1000 resultados para HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA - INVESTIGACIONES - BOGOTA (COLOMBIA) - ESTUDIO DE CASOS


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El presente informe parte del concepto de sistema significado-uso acuñado por Arturo Escobar. El mencionado autor afirma que a escala local se le han atribuido unos usos diferentes a la biodiversidad, que corresponden a unos sistemas de significados de la realidad material y social distintos a los asignados por el capitalismo. La principal diferencia entre unos y otros es la externalización de la naturaleza; para las comunidades locales existe una continuidad indispensable entre el orden humano y el mundo natural, mientras que para la realidad constitutiva entre modernidad y capitalismo, la externalización de la naturaleza se traduce en su apropiación sin límites (Escobar, 1997, p. 50). Mientras los diferentes actores partan de sistemas interpretativos diferentes van a competir significados y usos disímiles en la relación con la naturaleza (Escobar, 1996, p. 27). En este orden de ideas, Escobar identifica diversos sistemas de uso-significado y a cada uno le asigna un régimen de producción de la naturaleza. El primer régimen que identifica es el de la naturaleza orgánica, el cual es encarnado por las comunidades locales y sus prácticas productivas tradicionales; el segundo es el de la naturaleza capitalizada y se refiere a los modelos económicos que se aproximan a las regiones como despensas naturales, en cuanto instalan una capacidad locativa para la explotación y abandonan la región una vez agotados los recursos naturales, dejando a su paso daños ambientales irreparables. El último régimen que identifica es el de la tecnonaturaleza, el cual se refiere a aquellas formas naturales producidas por la intervención tecnocientífica en el nivel molecular, por medio de las nuevas biotecnologías (recombinación genética, cultivo de tejidos, entre otros); éste representa un nuevo régimen de producción de lo natural, donde esto último entra a ser producido por la tecnología (Escobar, 1997, p. 28).

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La literatura sobre desarrollo económico y pobreza de los últimos años ha enfatizado en el tema de los derechos de propiedad, las instituciones informales y su relación con el mercado de capitales. Este trabajo busca modelar algunos aspectos de la obra del economista Hernando De Soto en el tema de la informalidad, específicamente ¿cómo es que el establecimiento de un sistema de propiedad permite a la gente elegir de entre un conjunto mayor de socios comerciales?, y ¿por qué la decisión individual costo-beneficio de expedir un títulolegal de propiedad es considerada un asunto de redes? Para modelar este problema, se utilizó un enfoque deteoría de juegos: los pagos están relacionados con la distribución de la población total entre sectores formales e informales, y surgen fenómenos de retroalimentación positiva y externalidades. Las conclusiones incluyen análisis de política para el caso de la vivienda en Colombia.

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El objetivo de este documento es presentar un panorama de la experiencia del Programa de Erradicación de Cultivos Ilícitos Mediante Aspersión Aérea de Glifosato (PECIG) y del debate que este ha suscitado al interior de la sociedad colombiana en los últimos tiempos. Para lograr el objetivo, el documento parte por contextualizar la política de erradicación mostrando la evolución de las fumigaciones desde sus inicios. Seguidamente se expone el marco legal sobre el cual se ha sustentado el programa de erradicación con Glifosato. La tercera parte del documento, la constituye los argumentos centrales de los actores que se encuentran a favor y en contra de la implementación del programa de erradicación. Por último, se expone la acción popular que pretende la suspensión del programa en la totalidad del territorio nacional. Este proceso jurídico se elige dada la importancia y magnitud de las pretensiones de la parte demandante y el complejo trámite que ha tenido que cursar en los estrados judiciales del país.

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Este documento describe de manera general las políticas conjuntas en materia de lucha contra drogas ilícitas de la Unión Europea (UE), que dan especial atención a las políticas de reducción de demanda. Esto implica que el abordaje que este documento lleva a cabo no considera en particular las acciones individuales que los Estados miembros de la UE implementan en materia de drogas ilícitas. De hecho, a nivel nacional, las políticas de los países que conforman la Comunidad Europea pueden diferir sustancialmente. Por tanto, este trabajo recoge los requerimientos mínimos que de manera conjunta la UE ha establecido para definir las estrategias nacionales de lucha contra las drogas por los países miembros. El documento ofrece una descripción global sobre el espíritu de las políticas europeas con relación a reducción de la demanda de sustancias psicoactivas ilícitas. En ese sentido, se describe la formulación de las políticas, su implementación y evaluación, haciendo un recorrido por los documentos que condensan los acuerdos adoptados de manera consensual en la UE. La definición de las políticas actuales se inicia a finales de la década de los noventa. Este hecho se da por los resultados de la experiencia europea en cuanto a lucha contra las drogas y considerando también las dinámicas del fenómeno en la sociedad. La visión europea respecto de las drogas ha tratado de involucrar un enfoque multidisciplinario para su comprensión y ha pretendido abordar el problema de manera objetiva, mediante la inclusión de los resultados científicos y de investigación en la formulación de sus acciones. De acuerdo con lo anterior, la formulación de las políticas europeas resulta importante básicamente por dos razones: primero, el enfoque comprensivo del problema de las drogas ha llevado a que se le dé un tratamiento desde un punto de vista de salubridad pública. Segundo, la experiencia europea, de acuerdo con los resultados ofrecidos, es exitosa, por lo menos en cuanto al control de niveles de consumo. Si bien se mantienen altos niveles de uso de drogas, los resultados muestran que la prevalencia de dicho uso deja de crecer, al tiempo que se crean mayores oportunidades en cuanto a servicios y opciones de tratamiento para los usuarios de drogas diferentes a las punitivas. Este tipo de tratamiento puede también evitar daños sobre la salud humana relacionados con las drogas como la adquisición de enfermedades e infecciones (VIH, Hepatitis). El documento consta de seis partes incluyendo esta introducción. La segunda parte describe la Estrategia Europea en materia de drogas, definida para el período 2000-2004. La tercera parte considera los mecanismos propuestos como acciones concretas para implementar la estrategia propuesta durante el mismo periodo. Posteriormente se presentan los medios de evaluación final y los resultados de la Estrategia Europea y del Plan de Acción 2000-2004 con relación a la reducción de demanda. En la sección quinta se exponen los objetivos propuestos en la nueva estrategia proyectada hasta 2012, así como algunos de los cambios en relación con la anterior experiencia y sus resultados. Finalmente, la sexta sección concluye.

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El presente trabajo de grado hace referencia a la población de San José de Apartadó, víctima del conflicto armado por la pugna entre grupos subversivos que buscan tener el control territorial, por la riqueza de los recursos y la ubicación geoestratégica que posee. La población se encuentra en una situación de crisis humanitaria y de desplazamiento forzado por más de 50 años. El conflicto se vio agudizado desde la llegada de los paramilitares en la década de los 90, estos en aparente connivencia con las fuerzas militares. Dicha situación llevó a que los civiles se organizaran bajo una iniciativa de resistencia civil no violenta para rechazar el conflicto y exigir el respeto a los derechos humanos. Se declaran Comunidad de Paz el 23 de marzo de 1997, lo cual generó un ambiente de descontento y represalias por parte de los grupos armados. Los pobladores se vieron en la obligación de acudir a actores externos como las ONG, con la capacidad de mediar por la población víctima y elevar el caso a nivel internacional, para que desde las instituciones internacionales pertinentes se ejerza presión externa al Estado colombiano, exigiendo la reparación y protección de las víctimas. El presente caso toma como referencia al Sistema Interamericano de Derechos Humanos- SIDH.

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Análisis del riesgo de oportunismo del gobierno Colombiano planteado por el diseño institucional y normativo de la CREG, y favorecido por una notoria concentración de calidades en cabeza del Estado Colombiano como agente de mercado y regulador.

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Introducción: La Peste Porcina Clásica es una enfermedad de declaración obligatoria de la OIE que limita el comercio internacional. El Tolima tiene restringida la comercialización de animales con el 48% del país por no tener el mismo estatus de Zona Libre; la inclusión del departamento dentro de la zona en proceso de declaración mejoraría la condición sanitaria y permitiría la admisibilidad comercial a los productores. Metodología: Es un estudio descriptivo con dos componentes; el primero incluye la caracterización y evaluación cualitativa de las condiciones sanitarias relacionadas con PPC y el segundo la caracterización virológica mediante un muestreo aleatorio simple para determinar circulación viral. Resultados: se encontró que la atención de las notificaciones se realiza en ≤ 1 día, mientras que entre la atención y resultados existen demoras en el 84% de los casos; las coberturas vacunales son ≥90% que evidencian inmunidad poblacional prolongada y sostenida; en el departamento no se presentan focos desde hace mas de 8 años, no han tenido importaciones de animales con riesgo sanitario, no cuenta barreras geográficas en los limites con la Zona Control que permitan aislamiento y en el muestreo todos los resultados fueron negativos a PPC por RT PCR, con un VPN de 0.99. Discusión: El Tolima cumple con las condiciones sanitarias para incluirse en la próxima zona en proceso de declaración, sin embargo es necesario mejorar las rutas cítricas para la atención de sospechas de PPC e instaurar puestos de control para aislar el departamento y controlar las movilizaciones de porcinos.

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Este documento contiene una descripción del sector de las autopartes en Colombia. Hace unos años, este sector experimentó una contracción de la demanda como resultado de la recesión mundial, las altas tasas de desempleo y la débil motivación para el consumo; sin embargo, actualmente es un sector dinámico, que incluye la forja, la fundición, el mecanizado, la tapicería, los sistemas eléctricos, el caucho y el vidrio, entre otros servicios y productos. Las piezas que más se comercian en Colombia son los amortiguadores, los frenos, las luces direccionales, las llantas, las baterías y las partes eléctricas, entre otras. Su demanda es elevada debido al desgaste que padecen algunas de estas piezas, que por seguridad y por fuerza de la normatividad deben ser reemplazadas. Además, las ventas de autos presentaron cifras récord el año pasado. Cabe mencionar que con la entrada en vigor en el año 2012 del tratado de libre comercio (TLC) entre Colombia y Estados Unidos han surgido mitos y expectativas entre los consumidores, quienes se están absteniendo de comprar carros para esperar a que, supuestamente, los precios disminuyan. Angie Baquero, Paola Piza, Sergio Tovar, Hugo Alberto Rivera 6 Este documento, realizado de manera conjunta por estudiantes de la Especialización en Gerencia de Negocios Internacionales de la Facultad de Administración y el profesor Hugo Alberto Rivera, pretende contribuir al trabajo de la línea de investigación en Perdurabilidad Empresarial de la Facultad de Administración en la forma como las empresas colombianas de este sector enfrentan la turbulencia. Para ello se emplea la metodología del análisis estructural de sectores estratégicos (AESE), que tiene como finalidad contribuir a los tomadores de decisiones de las organizaciones a percibir acertadamente lo que ocurre en su entorno, en lo relativo a sus competidores, clientes, productos, supuestos, etc. Para realizar el análisis inicialmente se hizo una recolección de información cuantitativa, en particular sobre los estados financieros de las empresas, para realizar un análisis de hacinamiento cuantitativo. Luego se desarrolló un estudio de imitación de las prácticas de las empresas y se contrastó con el panorama competitivo. Este contraste permite reconocer las manchas blancas presentes en el sector estratégico, observar las oportunidades con que cuentan sus estrategas y determinar la concentración del sector, los problemas que puede afrontar y sus oportunidades de crecimiento. Posteriormente se realizó un análisis de las fuerzas del mercado con la metodología de análisis sectorial, que ha sido utilizada por un gran número de empresarios para hacer diagnósticos internacionales de ventaja competitiva sostenible. Con este panorama las empresas pueden definir el modelo de negocio que deben seguir: por segmentación, por diferenciación o por costo. El modelo de las fuerzas permite crear el modelo de negocio de la empresa. Por último, se hizo un análisis de los competidores por medio de la prueba de crecimiento potencial sostenible

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Dentro del marco de la Ley 100 de 1993 el sector salud en Colombia se vio retado a una situación de turbulencia que tuvo que ser enfrentada por actores que apalancaron su crecimiento en las nuevas directrices normativas. Surgieron entonces las entidades promotoras de salud (EPS), que en el régimen contributivo dinamizaron el sector mediante la contratación de los servicios con instituciones de salud reconocidas en el sector en diferentes ciudades del país. Para poner en marcha sus modelos de prestación del plan obligatorio de salud (POS), las organizaciones tuvieron que realizar cambios drásticos en su interior con el fin de dar cumplimiento a las nuevas exigencias relacionadas con legislación, calidad y enfoque de riesgo. Específicamente Coomeva EPS, catalogada como la segunda EPS del país con mayor número de afiliados desde hace más de una década, orientó su política estratégica a la contratación para la prestación de los servicios del POS con diferentes entidades que cumplieran con los requisitos exigidos por la ley en las ciudades más importantes del país. En Medellín y el Oriente Antioqueño realizó alianzas estratégicas con clínicas privadas como las Clínicas Medellín, del Prado, Las Vegas, Las Américas, San Juan de Dios de la Ceja, entre otras, que innovaron en la apertura de servicios de primer nivel de atención ambulatorio (IPS en alianzas), involucrando el 50% de su capital y mejorando así la cobertura de atención para esta complejidad al abrir para los usuarios posibilidades de atención con altos estándares de calidad. Con el transcurso de los años, muchas de esas alianzas desaparecieron debido a la situación financiera del sector salud entre 2005 y 2008. Aquellas que lograron sobrevivir adoptaron el nombre de UBA (unidad básica de atención) en alianza, según su origen, y crecieron bajo modelos de contratación cambiantes enmarcados en las directrices de Coomeva EPS, quien a través de la modalidad de pago por capitación dio continuidad a la contratación de los servicios de primer nivel de atención asignándole a estas instituciones poblaciones de usuarios estables para la prestación de los servicios del POS. Es importante aclarar que cada una de estas empresas cuenta con autonomía financiera y capacidad de planeación bajo los lineamientos del Sistema de Seguridad Social en Salud; pero bajo el modelo de gerenciamiento de la enfermedad de Coomeva EPS, lo cual no le impide diversificar su ingresos siempre y cuando se generen como efecto de la prestación de servicios de salud. Basados en lo mencionado y en algunos elementos estratégicos de cada institución hemos querido revisar y hacer un análisis del comportamiento de cuatro de esas organizaciones que aún permanecen en el mercado a pesar de la “alta marea” vivida durante varios años en el sector y que, como lo mencionamos, provocó el cierre de muchas de esas alianzas. Nos interesa revisar aquellas condiciones que debieron ser enfrentadas en el tiempo entre 2007 y 2011 por estas instituciones, las cuales pudieron conferirles o no características diferenciadoras y de competitividad influyendo directamente en la viabilidad y perdurabilidad del sector al que pertenecen. Para ello se realiza un análisis estratégico de este último, utilizando la metodología del Análisis Estructural de los Sectores Estratégicos, desarrollada por Restrepo y Rivera (2006), de modo que, a través de esta herramienta, se logran identificar niveles de concentración entre estas empresas, diferencias en relación a rentabilidad y políticas empresariales; además, se levante el panorama competitivo del sector y se realice el estudio de competidores y de las fuerzas del mercado. Para terminar, se presentarán algunas conclusiones relacionadas con la manera como el sector ha perdurado en el tiempo a pesar de estar enfrentado de manera permanente a un entorno turbulento. Este documento fue realizado de forma conjunta por estudiantes de la asignatura Estudios Estructurales del Sector Estratégico, impartida en la Maestría en Administración en Salud del convenio Universidad del Rosario- Universidad CES de Medellín, y el profesor Hugo Alberto Rivera, pretende hacer un aporte a la línea de investigación y relacionar las características de la definición del concepto “perdurabilidad”, propuestas por la Facultad de Administración de la Universidad del Rosario y lo observado en las empresas.

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La Ley 100 de 1993 crea el Sistema de Seguridad Social en Salud en Colombia, y con ella surgen una serie de disposiciones que cambian el Sistema de Salud imperante en el momento. Dentro de esas reformas que trajo la ley al Sistema General de Seguridad Social en Salud, se presenta un cambio importante, como fue el del modelo de financiamiento de las instituciones de salud del Estado. Los recursos que estas recibían en su momento obedecían al modelo del subsidio a la oferta, situación que modifica la nueva norma y obliga a las instituciones a ser entidades autosostenibles financieramente, a través del modelo del subsidio a la demanda. Este, entonces, es el punto de partida para que las Empresas Sociales del Estado (ESE), hospitales de segundo nivel de complejidad, comiencen a analizar su sector bajo una perspectiva de empresa, en la que cada hospital es responsable de la adquisición, distribución y administración de sus recursos. La Ley 100 de 1993 ha tenido varias reformas: la primera fue con la Ley 1122 de 2007, con la que se pretendía realizar ajustes al Sistema General de Seguridad Social en Salud, teniendo como prioridad el mejoramiento en la prestación de los servicios a los usuarios. Con este fin, se hacen reformas en los aspectos de dirección, universalización, financiación, equilibrio entre los actores del sistema, racionalización y mejoramiento en la prestación de servicios de salud; fortalecimiento en los programas de salud pública y de las funciones de inspección, vigilancia y control, y la organización y funcionamiento de redes para la prestación de servicios de salud[. La segunda reforma fue con la Ley 1438 de 2011, cuyo objeto fue el fortalecimiento del Sistema General de Seguridad Social en Salud, a través de un modelo de prestación del servicio público en salud que, en el marco de la estrategia “Atención Primaria en Salud”, permitiera la acción coordinada del Estado, las instituciones y la sociedad para el mejoramiento de la salud y la creación de un ambiente sano y saludable, incluyente y equitativo, que brindara servicios de mayor calidad, y para el cual el centro y objetivo de todos los esfuerzos fueran los residentes en el país. Además en esta reforma, se incluyeron disposiciones para establecer la unificación del Plan de Beneficios, la universalidad del aseguramiento y la garantía de portabilidad o prestación de los beneficios en cualquier lugar del país, en un marco de sostenibilidad financiera. Es esta sostenibilidad financiera, invocada por primera vez en la Ley 100 de 1993 y ratificada en sus dos reformas, la que lleva a las ESE a preocuparse cada día más por el desenvolvimiento del sector, por saber con certeza cuales son los espacios en los cuales pueden innovar y tener ventaja competitiva, y lo mas importante, como pueden superar en calidad y prestación de servicios a sus competidores. Es este entonces el punto central de este trabajo: dar a conocer el verdadero estado del sector Salud en los hospitales de segundo nivel de atención y su futuro competitivo. Para continuar con el análisis del sector Salud, es necesario definir escenarios y términos: los hospitales de segundo nivel de atención son el objeto de análisis, y se definen como instituciones donde se realiza consulta médica, hospitalización y atención de urgencias de especialidades básicas (Ginecobstetricia, Pediatría, Medicina Interna y Cirugía); atención de partos y cesáreas de mediana complejidad, laboratorio e imaginología de mediana complejidad, atención odontológica general y especializada, consultas de nutrición, psicología, optometría y terapias de apoyo para rehabilitación funcional. Para hacer este análisis, se empleó la metodología denominada “análisis estructural de sectores estratégicos”, que contiene las pruebas hacinamiento, 7 Perdurabilidad empresarial: caso sector empresas sociales del Estado (ESES), hospitales de nivel II de complejidad panorama competitivo, fuerzas del mercado y estudio de competidores. El sector estratégico seleccionado son instituciones prestadoras de servicios de salud de nivel II de complejidad, ubicadas en el Valle de Aburrá y municipios cercanos a la ciudad de Medellín, durante el periodo comprendido entre los años 2006 y 2011. Las instituciones seleccionadas son las siguientes: Hospital San Vicente de Paul de Caldas, Hospital Manuel Uribe Ángel de Envigado, Hospital San Rafael de Itagüí y Hospital Marco Fidel Suarez de Bello. Dichas instituciones se caracterizan por atender a la población correspondiente a los regímenes contributivo y subsidiado, primordialmente. Los servicios de salud que garantizan corresponden a servicios de tipo hospitalario y ambulatorios. Este documento fue realizado de forma conjunta por estudiantes de la asignatura Estudios Estructurales del Sector Estratégico, impartida en la Maestría en Administración en Salud del convenio Universidad del Rosario- Universidad CES de Medellín, y el profesor Hugo Alberto Rivera; pretende hacer un aporte a la línea de investigación y relacionar las características de la definición del concepto perdurabilidad, propuestas por la Facultad de Administración de la Universidad del Rosario y lo observado en las empresas.

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En este documento, se presenta una descripción del sector financiero colombiano, desde la mirada de bancos extranjeros que se especializan en la Banca Corporativa, ubicando los principales competidores y los productos con los cuales salen a hacen la mayor participación del mercado. Adicionalmente a esta descripción, se analizan los factores que permiten perdurar a las tres empresas financieras más grandes de Colombia, en el sector de Banca Corporativa (Banco HSBC, Helm Bank y Citibank). Para tal fin, se utiliza como base la metodología de análisis estructural de sectores estratégicos, diseñada por el Grupo de Investigación en Perdurabilidad Empresarial de la Universidad del Rosario. Este documento fue realizado de manera conjunta por estudiantes de la asignatura Estrategia de Empresa I y el profesor Hugo Alberto Rivera Rodríguez. La Banca Corporativa es “[…] una banca especializada en prestar servicios de banca de negociación o inversión a grandes empresas, multinacionales y corporaciones” (“Banca Corporativa”, 2012). La Banca Corporativa en Colombia es uno de los principales ejes económicos del país, pues apoya el desarrollo y crecimiento de las empresas, además de ser la encargada de canalizar los recursos a los diferentes sectores económicos. “Colombia ha adquirido una banca especializada, la cual cuenta con diferentes tipos de organizaciones, que cubren las diversas necesidades del mercado. Vale la pena mencionar, que el sector financiero colombiano está regulado por dos órganos de control[:] el [B]anco de la [R]epública y la [S]uperintendencia [F]inanciera” (García y Fonseca, 2011). “El Banco de la Republica es la entidad encargada de realizar las actividades de banca central[,] tales como lo son la emisión de moneda legal, el control de la circulación monetaria, [y] la administración de las reservas[,] y puede actuar como un prestamista en últimas instancias. El [B]anco de la [R]epública no es el encargado de regular la banca, esta función es asumida por la [S]uperintendencia [F]inanciera” (García y Fonseca, 2011). “La [S]uperintendencia [F]inanciera es la encargada de supervisar el sector financiero en Colombia[;] efectúa una supervisión rigurosa de todas las entidades que hacen parte del sector financiero[,] buscando violaciones a la normatividad, [e] incluye sanciones derivadas de las quejas de los clientes” (García y Fonseca, 2011). El sistema financiero colombiano, especialmente en el sector de la Banca Corporativa, está manejado por entidades financieras internacionales. Las entidades financieras del rubro tomado son una parte esencial del desarrollo y crecimiento de las empresas, pues estas necesitan un ente externo especializado en realizar inversiones, que les presten capital para continuar con su desarrollo, además de servicios de cuenta corriente y de ahorros para hacer todos los movimientos financieros, que cada vez necesitan de manera más frecuente.

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Durante los últimos años, la facultad de Administración de Empresas de la Universidad del Rosario ha venido desarrollando análisis de diversos sectores de la economía nacional con el fin de conformar una base de datos que permita avanzar en la identificación de factores que contribuyen al logro de la perdurabilidad. El presente documento contiene el estudio del sector textil, uno de los mayores generadores de empleo en el país. La metodología implementada es el análisis estructural de sectores estratégicos AESE, que incluye la prueba del hacinamiento, el levantamiento del panorama competitivo, el análisis de las fuerzas de mercado y el estudio de competidores. El estudio fue realizado por estudiantes de la asignatura Estrategia de Empresa I orientados por el profesor Hugo Alberto Rivera, director de la línea de investigación en perdurabilidad empresarial de la facultad de Administración.

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A causa de los conflictos armados, como el de Colombia, se han desplazado por la fuerza a millones de personas, entre ellas una importante parte de la población infantil. Este estudio tuvo como objetivo evaluar la salud mental de los niños desplazados internos en edad preescolar en Bogotá Colombia, e identificar los determinantes de la salud mental en estos niños. Métodos: Estudio transversal realizado entre 279 niños que asisten a cuatro jardines infantiles en un barrio marginal de Bogotá. La salud mental infantil se evaluó con el instrumento validado de Comportamiento Infantil (CBCL) 1,5-5 años, aplicados a padres y cuidadores. Se realizo un análisis univariado y multivariado de regresión logística para evaluar la asociación entre el desplazamiento y la salud mental de los niños y para identificar las relaciones con la salud mental en los niños desplazados. Resultados: los Niños desplazados (n = 90) se identificaron con más frecuencia sobre los puntos de corte límite para las escalas CBCL que los no desplazados (n = 189) (por ejemplo, problemas totales 46,7 vs 22,8%;p \ 0,001). La asociación entre el desplazamiento y la presencia de problemas CBCL totales se mantuvo después del ajuste por factores socio-demográficos (OR Ajustado 3.3 del 95%: 1,5; 6,9). Donde la salud mental del cuidador explica en parte la asociación. En los niños desplazados, la salud mental del cuidador (p \ 0,01) y el funcionamiento familiar (p \ 0,01) se asociaron independientemente con la salud mental de los niños. La exposición a eventos traumáticos y el apoyo social también se asociaron con la salud mental del niño, sin embargo, las asociaciones no fueron independientes. Conclusión: En este barrio marginal de Bogotá, los niños en edad preescolar registrados como desplazados internos presentan peor salud mental que los no desplazados. El funcionamiento familiar y la salud mental del cuidador fueron fuerte e independientemente asociados con la salud mental de los niños y niñas desplazados.

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La jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de los últimos años, ha establecido una serie de criterios y medidas que configurarían un catálogo de disposiciones que deben emprender los Estados para garantizar la real protección del derecho de propiedad de las comunidades indígenas y tribales. Dichas medidas deben ser implementadas en los procesos de formalización y titularización de las tierras ancestrales ocupadas, en la delimitación y demarcación del terreno, en la restitución de porciones de tierra pérdida, en la estipulación de criterios para el otorgamiento de tierras alternativas; y en los estudios que tiendan a establecer políticas públicas para la satisfacción de las necesidades de las comunidades relativas a la producción y posesión de la tierra como mecanismo idóneo para el mantenimiento de condiciones de vida digna. La regulación colombiana para las tierras de las comunidades indígenas y las comunidades afrocolombianas presenta aspectos divergentes: las primeras poseen una reglamentación destinada a la ampliación, reestructuración y saneamiento de los resguardos indígenas, y las segundas están regidas bajo un estatuto general de la propiedad colectiva y adjudicación de baldíos. En los dos sistemas, los procedimientos son complejos, tardíos, confusos, requieren de sofisticados prerrequisitos, y ante todo su estructura está basada bajo criterios de una sociedad no indígena y no tribal. Adicionalmente, el compendio normativo en materia de titulación, delimitación y demarcación de tierras de comunidades afrocolombianas antes enunciado, presenta diversas lagunas normativas que se acentúan con la carencia de actualización de dicha regulación a las condiciones actuales si se tiene en cuenta que no ha existido modificación a la misma en los últimos 19 años, y que hacen necesario aplicar analógicamente las disposiciones del Código Civil en materia de propiedad individual a efectos de dar respuesta a los supuestos de hecho no contemplados.

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Introducción: Después del ingreso de la monitoría fetal electrónica como estudio de bienestar fetal, se ha considerado por décadas que un aporte de carbohidratos a la gestante antes de la realización de la monitoría fetal influye en el reporte pero existen estudios que consideran que los niveles de glicemia materna no afecta la variabilidad de la monitoría fetal. Metodología: Se realizó un estudio de corte transversal, para evaluar el efecto de la glicemia materna en la monitoría fetal electrónica comparando los valores de glicemia materna con su resultado, según la categorización del ACOG. Las principales variables fueron las horas de ayuno, valores de glicemia, variabilidad de la monitoría fetal y presencia de aceleraciones. Resultados: Se incluyeron un total de 60 pacientes, que ingresaron al servicio de obstetricia y ginecología del Hospital Universitario Mayor Méderi en el periodo de estudio. No se encontraron diferencias estadísticamente significativas entre los resultados de monitoría fetal y los valores de glicemia materna. Ninguna paciente presentó monitoría categoría III (según categorización de la ACOG). Discusión Se requieren estudios analíticos más amplios para evaluar el papel de la glicemia en el resultado de la monitoría, pero el presente estudio sugiere que no existe relación entre la glicemia materna y el resultado de la monitoría fetal electrónica en la categorización del Colegio Americano De Ginecología Y Obstetricia (ACOG).