El diminutivo en el español de Santo Domingo

Esta investigación analiza el uso del sufijo diminutivo en un corpus oral de jóvenes de la República Dominicana. El material procede de la transcripción de veinte entrevistas orales realizadas en los años noventa en Santo Domingo. En este estudio se realiza un análisis de las ocurrencias documentadas, su morfología, sus preferencias en cuanto a la selección de las clases de palabras que se toman como base para la formación de diminutivos, sus posibles valores semánticos y comunicativos, y, por último, se determina la frecuencia de uso del diminutivo en función del sexo de los hablantes.

Glosario de términos jurídicos del proceso de modificación de la capacidad: un texto de la Asociación Española de Fundaciones Tutelares (versión en Lectura Fácil)

Glosario jurídico en el que se explican cerca de 30 términos sobre el proceso de modificación de la capacidad jurídica en fácil lectura. Esta iniciativa, que se enmarca dentro del proyecto “Derecho a decidir con apoyos”, tiene como principal objetivo caminar hacia el logro de una mayor accesibilidad a la justicia.

Modelo de sistematización estructural y presupuestal de la dirección ejecutiva de criminalística

En pleno siglo XXI no es posible investigar los delitos con los métodos propios del sistema procesal inquisitivo, es decir con pruebas declarativas como la confesión y la declaración de testigo, porque con ellas no se alcanza un conocimiento objetivo. El auxilio del conocimiento especializado que proporciona la criminalística es imprescindible en la investigación del delito, cuya importancia radica en la contribución al esclarecimiento de la verdad objetiva ya que analiza indicios que se convertirán en evidencias mediante un tratamiento técnico especializado y luego éstas serán incorporadas como pruebas irrefutables al proceso judicial, donde obtendrán firmeza y contribuirán a la decisión correcta del juzgador en pro de una correcta administración de justicia. Es así que la presente investigación se orienta al diseño de un modelo de sistematización estructural y presupuestal para la Dirección Ejecutiva de Criminalística de la Policía Nacional del Perú (Direjcri), con la finalidad de impedir que la delincuencia escape de la acción de la justicia por ineficiencias que atentan contra la seguridad jurídica, puesto que desde un tiempo atrás el país viene experimentando un incremento alarmante del índice de criminalidad, acentuándose la pérdida de vidas humanas. En tal sentido, la investigación en su carácter básico y aplicado, de diseño trasversal y ex post facto, a partir de la información recabada de la muestra de los operadores de justicia tales como los comisarios e investigadores criminales de la Policía, fiscales y jueces pena-les de Lima Metropolitana, así como los propios peritos de la Dirección Ejecutiva de Cri-minalística, ha identificado los factores que están incidiendo efectivamente en la impuni-dad judicial, como son una estructura orgánica policial desfasada que dificulta la gestión criminalística, severas restricciones logísticas, dualidad de funciones, improductividad del potencial humano, ausencia de estándares de calidad y la desarticulación interinstitucional entre los operadores de justicia. De tal modo, la identificación de los citados factores que vienen limitando la función cri-minalística permitirá diseñar un modelo de sistematización estructural y presupuestal que efectivizará los procesos judiciales y erradicará la impunidad delincuencial que está afec-tando el prestigio de la institución policial, de las fiscalías y órganos judiciales, al tiempo que aumenta en la opinión pública la sensación de inseguridad ciudadana y la percepción de corrupción en circunstancias de la implementación del Nuevo Código Procesal Penal.

Manual del Funcionario de Instrucción

95 p.

Los estados de excepción en Colombia y aplicación del principio de proporcionalidad: un análisis de seis casos representativos

El artículo que se presenta a continuación da cuenta de cómo ha funcionado el principio de proporcionalidad en Colombia en el control de constitucionalidad de las declaratorias de los estados de excepción, a través de la evaluación de seis (6) casos de excepcionalidad a partir de 1991, cuatro (4) de ellos referidosa estados de conmoción interior, y dos (2) referidos a emergencias sociales. Se utilizó una metodología cualitativa que permitió describir la forma como la Corte Constitucional aplicaba o no el principio de proporcionalidad para hacer el examen de dichas excepcionalidades, dando cuenta de una matriz de análisis que describe los puntos clave de dicho principio, a saber: a) laexistencia de una crisis coyuntural y no de un daño estructural en cualquiera de los estados de excepción declarados; b) la no suspensión de los derechos humanos ni de las libertades fundamentales de las personas a quienes van dirigidas las medidas incluidas en este; c) la no interrupción del normal funcionamiento de las ramas del poder público; d) el ejercicio de las facultades solo para enfrentar eficazmente la anormalidad; la relación estricta entrecausa y anormalidad, y, en este sentido, la dirección de los decretos única y exclusivamente a conjurar las causas que dan origen a la excepcionalidad; e) la duración definida de los estados de excepción (Cifuentes, 2002), para concluir que la Corte Constitucional, en su aplicación del principio de proporcionalidad, no ha realizado un juicio exhaustivo de los requisitos que este incorpora, de tal forma que ha permitido una perpetuación del poder presidencial y un gobierno con poca separación de poderes.

La tutela cautelar en lo contencioso-administrativo. El caso de Cuba

El establecimiento de los medios idóneos para asegurar la eficacia práctica de las decisiones judiciales es una exigencia del buen funcionamiento de la Administración de Justicia. En ello juega un rol esencial la tutela cautelar. Durante los últimos años, tanto la doctrina como varios de los ordenamientos jurídicos de Europa y Latinoamérica han avanzado en la construcción de amplios y sólidos regímenes cautelares en el proceso administrativo, superando la visión tradicional del contencioso que limitaba la tutela cautelar a una única medida posible: la suspensión de la ejecución de los actos administrativos. Sin embargo, ello no ocurre así en Cuba, cuyo derecho procesal continúa descansando en la técnica de suspensión del acto y en la exacerbación del privilegio de autotutela ejecutiva de la Administración. El presente trabajo se propone demostrar la necesidad de creación de un nuevo régimen de tutela cautelar en el contencioso administrativo cubano, que sea capaz de garantizar una justicia administrativa eficaz en su misión de proteger los derechos de los ciudadanos y del interés general frente a cualquier comportamiento de la Administración Pública que los vulnere.

El tratamiento registral de la defunción tras la aprobación de la nueva Ley del Registro Civil: crónica de una reforma

La configuración del Registro Civil como organismo administrativo que introduce la Ley 20/2011, de 21 de julio, del Registro Civil; la omisión de la mención al médico forense en alguno de su preceptos relativos a la inscripción de la defunción, siendo sustituida por la más genérica de facultativo; la nueva ordenación de las funciones del colectivo forense por Ley Orgánica 7/2015, de 21 julio, de reforma de la Ley Orgánica del Poder judicial, eliminando de entre ellas la asistencia técnica a las Oficinas del Registro civil; y por último la modificación de parte del articulado de la Ley del Registro Civil relativo a la inscripción de fallecimiento por Ley 15/2015, de 2 de julio, de Jurisdicción voluntaria, y por Ley 19/2015, de 13 de julio, de medidas de reforma administrativa en el ámbito de la Administración de Justicia y del Registro Civil, justifican a mi entender el tratamiento registral del fallecimiento, realidad jurídica tan vinculada al colectivo forense.

El acto administrativo

La presente obra examina el acto administrativo y consta de dos capítulos. El primero inicia con anotaciones generales sobre la materia; posteriormente desarrolla los conceptos existencia, inexistencia, validez, invalidez, ejecutoriedad y ejecutividad. En el tratamiento específico de los requisitos de existencia, examina los sujetos, la competencia, la voluntad, el objeto o contenido, los motivos o causa, la forma y el fin, aspecto este último respecto del cual efectúa una anotación especial sobre sus implicaciones en la labor interpretativa. Igualmente, analiza sus elementos accidentales y señala las diferencias entre acto administrativo y acto de la administración para lo cual se apoya en las tres características básicas de aquel. Explora, asimismo, la figura de la revocabilidad y la revocatoria directa para precisar su naturaleza jurídica y su nuevo régimen normativo en la Ley 1437 de 2011, Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso-Administrativo, enlistando las causales. Concluye esta primera parte con una clasificación de los actos administrativos. El capítulo segundo relaciona el catálogo de acciones en materia contencioso-administrativa. Finalmente expone la teoría de los fines y de los móviles con detalle jurisprudencial de las posturas disímiles de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado, con el propósito esencial de resaltar las implicaciones de una y otra en la actividad jurisdiccional y, especialmente, en la materialización de la garantía constitucional del libre acceso a la Administración de Justicia.

Derecho probatorio contemporáneo: prueba científica y técnicas forenses

El Grupo de Investigaciones en Derecho Procesal de la Universidad de Medellín presenta a los profesionales del derecho y a la comunidad académica en general, un libro de alta calidad que orientará la formación de estudiantes en temas de Derecho Probatorio Contemporáneo, además de brindar una contribución significativa para la solución de problemas que vinculan el estudio de la prueba, para el avance del ámbito jurídico profesional y para la Administración de Justicia en Colombia. Se presenta el libro Derecho probatorio contemporáneo, prueba científica y técnicas forenses, con la seguridad de que permitirá la construcción de espacios adecuados para el análisis y la crítica constructiva de las diversas tendencias jurídicas contemporáneas en el ámbito del derecho probatorio.

Principios básicos de actuación de la Policía

Este trabajo ha desglosado los principios de actuación según la Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, si bien su estudio es mucho más amplio y complejo, ya que de cada uno de los principios se derivan muchos aspectos. Se inicia el trabajo con la definición del concepto de policía y el estudio de los diferentes sistemas y modelos policiales, centrándonos en el modelo español, con la sistematización de las funciones de las diferentes Fuerzas y Cuerpos de Seguridad según la LO 2/1986, de 13 de marzo, concluyendo con el estudio de la evolución histórica del papel de la policía, como paso previo para analizar los principios básicos de actuación. Tras una breve introducción de la definición de la deontología policial, entramos al estudio de los principios que establece el artículo 5 de la LOFCS. Por un lado, la adecuación al ordenamiento jurídico y, en consecuencia, el respeto a la Constitución, neutralidad e imparcialidad, integridad y dignidad, jerarquía y subordinación y colaboración con la Administración de Justicia. Por otro lado, en las relaciones con la comunidad, impedir actuaciones arbitrarias o discriminatorias que entrañen violencia física o moral, realizar trato correcto, actuar con la decisión necesaria, rigiéndose por los principios de congruencia, oportunidad y proporcionalidad en los medios utilizados. Asimismo, se dedica parte del estudio al tratamiento de los detenidos, dedicación profesional, secreto profesional, así como la referencia a la responsabilidad de sus actuaciones. Finaliza el trabajo expuesto, siendo consciente de que la observancia y el cumplimiento de estos principios establecen las bases de una policía democrática.

De los subrogados y sustitutos penales: estudio comparado a partir del año 2000

38 p.

El rol del juez en el Estado social de derecho

La concepción del Estado social de derecho que introdujo la Constitución Política de 1991 plantea un cambio de paradigma fundamental en la forma de operar el sistema jurídico; en consecuencia, constituye una obligación para quienes desarrollan el quehacer en la formación de profesionales del derecho poner de relieve los desafíos que enfrentan al momento de la aplicación del derecho vigente, ya sea en calidad de funcionarios judiciales o abogados litigantes. Uno de los componentes del sistema jurídico es el momento operativo en el que hoy se ha superado su finalidad exclusivamente instrumental, y se le han adicionado componentes axiológicos. Por ello, el interés de los autores se centra fundamentalmente en esta visión valorativa del derecho procesal; además, el eje temático de la obra se inicia con una visión general de la filosofía que presenta el Estado social y democrático de derecho, para pasar, luego, a examinar los fundamentos constitucionales del valor justicia, pues no se trata hoy exclusivamente de indagar por la justicia judicial. El concepto Estado social y democrático obliga, además de las valoraciones jurídicas, a que realicen valoraciones sociales, lo cual, como contrapartida, lleva ínsito el deber de colaboración con la Administración de Justicia que todos tienen para contribuir al fin último del derecho que es lograr la paz social.

Proyecto de mejoramiento para la estacion de servicio "La Americana S.A.S"

La estación de servicio “La Americana S.A.S” ha sido una de las primeras estaciones de servicio ubicada en Bucaramanga, dedicada a la comercialización y distribución tanto de gasolina como de los diferentes repuestos y accesorios para los vehículos, razón por la cual desde su fundación y hasta nuestros días, ha venido prestando un servicio destacado, efectivo y cumpliendo siempre con la demanda del mercado proporcionalmente a su consumo. Del mismo modo dicha experiencia dentro de este sector ha producido que con el transcurrir de los años, algunos entes privados y gubernamentales en su mayoría hayan querido hacer acuerdos y negociaciones organizacionales con dicha estación de servicio; claramente este tipo de alianzas estratégicas y negociaciones son de gran importancia ya que le dan el reconocimiento respectivo a La Americana y es así como esta organización recibe periódicamente ganancias y dineros fijos. Resultado de los acuerdos anteriormente mencionados, cabe resaltar que la mayoría de las ventas que realiza esta estación de servicio son producto de las compras hechas por los vehículos pertenecientes a las entidades gubernamentales y privadas en convenio; es importante mencionar que todas estas ventas se realizan vía crédito y por ende la cancelación del servicio correspondiente se hace uno o dos meses luego de prestado el servicio. Así mismo también se ha logrado evidenciar que el consumo por parte de los automóviles particulares con el transcurrir del tiempo se ha disminuido drásticamente debido a diversos factores (geográficos, competitivos y de procesos) tanto internos como externos y siendo una razón para que el total de las ventas y posteriores utilidades no sea el esperado. De continuar esto así en un futuro la empresa podría incurrir en serios problemas que afecten su participación dentro de este mercado. La alta dependencia de las ventas a crédito (entidades públicas y privadas) y la disminución continúa de las ventas de contado (particulares) está ocasionando que la Americana desde ya hace un tiempo tenga baja liquidez financiera y baja rotación de inventarios, así como la disminución considerada de sus utilidades, razón por la cual creemos que la implementación de un modelo de mercadeo así como la creación de un sistema para el conteo y supervisión de los inventarios ayudara a La Americana a poder superar esta pequeña crisis y poder ser una empresa perdurable durante los próximos años .

Prueba de hechos/incidentes de los elementos contextuales en el marco de las confirmaciones de cargos por delitos de lesa humanidad ante la corte penal internacional

Con ocasión de la decisión de aplazamiento de la confirmación de cargos de 3 de junio de 2013 en el caso contra Laurent Gbagbo (ex presidente de Costa de Marfil), se analiza en el presente trabajo si, en el marco de una confirmación de cargos ante la CPI, los hechos que se utilizan para mostrar la existencia de los elementos contextuales de los delitos imputados han de ser probados con el mismo tipo de evidencia que aquella utilizada para probar los hechos relativos a los elementos específicos (entendiendo, en todo caso, que el estándar de prueba aplicable a ambos conjuntos de hechos es el de “prueba suficiente de que existen motivos fundados para creer” previsto en el art. 61 (7) del Estatuto de Roma). Para ello, se analizaron las decisiones de confirmación de cargos proferidas por la CPI en los casos en contra de Germain Katanga, Jean Pierre Bemba, William Ruto y Uhuru Kenyatta, en lo relativo a los crímenes de lesa humanidad.