis y conceptualización de la participación en materia ambiental. Aquí se hace referencia a la participación ambiental en el marco del derecho comparado y se establece el panorama, los elementos y espacios de incidencia de las comunidades en la gestión ambiental. En el cuarto capítulo se estudia el ejercicio de la participación administrativa ambiental en los procesos para las actuaciones administrativas, donde tienen competencia las autoridades ambientales, en especial la participación en el otorgamiento de licencias ambientales. Con este documento se pretende contribuir a la divulgación y al conocimiento de los diferentes mecanismos de participación ambiental, esperando que este sirva a las comunidades y a las autoridades ambientales para tomar los correctivos necesarios que permitan la concreción de espacios en los procedimientos y en la incidencia en la toma de decisiones ambientales. Si bien es cierto que la Constitución Política de 1991 estableció el compromiso del Estado de promover la participación ciudadana en la toma de decisiones ambientales que les incumben a las comunidades o a las personas en general, podemos ver como resultado de este proyecto de investigación que los espacios y mecanismos de participación no son suficientemente conocidos y ejercidos por la sociedad en general. Tampoco son promovidos por las autoridades ambientales. Evidencia de esta problemática se encuentra en los continuos conflictos o confrontaciones que se presentan cuando una empresa, o incluso el Estado, desea realizar un proyecto y encuentra oposición por parte de las comunidades que carecen del conocimiento de los mismos o que conociéndolos de fondo, no son tenidos en cuenta. Se encuentra en muchos casos escasa información y divulgación de los proyectos y de los programas de desarrollo que propone el gobierno nacional, o también que muchos de estos proyectos no atienden las necesidades e intereses de las comunidades que habitan el área de influencia de los mismos y además que sus reclamos no son escuchados en el proceso de toma de decisiones. Hoy el reto está en buscar solución para que se dé una verdadera participación, a través de programas que permitan difundir entre las comunidades el conocimiento de la democracia participativa y promover el fortalecimiento de la sociedad civil y de sus organizaciones para que la participación sea eficaz y permita construir de manera colectiva a un mejor país. La consigna debe ser: “Yo participo. Tú participas. Todos decidimos”.

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En los últimos tiempos el derecho ambiental ha ganado un puesto importante en el ámbito jurídico, hecho que refleja la preocupación que hoy se tiene por la relación del hombre con su entorno. Desde hace quince años, la Universidad Colegio Mayor de Nuestra señora del Rosario, por intermedio de su Facultad de Jurisprudencia y concretamente de la Especialización y la línea de investigación en Derecho Ambiental, ha propuesto a través de diversos proyectos avanzar en el conocimiento y análisis del ordenamiento jurídico ambiental, aportando así al desarrollo, estructura y consolidación de esta rama jurídica. Bajo estos parámetros, el objetivo de esta publicación es hacer algunas reflexiones en torno a distintos temas que dentro del derecho público impactan o influyen al derecho ambiental y responder a los enormes desafíos que se presentan en la materia. Por tanto, el programa quiere contribuir desde la academia al diálogo crítico y propositivo que permita dar solución a los problemas encontrados en la aplicación del derecho ambiental. En el primer capítulo, Gloria Amparo Rodriguez describe los ordenamientos jurídicos constitucionales de Colombia, Ecuador y Bolivia a fin de analizar la forma en que cada uno de ellos consagra el derecho a un ambiente sano. A continuación, Martha Ovalle y Zelba Nidia Castro de Perez realizan un estudio de los principios de precaución y prevención, exponiendo su alcance, su fundamento desde el derecho internacional y cómo vienen siendo entendidos por nuestro ordenamiento jurídico, tanto jurisprudencial como legal. Luis Adolfo Diazgranados se ocupa de la responsabilidad de los funcionarios públicos en materia ambiental, para lo cual realiza un análisis de los deberes consagrados en la normatividad vigente. Continuando con esta temática, el profesor Jorge Agudo Gonzalez, de la Universidad Autónoma de Madrid, explora la incidencia del ambiente y los recursos naturales en los procesos contractuales, a fin de mostrar cómo estas materias se han constituido en variable fundamental en el devenir de la formación, celebración y ejecución de los contratos, desde un punto de vista crítico, los aspectos importantes del proceso sancionatorio ambiental, evidenciando las falencias y vacios del a Ley 1333 de 2009. Jairo Cabrera plantea algunas reflexiones sobre la responsabilidad, valiéndose de la doctrina internacional, sobre la problemática de la reparación por daño ambiental. Por su parte, Leonardo Güiza Suárez explica el régimen general de la responsabilidad ambiental en el ordenamiento jurídico a partir del daño de los bosques naturales y su incidencia sobre los derechos humanos. Andres Gomez Rey, desde la teoría del acto administrativo, desarrolla el análisis crítico del régimen jurídico de las aguas superficiales en el derecho ambiental. Giovani J. Herrera Carrascal realiza una disertación sobre los recursos naturales y el ambiente como elementos del espacio público que a su vez constituye en un componente del medio ambiente urbano a partir de la jurisprudencia y de las competencias respectivas. Por último, Marybell Ochoa Miranda trate el tema de los residuos hospitalarios en Colombia, exponiendo su régimen jurídico, las competencias de las autoridades ambientales, los deberes que en estos asuntos tienen los ciudadanos, proponiendo lineamientos para avanzar en la consolidación de la gestión integral de residuos hospitalarios y similares.

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El desbordamiento de la quebrada La Lata se convirtió en un problema social y ambiental grave en la ciudad de Santa Marta, agudizado por el fuerte invierno que padeció el Caribe Colombiano a finales del año 2010. Las inundaciones que se vivieron fueron además el resultado de las actuaciones y decisiones de varias administraciones que permitieron la intervención del territorio sin medir consecuencias futuras.

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La proscripción más común está dada en términos de impedir a los gobiernos el otorgamiento de subvenciones a los empresarios y en general a los exportadores, equiparando aquellas, las más de las veces, con los beneficios o incentivos tributarios

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El autor comenta su evolución como educador ligada a las aportaciones de Adalberto Ferrández en su carrera.

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Una de las perspectivas más influyentes en la teoría de la desviación social es la Anomia.Este concepto ha sido trabajado por los más importantes clásicos de la sociología. Noción para abordar el problema de la ilegalidad y del irrespeto a las normas