1000 resultados para normativo contabilístico
Resumo:
Consideramos que existe una seria desarticulación y dispersión del sistema normativo que rige la relación laboral docente universitaria privada, principalmente por parte de los operadores jurídicos- empleadores y trabajadores docentes-. También percibimos que la reconstrucción que se hace para solucionar problemas prácticos en esta área del Derecho no exhibe respuestas satisfactorias a la especificidad de la relación laboral del docente universitario privado. En efecto, la docencia universitaria privada presenta nítidas diferencias jurídicas y fácticas con la docencia privada de los otros niveles (por lo cual aquélla no se halla regida por la ley 13.047 que rige a los docentes de los otros niveles). Pero también se diferencia con otras actividades laborales de distintas condiciones, influidas o no por el taylorismo-fordismo o toyotismo, y a la que la Ley de Contrato de Trabajo, que mayoritariamente se estima aplicable, no aprehende con precisión. También se diferencia en cuanto al régimen jurídico aplicable con la docencia universitaria estatal y quizás también en algunos elementos fácticos de la prestación laboral. Tales aspectos deficitarios pueden mejorar si se esclarece y reconstruye de modo integral el régimen jurídico laboral que los regula, según la legislación aplicable y las enseñanzas de la doctrina y la jurisprudencia al respecto. Procuraremos verificar cuáles son los principios y las normas que deberían regir la relación laboral docente universitaria privada argentina y su efectivo conocimiento y aplicación por parte de los inmediatos operadores jurídicos- empleadores y trabajadores docentes-. Si se detectan inadecuaciones normativas a la realidad que se trata y a la justicia social, lo que es altamente probable, se propiciará el dictado de normas de diferentes niveles de fuentes normativas para corregirlas.
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El proyecto pretende analizar la definición de políticas públicas sobre pobreza y ambiente como instancias de visibilización de posiciones y discursividades en conflicto sobre la (des)igualdad. Asimismo pretende entender la formulación de políticas públicas como instancias en que los Estados institucionalizan una definición sobre la (des)igualdad que muchas veces, paradójicamente, resulta en la instauración de exclusiones y el fortalecimiento de regímenes de dominación. Entre las diversas hipótesis que guían el proyecto la más abarcativa sostiene que las decisiones, los modos y campos de intervención definidos en la política pública constituyen en sí mismos un espacio discursivo en el que se establecen definiciones y plasman matrices ideológicas respecto de la (des)igualdad. Pues a partir de ellos se visibilizan operaciones específicas de inclusión/exclusión, igualdad/desigualdad, prohibición/habilitación, etc.; se identifican y caracterizan sujetos; así como también un determinado orden normativo de relaciones y prácticas. No obstante encontrarse legalmente instituida la igualdad como principio subyacente a todo el ordenamiento de derechos, en la práctica las desigualdades se hacen patentes. Éstas son especialmente relevantes en tres áreas de políticas públicas: el trabajo, el hábitat y sexualidad. Consecuentemente, se propone: 1. analizar el dispositivo de regulación tal como se materializa en las decisiones, leyes y políticas públicas del Estado Provincial; 2. Esclarecer las disputas y/o articulaciones de orientaciones y prácticas de distintos ámbitos institucionales –expresamente referimos al conjunto de actores que se activan y pujan frente al contenido y carácter de las decisiones públicas; 3. estudiar las prácticas de resistencia frente a las regulaciones instituidas.
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El presente proyecto se encuadra dentro de una línea de investigación orientada hacia el análisis empírico (es decir no normativo) de la legalidad y moralidad de diversas prácticas sociales (aborto, eutanasia, suicidio, pena de muerte) que son objeto de debates sociales como de políticas públicas más o menos explícitas. Desde un punto de vista teórico se intenta profundizar el estudio del significado social de la muerte y del derecho individual a interrumpirla por razones personales e individuales. Nuestro problema de investigación se centra en el análisis de las propuestas que detenta la población en relación a la eutanasia y al suicidio tanto con fines descriptivos como explicativos. (...) De acuerdo a la literatura consultada y a nuestros hallazgos en análisis previos hipotetizamos que la mayor parte de la población tomaría una posición contraria al derecho individual a disponer de la vida propia por fines personales y privados. Asimismo, hipotetizamos que los factores estructurales (educación, nivel socioeconómico, sexo y edad) tienen menor poder explicativo o al menos una influencia más inestable, que factores culturales como la religiosidad para explicar las variaciones actitudinales y de opinión en relación a los fenómenos estudiados. El objetivo general que se pretende alcanzar en el período por el que se solicita el subsidio consiste en describir y explicar las tendencias de opinión hacia la interrupción voluntaria de la vida en la población de Córdoba. Objetivos específicos: * Describir uniformidades de opinión y la existencia de comunidades morales en torno al debate sobre el derecho individual para interrumpir la vida propia por motivos o intereses personales y privados. * Detectar asociaciones entre las posiciones que los individuos detentan frente a la eutanasia y al suicidio con la que poseen frente a otros dos fenómenos referidos a la interrupción voluntaria de la vida: la pena de muerte (con fines públicos y punitivos) y el aborto (en el que se interrumpe el nacimiento). * Analizar las asociaciones entre las posiciones de los individuos frente a la eutanasia y el suicidio y variables sociodemográficas y culturales. * Explicar las variaciones de opinión de esos fenómenos por variables estructurales y culturales.
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El Proyecto que se presenta en esta convocatoria está relacionado con el diseño y desarrollo de procesos de gestión intersectorial para la reconversión formal del hábitat en asentamientos de crecimiento espontáneo e ilegal a partir de la la revisión de marcos legales y normativos respecto del derecho al uso de suelo urbano y la seguridad jurídica en la tenencia (regulación dominial) bajo un enfoque sustentable de los Derechos Humanos (DDHH) como así también a partir de la innovación tecnológica de los recursos para el mejoramiento habitacional en el marco de los aportes relacionados con la Responsabilidad Social Empresarial (RSE) .La originalidad, en este caso, se basa en la exploración de nuevos procesos de gestión mixta en los que intervienen diversos actores: ESTADO, SOCIEDAD, EMPRESA y COMUNIDAD CIENTIFICA, configurando un circuito intersectorial de gestión, capacitación y producción de hábitat que respondan al fortalecimiento del desarrollo comunitario, entendido como desarrollo económico con inclusión social y urbana.Los objetivos están relacionados con el fortalecimiento de la producción integral del hábitat social procurando el desarrollo genuino de las comunidades a partir de la expansión de sus capacidades y sus derechos.El presente proyecto de investigación explorará la producción de hábitat y de ciudad informal procurando reconvertirla hacia un modelo de gestión sustentable (normativo y tecnológico), basado en la necesidad de producir ciudadanía digna a partir de la construcción formal de hábitat.La propuesta del proyecto supone la participación intersectorial en la planificación formal y en la toma de decisiones para una inclusión social y económica, en el marco de un modelo de desarrollo de génesis inclusor, constituyéndose en un avance de conocimientos del propio campo disciplinar (hábitat) como así también de otros campos afines a los mismos (jurídico- social - económico- productivo- político ).
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La ciudad compacta, se ha dispersado en fragmentos deshilvanando el tejido social en fracciones desconectadas del sentido más profundo de lo urbano. Una realidad plena de contradicciones acumula experiencias ajenas a los modelos teóricos de profesionales y de la gestión pública. Los conflictos de la ciudad superan la planificación, siendo la renta del suelo el único paradigma del desarrollo urbano. La presente Investigación pretende reflexionar acerca de las metodologías de trabajo y los instrumentos posibilitantes de una urbanidad sustentable abordando una crítica al actual paradigma de desarrollo urbano. Se pretende el relevamiento de los sectores conpotencial de cambio (fragmentos urbanos, espacios vacantes, áreas degradadas, etc.) transfiriéndolos a una base de datos digitalizada, que pueda convertirse en un instrumento disciplinar y académico Hipótesis Las posibilidades de revisión del modelo de crecimiento extensivo de baja densidad se producen con mayor intensidad en las áreas vacantes de la ciudad. El potencial de los grandes espacios vacantes de la ciudad es definido por la especulación e intereses de los emprendedores que actúan en el mercado. El Código Normativo es el instrumento que consolida este modelo operativo Objetivos �Promover el análisis y crítica de la ciudad y su territorio, a los efectos de posibilitar un proyecto disciplinar con una urbanidad sustentable. �Proponer herramientas de análisis que permita operar de manera eficiente sobre la dinámica de crecimiento. �Elaborar una base digital de datos como instrumento operativo, que favorezca a la comprensión de fenómenos complejos Materiales y métodos a utilizar 1. Recopilación de datos y estudios bibliográficos para definir el marco conceptual y elaboración de metodos de análisis de espacios vacantes. 2. Estudio y análisis de las normativas vigentes 3. Identificación de espacios vacantes de la ciudad de Córdoba, identificando problemas de fragmentación y dispersión urbana y social: técnicas de muestreo. 4. Relevamiento y registro de campo. 5. Experiencia proyectual en la carrera Resultados esperados -Caracterización de fragmentos urbanos de la ciudad de Córdoba -Registro en base de datos identificando fragmentos urbanos de la Ciudad de Córdoba -Elaboración gráficos conceptuales y modelización en 3D -Resultados de experiencia piloto Importancia del proyecto Considerando el crecimiento de la ciudad de Córdoba, la crisis de las infraestructuras a la degradación de los espacios urbanos, la falta de una planificación sustentable y la desactualización de las Normativas Vigentes, se hace necesario la reflexión en el ámbito académico Pertinencia Contar con documentación real y confiable es prioritaria para la gestión de la ciudad, posibilitando articular problemas y oportunidades. Desde el campo metodológico brinda la posibilidad de formar una base teórica suceptible de relacionar la crítica y el proyecto.
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El proyecto pretende analizar la definición de políticas públicas sobre pobreza y ambiente como instancias de visibilización de posiciones y discursividades en conflicto sobre la (des)igualdad. Asimismo pretende entender la formulación de políticas públicas como instancias en que los Estados institucionalizan una definición sobre la (des)igualdad que muchas veces, paradójicamente, resulta en la instauración de exclusiones y el fortalecimiento de regímenes de dominación. Entre las diversas hipótesis que guían el proyecto la más abarcativa sostiene que las decisiones, los modos y campos de intervención definidos en la política pública constituyen en sí mismos un espacio discursivo en el que se establecen definiciones y plasman matrices ideológicas respecto de la (des)igualdad. Pues a partir de ellos se visibilizan operaciones específicas de inclusión/exclusión, igualdad/desigualdad, prohibición/habilitación, etc.; se identifican y caracterizan sujetos; así como también un determinado orden normativo de relaciones y prácticas. No obstante encontrarse legalmente instituida la igualdad como principio subyacente a todo el ordenamiento de derechos, en la práctica las desigualdades se hacen patentes. Éstas son especialmente relevantes en tres áreas de políticas públicas: el trabajo, el hábitat y sexualidad. Consecuentemente, se propone 1. analizar el dispositivo de regulación tal como se materializa en las decisiones, leyes y políticas públicas del Estado Provincial; 2. Esclarecer las disputas y/o articulaciones de orientaciones y prácticas de distintos ámbitos institucionales –expresamente referimos al conjunto de actores que se activan y pujan frente al contenido y carácter de las decisiones públicas; 3. estudiar las prácticas de resistencia frente a las regulaciones instituidas.
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El cambio climático constituye una nueva e importante amenaza para la salud, y modifica la manera en que debemos considerar la protección de las poblaciones vulnerables. Por otra parte, las actividades antrópicas son las responsables de dicho cambio, por lo cual es necesario incidir en esas causas. Muchas de ellas están relacionadas con el actual modelo agrícola, que deteriora la capacidad productiva del suelo en particular y de los ecosistemas en general, erosionando la biodiversidad, destruyendo los procesos ecológicos esenciales, contaminando el suelo, el aire y el agua, generando enfermedades de origen toxicológico y siendo además el principal causante de los gases de efecto invernadero, responsable del 25% de las emisiones de bióxido de carbono y del 80% de óxido nitroso en el planeta. En Argentina las nuevas tecnologías agrícolas, han modificado profundamente el escenario socio ambiental de la república. Las poblaciones próximas a zonas sembradas están expuestas a múltiples vías de contaminación. Sin embargo, no existe a nivel regional un estudio sistemático de los parámetros ambientales que puedan alertar sobre los problemas derivados del cambio de uso del suelo, y de sus efectos sobre la salud y el ambiente. Con éste proyecto se espera desarrollar herramientas metodológicas que permitan ponderar de manera objetiva y sistemática los factores de riesgo ambiental, obtener un perfil epidemiológico de la salud de las poblaciones estudiadas que sea representativo de la región, e interpretar los resultados obtenidos de manera interdisciplinaria. El conocimiento de la situación ambiental permitirá diseñar estrategias de acción que contribuyan a preservar la calidad del ambiente, mejorar los mecanismos de protección frente al uso de agroquímicos, proponer alternativas de producción agrícola ambientalmente sustentables, y colaborar al diseño de políticas públicas en materia de salud y ambiente. La intervención en el tejido social de las poblaciones a través de campañas de concientización, talleres de formación y el perfeccionamiento de la legislación vigente redundará en el cuidado del ambiente, y contribuirá a revertir algunos de los factores que inciden negativamente sobre el cambio climático. Se propone: 1. identificar factores de riesgo ambiental en agua, aire, sedimentos mediante la determinación de parámetros físicos, químicos, bioquímicos y biológicos apropiados. 2. fectuar un biomonitoreo genotóxico de personas expuestas laboralmente a plaguicidas, 3. efectuar un monitoreo de organismos bioindicadores potencialmente expuestos a plaguicidas en ambientes rurales, 4. establecer patrones de calidad ambiental 5. efectuar un estudio epidemiológico multivariado, georeferenciado, para obtener información estadística fehaciente sobre la situación socio ambiental de la región en relación a las nuevas prácticas productivas, 6. efectuar una devolución de los resultados obtenidos a través de informes periódicos a las autoridades 7. realizar talleres de formación en el seno de las comunidades orientados a fortalecer la prevención primaria de la salud y el cuidado del ambiente, 8. construir un cuerpo normativo a partir de la legislación vigente en materia de gestión ambiental 9. promover alternativas productivas que mitiguen el impacto ambiental del actual modelo y recuperar formas productivas con sustentabilidad ambiental y social. El proyecto se desarrollará en localidades rurales del interior provincial, y será llevado a cabo por un equipo interdisciplinario de las Universidades Nacionales de Córdoba, Rio IV y Villa María trabajando en red con médicos de hospitales regionales y centros primarios de salud con la colaboración de profesionales que trabajan en organizaciones sociales locales, redes sociales y grupos de participación ciudadana pre-existentes. Los laboratorios participantes cuentan con el equipamiento y los recursos humanos necesarios para la consecución de los objetivos del proyecto.
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El problema que enfrenta la institucionalidad estatal argentina es que existe un serio déficit de información no solamente en el momento de evaluar un resultado, sino ya al momento de diseñar la política. Las estadísticas oficiales de hechos vitales, salud y educación son difundidas en el mejor de los casos con un año de atraso. La información de indicadores de salud por su nivel de desagregación no permite conocer las realidades locales. Es posible constatar la falta de información sobre las medidas tomadas para asegurar el cumplimiento de las obligaciones del Estado en lo relativo a políticas y programas de salud mental. Del mismo modo que los organismos internacionales determinan los deficits de los sistemas de atención a la salud mental a través de las brechas de tratamiento y aun cuando no se dispone de estimaciones precisas se habla de brechas de información, que expresarían la distancia entre la información necesaria y la efectivamente disponible (OPS, 2009). Desde el mes de diciembre de 2007 se conforma la Mesa de Trabajo Permanente en Salud Mental y Derechos Humanos, con el objeto de instalar en agenda la necesidad de contar con una legislación que brinde el marco normativo para la transformación del sector. En los meses de octubre y noviembre de 2010 se aprobaron sendas leyes de salud mental en la Provincia de Córdoba y a nivel nacional. Ambas proponen la transformación progresiva en los sistemas de atención a los problemas de salud mental de la población. Desde la Mesa de Trabajo Permanente en Salud Mental y Derechos Humanos se afirma que la legislación es un marco necesario pero no suficiente, en tanto se constata que las princiales violaciones a los derechos humanos se producen en situaciones concretas. El presente proyecto nace de la necesidad de contar con un sistema de información que permita conocer la transformación de los servicios de salud mental en la provincia de Córdoba a partir de la sanción de la ley 9848 de Salud Mental en el mes de octubre de 2010. Una vez logrado este objetivo legislativo, se pretende monitorear la gestión con la formulación de los siguientes interrogantes: ¿a través de qué indicadores medir, evaluar y monitorear si la producción de los servicios de salud mental se lleva adelante desde la perspectiva del enfoque de derechos sancionada en el marco normativo vigente?; ¿cuáles son los indicadores que desde dicha perspectiva los organismos estatales de producción de servicios deben elaborar para el compromiso de acción y la rendición de cuentas frente a la ciudadanía? ¿cuáles son los indicadores que la ciudadanía debe reclamar a los fines de monitorear el cumplimiento de dichos compromisos? La puesta en marcha del Observatorio de Salud Mental y Derechos Humanos permitirá analizar las políticas y programas de salud mental desde la perspectiva de los derechos humanos y avanzar en el monitoreo de la producción de los servicios de salud mental. Objetivo General: analizar y hacer visible el cumplimiento de los objetivos sancionados en la ley 9848 de Salud Mental a través de la observación, el monitoreo y la incidencia en las políticas de salud mental de la provincia de Córdoba. Metodología: la construcción de indicadores de derechos humanos para la salud mental. El Observatorio de Salud Mental y Derechos Humanos pretende dar cuenta de las transformaciones que van a ocurrir a partir de la sanción de la ley 9848. Los resultados esperados están ligados a la producción y difusión de información sistematizada sobre las transformaciones en salud mental, a la vigilancia y el análisis del efecto/impacto de las políticas e incidir en las decisiones. El Observatorio pretende reconocer e integrar la información disponible y proponer indicadores que den cuenta de la situación inicial al momento de la implementación de los marcos normativos y permitir el monitoreo de las transformaciones emergentes. This project stems from the need for an information system designed to show the transformation of mental health services in the province of Cordoba after the enactment of the Mental Health Act 9848 in October 2010. Once achieved this legislative objective is to monitor the management with the formulation of the following questions: through which indicators to measure, evaluate and monitor whether the production of mental health services are carried forward from the perspective of rights-based approach enacted in two laws?, What are the indicators from that perspective the production agencies should develop services for the commitment to action and accountability to the public? What are the indicators that the public should demand that the purpose of monitoring compliance with these commitments? The launch of the Centre for Mental Health and Human Rights will review the policies and mental health programs from the perspective of human rights and progress in monitoring the production of mental health services. General Objective: to analyze and highlight the achievement of the objectives sanctioned by the Mental Health Act 9848 through the observation, monitoring and impact on mental health policy in the province of Cordoba. Methodology: building human rights indicators for mental health Mental Observatory Health and Human Rights aims to account for the changes that will occur after the enactment of Law 9848. The expected results are linked to production and dissemination of systematic information about changes in mental health, surveillance and analysis of the effect / impact and influence policy decisions. The Centre aims to recognize and integrate the available information and propose indicators that account for the initial situation at the time of implementation of regulatory frameworks and allow monitoring of change emerging.
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n el desarrollo contemporáneo de propuestas normativas de democracia es posible identificar una recuperación de la dimensión territorial de los procesos sociopolíticos, un redescubrimiento de lo local dado por el interés de explicar y proponer soluciones a los nuevos desafíos que la inequidad, las crisis del régimen de acumulación y las crisis en los modos de coordinación social presentan a las sociedades contemporáneas. En este contexto lo local no sólo adquiere un nuevo protagonismo en relación a las preocupaciones concernientes al desarrollo sostenible, sino también como ámbito que por cuestiones de “proximidad” constituye el espacio “natural” para la realización de la democracia. La relación estado y sociedad, las posibilidades de hacer efectiva la participación y de generar condiciones que hacen factible el control del poder político por parte de los ciudadanos parecieran encontrar en lo local mejores condiciones de realización. Sin embargo y a pesar de los avances descriptos, son escasos los intentos por profundizar la especificidad de la democracia local que aborden y articulen reflexiones teórico-conceptuales que permitan identificar principios normativos básicos contrastables empíricamente con las instituciones y prácticas locales concretas. Las bondades de la democracia local son por lo general dadas por sentadas, sin problematizar sus particularidades, su relación con una teoría general de la democracia, su relación con el territorio a diferentes escalas y sus manifestaciones en instituciones y prácticas de los actores sociales. Desde el proyecto se sostiene que a partir de la reconstrucción y problematización de los orígenes filosóficos conceptuales que sustentan la Teoría de la Democracia Local es posible identificar un marco teórico normativo que le es específico y que posibilita el reconocimiento de los meta-requisitos necesarios tanto para su realización como para su contribución al fortalecimiento del régimen democrático en general. El establecimiento de estos requisitos permitirá construir matrices analíticas para el estudio empírico de los diseños y prácticas institucionales, como así también los procesos de constitución, reproducción y contestación de tales arreglos y prácticas por parte de los actores sociales. El proyecto se propone diseñar matrices analíticas que permitan articular distintos niveles y dimensiones de análisis de la Democracia Local que sean aplicables al estudio de casos de ciudades de porte medio de América Latina.
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O presente trabalho versa sobre a aplicação do princípio da igualdade pelo Poder Judiciário. Busca-se analisar de que maneira o mandamento constitucional de igualdade se concretiza no contexto jurídico-evolutivo enquanto princípio de norma de controle, que é justamente no âmbito em que ele é justificado pelo órgão jurisdicional. Saber até onde o juiz constitucional pode ir, conhecer seus limites de atuação, parcos ou largos, definíveis ou nubilosos, bem como o que vem contido nessa vertente do princípio que o distingue de um enunciado geral da igualdade, faz dessa dissertação um estudo interdisciplinar, mas que não deixa de ser voltado para o entendimento jurídico-normativo dessa função específica do princípio. A conhecida fórmula da proibição do arbítrio recebe uma leitura que não é inovadora, mas que almeja aferir a sua suficiência no exercício daquela função. Ou algo mais vem a ser exigido do princípio? Desde já uma resposta de tal envergadura não pode ser encontrada sem o retrato da jurisprudência respectiva. Por isso que, ao fim, e sem a pretensão de esgotamento, se optou por conhecer alguns dos julgados do Tribunal Constitucional português sobre o tema proposto. A indicação da disfunção ou não do perfil da referida Corte com a posição doutrinária só pode ser resultante da análise conclusiva sobre o tema. Fica o convite à leitura.
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Consabido que para uma sociedade organizada se desenvolver política e juridicamente, indispensável se faz a existência de um documento formal, dotado de observância obrigatória, capaz de definir as competências públicas e delimitar os poderes do Estado, resguardando os direitos fundamentais de eventuais abusos dos entes políticos. Este documento é a Constituição, que, em todos os momentos da história, sempre se fez presente nos Estados, mas, inicialmente, não de forma escrita, o que fez com que surgisse, então, o constitucionalismo, movimento que defendia a necessidade de elaboração de constituições escritas, munidas de normatividade e supremacia em relação às demais espécies normativas, que visassem organizar a separação dos poderes estatais e declarar os direitos e as liberdades individuais. Porém, de nada adiantaria a edição de uma Lei Maior sem que houvesse mecanismos de defesa, no intuito de afastar qualquer ameaça à segurança jurídica e à estabilidade social, por conta de alguma lei ou ato normativo contrário aos preceitos estabelecidos na Constituição. O controle de constitucionalidade, pilar do Estado de Direito, consiste em verificar a compatibilidade entre uma lei ou qualquer ato normativo infraconstitucional e a Lei Excelsa e, em havendo contraste, a lei ou o ato viciado deverá ser expurgado do ordenamento jurídico, para que a unidade constitucional seja restabelecida. No Brasil, o controle de constitucionalidade foi instituído sob forte influência do modelo norte-americano e obteve diversos tratamentos ao longo das constituições brasileiras, porém, o sistema de fiscalização de constitucionalidade teve seu ápice com o advento da atual Constituição Federal, promulgada em 05.10.88, com a criação de instrumentos processuais inovadores destinados à verificação da constitucionalidade das leis e atos normativos. Além disso, a Carta da República de 1988, ao contrário das anteriores, fortaleceu a figura do Poder Judiciário no contexto político, conferindo, assim, maior autonomia aos magistrados na solução de casos de grande repercussão nacional, redundando em um protagonismo judicial atual. Nesse contexto, o Supremo Tribunal Federal, órgão de cúpula do Judiciário nacional e guardião da Constituição, tem se destacado no cenário nacional, em especial na defesa dos direitos e garantias fundamentais insculpidos na Lei Fundamental, fazendo-se necessária, desta forma, uma análise na jurisprudência da Corte, no sentido de verificar se, de fato, tem havido evolução no controle de constitucionalidade no Brasil ao longo dos últimos anos e, em caso afirmativo, em que circunstâncias isso tem se dado.
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El manual del curso está estructurado en ocho capítulos. Los seis primeros desarrollan los contenidos necesarios para conocer y aplicar las condiciones de accesibilidad adecuadamente en los servicios públicos: desde las nociones y características vinculadas con las necesidades de distintos tipos de ciudadanos, hasta el contexto normativo, institucional y conceptual que se ha venido consolidando en torno a la idea de accesibilidad universal. Los dos últimos capítulos ofrecen medidas y recomendaciones para lograr una administración pública accesible, tanto en sus servicios donde se produce la relación con los ciudadanos, como en los entornos en que los empleados trabajan.
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El crédito ECTS (European Credit Transfert System) no es solamente un instrumento de transferencia que facilita el reconocimiento de los títulos en toda la UE y la movilidad de estudiantes y profesores, sino un nuevo marco normativo donde los estudios de grado y postgrado se desarrollan a lo largo de un proceso acumulativo de aprendizaje. El objetivo de la reforma, una vez sentadas las bases del adiestramiento personal, es que el mencionado aprendizaje pueda continuar actuando a lo largo de toda la vida (Long Life Learning – LLL). La asignatura de Historia Económica Mundial (HEM) puede constituir una plataforma privilegiada sobre la cual aplicar los planes pilotos de transición hacia la implantación definitiva del EEES. La existencia de esta materia de estudio en los programas de las actuales titulaciones de Economía y Administración y Dirección de Empresas, destinadas a convertirse en el grado de Economía, se hace más necesaria que nunca, dado que reúne una serie de características intrínsecas que favorecen las prácticas de autoaprendizaje.
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Este trabajo de investigación analiza la estructura de los mecanismos de financiación pública para fomentar las exportaciones e inversiones españolas en el extranjero (particularmente en los países en desarrollo), estudia sus principales limitaciones desde la perspectiva de justicia ambiental y propone actuaciones para la mejora de su gestión ambiental y social. El trabajo se inicia con el análisis de un proyecto de fabricación de celulosa en Uruguay apoyado con recursos públicos problemático desde la perspectiva social y ambiental. Ante la constatación de la necesidad de mejoras en los sistemas de gestión de los mecanismos de apoyo público a la internacionalización de la economía se analiza cómo funcionan estos mecanismos, qué obligaciones ha adquirido España a través de diversos compromisos internacionales, y se da un conjunto de propuestas para establecer un mejor marco normativo en el ámbito internacional adoptadas por las principales ONGs ecologistas y de derechos humanos internacionales. Las prácticas españolas son comparadas con las de otros países de la OCDE y con las recomendaciones del Parlamento Europeo. Finalmente se realiza un análisis de las temáticas prioritarias y principales barreras a superar para impulsar desde España políticas de justicia ambiental a partir de una mejor gestión de los mecanismos de financiación pública para la internacionalización económica.
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La República francesa se ofende por los burkas y de los niqab deambulando por las calles. Ve a sus principios rectores de Liberté, Égalité, Fraternité mofados, a su democracia desafiada, a su convivencia arriesgada. Por ello, el Gobierno francés ha impulsado desde hace un año una política pública que persigue la prohibición del velo integral -llámese burka o niqab- en el conjunto del espacio público. Años atrás, Francia, país que tanto aprecia los debates, se vio inmersa en la cuestión más general de la identidad nacional desde las reacciones de las banlieues en el 2005. Y por ello, Nicolas Sarkosy, en su programa electoral camino de las presidenciales en el 2007, ya incluía como una prioridad el tema de los valores y principios genuinamente franceses y europeos. Y en esta perspectiva, el Ministerio de Inmigración añadió sus calificativos de Integración e Identidad Nacional. El burka en el espacio público ha asaltado los medios de comunicación y la sociedad en su conjunto, especialmente desde hace dos o tres años. Es un problema sin precedentes en las democracias asentadas -aunque podríamos recordar el motín de Esquilache en 1766 bajo el reinado de Carlos III- sin una Jurisprudencia asentada al respecto, ni un marco normativo que lo prevea directamente. Y por ello, la élite política se divide estos días entre los prudentes y los atrevidos, los que se conforman con una prohibición parcial y los que persiguen una prohibición absoluta. Se trata de una política pública atípica, pues los bienes afectados son en realidad valores, principios y conceptos abstractos. Es la República francesa y la cohesión social los que se ven desafiados. Veremos en un primer momento, la etapa de identificación como problema público y su inclusión en la agenda política, por ende desde un punto de vista técnico, analizaremos brevemente esta política pública Top down limitada, y en el último apartado compararemos los argumentos de las dos alternativas que dispone actualmente el Parlamento para aprobar o no una ley al respecto. Por su parte, la Comisión Parlamentaria alegará principios de índole más filosófica que pragmática, mientras que el Consejo de Estado se centrará exclusivamente en los términos jurídicos y en la Jurisprudencia reduciendo en gran medida el impulso inicial del Gobierno. Quedará por ver estos días de debate en l’Assemblée Nationale1 si la prohibición será total o parcial.