1000 resultados para POLITICA FISCAL - INVESTIGACIONES - COLOMBIA


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Introducción. En el presente trabajo se pretende identificar los factores psicosociales laborales asociados con el bienestar del trabajador en investigaciones realizadas en Colombia y España, durante el periodo 2002 – 2012. Objetivo. Este trabajo tiene como fin, precisar sobre el desarrollo investigativo en lo referente a los factores psicosociales y su relación con el bienestar, de los trabajadores en Colombia y España durante el período 2002-2012, por medio de los estudios encontrados sobre factores psicosociales y su impacto benéfico en el bienestar del trabajador, marco legal de ambos países, así como también, la revisión documental, consolidación y posterior análisis de la literatura, en torno al estado del arte del presente estudio en relación a los factores psicosociales laborales. Método. Se trata de un estudio documental, realizado por medio, de una revisión de literatura en las bases de datos y posterior selección, clasificación, consolidación, sistematización y análisis de los estudios de investigación encontrados, los cuales, analizaban aspectos relacionados con los factores psicosociales y su relación con el bienestar del trabajador en Colombia y España, durante el período 2002-2012. Resultados. En la revisión documental se evidenció que los estudios referentes a los factores psicosociales y su relación con el bienestar del trabajador, representa un importante y permanente reto para las organizaciones. De la misma manera, se destacan los avances que sobre dicha relación presenta España, pues, en Colombia, aun los estudios siguen direccionados hacia los factores de riesgo o perjudiciales, más que hacia factores protectores o de bienestar, generadores de un efecto benéfico en los trabajadores y por ende en la organización.

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La presente investigación tiene por objeto identificar los factores que facilitan la corrupción en materia de contratación estatal, para ello se trabajó en el estudio del control fiscal y en los expedientes que en materia de contratación estatal realizó la Unidad de Investigaciones.

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El objetivo de este trabajo es realizar un estudio comparativo entre los diferentes tipos societarios existentes en Colombia desde una perspectiva fiscal y cambiaria, para efectos de determinar la mejor alternativa para inversionistas extranjeros

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El proyecto que se presenta es el resultado de un esfuerzo considerable de búsqueda, depuración y procesamiento de información, acerca de la inversión pública en cultura realizada a través deI Instituto Colombiano de Cultura,

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Los servicios técnicos y de asistencia técnica son cada vez más necesarios para el desarrollo económico y la evolución en materia industrial, en campos tan diversos como el desarrollo técnico y tecnológico en los procesos de producción

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Para el desarrollo de las actividades mineras en nuestro país, es imprescindible que los concesionarios cuenten con condiciones que permitan la continuidad de las actividades de exploración y explotación mineras, y con ello que las condiciones jurídicas, a partir del inicio del trámite precontractual y el contrato de concesión sean claras, y se encuentren inmersas en reglas para las partes de la relación contractual, fundamentadas en los principios de seguridad y estabilidad jurídica, como garantía para efectuar la actividad minera proyectada. Dentro del trabajo de investigación se aborda un análisis del sector minero, la problemática para el desarrollo de las actividades mineras, desde la perspectiva de los principios objeto de investigación, para determinar, si el contrato de concesión minero colombiano, como instrumento generador de derechos y obligaciones, brinda condiciones que permitan adelantar el proyecto minero y se alcancen los objetivos señalados por el Estado para el beneficio de la colectividad, y del contratista minero alcanzando los beneficios económicos proyectados.

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El interés de esta investigación se centra en analizar el rol protagónico que han adquirido las acciones constitucionales en la participación política de la comunidad LGTBI, encaminada a la aprobación del matrimonio igualitario en Colombia, a partir de la promulgación de la Constitución Política de 1991. Para este propósito, el estudio presenta un diagnóstico sobre las falencias y limitaciones que ha presentado la representación política y de los mecanismos de participación ciudadana para solventar las reivindicaciones de las parejas del mismo sexo. En consecuencia, la investigación evidencia de qué manera la sub-representación de los intereses de esta comunidad en el Congreso de la República y la sub-utilización de los mecanismos de participación política causadas por las deficiencias en su diseño e implementación, impulsaron a la población LGTBI y los defensores de sus derechos a canalizar su participación política a través de la presentación de acciones constitucionales.

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El Catalanismo es un fenómeno sociopolítico que ha sido analizado por académicos de todos los niveles, documentado de manera mediática y debatido en múltiples espacios multidimensionales; pero las relaciones entre el nacionalismo catalán con espacios alternativos como el Fútbol, su posterior transformación del escenario deportivo, aterrizándolo en un escenario con dimensiones y unidades típicas de una arena sociopolítica convencional, es un tema que carece de profusión académica. Es en esta penumbra cognoscitiva, donde este trabajo recurre a las definiciones multidisciplinares alrededor de espacios de Baja Cultura como el Fútbol, conjugándolas con las teorías de creación de movimientos sociopolíticos excluidos como el separatismo catalán, existentes en las perspectivas teóricas de Ernesto Laclau, Jacob Torfing y Armando Durán. Dicho ejercicio permitirá el entendimiento de cómo la lucha identitaria, la acción política no violenta y la reivindicación nacionalista en Cataluña colonizó un escenario incluyente, hasta los días que se viven hoy.

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La ley de víctimas es la norma creada para la protección de los derechos de las víctimas en Colombia; empero cuenta con falencias respecto del concepto de víctima y su reparación integral. El Derecho Administrativo es la herramienta jurídica para superar dichas limitaciones legislativas.

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Desde el año 2007 se ha venido presentando un crecimiento progresivo en Colombia, donde la participación del comercio exterior en el PIB (Producto Interno Bruto) ha aumentado, según cifras del Departamento Nacional de Planeación (DNP). En contraste a esto, Colombia últimamente se ha caracterizado por presentar falencias en su desempeño logístico, las cuales se ven reflejadas en el LPI (Logistics Performance Index), una herramienta desarrollada por el Banco Mundial que mide el desempeño de la cadena de suministro de un país. El Gobierno y sus ministerios han velado por mejorar la competitividad del país, y advierten una serie de tratados y acuerdos internacionales que facilitarán el intercambio de productos junto con el fortalecimiento de la industria; a lo cual, las empresas colombianas deberán encaminar sus esfuerzos y al interior de la organización deberán tomar partida en cuanto a la capacitación del personal en temas logísticos, la administración de los costos y la eficiencia en los procesos. Así pues, mediante la realización de un estudio de la percepción que tienen los empresarios actuales en materia de logística, donde se evalúan distintas variables relacionadas con la administración de la cadena de suministro; se podrá entender holísticamente la problemática del sector, específicamente de los sectores agrícola y textil: dos sectores influyentes en el PIB nacional, generadores de empleo y con una gran cantidad de empresas asociadas. Igualmente, proponer medidas de mejora cercanas a la realidad, que contribuyan con el buen desempeño de las empresas en todo el curso de su cadena de suministro, con actividades involucradas como la planeación, las compras, el abastecimiento, las operaciones, la producción, el almacenamiento, los despachos y la distribución. Finalmente, se logrará tener un acercamiento al perfil logístico que deberán tener estas empresas en el marco de la competitividad, contando con herramientas que de una u otra manera permitan a los empresarios la toma de decisiones acertadas en pro de la organización y sus partes interesadas.

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Este trabajo busca, en primer lugar, por medio de una investigación diagnóstica, demostrar por qué las políticas de autonomía universitaria, financiación y calidad constituyeron desde 1992 hasta 2011 una política de Estado en materia de educación superior. Y, en segundo lugar, con base en ese diagnóstico, brindar algunas herramientas para la institucionalización de políticas públicas en esa materia sustentadas en la construcción participativa de las mismas. Para su desarrollo se tomaron como marco los conceptos de políticas públicas, políticas de Estado e institucionalización planteados por diferentes autores, lo que permitió realizar un estudio transversal e integrado de los contextos, actores e instrumentos de las precitadas políticas.

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El presente trabajo busca evaluar las oportunidades y amenazas que se pueden generar a causa de la creación de un Tratado de Libre Comercio con China, identificando así el impacto que tendrían dichas alianzas sobre el desarrollo económico del país y sobre la competitividad en la región. A partir del análisis de las relaciones comerciales y particularidades de las dos economías, se tendrá en cuenta variables como la reducción del crecimiento económico de China que ha venido experimentando en los últimos años respecto al crecimiento que ha venido ganando poco a poco Colombia. Para ello, se realizó una investigación con base en información relevante de los últimos 5 años, obtenida de diferentes fuentes. Entre estas se destaca el Plan Nacional de Desarrollo (2014- 2018), estadísticas del DANE, portales de análisis económico, entrevistas, revistas indexadas, entre otras. Este compendio de fuentes permitirá evaluar el comportamiento actual de la economía en Colombia y China, así como de las perspectivas económicas de cada país para los próximos años en relación al comercio exterior. Con esto se logrará evaluar la factibilidad, así como las ventajas y desventajas que debería asumir Colombia al firmar un Tratado de Libre Comercio con su segundo socio comercial más importante.

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El presente trabajo estudia el efecto de la política fiscal sobre el empleo y la producción de los sectores formales e informales. En particular, se estudia cuáles tipos de impuestos son más eficientes para financiar el gasto público, en el contexto de una economía con un sector informal importante. El modelo puede ser usado para evaluar el efecto de políticas fiscales tendientes a reducir el tamaño del sector informal, como la recientemente adoptada en Colombia. En este artículo se presenta un modelo dinámico con acumulación de capital y presencia del sector informal, con el fin de cuantificar el efecto de cambios en la política fiscal en un país con un sector informal importante, como Colombia. Para esto, se le introduce desempleo e informalidad a un modelo dinámico de crecimiento a la Ramsey-Cass-Koopmans con impuestos al consumo, al trabajo y al capital. A partir de esta estructura se construye un modelo Dinámico Estocástico de Equilibrio General (DSGE por sus siglas en inglés) con fricciones en el mercado de trabajo a la Mortensen y Pissarides (1994) y con dos sectores productivos: el formal y el informal. Los resultados de los ejercicios confirman los resultados encontrados por Stiglitz en un modelo estático, en el sentido que el impuesto al consumo no necesariamente es más eficiente que otros impuestos que en la literatura tradicional son distorsionantes.

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El presente trabajo de grado tiene como propósito examinar la incidencia de la organización interna de los partidos políticos colombianos sobre el grado de polarización del sistema partidario, durante el periodo 2002-2014. De esta manera, sostiene que la poca disciplina interna determinó el bajo grado de polarización del sistema, facilitando la conformación de coaliciones contradictorias, efímeras e indisciplinadas en el Congreso y en el Ejecutivo a nivel nacional y local. Por ello, se exponen los principales cambios que sufrió el sistema partidario a partir de las reformas implementadas, y se analiza el comportamiento de las coaliciones de gobierno en el Congreso. Finalmente, se examina el comportamiento de la coalición de la Unidad Nacional en las elecciones locales de 2011, utilizando como marco para este trabajo algunos conceptos básicos sobre la teoría de partidos.

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El Estado Colombiano en los últimos años ha venido sufriendo múltiples condenas por la privación injusta de la libertad, de la que han sido víctimas miles de ciudadanos que luego de pasar varios años en la cárcel son absueltos, conllevando esto a que se presenten una serie de demandas de reparación directa contra el Estado para que sean reparados patrimonialmente por este error, afectando de manera notoria e impactante ocasionando un perjuicio fiscal , pues las demandas por esta causal son las más costosas contra el Estado, según la Agencia Nacional de Defensa Judicial estas demandas a 2013 acumulan aproximadamente 20 billones de pesos en pretensiones. De acuerdo con el preámbulo anterior, se plantea y se responde el siguiente interrogante: ¿Hasta dónde llega la carga de un ciudadano por la privación injusta de la libertad, y cómo debe ser esta reparada administrativamente por el Estado en Colombia? En 5 capítulos, en donde se desglosa el tema y se analizan cada uno de los componentes relacionados con la privación injusta de la libertad se da respuesta al interrogante planteado; En el primer capítulo se inicia dando una visión global de la privación de la libertad en Colombia, sus normas generales y normatividad internacional; en el segundo capítulo se trata sobre los regímenes de la privación injusta de la libertad, posturas por parte de la Corte Suprema de Justicia y Consejo de Estado al respecto, incluyendo la carga de un ciudadano por la privación de manera injusta de su libertad; continuando el análisis, en el tercer capítulo se habla sobre la aplicación del principio de in dubio pro reo y cuando hay lugar a declarar la responsabilidad del Estado por una absolución con base en este principio; en el cuarto capítulo se trata sobre los regímenes de responsabilidad y como se configura la responsabilidad del estado frente a los mismo; y el último capítulo trata sobre la cuantía de las condenas en el momento que el estado debe indemnizar por la privación injusta de la libertad y su diferente evolución presentado las sentencias de unificación sobre la reparación de daños, topes indemnizatorios, entre otros. La jurisprudencia que sobre el régimen de responsabilidad por privación injusta de la libertad avala en la actualidad el Consejo de Estado, establece que es ilegítimo para un Estado Social de Derecho como el nuestro, exigir a los asociados, la asunción de la carga de soportar una investigación penal y la privación de la libertad, bajo el argumento de conservación del interés y seguridad general de la comunidad, en la investigación y sanción de los delitos. La tesis expuesta se sustenta en el carácter fundamental del derecho a la libertad, que obliga al Estado a su cuidadosa protección y defensa, por tanto, cualquier restricción, por corta que sea, siempre que no encuentre justificación, configura un daño antijurídico que debe ser resarcido, análisis que debe realizar en cada caso concreto el juzgador, pues no se trata de condenar al Estado por todas las investigaciones penales en las que se absuelva al sindicado. La responsabilidad del Estado puede originarse en dos fuentes: la falla del servicio o la responsabilidad objetiva por el daño especial, cuando aún sin que se presente falla en el servicio, el Estado deba responder por el daño antijurídico causado por un agente suyo. La privación de la libertad puede ser legal o ilegal; será legal cuando de los elementos materiales probatorios y evidencia física recogidos y asegurados o de la información obtenida legalmente, se pueda inferir razonablemente que el imputado puede ser autor o partícipe de la conducta delictiva que se investiga; además, dicha privación de la libertad, debe tener como fin evitar la obstrucción de la justicia y asegurar: 1º) La comparecencia del imputado al proceso, 2º) La protección de la comunidad y de las víctimas y 3º) El cumplimiento de la pena. Dicha privación legal de la libertad se puede presentar de tres maneras a saber: 1º) En virtud de orden judicial, la cual consiste en orden escrita proferida por un juez de control de garantía con las formalidades legales y por motivo previamente definido en la ley. 2º) Sin orden judicial, la cual tendrá lugar cuando no sea posible obtener inmediatamente orden judicial y por los motivos previstos en la ley y 3º) Por captura en flagrancia. (Arts. 296, 297, 300, 301 y 308 de la ley 906 de 2004 C.P.P.); o será ilegal cuando no se cumplan los requisitos anteriormente descritos. La responsabilidad del Estado por la privación injusta de la libertad a un ciudadano no depende del tiempo qué este permanezca en tal situación, sólo basta con demostrar los supuestos o los requisitos que la legislación y la jurisprudencia han determinado para que opere. El Estado debe responder por la legal privación injusta de la libertad a título de desequilibrar las cargas públicas, ya que con ello ocasiona un daño especial al privado legal e injustamente de su libertad, lo especial de dicho daño es que el Estado responda por sus actuaciones ajustadas al ordenamiento jurídico, debiéndose desarrollar este bajo el régimen de responsabilidad objetivo, en el que, el elemento culpabilidad no es tenido en cuenta y lo fundamental para endilgar responsabilidad al Estado es únicamente el daño y su antijuridicidad. El ser privado de la libertad, siendo inocente - así sea que dicha privación se de con apego al ordenamiento jurídico - no es una carga que las personas estén obligadas jurídicamente a soportar; por lo cual los daños producto de tal privación son antijurídicos, naciendo con ellos una responsabilidad para el Estado. Es decir, tal como lo ha reiterado el Consejo de Estado, los ciudadanos no están en la obligación de soportar que estos errores de procedimiento afecten su derecho a la libertad, sin compensación alguna, por el solo hecho de vivir en sociedad; por tanto, cualquier restricción, por corta que sea, siempre que no encuentre justificación, configura un daño antijurídico que debe ser resarcido. La detención preventiva, debe ser concebida, como una medida excepcional que se debe aplicar sólo en circunstancias extremas, pero no como procedimiento regular. Las millonarias indemnizaciones que podrían generarse por estos errores de la Fiscalía hacen de este tema, sin duda, un asunto prioritario para la entidad y para el Estado en general