932 resultados para City, Bogotá, Territory, Public Policy


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Este texto ilustra la interacción entre violencia estructural y actores marginales para ver cómo lo primero crea lo segundo, y cómo, a su turno, la dinámica de estos actores les permite articularse y/o fugarse de sus condiciones. Si los actores de un espacio social determinado pueden llevar a cabo una acción que mínimamente los reproduce, sus condiciones y las relaciones de poder, esto es, una acción reflexionada, podría generar un cambio. Pero para no quedarse en los extremos viendo las maquinarias del poder sobre unos sujetos y sus acciones diarias, siempre condicionadas por aquellas, se puede comprobar el ámbito de autonomía de las decisiones que movilizan su acción, y medir el poder de esta tanto individual como colectiva, amarrada a unos fines: hacia la reafirmación de la identidad o en procura de lograr un cambio

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Los líderes organizacionales se deben enfrentar a retos ambientales del mundo de los negocios y diversas presiones que los ponen día a día en un alto riesgo ético. Sortear dichos riesgos ha demandado cambios sustanciales en las dinámicas de las organizaciones contemporáneas, por lo que las exigencias a los directivos de tomar decisiones acertadas en situaciones de alta complejidad moral son cada vez mayores. Estas decisiones involucran un comportamiento ético de quien las toma, lo cual a su vez está mediado por sus emociones.

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En la presente investigación se estudió la organización administrativa y territorial de la República Bolivariana de Venezuela, para poder identificar si se podían definir y catalogar a Venezuela como un Estado federal como manda su Constitución, o si por el contrario, podríamos estar hablando de una organización distinta llámese autonómica o unitaria, o simplemente un modelo federal diferente al dual influenciado por las diferentes formas de organización.

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El objetivo del presente estudio de caso es analizar y describir la política pública encargada de brindar asistencia consular a los colombianos detenidos en México. Dicha política implementada en el primer gobierno del presidente Juan Manuel Santos Calderón, ha contribuido a mejorar la situación de los nacionales privados de su libertad fortaleciendo la figura institucional del Ministerio de Relaciones Exteriores a través del Consulado y las herramientas empleadas durante su administración. Sin embargo, mediante la perspectiva teórica de Richard Elmore, se recalca la importancia de la participación de diversos actores dentro del proceso de implementación de la política pública, realizando recomendaciones en busca de mejorar y generar aportes a la política para responder a la realidad social que viven los connacionales detenidos.

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RESUMEN. Introducción: la minería a cielo abierto y la subterránea, presentan altas cifras de lesiones asociadas a esta industria a nivel internacional. Países como Australia, algunos de Europa y Estados Unidos tienen avances en seguridad minera, tanto en lesiones fatales como no mortales; sin embargo, otros países no muestran el mismo desarrollo, ejemplo de ello son algunos países de África, China y países de Suramérica. Colombia, muestra un paupérrimo avance en seguridad minera, agravado por ausencia de registros de calidad para establecer políticas en salud y seguridad minera. Objetivo: describir los accidentes de trabajo (AT) y enfermedades laborales (EL) de dichos trabajadores y sus relaciones con tiempo de exposición y oficio. Metodología: estudio transversal con 476 trabajadores del el sector de minería. Se indago sobre los AT y EL de los mineros de socavón en los departamentos de Boyacá, Cundinamarca y Norte de Santander. Se realizó análisis estadístico con medidas de tendencia central y dispersión, estimación de prevalencia de AT y EL y pruebas de asociación Chi-cuadrado para identificar factores relacionados con las variables. Para las estimaciones de parámetros se empleó un nivel de confianza del 95% y las pruebas de asociación un nivel α de 0,05. Resultados: La edad en años de los trabajadores varió entre 20 y 76 años con una media general de 43 ± 10. La antigüedad laboral en años varió entre 10 y 57 años con una media general de 19,3±9,1. Los trabajadores con mayor promedio de antigüedad laboral fueron los de Cundinamarca (valor_p< 0.000). La incidencia de AT fue de 52,3%, IC (95% 47,7% – 56,9%) en los tres departamentos, siendo mayor en Boyacá. Las regiones anatómicas más comprometidas fueron miembros inferiores 32,2%, miembros superiores 26,9%, la cabeza y espalda con 9,9% respectivamente. La enfermedad laboral que más se diagnosticó, fue hernia de disco. Conclusiones: Este estudio muestra la magnitud del problema de la accidentalidad observada en los tres departamentos; la distribución de los accidentes en el sector minero, según la región anatómica, el tipo de lesión y su agente causal, esto será insumo para ayudar a la elaboración de políticas públicas, a nivel empresarial, de las Administradoras de Riesgos Laborales (ARL) y otros actores del Sistema de gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SGSST). Palabras clave: minería, exposición profesional, accidentes de trabajo, enfermedad laboral, Colombia.

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Desde 1998 la Corte Constitucional ha declarado en dos ocasiones “el estado de las cosas inconstitucional” ante las precarias condiciones del Sistema Nacional Penitenciario y Carcelario (SNPC), sin embargo, los esfuerzos institucionales por superar dicho estado han tenido efectos nulos o limitados. Prueba de ello son las altas tasas de hacinamiento y reincidencia que siguen manifestándose crónicamente por el deficiente funcionamiento del sistema. Precisamente este diagnóstico con alternativas de solución presume que esta situación se debe a la ausencia de una política pública integral, al partir de la identificación de los principales obstáculos para la construcción de una política pública penitenciaria en Colombia entre los años de 1998 y 2014. El ejercicio antes mencionado se apoya en la utilización de dos herramientas metodológicas a saber: el análisis estructural “MICMAC” y el análisis de involucrados. De los resultados arrojados por estos métodos se elaboran así mismo tres recomendaciones sobre política pública penitenciaria.

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A partir de la reconstrucción del proceso de creación e implementación del programa presidencial para la reparación a población desplazada Familias En Su Tierra, se exploran las dificultades y retos que enfrenta la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras.

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This doctoral thesis offers a quantitative and qualitative analysis of the changes in the urban shape and landscape of the Girona Counties between 1979 and 2006. The theoretical part of the research lies within the framework of the dispersed city phenomenon, and is based on the hypothesis of convergence towards a global urban model. The empirical part demonstrates this proposition with a study of 522 zone development plans in the Girona Counties. The results point to the consolidation of the dispersed city phenomenon, as shown by the sudden increase in built-up space, the spread of urban development throughout the territory, and the emergence of a new, increasingly generic landscape comprising three major morphological types: urban extensions, low density residential estates and industrial zones. This reveals shortcomings of planning for urban growth, weakening of the city as a public project, and a certain degradation of the Mediterranean city model.

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Private governance is currently being evoked as a viable solution to many public policy goals. However, in some circumstances it has shown to produce more harm than good, and even disastrous consequences as in the case of the financial crisis that is raging in most advanced economies. Although the current track record of private regulatory schemes is mixed, policy guidance documents around the world still require that policy-makers give priority to self- and co-regulation, with little or no additional guidance being given to policymakers to devise when, and under what circumstances, these solutions can prove viable from a public policy perspective. With an array of examples from several policy fields, this paper approaches regulation as a public-private collaborative form and attempts to identify possible policy tools to be applied by public policy-makers to efficiently and effectively approach private governance as a solution, rather than a problem. We propose a six-step theoretical framework and argue that IA techniques should: i) define an integrated framework including both the possibility that private regulation can be used as an alternative or as a complement to public legislation; ii) involve private parties in public IAs in order to define the best strategy or strategies that would ensure achievement of the regulatory objectives; and iii) contemplate the deployment of indicators related to governance and activities of the regulators and their ability to coordinate and solve disputes with other regulators.

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The economic and financial crisis in Europe is affecting the financing of long-term infrastructure investment. There are multiple clearly identifiable channels: reduced demand for long-term investment, a tightening prudential framework for lending, upward adjustment of risk perception, complex transition of the financial system, and increasing macroeconomic, sovereign and regulatory risk. Some of the identified channels are potentially dangerous spillovers from the crisis that entail the risk of a downward spiral (eg increasing regulatory risk), while others are efficient market responses (eg reduced investment demand, correction of pricing of risk). Consequently, public policy instruments should not address the accessibility of long-term finance per se, but should explicitly target the critical channels.

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Three potential explanations of past reforms of the Common Agricultural Policy (CAP) can be identified in the literature: a budget constraint, pressure from General Agreement on Tariffs and Trade/World Trade Organization (GATT/WTO) negotiations or commitments and a paradigm shift emphasising agriculture’s provision of public goods. This discussion on the driving forces of CAP reform links to broader theoretical questions on the role of budgetary politics, globalisation of public policy and paradigm shift in explaining policy change. In this article, the Health Check reforms of 2007/2008 are assessed. They were probably more ambitious than first supposed, although it was a watered-down package agreed by ministers in November 2008. We conclude that the Health Check was not primarily driven by budget concerns or by the supposed switch from the state-assisted to the multifunctional policy paradigm. The European Commission’s wish to adopt an offensive negotiating stance in the closing phases of the Doha Round was a more likely explanatory factor. The shape and purpose of the CAP post-2013 is contested with divergent views among the Member States.

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The article discusses various reports published within the issue, including one by Carmine Bianchi on understanding public sector from different levels and perspectives, one by Mauro Lo Tennero on the aspiration and structure of Sicily to enforce public policy, and one by Nuno Videira and colleagues on the use of group model building in the public sector to concur sustainable policies.

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The transfer of some decision-making authority from the domestic to the supranational arena as a result of the establishment of the World Trade Organization (WTO) in 1995 potentially changed domestic policy dynamics. The WTO agreements reflect the trade policy concerns addressed in the Uruguay Round in the late 1980s and early 1990s. This article applies and adapts historical institutionalism to explain how international organizations may constrain and facilitate certain domestic policy options. It demonstrates that, while the WTO legal framework has become more receptive of environmental sustainability concerns, the social sustainability concerns that were increasingly entering the debate over biofuel policies were not easily accommodated, and this was seen as a constraint on the content of the European Union’s (EU) policy adopted in 2009. Only the environmental dimension of a broader concept of sustainability was included in the policy design.