708 resultados para Banco Mundial.


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Em maio de 2003 uma grande consulta em âmbito nacional discutia, em Timor-Leste, os termos de um projeto de lei que buscava criar um novo marco legal par o combate à violência doméstica. Desde que as Nações Unidas haviam assumido a administração do território, em Setembro de 1999, várias consultas deste tipo vinham sendo elaboradas. A idéia de que as comunidades precisavam ser consultadas baseava muitos dos projetos de cooperação em curso no país. Um destes, inclusive, um grande projeto do Banco Mundial, intitulado “Community Empowerment Project” (CEP), chegava mesmo a ter como objetivo o fortalecimento das comunidades como instâncias de decisão. Os assim chamados “workshops” com beneficiários de projetos eram uma constante. Neste contexto, não era de surpreender o fato de que, quando o governo timorense apresentou a minuta de um projeto de lei para o combate à violência doméstica – apresentação feita a organizações da sociedade civil timorense em um “workshop”, em novembro de 2002 – de imediato tenha surgido a demanda para que se consultassem as comunidades, solicitação que resultou na ampla consulta realizada entre Maio e Junho de 2003. Desde o início, a proposta de uma consulta acerca do documento de orientação para a futura lei colocava um dilema. Discutir a minuta, elaborada por um comitê de técnicos e especialistas, podia ter diferentes propósitos. Buscava-se verificar em que medida as comunidades concordavam com os valores expressos pelo anteprojeto ou tratava-se apenas de recolher sugestões de como melhor executar os princípios já definidos pelo texto? No caso timorense, este não era um dilema simples, uma vez que os valores expressos na minuta eram muito diferentes daqueles evocados no cotidiano das aldeias timorenses.

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El mismo gobierno que no pudo privatizar las empresas de electricidad de Arequipa en el 2002, por la enérgica resistencia de la población, y que registra los niveles de aprobación ciudadana más bajos de la historia, viene preparando ahora la privatización del agua potable. Alentado por instituciones internacionales como el Banco Mundial y el BID, que son quienes ponen los fondos para realizar interminables estudios que invariablemente demuestran la necesidad de hacer inversiones formidables que, por supuesto los Estados no pueden desarrollar, y de brindar el dinero para preparar la empresas para sus futuros propietarios privados. Nadie parece estar consciente del inmenso capital social que implican los sistemas de agua y saneamiento existentes; la cantidad de conexiones con que cuentan las ciudades grandes que se convierten en potenciales mercados cautivos de los inversionistas privados y en fuente segura de financiamiento de sus gastos; la capacidad técnica del país; y el valor de la fuentes de extracción del recurso. Como si todo esto fuera nada, los gobiernos, congresos y municipios, se proponen hacer concesiones a cargo de promesas de inversión y modernización.

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La idea de ”civilizar al indio”, integrándolo a la modernidad es un concepto que se ha mantenido como una columna vertebral en la colonia y la república. En los últimos años, principalmente en la década de los años 60, 70, 80, organismos multilaterales como el Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo, así como el Gobierno de los EEUU, pusieron especial énfasis en definir propuestas orientadas a lograr que las comunidades indias se integren al desarrollo, propuestas que sacrificaban la identidad indígena y eran víctimas de una especie de transfusión de culturas, acciones que se sumaban a los esfuerzos y pretensiones de la sociedad dominante, en lograr incorporar a la población indígena al sistema.

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La apertura del mercado de las telecomunicaciones en el Ecuador se inicia en el año 1995 cuando se reforma la Ley Especial de Telecomunicaciones para permitir la privatización de las telefónicas locales; esta reforma fue guiada y asesorada por el Banco Mundial. Si bien la privatización fracasó, se siguió el camino hacia la apertura del mercado. Los principales objetivos de la intervención del Estado en un sector de la economía son solucionar los problemas del mercado, mejorar la eficacia económica y obtener mejores servicios para los usuarios. Es así que considerando la necesidad de mejorar la calidad de los servicios y con intención de tener mejores tarifas, de conformidad con el marco legal vigente a partir del año 2000, en el país los servicios de telecomunicaciones se prestan en un régimen de libre competencia. Hasta la diciembre de 2007, el Estado había otorgado 10 concesiones de telefonía fija local; sin embargo, no se ha efectivizado la competencia, el mercado en su gran mayoría sigue en manos de los operadores establecidos y las tarifas y los servicios ofrecidos se han mantenido sin mayores cambios, los usuarios no han sentido el efecto de la competencia. En este trabajo se analizan las causas de esta falta de desarrollo de la telefonía fija local y, de manera especial, la incidencia de la operación de los operadores establecidos todos estatales. Para este efecto se estudiará el marco teórico de la competencia, se revisará el contexto en el que se ha desarrollado el mercado de la telefonía fija local, se analizará cada uno de los aspectos de la competencia, para finalmente establecer en base a un trabajo de campo, el estado de este mercado y los posibles servicios sustitutos.

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En el presente trabajo se realiza un análisis de las reformas al Sistema de Pagos impulsadas por el Banco Central del Ecuador que comprende un conjunto de mecanismos e instrumentos electrónicos a través de los cuales canalizan transferencias de fondos entre instituciones financieras privadas y entidades que conforman el sector público. El primer capítulo contiene los antecedentes, aspectos metodológicos del estudio, incluyendo la definición del problema a investigar, hipótesis, objetivos y justificación del tema. En el Capítulo II se revisa el Marco Teórico, que versa sobre aspectos relacionados con la literatura inherente a los principios básicos para sistemas de pago y valores modernos impartidos por organismos internacionales como: Banco de Pagos Internacionales, Centro de Estudios Monetarios Latinoamericanos, Banco Mundial, etc. El Capítulo III comprende la evolución histórica del sistema financiero nacional, detallando la crisis financiera de los noventas, adicionalmente se menciona la regulación, supervisión y vigilancia del Sistema de Pagos. El Capítulo IV se relaciona con la arquitectura del sistema financiero, especificando los mecanismos de intercambio y liquidación de las operaciones bancarias, descripción de las Reformas al Sistema de Compensación y Liquidación de Valores.

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Presenta la tasa de homicidios en América Latina discutiendo la incidencia de los principales factores de riesgo identificados por el Banco Mundial y Naciones Unidas. Presenta los niveles de victimización por hogares en América Latina, la percepción de inseguridad, la confianza en la policía y en la justicia y las cifras de la población penitenciaria. Plantea la adopción de medidas para revertir los indicadores negativos contrarrestando el avance del narcotráfico y el tráfico de armas en la región.

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Las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF´S se basan en los estándares de registro, valuación presentación y revelación de cada una de las transacciones que afectan los Estados Financieros. Las Normas NIIFS, incluyen el estudio de las Normas Internacionales de Contabilidad (NIC), dentro de estas consta la NIC No. 12, conocida en nuestro país como Impuesto a la Renta, y a nivel internacional como Impuesto a las Ganancias. En el Ecuador por los años 2004, se realiza el informe sobre la observancia de los Códigos y Normas (ROSC), el mismo que fue elaborado por un equipo del Banco Mundial, donde se recomienda dar inicio a la aplicación de normas y para lo cual las empresas públicas y privadas deben prepararse. La NIC 12, Impuesto a las Ganancias, es una norma internacional contable, que apoya específicamente en la interpretación fiscal y armonización contable mediante el reconocimiento de un gasto fiscal, un activo y/o un pasivo por impuestos diferidos. La disposición legal en Ecuador es emitida por la Superintendencia de Compañías, según Registro Oficial 348 del 4 de Septiembre del 2006, donde se manifiesta la obligatoriedad de la adopción NIIF, mientras que el Servicio de Rentas Internas, según Registro Oficial 718 del 6 de Junio del 2012 ( Resol: NAC12-0009), pone en tela de duda la aplicación de la NIC 12, sobre todo en la aplicación de los activos por impuesto diferidos, al no permitir reversar gastos no deducibles hasta Diciembre del 2014, sin embargo el Ejecutivo promulga una ley nominada: “ Ley Orgánica de Incentivos a la Producción y Prevención del Fraude Fiscal” publicada en el Registro Oficial No. 407 del 31 de Diciembre del 2014, misma que rige desde Enero 2015, esta ley reformatoria abarca esencialmente la posibilidad de reconocer impuesto diferidos, lo que permite de alguna manera armonizar la NIC 12.

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La presente investigación examina cuáles son los aportes de la Cooperación Internacional (CI) en el proceso de reforma de la justicia en Ecuador desde los años 90 y en este contexto describe sus dinámicas y orientaciones, en diferentes períodos. Fue central comprender por qué instituciones de gran influencia como el Banco Mundial (BM) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), se volcaron a impulsar la reforma de los estados y del sector justicia. Por ello, este proceso se sitúa en una temporalidad extensa que abarca dos dimensiones: la reforma de las estructuras del Estado y las transformaciones de los sistemas específicos de justicia. En esta perspectiva central, que reenvía al objeto de esta tesis, el referéndum y la consulta popular del Ecuador del 2011, sobre la reforma de la justicia, no es sino uno de los hitos de una reforma del sector más amplia que debe remontarse a los procesos explícitos diseñados por el “Consenso de Washington”, en la décadas de los 90 y 2000 y que hablan, entonces, ya de una intervención programada de muchos actores y entre ellos, protagónicamente de las Instituciones Financieras Internacionales (IFIS), con sus iniciativas judiciales de promoción de las economías de mercado y en paralelo el reforzamiento de un modelo de desarrollo neoliberal. En otro período posterior de la reforma del sector, los organismos de CI disminuyen su incidencia, ante un Estado que reasume un protagonismo que había perdido. La metodología empleada privilegia el mapeo de las intervenciones de la CI y evidencia cómo las cuantificaciones de sus aportes son solo indicadores parciales, que miden la importancia de su influencia en el proceso de estas reformas. Como conclusión, se llega a valorar el peso del aporte de la CI en la reforma de la justicia; se encuentra la variación en el protagonismo de su intervención frente al otro actor central, el Estado. Por otra parte, se develan las modalidades de intervención de la CI en el proceso de reforma de la justicia en el Ecuador. Las reformas se tomaron aquí como principal objeto de investigación empírica y por ello se buscó identificar las agendas de los organismos internacionales; con este aporte se abre el paso a que otras investigaciones indaguen más allá las implicaciones políticas y sociales de tales reformas en el campo nacional y global.

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Tese apresentada ao Programa de Pós-graduação em Administração - Doutorado da Universidade Municipal de São Caetano do Sul.

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Nas últimas décadas o Rio Grande do Sul passou por profundas transformações econômicas e sociais. Essas transformações ocasionadas pela adoção de um conjunto de medidas para todos os tipos de agricultores, fizeram com que grande parte da população rural empobrecesse. Dado isto os poderes públicos apoiados por organismos internacionais, no caso o Banco Mundial, começam a partir dos anos 1990, a formatar políticas públicas específicas de combate e alívio à pobreza rural. Assim, nos anos 1996-97 é formulado o Pró-Rural 2000 com perspectiva de fomentar o desenvolvimento e melhorar as condições de vida da população mais pobre do meio rural gaúcho. Os beneficiários diretos das ações estariam localizados em regiões escolhidas segundo alguns critérios previamente elaborados pela coordenação estadual, com maior concentração de pobreza rural. A implantação do programa se daria nos municípios, com apoio da EMATER e os agricultores beneficiados deveriam se adaptar a uma série de critérios elencados no manual operativo. O que se viu, no entanto, no ano de implantação, a partir da análise nos municípios de Jaboticaba e Lajeado do Bugre que as ações serviram mais para satisfazer as vontades dos agentes políticos do que para o combate à pobreza rural. Os agricultores não participaram das reuniões preparatórias, não se respeitou o critério do uso da microbacia hidrográfica como unidade de ação e de planejamento e principalmente não se realizou nenhuma ação de manejo adequado dos recursos naturais.Deste modo, a política pública concebida como Pró-Rural 2000, por utilizar dados e indicadores um tanto já defasados e por estar baseada nos programas de desenvolvimento rural integrados dos anos 1960-70, buscou combater e aliviar uma situação com as ações que haviam gerado e intensificado a pobreza rural no estado do Rio Grande do Sul.

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A partir da metade da década de 1980, no Brasil, aconteceram uma série de mudanças, entre elas o ressurgimento da sociedade civil, a retomada da democracia, a aplicação de políticas neoliberais com a conseqüente minimização do Estado, a descentralização das políticas públicas e o surgimento da questão ambiental. Ao mesmo tempo em que o Estado perdeu poder no âmbito econômico, conservou boa parte da sua capacidade reguladora, convertendo-se num Estado “atuante”. Neste contexto de mudanças, se implementaram no Brasil projetos centrados no manejo e conservação dos recursos naturais, financiados, executados e avaliados pela articulação entre o Banco Mundial e os governos estaduais e federal. Entre eles, dois projetos destacam-se por terem alcançado as suas metas programadas, o “Paraná Rural” e o “Microbacias” implementados respectivamente nos Estados do Paraná (1989-1997) e Santa Catarina (1991-1999). Estes começaram como projetos “agronômicos”, característicos dos anos setenta e oitenta, mas se transformaram em projetos tipicamente sócio-ambientais com a idéia de sustentabilidade em seu cerne operativo, incorporando a microbacia hidrográfica como unidade operacional. Além disso, se destacaram pela “descentralização” das ações, deslocando responsabilidades aos diferentes atores, estimulando uma crescente “participação” dos beneficiários e incorporam a dimensão ambiental nos seus componentes Este trabalho analisa comparativamente as características originais dos projetos, a sua evolução experimentada, os principais resultados, as mudanças introduzidas, os limites encontrados e o aprendizado de sua implementação. Além disso, se examinam aspectos como o papel da sociedade civil, descentralização, políticas de redes e capital social, noções teóricas que ajudam à interpretação das políticas públicas atuais. Finalmente, se analisa a influência da discussão em relação à questão ambiental e à utilização da noção de microbacia hidrográfica como unidade de planejamento e ação. Nas avaliações constatou-se que os projetos lograram superar suas metas programadas, mesmo com diferentes graus nas distintas regiões, obtendo-se um adequado controle da erosão dos solos, aumento da produtividade, diminuição da poluição das águas e melhoramento da infra-estrutura de estradas, entre outros. Ao mesmo tempo, geraram-se condições, em virtude da dinâmica ocorrida, que criaram situações novas de cooperação social e que ampliaram as possibilidades de construir novas iniciativas econômicas e sociais Além disso constatou-se um alto envolvimento das entidades públicas e privadas e dos agentes locais na participação dos projetos, maior participação da assistência técnica, e um significativo comprometimento das prefeituras. Os resultados alcançados estiveram relacionados com as estratégias operacionais implementadas, que tinham os pressupostos básicos das políticas de redes. Os trabalhos nas microbacias hidrográficas foram pautados em arranjos ou acordos institucionais que permitiram a descentralização das decisões e das ações, e, junto à participação dos beneficiários, permitiram congregar e estimular o capital social comunitário.

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Esta dissertação analisa a evolução da irregularidade longitudinal de pavimentos, devida à execução de recapes em concreto asfáltico. Consideraram-se nove trechos de rodovias, totalizando aproximadamente 265 km, com estruturas representativas da malha viária do Estado do Rio Grande do Sul. Registraram-se irregularidades antes e após o recape, e as reduções medidas foram comparadas com valores previstos pelos modelos linear e bilinear propostos pelo programa HDM-4 do Banco Mundial. As diferenças entre reduções previstas e medidas alertaram para a necessidade de ajuste dos modelos em alguns casos, levando em conta as estruturas dos pavimentos e as espessuras de recape analisadas. Propõe-se nesta dissertação valores para os parâmetros ajustáveis dos modelos, com cuja aplicação foram minimizadas as diferenças entre as reduções medidas e previstas. De forma complementar, desenvolveu-se um estudo de sensibilidade para determinar o efeito que as diferenças, por ventura existentes, entre espessuras projetadas e executadas de recape poderiam ter na redução da irregularidade. Também, por meio de uma análise estatística, obteve-se um modelo para previsão da redução da irregularidade em função da espessura do recape e da irregularidade anterior à execução do mesmo.

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Este projeto insere-se em uma pesquisa mais ampla sobre a supervisão bancária em alguns países da América Latina, realizada por solicitação do Banco Mundial. Tomando como referência o marco conceitual do projeto original, o trabalho descreve a situação atual da supervisão bancária no Brasil, mencionando, entre outros, os seguintes pontos: padrões de organização e propriedade da industria bancária no país, restrições legais e regulamentares para a aquisição e propriedade de bancos, exigências de capital mínimo, organização da supervisão bancária, políticas e práticas de supervisão. O trabalho encerra com algumas sugestões para o aperfeiçoamento das práticas de supervisão bancária no Brasil.