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La existencia de una red de diferentes niveles de gobernanza europea, que integre a los gobiernos locales, regionales y nacionales en el espectro supranacional, sumada al actual orden internacional globalizado, hace que algunas decisiones tomadas a nivel comunitario afecten directamente a los gobiernos que se encuentran por debajo del Estado Central. Como resultado, estos actores subnacionales han buscado la apertura de espacios para su participación en la construcción de la Unión Europea y en los procesos de toma de decisiones a escala supranacional, ya sea a través de sus gobiernos nacionales o realizando actividades internacionales no centrales. Éste es el caso de los gobiernos de Mecklemburgo-Pomerania Occidental (Mecklenburg Vorpommern), Land de la República Federal de Alemania, e Isla de Francia (Île-de-France), región de la República de Francia.

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Se presentan dos centros de acogida para personas sin techo en Mallorca, Sa Placeta y Es Sostre. Son centros que ofrecen alojamiento a personas con adicción a drogas y que están en riesgo de exclusión social. Se realiza un análisis de los usuarios en función de la edad, según el consumo de drogas, legales e ilegales. Las actuaciones que se llevan a cabo con las personas afectadas persiguen el siguiente objetivo: reducir daños e iniciar un proceso de inserción social de las personas en riesgo de exclusión.

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Esta tesis producto del trabajo de investigación se planteo sobre las bases de un derecho administrativo interno creado para resolver los problemas suscitados al interior del Estado en consonancia con los postulados constitucionales, teniendo en cuenta el artículo 4° en que se establece la supremacía de la Constitución y los artículo 9°, 93, 94 y 224 al 227 que ordenan el desarrollo del derecho de integración en el marco de los países Latinoamericanos y del Caribe, por lo que surge la imperiosa necesidad de armonizar el derecho de la integración con el ordenamiento jurídico nacional y en especial con el derecho administrativo quien deberá recepcionar el mencionado ordenamiento supraestatal, alterando las tradicionales concepciones de las fuentes de este derecho interno. Por lo tanto, desde la perspectiva del derecho administrativo comprendido como un derecho legislado que regula las relaciones entre el Estado y los particulares en el que prevalece el “principio de legalidad” de los actos administrativos, se puede intuir que constituye un problema jurídico los impactos derivados de los tratados de integración, donde nos preguntamos sí las categorías de fuentes actuales del derecho administrativo son las adecuadas para abordar la recepción de estas disposiciones Por lo que al explorara las incidencias en el derecho administrativo con ocasión de la recepción del derecho de integración con particular énfasis en la Comunidad Andina, identificamos que uno de los rasgos más distintivos del ordenamiento jurídico andino, como el de otros esquemas de integración, proviene del discutido concepto de supranacionalidad. Dentro de la teoría jurídica contemporánea la comprensión de este término trae una novísima concepción que al mismo tiempo es respetuosa de la soberanía interna de los Estados miembros, la cual permite el surgimiento del nuevo ente común donde es posible la distribución de competencias en la reglamentación de ciertos ámbitos entre autoridades multilaterales y nacionales, conservando su propia autonomía. Este concepto ha permitido que en el ordenamiento comunitario andino, a semejanza de lo que acontece en el derecho interno de los Estados, exista un sistema de control de las normas jurídicas garantizado por una jurisdicción contenciosa-administrativa ejercida a través del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Lo que en definitiva incide en el derecho administrativo interno al encontramos frente a ordenamientos independientes, como lo son los del derecho de integración, en los que se producen, aplican y ejecutan normas según las reglas de juego adoptadas para ese efecto por los Estados miembros, que dependerán del marco del proceso de integración y su armonización con las normas internas. Es por ello, que en el resultado final de esta tesis se constata la aparición de nuevas fuentes de legalidad, donde ya no sólo se contemplará la ley y la jurisprudencia, ésta última posicionada con el devenir del tiempo debido a su pertinencia, como lo podemos contrastar con la expedición del Nuevo Código de Procedimiento Contencioso Administrativo (L. 1437/11) que aún no ha entrado en vigencia, en donde se resalta la importancia del Precedente Judicial a partir de las sentencias de unificación del Consejo de Estado. Pero más allá, de este nuevo reconocimiento legislativo, el sistema de fuentes establecido se verá alterado en su jerarquía con el derecho que nace con ocasión de los tratados de integración, lo que aún no se refleja en este nuevo Código, el cual no prevé la aplicación de las nuevas fuentes de legalidad.

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Los campesinos que se ubican a lo largo de las riberas del río Munguidó(...) en el Medio Atrato chocoano, quienes cultivan el chontaduro que se come en algunas ciudades colombianas, vieron interrumpidas de forma insospechada, tanto su vida productiva como su cotidianidad durante el 2002, cuando el Ejército de Liberación Nacional (ELN) secuestró veintiséis turistas en la ensenada de Utría (Chocó). Los medios de comunicación informaron al país la labor de la fuerza pública por presionar la liberación de los secuestrados. Sin embargo, guardaron silencio frente a los efectos de esta operación militar. El 8 de septiembre, un día antes de que el ELN liberara diez de los turistas secuestrados, doscientos campesinos del Munguidó se vieron obligados a abandonar sus tierras. Desde el 3 de septiembre de 2002, centenares de hombres de la Armada Nacional hicieron presencia en la boca del río Munguidó. Restringieron totalmente la entrada de personas y alimentos, para evitar que los secuestradores alcanzaran ríos navegables como el Baudó. Este cierre de la boca del río fue una estrategia exitosa para presionar la liberación de los secuestrados, pero el costo de ello fue el hambre que padecieron durante esos días las comunidades de la zona. En ese entonces, como la producción agrícola de las parcelas se concentraba en pocos productos, los campesinos del Munguidó no contaban con lo indispensable para sostener una dieta balanceada y autosuficiente. Por el río llevaban a Quibdó los productos que obtenían en las parcelas y con el dinero de sus ventas compraban en esa ciudad los artículos de primera necesidad. Con la escasez de alimentos llegó la presencia sorpresiva del ejército. Este hecho, más que confianza y tranquilidad, generó temor y zozobra en medio de los habitantes. Su presencia aumentaba la probabilidad de confrontaciones entre la fuerza pública y los grupos guerrilleros. Adicionalmente, las víctimas de los hechos ocurridos en Bellavista (Bojayá), el 2 de mayo de 2002, permanecían en la memoria de los habitantes del Munguidó. El hambre y el miedo, efectos colaterales de la guerra, fueron causas suficientes para que las riberas del rio fueran desocupadas. Según el censo realizado por el Consejo Comunitario Mayor de la Asociación de Campesinos del Medio Atrato (Cocomacia), el 8 de septiembre de 2002, cerca de 200 campesinos se vieron obligados a desplazarse a Quibdó y el 27 del mismo mes otras 2.150 personas hicieron lo mismo(...).

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Para la Universidad del Rosario, la pertinencia del proyecto educativo se evidencia en la medida en que las acciones institucionales generen impactos positivos en el entorno social, económico y cultural y logren su transformación, en la búsqueda de una sociedad más humana y sostenible. Desde su fundación, el Rosario ha considerado a Colombia como el horizonte de sus esfuerzos y por ello ha desarrollado sus funciones básicas de docencia, investigación y extensión desde los principios de ética y responsabilidad social. Entendiendo la educación como un servicio público, resulta claro que las instituciones educativas adquieren frente a la sociedad una responsabilidad inmensa e ineludible, pues de ellas depende en gran parte la construcción o modelamiento de sus miembros. Así, aunque cualquier sociedad se construye a partir de los aportes de individuos y de instituciones del más variado tipo, a las instituciones educativas les corresponde una tarea central en el proceso de socialización y creación del horizonte cultural: son las encargadas de mantener el acervo cultural y de convertirse en motores del desarrollo del conocimiento, la ciencia, la sociedad y la cultura. En perspectiva del nuevo siglo, como afirma la UNESCO(...) la institución educativa se enfrenta a desafíos “relativos a la financiación, la igualdad de condiciones de acceso a los estudios y, en el transcurso de los mismos, una mejor capacitación del personal, la formación basada en las competencias, la mejora y conservación de la calidad de la enseñanza, la investigación y los servicios, la pertinencia de los planes de estudios, las posibilidades de empleo de los diplomados, el establecimiento de acuerdos de cooperación eficaces y la igualdad de acceso a los beneficios que reporta la cooperación internacional. La educación superior debe hacer frente a la vez a los retos que suponen las nuevas oportunidades que abren las tecnologías, que mejoran la manera de producir, organizar, difundir y controlar el saber y de acceder al mismo.” El contexto nacional presenta hoy incontables desafíos relacionados con la pobreza, la marginalidad, la desigualdad y la injusticia, que llevan al país a comprometerse con soluciones para el futuro inmediato y con soluciones de largo plazo que aseguren la competitividad, la sostenibilidad y el mejoramiento de la calidad de vida de sus habitantes. En este sentido, Colombia suscribió la denominada “Declaración del Mileno” con el firme compromiso de eliminar la indigencia para el año 2015 En el caso de las naciones en vía de desarrollo, como Colombia, ante la falta de capacidad del Estado para suplir todas las necesidades de la población, la sociedad civil y las instituciones deben asumir, bajo principios de solidaridad y subsidiariedad, el diseño y la ejecución de acciones de responsabilidad social que impacten en beneficio de la sociedad, emprendiendo, por un lado, acciones que inciden directamente en las comunidades y, de otra parte, a través de la realización de investigación social y científica que permita ofrecer soluciones serias, objetivas y realizables. Este compromiso, en la Universidad del Rosario, además de ser uno se sus principios misionales, toma mayor fuerza al estar reconocida como una de las 12 universidades que en el país cuentan con acreditación nacional de alta calidad por parte del Ministerio de Educación Nacional. Así lo ha entendido esta Universidad, la cual, además de trabajar en la formación de los profesionales que el país requiere, viene desarrollando distintos proyectos de servicio comunitario apoyados en el trabajo voluntario de sus estudiantes, profesores, egresados y funcionarios.

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“...es necesario distinguir los dos momentos de la responsabilidad: un momento a posteriori, que se ciñe únicamente a las posibles imputaciones por aquello ya hecho; y un momento a priori, que analiza las responsabilidades por lo que está por venir.” Desde su creación, en 1653, la Universidad del Rosario ha encaminado su labor a las acciones propias de la academia como son la educación y la investigación. No obstante, y tal como quedó establecido en su Plan Integral de Desarrollo 2004 – 2019, además, se plantea como una Universidad en permanente interacción con el medio, con capacidad de anticipar e identificar las necesidades y problemas prioritarios del entorno en sus campos de acción, que propone y desarrolla proyectos para aportar a su comprensión y solución. Lo anterior configura la tercera función sustantiva de la universidad: la extensión. Tal función, materializada en una labor de tipo asistencial hacia la sociedad, se ha articulado, por ejemplo, en la apertura de consultorios jurídicos y fundaciones, que permiten al Rosario una mayor participación y compromiso con la sociedad y su desarrollo. Para la Universidad del Rosario se entiende la extensión, desde sus mismos fundamentos, como la manera responsable a partir de la cual la institución se articula con la sociedad y el entorno en la consolidación de la relación Universidad-Empresa-Estado. Esto se logra cuando se lleva a la práctica el conocimiento de la docencia y la investigación desarrolladas por la universidad, para generar así un impacto social de mayor alcance. En esta perspectiva, enmarcan la gestión de extensión los siguientes objetivos: Innovación en el desarrollo de productos y servicios, de acuerdo con las necesidades de la comunidad. Sostenibilidad económica y social que garanticen la suficiencia económica y el impacto social, como una correlación inquebrantable en el tiempo. Impacto social establecido como meta en la coordinación y ejecución de programas y proyectos de desarrollo comunitario que vinculen la academia con el sector social, con la Empresa y el Estado, y que dinamicen las funciones propias de la docencia y la investigación en el Rosario. De esta forma, los servicios que se generan de la interacción entre la docencia, la investigación y la extensión en el entorno universitario están encaminados a las actividades de: Asesorías y consultorías Prestación de servicios Observatorios Espacios de debates públicos Actividades de comunicación Proyectos con impacto comunitario Proyectos estudiantiles de extensión Servicios a egresados; apoyos institucionales Participación en redes, programas o proyectos interinstitucionales en estos ámbitos Publicaciones relacionadas con experiencias significativas en extensión.