Massa reptes per a una llei? : una visió de la LOE des de l'escola concertada. '¿Demasiados retos para una ley? : una visión desde la escuela concertada'.

Resumen basado en el del autor en catalán

Injusticia ambiental en Colombia: minería y salud al nacer

La vulnerabilidad de la población a condiciones ambientales adversas ha tenido especial relevancia para la literatura de inequidad en los últimos tiempos. De hecho, el concepto de justicia ambiental nace a partir de las disparidades que los individuos enfrentan en la calidad del ambiente. Este trabajo es una aproximación a este concepto ya que considera las actividades mineras como posibles generadoras de pasivos ambientales, que a su vez, pueden afectar las condiciones bajo las cuales los individuos se desarrollan. Desde la crisis financiera del 2008, los precios del oro experimentaron alzas signicativas en relación a periodos anteriores y generaron un aumento de las actividades mineras de oro. En este sentido, el objetivo del trabajo es investigar el impacto de las actividades mineras del oro sobre la salud de los recién nacidos en Colombia durante el periodo de boom en el precio de los minerales en la pasada década. Con este n, se usa información sobre el potencial minero, los precios internacionales del oro y las estadísticas vitales de Colombia. Las estimaciones indican que mayores niveles actividad minera implican un incremento en la tasa de bebés nacidos antes de las 27 semanas de gestación y en la tasa de bebés de bajo peso (nacidos con menos de 2.500 gramos). Adicionalmente se encuentra que las actividades mineras no tienen un efecto sobre la tasa de defunciones fetales. Los resultados son robustos a diferentes medidas de minera, que incluyen presencia de minera ilegal, titulación minera y volumen de producción de oro.

La LOE, una llei a gust (o a disgust) de tothom.'La LOE, una ley a gusto (o a disgusto) de todos'.

Análisis de la Ley Orgánica de Educación. La autora analiza lo que considera ventajas, inconvenientes y cambios que se proponen en la ley, aprobada en Mayo de 2006.

L'educació primària en la nova llei d'educació.'La educación primaria en la nueva ley de educación'.

Se analizan los puntos fuertes y débiles de nueva ley de educación. El estudio está centrado en la educación primaria.

Análisis del proceso de negociación e implementación del TLC entre chile y EE.UU. y su articulación con el régimen internacional de comercio en el sector de la minería

El objetivo del presente estudio de caso es identificar los mecanismos, normas y reglas empleados durante la negociación e implementación del TLC entre Chile y EE.UU. y su articulación con el Régimen Internacional de Comercio en el sector de la minería chilena. De esta manera se analizarán históricamente las principales condiciones políticas y económicas de Chile y EE.UU. que propiciaron la negociación e implementación de un acuerdo entre estas dos economías asimétricas. Así durante el proceso de negociación del TLC se describirán los elementos que se adaptaron a los principios y normas de la Organización Mundial de Comercio, logrando establecer un TLC entre las dos naciones. Finalmente se examinan algunos efectos que tuvo en el sector minero chileno, la puesta en marcha de acuerdo de libre comercio, teniendo en cuenta que dicho sector es altamente sensible para la economía del país latinoamericano.

Nuevo régimen de protección legal a las personas con discapacidad mental: antecedentes, análisis y trámite legislativo –Ley 1306 de 2009–

Esta publicación tiene por objeto hacer una presentación académica y jurídica del contenido de la citada norma; teniendo en cuenta su importancia para el ordenamiento jurídico colombiano, pues se trata de la reforma a una parte significativa del Código Civil en cuanto al carácter de los asuntos que aborda. Adicionalmente, se hace un análisis del contenido y se brindan las herramientas necesarias para la enseñanza, por parte de los docentes dedicados a ello en los programas de derecho, así como para el entendimiento de sus alcances por parte de los estudiantes.

La Ley de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (L1341/09). Actualización de un marco legal para un sector en constante evolución

La necesidad de preparar al sector de tecnologías de la información y las comunicaciones para hacer frente a los desafíos que trae consigo el desarrollo de la convergencia en todas sus dimensiones, implicaba plantear un nuevo equilibrio entre la promoción del desarrollo competitivo del sector y el cumplimiento de los compromisos sociales de cobertura derivados de la naturaleza de servicio público que ostentan las telecomunicaciones. En consecuencia, desde comienzos de 2007 se trabajó, con una permanente retroalimentación intragubernamental y sectorial, en la estructuración de los pilares del Proyecto de Ley 112/07 Cámara - 340/08 Senado, que culminó en la sanción presidencial de la Ley 1341 el30 de julio de 2009. Este nuevo marco legal para un sector en constante evolución constituye un hito sin precedentes, que rompe con la tradición de más de diez años y seis intentos fallidos de ajuste legislativo e institucional.

El sistema financiero del siglo xxi a partir de la Ley 45 de 1990

La Ley 45 de 1990 representa un momento estelar en la historia de la legislación financiera de Colombia. Pero abarcó mucho más: reguló la actividad aseguradora, incursionó en el contrato de seguro, reguló el sistema previsional y delineó el régimen bursátil. Así mismo, anticipó lineamientos de lo que sería, un año después, la consagración de tales actividades -financiera, aseguradora, bursátil y previsional- como de rango constitucional. Este libro recoge las reflexiones de expertos sobre las diversas temáticas abordadas en dicha ley, con la visión enriquecida derivada del transcurso de 20 años, de varias legislaciones adicionales y de algunas crisis nacionales y foráneas. Escrutar en su veintenario es un ejercicio válido y oportuno, tanto más como que al haber renovado los arquetipos de la legislación precedente, sirvió además como referente de empeños de enmienda normativas de otros países de la región y de los organismos multilaterales.

La Ley orgánica 1/1982, de 5 de mayo, de protección civil del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen

Este libro es un estudio completo y riguroso de la Ley española de protección del derecho al honor, a la intimidad personal e imagen, en la que se contienen, tanto reflexiones teóricas, como, sobre todo, una sistematización crítica de los conceptos jurisprudenciales en torno a la aplicación de la misma, los cuales son extrapolables a otros derechos, como el colombiano. Se abordan temas como el concepto de derecho al honor, la determinación de su titular (si puede serlo la persona jurídica) y los conflictos entre dicho derecho fundamental de la personalidad y las libertades de información y expresión, prestándose especial atención al deber de veracidad y a la doctrina del reportaje neutral.

Los estándares de la Corte Interamericana y la Ley de Justicia y Paz

El tema general de este libro es la relación entre los hechos y las normas, y más precisamente, la relación entre los hechos de la desmovilización paramilitar (y la más reciente de algunos guerrilleros convertidos en gestores de paz o en agentes de acuerdos humanitarios individuales) y las normas nacionales e internacionales que debieron haber regulado esa relación.Para identificar y evaluar la presencia del derecho dentro de esa negociación, este texto ha sido dividido en seis capítulos. El primero, hace una aproximación conceptual al concepto de estándares, entendidos como las pautas y reglas articuladas por el sistema Internacional de Protección de los Derechos Humanos. El capítulo dos, reconstituye los estándares construidos por la Corte Interamericana, relacionados con los derechos de las víctimas desde juzgamientos hechos a Honduras, Guatemala, Perú y Colombia.

Los dilemas del desarrollo sostenible: conectando los grandes proyectos de minería de oro en Brasil y Colombia con la protección del ambiente y los derechos humanos

Esta tesis doctoral presenta los resultados de la investigación realizada por la autora sobre desarrollo sostenible, grandes proyectos de minería de oro y derechos humanos en países en desarrollo como Brasil y Colombia. En este trabajo doctoral fueron seleccionados dos grandes proyectos de minería aurífera, uno en Brasil y el otro en Colombia, ambos ejecutados por la misma empresa minera en contextos geográficos y condiciones ambientales similares. El objetivo fue realizar un estudio comparativo de las diferentes legislaciones ambientales y mineras, las instituciones, las políticas nacionales y la protección de los derechos humanos de las comunidades impactadas por los proyectos mineros en cada país. La metodología utilizada para esta investigación doctoral, en primer lugar, consistió en la revisión de fuentes primarias y secundarias, a través de la literatura disponible en español, portugués e inglés sobre los grandes ejes temáticos del estudio. En segundo lugar, se utilizó la metodología de derecho comparado para el análisis de las legislaciones de Brasil y Colombia y finalmente, se realizaron visitas de campo a cada uno de los proyectos seleccionados y se trabajó con autoridades ambientales nacionales. Algunas conclusiones de la investigación señalaron que para garantizar la efectividad del derecho ambiental, el desarrollo sostenible y los derechos humanos en grandes proyectos mineros se requiere: •Fortalecer las legislaciones y las instituciones mineras y ambientales y en particular el proceso de licenciamiento ambiental. •Fortalecer la capacidad del Ministerio Público y de los jueces involucrados que deciden casos ambientales. •Reconocer el rol fundamental de los derechos procedimentales ambientales para resolver conflictos socioambientales, esto es, el empoderamiento de las comunidades con información de calidad y mecanismos de participación y justicia ambiental efectiva para la adecuada protección de derechos colectivos. •Incorporar el enfoque de derechos humanos en la gestión ambiental.

La reafirmación de los recursos administrativos como requisito de procedibilidad en Ley 1437 de 2011: una posición privilegiada de la administración pública en Colombia frente a los particulares

La problemática que aborda este trabajo comprende el análisis de las implicaciones y del significado de la reafirmación del trámite de los recursos administrativos como un requisito de procedibilidad que el particular debe agotar para poder acudir a la jurisdicción administrativa cuando pretende dirimir una controversia originada en una decisión adoptada por una autoridad pública. Nos preguntamos, si con ello, se cumplió todo aquello que inspiró a los precursores de la expedición del nuevo código de procedimiento administrativo y de lo contencioso administrativo. La investigación se desarrolló a partir de un plan de trabajo divido en dos partes. En la primera, se analizó la doble connotación que caracteriza a los recursos administrativos, así como la evolución, la efectividad y la importancia de aquellos de cara a los privilegios de la administración pública. También se abordaron las modificaciones que el legislador ha efectuado a esta herramienta de autocontrol de las decisiones administrativas y la jurisprudencia expedida por el Consejo de Estado y la Corte Constitucional en esta materia. En la segunda parte, con el fin de establecer si la reafirmación del agotamiento del recurso de apelación como requisito de procedibilidad para acudir a la jurisdicción administrativa, traduce los propósitos del legislador al expedir el nuevo código administrativo y de lo contencioso administrativo, se plasmaron aspectos que debieron considerarse en esta reforma, en el marco de las tendencias de un Estado Social de Derecho y de la problemática de la congestión judicial que intenta afrontar el legislador. En ese marco, se explicaron los aspectos que permitieron constatar que los propósitos del legislador se desdibujaron al mantener la obligatoriedad de agotar los recursos administrativos para que el particular pueda someter una controversia a la jurisdicción administrativa.

Desafíos y oportunidades de la capacidad del gobierno colombiano en la implementación de la política pública de gestión integral del riesgo (ley 1523 de 2012)

La geografía colombiana es fuente de un sinnúmero de recursos socio-económicos y naturales así como también de amenazas a la población, ya que es un territorio propenso a ciertos fenómenos que desencadenan desastres, como inundaciones, deslizamientos, sismos, etc. Sin embargo, el Estado tiene una inmensa responsabilidad en la mitigación del riesgo de desastres que sufre la ciudadanía, pero las instituciones no han tenido la fortaleza para implementar políticas públicas eficientes que eviten que el impacto de estos fenómenos sea mayor. La presente monografía es un estudio de las políticas públicas en materia de desastres implementadas por el Estado, tomando como base los postulados del neo-institucionalismo y la teoría de Levitsky y Murillo sobre la fortaleza de las instituciones, reflejando una baja estabilidad y fuerza de implementación.

Análisis de perdurabilidad de las empresas que se acogieron a la ley 550 de 1999

A finales del Siglo XX, Colombia se encontraba en un escenario bastante complicado en relación con la situación del país en años anteriores. Todo esto, debido a que el país se vio afligido por una serie de situaciones adversas: el desempleo, la violencia y catástrofes naturales, fueron una de las muchas cosas que generaron un grave periodo de recesión en el país. Frente a estos desafortunados acontecimientos, y en búsqueda de propiciar y fortalecer la economía del país, el Gobierno decide en su momento, intervenir en la economía local, principalmente en el Sector Privado, con el fin de normalizar la actividad productiva del país en todos los sectores económico. Para esto, el Gobierno en conjunto con la Superintendencia de Sociedades y teniendo en cuenta la devaluación de la moneda, las altas tasas de interés que existían en ese entonces, y, la disminución de la demanda, deciden desarrollar mecanismos de conciliación tanto para los deudores como para los acreedores con el fin de reactivar la economía y mejorar la situación financiera y contable del sector productivo y de servicios, con el fin de superar la crisis en la que se encontraban sumergidos en ese entonces. La ley 550, constituida en el año 1999 y también conocida como la Ley de Insolvencia Económica, otorgo herramientas para la reestructuración de empresas que decidieron acogerse a dicha ley, a un total de 1.323 empresas que se encontraban en proceso de liquidación. Para poder acceder a este proceso de reestructuración, además de cumplir con ciertos requisitos que se mencionaran posteriormente, las empresas que podían acceder a esta ley, debían encontrarse en mora en el pago de 2 o más obligaciones por un periodo mayor a noventa días, o, se debían encontrar envueltas en por lo menos 2 demandas ejecutivas por mora en el pago de cualquier deuda adquirida en nombre de dichas empresas.