930 resultados para Fundamental rights. Protection principle. Dignity
Resumo:
El trabajo de investigación surge en el año 2001, ante la necesidad de hacer frente a una nueva realidad jurídica, el mobbing. Para ello fue decisivo el estudio de lo publicado (básicamente de ramas ajenas al Derecho) pero sobre todo las entrevistas con las víctimas de mobbing y sus asociaciones; este extremo, unido a la ausencia de un tratamiento internacional, obligó a un camino autodidacta para definir mobbing jurídicamente. La Tesis define mobbing como la presión laboral tendente a la autoeliminación de un trabajador mediante su denigración (presión laboral tendenciosa), y con ello por primera vez se tiene una definición de mobbing en línea y media, con plena validez jurídica, que es susceptible de ser memorizada y por lo tanto divulgada, para corregir el problema. El denominado "concepto uniformado de mobbing" recalca la denigración como mecanismo frente a los tratos degradantes y recalca la autoeliminación como finalidad de un comportamiento doloso. El trabajo aporta fórmulas para deslindar casos de mobbing de otras figuras próximas, y en este sentido debe citarse "la regla del 9" para saber si hay mobbing; en sede de estadísticas se critican metodológicamente muchas de ellas presentadas hasta el momento y se aporta alguna en sede de Tribunales; pero sobre todo se advierte de los riesgos jurídicos de una previsible regulación específica antimobbing, mediante el examen de las distintas definiciones que se han esgrimido hasta el momento. La segunda parte de la Tesis profundiza sobre el grado de sensibilización de nuestro ordenamiento jurídico y Tribunales, a cuyo fin se ha trabajado con más de un centernar y medio de sentencias dictadas sobre la materia, y por supuesto la totalidad de las recogidas en las bases de datos de las editoriales. El análisis sirve para apreciar la bondad de la sistemática aquí defendida, poniendo en evidencia errores, y contradicciones. La Tesis advierte que la presión laboral tendenciosa más allá de vulnerar el derecho constitucional al trabajo, o los derechos fundamentales a la integridad moral y el honor, es una transgresión a todo un "espíritu constitucional", y en este sentido se analiza con detalle tanto la posibilidad de recurrir en amparo, como el derecho a la indemnidad para quien se enfrenta a esta situación. Advirtiendo de las ventajas de efectuar esta reacción mediante la modalidad procesal de tutela de los derechos fundamentales, se analiza la recurrida acción del art.50 ET, donde se realizan aportaciones sugerentes como el plazo prescripción o la "doctrina de los antecedentes", y se otorgan respuestas a las preguntas sobre obligación de seguir trabajando y ejecución provisional. En sede de acciones de Seguridad Social, la Tesis distingue entre la incapacidad temporal y permanente (depresiones) y la muerte y supervivencia, aportándose sobre la primera la técnica denominada "interpretación en tres niveles" y descartando la posibilidad de considerar accidente de trabajo el suicidio tras un mobbing por imperativo legal, pero aportando un sucedáneo bastante razonable como es el accidente no laboral. Junto a ello se razona por la viabilidad del recargo del art.123 LGSS. Civilmente, la Tesis se posiciona de "lege ferenda" por reconducir este tipo de acciones resarcitorias del daño psíquico y moral al orden civil, por una mayor explicación sobre el origen del quantum, pero sobre todo considera inadmisible la STS 11-3-04, y ello por una pluralidad de argumentos, pero sobre todo por cuanto viene a autorizar "de facto" este tipo de conductas. La posibilidad de accionar administrativamente frente a este riesgo psicosocial se analiza en un doble terreno, la empresa y la Administración. Si bien el cauce sobre el primero tiene algunos meandros que se desbelan, la situación es radicalmente frustrante en la Administración -donde se encuentra el mayor caldo de cultivo del mobbing- , y ello por el RD 707/2002, pero todavía en mayor medida por el Criterio Técnico 34/2003 mediante el cual la interpretación del Director General de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social ha venido tácitamente a derogar parcialmente la Ley de Prevención de Riesgos Laborales para la Administración. En materia penal, la Tesis se decanta "a priori" por dos tipos penales, los delitos contra los derechos de los trabajadores, y el delito de trato degradante; sin embargo, en la práctica sólo este segundo es el camino que puede alcanzar buen puerto. Finalmente se realiza un estudio detallado de la Ley 62/2003, ley que se divulgó como reguladora del acoso moral, y que después se defiende como un avance frente al mobbing. La Tesis advierte que no es cierto ni lo uno, ni lo otro, habiendo creado un "espejismo legal" que puede perjudicar a las víctimas de mobbing, además de no servir su estructura para una futura regulación explícita antimobbing.
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This article aims to show the Europeanization of the Portuguese Constitutional Right in the matter of the right to one’s genetic identity. The formal recognition of this Right, in the Constitution, was influenced by the actions of the European Council regarding Biomedical Rights and dates back to 1997’s Revision of the Constitution. Not only did the conclusions of the European Council in this matter influenced the Portuguese Constitution but they also affected other documents of international and regional nature like the Charter of Fundamental Rights of the European Union. The latter also managed to find its way into our national legislation. Thus, this flow of influences in the matter of the right to one’s genetic identity and the constitutionally of some dispositions of national legislation about medically assisted procreation are the subject of our analysis.
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Ao ter como base geral de pesquisa – A Europa diante do fenómeno migratório - a procura de uma nova Humanização – o objectivo deste trabalho consistiu na análise de algumas formas de manifestação e do impacto deste fenómeno nas sociedades democráticas inseridas nesse espaço. A consciência que as migrações têm seguido a história do mundo e as civilizações e que a sua análise permite avaliar o destino de seres humanos que partem em busca de soluções para as suas vidas. A convicção que a configuração das migrações tem um amplo significado social, cultural e económico e que uma política de imigração fechada, repressiva ou redutora do seu verdadeiro significado pode dividir a Humanidade. O receio que gera a continuidade de uma visão unilateral do Mundo e o esquecimento das condições existenciais difíceis de alguns países de emigração. A renúncia de alguns em escutar um discurso carecido de autenticidade e em apoiar um diálogo comprometido com alguns pressupostos ideológicos pouco claros. O desejo de participar na denúncia da propagação de atitudes facilitadoras dos sentimentos racistas e xenófobos. O repúdio pelo desnorteamento ontológico traduzido pela defesa de certas atitudes persecutórias infringidas aos imigrantes clandestinos. A adopção de uma política basicamente norteada pelo controlo das fronteiras e pela exploração económica dos imigrantes. A indignação pelo esquecimento ou negligência na vigilância e aplicação dos direitos fundamentais, em concreto, o direito ao uso da liberdade, a uma vida familiar normal, situações que lesam muitos. Foram, em suma, as razões que motivaram o trabalho. Porque, igualmente o exercício da cidadania e a inserção num espaço mundial em transformação requerem a actualização da leitura das relações dos homens entre eles e com as formas espaciais; porque o papel dos imigrantes na economia contemporânea é sentido como algo fundamental, e também a importância do seu lugar na estratégia de um desenvolvimento sustentável deve ser demonstrada e respeitada, desejou-se partilhar com outros a oportunidade de defender a participação colectiva sob princípios e premissas mais humanistas, e considerados fundamentais, para a construção de uma política de imigração digna, mais abrangente e indutora de pontes abertas e não de áreas amuralhadas.
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Quando duas normas jurídicas entram em conflito não resolúvel por inexistência de normas de conflito (o que acontece em especial no domínio dos direitos fundamentais ou quando se tentam aplicar princípios jurídicos), a solução em direito não pode ser por subsunção, tem de ser através da ponderação. A ponderação não deve ser subjetiva, mas objetiva, baseada num sistema controlável externamente. O sistema neste momento internacionalmente mais reputado de fazer a ponderação é a fórmula do peso de Robert Alexy. Aqui explica-se em que consiste a ponderação de bens, a sua origem e expressão noutros países, a sua admissibilidade, a referida fórmula, e defende-se a aplicação de um sistema alternativo baseado na teoria psicológica da pirâmide das necessidades humanas, de Abraham Maslow. Verifica-se a validade das teses testando-as em casos concretos. Faz-se ainda a aplicação destes princípios a problemas próprios do direito administrativo.
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Este artículo analiza cómo el proceso de integración de la Unión Europea, por un lado, favorece a la libre circulación de mercaderías, capitales y de ciudadanos comunitarios, bajo la perspectiva de un sistema de integración profundo, y, por otro, paulatinamente ha dejado de lado a los denominados “otros no comunitarios”, a través de las denominadas “directivas de retorno” y la implementación de medidas tendientes hacia la criminalización de la migración, lo cual refleja una vulneración a los derechos fundamentales de la población inmigrante contrariando la tendencia moderna hacia una ciudadanía universal.
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En este artículo se tratará de determinar si la historia que se vivió en el Ecuador el 30 de septiembre de 2010 puede considerarse como “motín”, “un intento de golpe de Estado” o una “propuesta laboral”. Por otro lado se habla sobre la democracia, referida a la participación activa del ciudadano, como también de las instituciones públicas y privadas que deben encontrarse en estricto apego a los derechos fundamentales. En virtud de la antes mencionada democracia, se consigue el “orden público”, en el que la función policial es de gran importancia, debido a que ella tiene la misión de buscar las condiciones necesarias para el ejercicio de los derechos.
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Las recientemente promulgadas constituciones ecuatoriana y boliviana imponen nuevos paradigmas en lo que concierne a la interpretación y aplicación de los derechos fundamentales, y como no podía ser de otra manera, lo hacen igualmente con respecto a las garantías que los tutelan. Este artículo analiza las tensiones que se generan en la denominada aplicación directa de la Constitución y sus significaciones en el plano operativo (obligaciones para jueces y demás autoridades y funcionarios públicos), realiza un estudio de las garantías jurisdiccionales en Ecuador en comparación con las previstas en Bolivia, y advierte de los peligros que implica una interpretación errada de la naturaleza de estas acciones.
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When it comes to human rights, the first thoughts that come to mind are the rights to life, liberty or equality, among others, which possess the concept of being fundamental. Commonly, culture and heritage are not usually considered as rights; however, as well as there is the right to own legal identity, there is also the right to enjoy a cultural identity. This paper deals precisely with the study of culture and cultural heritage as a human right. Cultural heritage’s meaning concept is analyzed, its enclosure between fundamental rights and the way that it should be protected, essentially by the State. The Ecuadorian case is also analyzed around their legislation and cultural management, in order to assess the treatment that this right has been received in the country.
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People with disabilities have a right to a full life in every sense and one of those fundamental rights is the possibility to work. In this paper, the importance of social employment integration of disabled people is highlighted as one of the stakeholders to be satisfied by companies in the new framework that corporate social responsibility is constructing. The objective of the paper is to revise the benefits of some well-known operations research/management science tools that, if applied correctly, have a double positive impact on work accessibility and improved productivity. The responses collected from managers of Valencia`s ShelteredWork Centres for Disabled by means of a structured questionnaire are used to analyse the level of implementation of these tools and their impact depending on the type of centre, the kind of disability and other structural variables.
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Esta obra tem como tema central a abordagem da política nacional de conciliação implementada pelo Conselho Nacional de Justiça, bem como a sua adoção pelo TJRS. Em razão da mudança comportamental da sociedade nas últimas décadas, decorrente de vários fatores, entre eles: a evolução do Estado liberal para o Estado democrático de direito, a constitucionalização dos direitos fundamentais e o acesso à justiça, entre outros, ocorreu o aumento da demanda judicial, gerando problemas na prestação jurisdicional, como morosidade do sistema e difícil acesso ao Poder Judiciário. Assim, no auge da crise do Poder Judiciário, através da emenda constitucional nº 45, foi criado o Conselho Nacional de Justiça, com o objetivo de tornar a prestação jurisdicional, de forma moral, eficiente e efetiva. O Conselho Nacional de Justiça, como integrante do Poder Judiciário, visando, através de uma política pública nacional, a maximizar a prestação jurisdicional e oferecer uma justiça mais célere e justa, através da resolução número 125, determinou a implantação da política Nacional da Conciliação. Desse modo, o Poder Judiciário, utilizando os métodos alternativos de solução de conflitos, a conciliação e a mediação, espera oferecer uma jurisdição mais rápida, contribuir para a pacificação social e diminuir o número de ações judiciais, com a implementação da política Nacional da Conciliação. O Tribunal de Justiça gaúcho, visando a cumprir as determinações da Resolução n. 125 do Conselho Nacional de Justiça, instalou no Estado do Rio Grande do Sul quatro centrais de conciliação e mediação, entre elas a Central Judicial de Conciliação e Mediação da comarca de Pelotas. Os resultados apresentados por esse órgão demonstram que as conciliações, embora não apresentem um número expressivo, têm se revelado um mecanismo célere e eficaz, na busca da resolução de conflitos e pacificação social.
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O objetivo deste trabalho é avaliar se é possível ou não o Tribunal de Justiça da União Européia controlar a legalidade das Resoluções do Conselho de Segurança da ONU, à luz do caso Kadi. Com base no posicionamento adotado pelo Tribunais de Justiça da União Européia no caso, cujo fim precípuo é proteger os direitos fundamentais dos indivíduos e garantir o respeito do direito na interpretação e aplicação dos Tratados da União Européia, chega-se à conclusão de que é possível controlar a legalidade das Resoluções do Conselho de Segurança, à luz dos direitos fundamentais e das regras de jus cogens. Tal possibilidade produz efeitos diretos e indiretos, favorecendo uma nova articulação entre o direito da União Européia e o Direito Internacional.
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Esta monografia analisa as características da consulta tributária no Estado do Rio de Janeiro, abordando suas principais características e efeitos, com enfoque na interpretação das hipóteses em que o Estado do Rio de Janeiro não conhece a consulta tributária, em especial no artigo 165, inciso III, do Decreto Estadual nº 2.473/1979. Antes de analisar como o referido dispositivo legal deve ser interpretado, foi defendido que o artigo 165 do Decreto Estadual nº 2.473/1979 foi recepcionado como lei pela Constituição Federal de 1988, com base em decisões do Supremo Tribunal Federal que entenderam (i) que uma mesma lei poderia ter dupla natureza jurídica e que (ii) um decreto anterior à Constituição Federal de 1988 foi recepcionado como lei pela atual Constituição. Além disso, foi defendido que a legislação tributária, incluindo o artigo 165, inciso III, do Decreto Estadual nº 2.473/1979, não pode ser interpretada exclusivamente de acordo com o silogismo jurídico, razão pela qual as normas jurídicas, sempre que tiverem mais de uma interpretação e/ou limitarem e/ou violarem direitos fundamentais, devem ser interpretadas de acordo com o pós-positivismo jurídico. A conclusão deste estudo é a de que o artigo 165, inciso III, do Decreto Estadual nº 2.473/1979 deve ser interpretado conforme a Constituição, de forma que a consulta tributária só não será conhecida nos casos em que a situação descrita em ato normativo for flagrantemente impossível de gerar quaisquer dúvidas sobre a interpretação da legislação tributária.
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O presente projeto de dissertação apresenta uma metodologia para avaliar a relação de causa e efeito da forma de gestão adotada pelos Conselhos Municipais de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente, em especial no que se refere à utilização de ferramentas de monitoria e avaliação para acompanhar os projetos executados, no aumento do orçamento público captado através de doações aos Fundos para a Infância e Adolescência – FIA. Este projeto busca identificar a existência de possíveis gargalos na gestão dos Conselhos, principalmente no que diz respeito aos processos de monitoria dos projetos desenvolvidos com recursos advindos de doações ao Fundo Municipal para a Infância e Adolescência como uma oportunidade de avançar no processo de melhoria da gestão pública, neste caso, de garantia de direitos infanto-juvenil. Para tanto, será necessário criar grupos de tratamento e controle considerando os Conselhos Municipais de Garantia de Direitos da Criança e do Adolescente que utilizam ferramentas de monitoria e avaliação daqueles que não adotam essa prática no seu cotidiano profissional. A identificação de tais Conselhos será feita a partir de três filtros correlacionados a saber, tamanho da população do município, índice de desenvolvimento humano municipal e cadastro em situação regular do Fundo Municipal para a Infância e a Adolescência. Não se trata de um trabalho que visa apontar erros na gestão dos Conselhos, ao contrário, uma proposta de mapeamento capaz de verificar fragilidades e propor uma linha de atuação alternativa - capaz de romper com práticas meramente paternalistas ou formalismos que produzam disfunções burocráticas - que gere transformação no espaço de atuação.
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A previsão constitucional de competência concorrente dos entes políticos para a promoção de políticas públicas nas regiões metropolitanas abre caminho para que no caso de omissão dos poderes legislativos e executivos a questão seja judicializada. O Judiciário, como guardião dos direitos fundamentais e dos princípios democráticos, tem legitimidade para impor a cooperação entre os entes políticos a fim de que seja prestado um serviço publico eficiente e igualitário para todos os cidadãos. Essa atuação, contudo, está limitada aos princípios constitucionais e à vontade popular, além da existência de capacidade institucional e atenção aos efeitos sistêmicos. É apresentado o caso Matanza Riachuelo, em que o Judiciário condenou os entes políticos a promoverem, entre outras medidas, um plano estratégico comum. Ao final, apresenta-se uma visão crítica da atuação do Judiciário na execução desse julgado.
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O Brasil, a exemplo de outros países, passou a adotar políticas de ação afirmativa com a finalidade de compensar grupos sociais que se encontram em posição desfavorável, usualmente em razão de um passado de discriminação, proporcionando-lhes a fruição de direitos fundamentais. Desde a última década, a maior parte das medidas aprovadas tinha como foco a educação, em especial o acesso às universidades públicas de alta qualidade. Já a reserva de vagas em concursos públicos, embora já vigorasse em diversos municípios, só começou a ganhar espaço no debate social e na agenda governamental recentemente, a partir de sua implementação por parte de estados e da aprovação do Estatuto da Igualdade Racial, que prevê a aplicação de políticas de ação afirmativa como maneira a permitir a participação da população negra em condição de igualdade na vida econômica, social, política e cultural do País. Dados do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão indicam que, apesar de representarem a metade da população brasileira, negros e pardos ocupam menos de 30% dos cargos do Poder Executivo. Nas carreiras mais bem remuneradas, como as de nível superior, a presença dos negros é ainda mais reduzida. Em resposta a esse cenário de desigualdades, foi sancionada Lei nº 12.990, de 9 de junho de 2014, que reserva aos negros 20% das vagas oferecidas nos concursos públicos no âmbito da administração pública federal. O objetivo deste projeto é avaliar os desdobramentos do sistema de cotas implementado pela referida lei, que utiliza exclusivamente critério de natureza racial. Tenciona-se verificar se tal mecanismo é capaz de tornar menos excludente o acesso ao serviço público federal, de forma a contribuir para o debate a respeito das ações afirmativas.