958 resultados para Actores políticos


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El 11 de septiembre redefinió los desafíos para la comunidad internacional: terrorismo, armas de destrucción masiva y Estados fracasados. Los organismos internacionales y los países desarrollados han centrado su atención en la prevención del colapso total de los Estados fracasados a fin de frenar el brote de actores no estatales hostiles, ´a través de la asistencia internacional. En este marco se crea el Plan Colombia, para asistir al país con el segundo índice más alto de asesinatos en el mundo, en el cual políticos y hombres de negocios usan chalecos antibalas y tres grupos armados controlan buena parte del territorio. A pesar de que durante décadas la frontera norte ecuatoriana ha enfrentado las secuelas del conflicto colombiano y el abandono estatal, la aplicación del Plan Colombia ha exacerbado sus vulnerabilidades domésticas y regionales. ¿Recibe la frontera la atención que el gobierno propugna o prevalece como retórica de distintos organismos? ¿Ejercen o no los Estados Unidos mayor influencia en la frontera a partir del Plan Colombia? Las respuestas ofrecidas en esta investigación son contundentes. A nivel nacional, Estados Unidos no solo es el donante más importante por el monto de sus desembolsos, sino el donante por excelencia, pues éstos equivalen al 48% del total de la asistencia bilateral. El Plan reconfigura la asistencia en la región: se multiplican áreas de acción y proyectos, a la par que cambian donantes, ejecutores y beneficiarios. En la primera parte de este libro el lector encontrará una panorámica de las relaciones internacionales y la cooperación internacional hoy, con el Plan Colombia como eje de la investigación. En la segunda parte la autora analiza minuciosamente la cooperación internacional para el Ecuador. Mientras que en las conclusiones se precisan las implicaciones del Plan Colombia para la región andina y el Ecuador.

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El mundo está atravesando una transición de una sociedad industrial, que giraba en torno del trabajo como fuerza y valor, hacia una sociedad del conocimiento, cuyo núcleo es la información y la capacidad para manejarla y producirla. Esta transformación, que tiende a darse a escala global, ha sido impulsada fundamentalmente por los cambios producidos en el plano de la tecno-economía, cuyos actores primordiales son las transnacionales y los científicos y profesionales de la información. En el plano de la política, que no alcanza a dar respuesta a estos cambios, han cumplido un rol importante los nuevos movimientos sociales, que desplazaron la centralidad de los partidos políticos y de los movimientos sociales clásicos, como los sindicatos.

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El concepto de ciudadanía-ejercicio de derechos y deberes- es coemergente con el de democracia. No existe democracia sin ciudadanía ni ciudadanía sin democracia. De allí que el análisis de la ciudadanía (estado en el que se encuentran el ejercicio de los derechos y deberes) está obligadamente ligado al análisis de la democracia (características de las normas sobre la toma de decisiones de interés público). La democracia es posible solamente donde existen ciudadanos, es decir, sujetos con iguales derechos y deberes. De la misma manera, el reconocimiento y ejercicio de la ciudadanía solo es posible donde las decisiones de carácter público se las toma según las reglas de la democracia. Históricamente, la ampliación de la ciudadanía a todos los individuos ha resultado en la profundización de la democracia y esta última se ha consolidado como resultado de las luchas por la ampliación de los derechos a todas las personas. Ciudadanía y democracia son dos caras de una misma moneda.

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El presente trabajo describe el proceso de reubicación del comercio minorista del sector de Ipiales en el centro histórico de Quito, a partir de dos relatos: el primero, el relato oficial del FONSAL y del Municipio de Quito que narran una versión del proceso, mostrándonos en ella los marcos interpretativos de este tipo de memoria. El otro, es la versión que sobre esta medida de reubicación ha quedado en la memoria de los comerciantes, la percepción de los resultados del mismo y algunos elementos culturales de este grupo social de la ciudad de Quito. A partir de este diálogo de fuentes, se examinarán algunas dinámicas de la memoria oficial representadas en los bienes patrimoniales del centro histórico, junto con la disputa por la herencia que representa el centro histórico por parte de distintos actores sociales, gubernamentales, locales e internacionales, interesados en la intervención cultural del mismo. Están consideradas, además, las distintas percepciones del proceso de modernización y reestructuración del centro histórico y los resultados del proceso de reubicación del comercio minorista.

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Los movimientos sociales latinoamericanos, especialmente en las últimas décadas, se han constituido en importantes actores sociales y políticos. Las diferentes reflexiones y análisis que han surgido a partir de un conjunto de movilizaciones sociales reflejan, a su vez, la significación de dichos movimientos en la re-configuración de las sociedades. En el caso ecuatoriano, el movimiento indígena durante la década de los noventa, dio inicio a un proceso de autorepresentación caracterizado por el protagonismo de los sectores indígenas en la formulación de sus demandas y propuestas. Este proceso originó la constitución de los indígenas como sujetos políticos, portadores de nuevas apuestas que pretenden el establecimiento de un orden social más equitativo. A partir, justamente, de la importancia del movimiento indígena ecuatoriano en la transformación del escenario político, cabe una reflexión de los planteamientos relacionados con su propuesta de democracia participativa. La tendencia general considera a los movimientos sociales portadores de una alternativa frente a las democracias liberales. Por lo tanto, es necesario analizar los elementos que están presentes en ambas propuestas y las relaciones que se establecen entre las mismas.

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Las instituciones políticas informales pueden tener mayor peso que las formales. La destitución presidencial en el Ecuador, el fenómeno político más dramático de los últimos diez años, es un ejemplo de ello. Los últimos tres presidentes democráticamente electos han sido destituidos, removidos de su cargo de manera extra constitucional mediante resoluciones del Congreso Nacional. Este mecanismo de la destitución presidencial es más complejo que una pugna de poderes entre el Ejecutivo y el Congreso; la protesta popular ciudadana y las Fuerzas Armadas también son claves en su funcionamiento. El modelo general que se sigue es: protesta popular movilizada por un detonante, como una crisis política o económica; la resolución legislativa que depone al Ejecutivo; y el arbitraje final de las FFAA. Se analizará esta nueva institución bajo tres argumentos: 1) la destitución presidencial en el Ecuador tiene una lógica propia; 2) la multiplicidad de actores ha fortalecido su mecanismo de funcionamiento; y 3) esta institución es distinta de los fenómenos sucedidos en el resto de la región. Usando el marco conceptual del institucionalismo histórico, este trabajo establece los orígenes de la inestabilidad presidencial en el Ecuador. Después, analiza la innovación institucional implícita en su surgimiento del patrón de la destitución presidencial, enfocándose en la pugna política y económica entre las elites del país al principio de los años noventa. De ahí, explica cómo los diversos actores e intereses convergen para asegurar la reproducción de la institución. Finalmente, se compara el caso ecuatoriano con los otros casos de destitución en la región, encontrando diferencias en su desempeño.

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Después de muchos años de gobiernos nacionalistas, populistas y neoliberales que alternaron precarios momentos de estabilidad económica y política con períodos de graves crisis, Bolivia aún sufre los efectos negativos referidos a la economía, a la profundización de la diferenciación y exclusión social y a la vulneración de los derechos humanos. En medio de tal panorama, es lógico que las demandas de las mujeres permanezcan postergadas. La llegada al gobierno del Movimiento al Socialismo (MAS) el 22 de enero de 2006, producto de un contundente resultado electoral, no significa únicamente un gran cambio en términos económicos, sociales e ideológicos. Es sobre todo y desde una perspectiva de derechos humanos, un suceso inclusivo en términos de equidad y participación política de los indígenas, la mayoría poblacional de Bolivia. En este proceso, la equidad de género forma parte de las redefiniciones que vive el país, en un escenario de cambio de los sujetos impulsores de la transición en el Estado y en la sociedad civil. Ello se debe a que el nuevo gobierno está conformado por actores que se desplazaron desde partidos políticos y movimientos sociales corporativos de base campesino-indígena y de productores urbanos y rurales de culturas heterogéneas, ligados a un referente comunitario significativo. Estos y otros eventos en diferentes escenarios, no precisamente políticos, marcaron el ritmo de avances y retrocesos en el papel fundamental que tiene el Estado de garantizar el ejercicio de los derechos humanos.

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Si uno mira el funcionamiento del sistema penal de cualquiera de nuestros países, se va a encontrar con una realidad realmente desgarradora. ¿Es casual que la mayoría de gente que habita en nuestras cárceles sea pobre? ¿Existe alguna explicación y justificación para este fenómeno social? ¿Tiene relación la organización social y política con el funcionamiento del sistema penal? ¿Cómo se caracteriza a un derecho penal consistente con estado constitucional de derechos? Para abordar estas preguntas, en un primer momento y a lo largo de este ensayo, utilizando fuentes confiables y objetivas, se demostrará que quienes son víctimas del sistema penal son las personas más pobres. En un segundo momento se realizará un análisis doctrinario sobre este fenómeno y se pretenderá demostrar que no existe justificación razonable, desde algunos parámetros (la democracia, la igualdad, la proporcionalidad y la justicia,) para tolerar tanta violación a los derechos humanos, para concluir sobre su inaceptabilidad de este patrón estatal tolerado socialmente dentro de un marco constitucional de derechos. Finalmente, después de tanta crítica, se presentarán algunas pautas para pensar en un derecho penal distinto. Para efectos de este ensayo, justicia penal y sistema penal se utilizarán indistintamente. Se entenderá como tales el conjunto de elementos que la conforman y la manera de operar actualmente, que es un modelo basado en el encierro como idea central y en formas represivas de manifestación. Entre los elementos, tenemos al derecho penal, configurado por las leyes penales, procesales y de ejecución de penas; a los actores en sus distintas agencias, incluido políticos, policías, militares, fiscales, jueces y autoridades penitenciarias; y a los momentos por los que atraviesa una persona sometida al derecho penal, que van desde la detención, pasando por el proceso y terminando en el encierro.

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El artículo analiza, a la luz de la evidencia empírica, la hipótesis acerca de que la coyuntura política actual es, en efecto crítica, pero que no marca un giro hacia la izquierda, sino la culminación de un largo período de ajuste político en los Andes. Tomando como punto de partida la coyuntura electoral andina del 2006, el autor clasifica a los países de la región en dos grupos: aquellos en los que el proceso de ajuste ha culminado, produciendo nuevas configuraciones de actores político-electorales (partidos y/o movimientos), este conjunto incluye a Venezuela y Colombia. Y un segundo grupo de países en los que el ajuste estaría todavía en proceso: Ecuador, Perú y Bolivia.

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En esta tesis se pretende destacar la labor de aquellos comediantes y músicos ambulantes que con sus representaciones, juegos y astucias dramáticas, abren nuevos canales de participación y opinión popular. Las calles, plazas y mercados constituyen para estos artistas populares los espacios propicios para desarrollar sus representaciones y prácticas discursivas. Estos espacios escogidos por los actores ambulantes podrían configurar los intersticios de la sociedad moderna que posibilitan enunciar e interpelar las prácticas estereotípicas del poder oficial. Es principalmente en el centro y sur de la ciudad de Quito, en donde sus habitantes por sus propias condiciones sociales e históricas culturales aceptan, recrean y construyen imaginariamente a los personajes y los integran como una parte fundamental de sus procesos sociales. Por esta razón, varios cómicos ambulantes han escogido sus espacios y recovecos como los sitios adecuados para desarrollar sus destrezas artísticas. El Municipio de Quito, y en particular la Administración Centro, examina las estrategias de acción y los medios políticos, para abolir el trabajo callejero y reordenarlo en una estructura diferente. La ejecución de estas políticas ha generado agudos conflictos entre los involucrados.

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Quito presenta en su estructura una trama yuxtapuesta de realidades sincrónicas: la ciudad quimérica con pedazos del ayer y hoy que se entremezclan y persisten en vestigios que reflejan el poder constructivo de la urbe; la ciudad transhumante, cuya vocación representativa e integradora recupera la identidad colectiva, a partir de relatos y memorias, y la ciudad real donde se articula el imaginario colectivo sobre el acontecer local y nacional. A partir de determinadas coyunturas políticas de la última década, el estudio propone una reflexión sobre la ciudad de Quito tomando como referencia tres lugares: la Tribuna de los Shyris, la Plaza de Santo Domingo y la Tribuna del Sur. Desde esta muestra, el estudio identifica espacios de reapropiación y resignificación que permiten tender puentes y crear redes de articulación entre el norte, centro y sur de la urbe. Los espacios que antes eran el marco escenográfico donde la sociedad se desenvolvía, como parte de su cotidianidad, ahora son retomados como elementos centrales para superar la realidad física en la proyección de la identidad.

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El estudio del territorio y los diversos, complejos y conflictivos procesos que lo configuran, debe tener en cuenta que dichos procesos se operan desde distintas lógicas. Justamente éstas lógicas y procesos de poder, dominación y conflicto son los que se describen de manera general en este texto. En este sentido, consideramos que lo primordial es entender que la noción de territorio entraña un alto grado de conflictividad, en la medida en que una visión hegemónica de éste, no guarda muchas veces relación con las dinámicas internas locales de los pobladores de ese territorio que, como en el caso de Guapi (Cauca-Colombia) son claramente diferentes; por el contrario, la normativa reguladora de estos territorios a través de los Planes de Ordenamiento Territorial y los proyectos de inversión como el cultivo de palma africana, trae aparejado un nuevo orden territorial excluyente, basado en un patrón de poder que nada tiene que ver con las lógicas ancestrales de muchos de los actores locales. De esta forma es posible encontrar sobre un territorio, lógicas dominantes excluyendo o en pugna con otras visiones, fundadas en amplios y complejos marcos de relaciones sociales. En este trabajo, tratamos de mostrar las relaciones de poder en cuanto al acceso y uso del territorio se refiere, en este sentido, nos parece importante entender que dichas relaciones de poder crea actores particulares que se enfrentan de manera directa o no, a una serie de conflictos que descansan en esas construcciones (significados, usos) territoriales, muchas veces como en el caso del Estado colombiano, fundamentadas en una racionalidad económica capitalista que excluye y violenta los proceso locales de creación de identidad y en esta medida, de construcción de otras formas de ordenamiento del territorio. Por otro lado, nos parece que Guapi se constituye en un ejemplo valioso para entender en un estudio de caso, las dimensiones reales de las distintas relaciones sociales entre actores diversos y los conflictos que la interacción sobre un mismo territorio genera.

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La presente investigación sobre “Los partidos políticos como instituciones de democracia en el Estado de Derecho ecuatoriano” tiene como objetivo principal analizar los derechos y atribuciones concedidos dentro de los parámetros legales para con los partidos políticos que simbolizan el Estado de la modernidad, señalando de esta manera que el derecho opera en los más diversos aspectos de la vida social al igual que la intervención política llega hasta la especificidad de lo jurídico y que cada cual actúa “conforme a derecho”. En el primer capítulo del trabajo se analiza el desarrollo del Estado de Derecho, su definición, su origen y su evolución, los elementos constitutivos del Estado, los principios que definen y caracterizan al Estado de Derecho, así mismo se analiza como segunda parte el tema de la democracia, su concepto, origen y evolución, los principios básicos de la democracia constitucional, las formas de democracia, la democracia y el constitucionalismo, posteriormente y dentro de este mismo capitulo el análisis de los partidos políticos, su concepto, y las diferencias con los movimientos sociales, y sus funciones. El segundo capítulo comprende los partidos políticos legalmente reconocidos en el Ecuador a partir de 1980, la clasificación y juicio crítico de los mismos, clasificación de los partidos políticos ecuatorianos, en base a sus principios en partidos de izquierda y derecha.

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Dado el dinamismo en el crecimiento de la migración y por ende de las remesas, muchos actores tanto públicos como privados, han visto en éste mercado la oportunidad de alcanzar sus objetivos. Objetivos que se enmarcan en aspectos económicos, políticos, y geopolíticos de seguridad. Los primeros, se relacionan directamente con la rentabilidad extraordinaria que se puede obtener manejándose como intermediario en las transferencias de remesas, ya que se obtienen réditos tanto por las comisiones cobradas, como por el diferencial en los tipos de cambio. Los segundos, a diferencia se enfocan en convertir al mercado de remesas en un recurso estratégico para mitigar los problemas sociales y económicos de los países nativos de los emigrantes, ya que el Estado actual se encuentra tan desentendido en la formulación de políticas de redistribución para la sociedad, que la solución se extiende a que los pobres se autoayuden con los fondos que vienen de los países a los cuales sus parientes migraron para mejorar su situación. Y el tercer objetivo, hace referencia a la carencia en la ayuda para el desarrollo y en la inversión extranjera directa en los países latinoamericanos; circunstancia que es respaldada por la política de seguridad de los EEUU, que busca dar ayuda a países que tengan valor geopolítico y no a países precisamente pobres; así también en este objetivo se contempla la conocida “seguridización de la pobreza”, que considera a los pobres una amenaza a la seguridad y a la gobernanza global. Entre los actores interesados se han creado una serie de iniciativas que abordan tanto los canales de transferencia de remesas, como los dispositivos de poder para normar tales flujos. Es el caso de actores como el BM, BID, Asociaciones, tanto de cooperativas, como de emigrantes, Gobiernos, sector privado, entre otros, que buscan “formalizar o bancarizar” los flujos para poder controlarlos y destinarlos a distintos fines. En este estudio se relata la experiencia de México, Centroamérica y Ecuador.

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La presente investigación constituye una aproximación a una problemática específica de la realidad social en el campo político: la institucionalización de la interculturalidad en el Ecuador. Dentro de este campo de estudio se profundizó científicamente, a fin de alcanzar la respuesta a la siguiente pregunta: ¿Los últimos procesos de reforma a la Carta Constitucional Ecuatoriana -en materia de interculturalidad- constituyen un espacio generador del diálogo o polílogo intercultural? El producto de esta aprehensión al objeto de investigación referido, pretende constituirse en un referente doctrinario válido, fundamentado sobre la base de una sustentación teórica y una aproximación sociológica, a la problemática.