750 resultados para Asociación Latinoamericana de Libre Comercio.
Resumo:
Las causas y los efectos de la asociación sindical han sido ampliamente estudiados por la literatura económica; no obstante en el caso colombiano existe un claro sesgo hacia el estudio de los efectos sobre el salario. Este documento presenta un estudio de los determinantes estructurales de la tasa de densidad sindical para Colombia incluyendo algunos aspectos particulares como los efectos regionales y sectoriales utilizando la Gran Encuesta Integrada de Hogares 2007. Se encuentra que la densidad sindical está determinada por factores semejantes a los de otros mercados de trabajo con patrones similares de negociación sindical, como los reportados por Johnson (2005). Finalmente, dadas sus cifras de asesinato de sindicalistas, consideramos que los determinantes de la afiliación sindical para el caso Colombiano son más complejos que los de otros países latinoamericanos
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El objetivo del presente estudio de caso es identificar los mecanismos, normas y reglas empleados durante la negociación e implementación del TLC entre Chile y EE.UU. y su articulación con el Régimen Internacional de Comercio en el sector de la minería chilena. De esta manera se analizarán históricamente las principales condiciones políticas y económicas de Chile y EE.UU. que propiciaron la negociación e implementación de un acuerdo entre estas dos economías asimétricas. Así durante el proceso de negociación del TLC se describirán los elementos que se adaptaron a los principios y normas de la Organización Mundial de Comercio, logrando establecer un TLC entre las dos naciones. Finalmente se examinan algunos efectos que tuvo en el sector minero chileno, la puesta en marcha de acuerdo de libre comercio, teniendo en cuenta que dicho sector es altamente sensible para la economía del país latinoamericano.
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El nuevo orden internacional derivado de la Guerra Fría se caracterizó por la multiplicación de nuevas amenazas a la seguridad y la construcción de bloques regionales con el propósito de enfrentarlas. Esta investigación plantea que bajo tales circunstancias, en América del Norte, fue adoptada una agenda ampliada y profundizada en materia de seguridad que permitió articular las seguridades económica, militar y la bioseguridad. En este sentido, la configuración de dicha agenda fue posible gracias a la adopción de una retórica neoliberal de seguridad económica desde la puesta en marcha del Tratado de Libre Comercio en 1994, la cual luego del 11 de septiembre de 2001 fue articulada con la agenda de seguridad militar propuesta por el gobierno estadounidense en materia de lucha antiterrorista, que a su turno permitió la adopción de una retórica y unas medidas extraordinarias en materia de bioseguridad, motivada por los ataques bioterroristas con ántrax en EE.UU., el brote de SARS en Canadá y la pandemia de AH1N1 en México.
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El interés de este trabajo de investigación es explicar el tema del control geopolítico de los recursos naturales en Colombia en el periodo 2002-2011. Se analiza y explica cómo a partir del control territorial y el régimen de extracción desarrollados por la Drummond Company Inc. en el Departamento del Cesar se puede establecer su índice de poder geopolítico. Siguiendo los postulados de Michael Klare, respecto al desarrollo de una carrera internacional por los recursos energéticos mundiales, y los postulados de Kepa Sodupe, respecto a la posibilidad de reconfigurar los métodos de cálculo del poder, se avanza hacia los resultados de la investigación. Estos resultados permiten identificar de forma documentada el índice de poder geopolítico de una multinacional extranjera en el territorio colombiano.
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Este artículo se refiere a la formación de acuerdos endógenos de libre comercio en un modelo de competencia imperfecta entre tres países. Teniendo en cuenta que la literatura ha ignorado en ocasiones el requisito de sostenibilidad en las áreas de libre comercio, el artículo propone una estructura para predecir qué acuerdos comerciales se forman cuando la sostenibilidad es explícitamente incluida como una restricción en la formación de acuerdos cooperativos. Se encuentra que la introducción de un requisito de auto-ejecución reduce el alcance general de los acuerdos comerciales y que las áreas comerciales preferenciales pueden ser puntos de apoyo o impedimentos, dependiendo de la demanda relativa entre los países.
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La Organización Mundial del Comercio es una organización internacional que cumple una doble función. Como lo sugiere su nombre, busca la apertura en materia comercial sirviendo como foro a los Estados, para que estos puedan negociar la eliminación de barreras técnicas y económicas para el comercio. Cuenta también con un Órgano de Solución de Diferencias, fruto de un proceso de casi cinco décadas de ensayos, errores y reformas que son de vital importancia para que los Estados, sin importar su tamaño o la asimetría en temas de desarrollo, puedan participar del comercio mundial en condiciones de igualdad relativa1. Se habla de igualdad relativa y no absoluta, porque la OMC comprende que los países en vías de desarrollo necesitan tiempo, asesoría y recibir inicialmente un trato diferenciado en razón de su condición, para poder entrar a hacer parte de la cadena de comercio internacional. La Organización Mundial del Comercio se basa en la creencia firme de que el comercio internacional abierto conlleva al desarrollo, dado que incentiva la inversión extranjera directa y la expansión de las oportunidades comerciales de los productores y empresarios locales.
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El trato especial y diferenciado (TED) es uno de los puntos cruciales dentro de las negociaciones del Área de Libre Comercio de las Américas -ALCA-, a fin de enfrentar las grandes diferencias de tamaño y desarrollo entre las economías del hemisferio, y, consecuentemente, la obtención de resultados más justos de la liberalización comercial. Esta investigación analiza los conceptos que están detrás del TED, así como la trayectoria histórica de su aplicación en los ámbitos de los sistemas GATT-OMC y regional. De esta manera el autor responde a la pregunta: ¿es posible balancear un acuerdo equitativo dentro del ALCA para países de menor desarrollo relativo como el Ecuador? Las posibilidades de aplicación del TED, según este trabajo, estarían en función de: lograr mayores compromisos por parte de los países desarrollados, especialmente para el desmantelamiento de sus subsidios y ayudas internas a los bienes agrícolas; poner en marcha el Programa de Cooperación Hemisférica, dirigido a lograr una fuerte vinculación entre las políticas comerciales y las políticas de competitividad, y lograr flexibilidad para los países en desarrollo en el cumplimiento de sus obligaciones. Mientras que, debido a la redefinición que ha sufrido el TED en la mayoría de acuerdos de los noventa, la investigación concluye que se hace indispensable definir una “agenda positiva”, es decir propositiva y coherente con la situación actual.
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La Constitución colombiana le ofrece a los constituyentes la posibilidad de la cooperación voluntaria en el mercado, el cual se traduce en un sistema competitivo y de libre empresa que presupone la libertad de realizar todo tipo de transacciones de bienes y servicios sin otras restricciones que el derecho de los demás a hacer lo mismo. Pero en muchas ocasiones dichas libertades se exceden de tal forma que los instrumentos que nos da la Constitución afectan a los ciudadanos, especialmente a los consumidores. Por lo tanto, el propósito de este trabajo es dar respuesta al siguiente interrogante: ¿La Corte Constitucional Colombiana, en sus sentencias fundamentadas en los principios constitucionales de libre empresa, libre competencia y libertad económica garantiza el bienestar del consumidor colombiano? Este interrogante nace para confirmar si en Colombia el consumidor es “la parte débil del acuerdo”, teniendo presente que en el tráfico de masa es donde se puede visualizar al consumidor como la parte débil de las relaciones de consumo, es donde se verifica que en los hechos no existe una presunta igualdad entre los agentes económicos –empresario y consumidor-. Para el desarrollo de esta investigación se utilizó como fuente primaria la jurisprudencia de la Corte Constitucional colombiana entre los años 1992 y 2007, ya que a partir de la Constitución de 1991 aparece el juez constitucional a través de la jurisprudencia como un creador consistente de sub-reglas constitucionales y no simplemente como un aplicador pasivo de los textos superiores, observando el derecho mucho más allá de la norma, es así como esta investigación logra una cercanía con la realidad: “las circunstancias que se denuncian a través de demandas de inconstitucionalidad y acciones de tutela”. Es así como esta tesis presenta: 1. Para cada principio constitucional económico (libertad económica, libertad de empresa y libertad de competencia) un conjunto de sub-reglas constitucionales según los escenarios constitucionales en los que se desarrolla. 2. Escenarios constitucionales, como el patrón fáctico en el que la Corte ha especificado, mediante sub-reglas, el significado concreto de los principios constitucionales económicos antes mencionados. 3. La relación que se puede deducir con dichas sub-reglas entre cada principio y el bienestar al consumidor. Palabras claves: principios constitucionales económicos, libertad económica, libertad de empresa, libertad de competencia económica, consumidor, jurisprudencia, Corte Constitucional.
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Presenta las reseñas de los siguientes libros: Globalisation, Economic Development and· the Role of the State, Ha-.Joon Olang, Zed Books Ltd and Palgrave, 334 pp. -- El futuro de la integración andina, Miguel Eduardo Cárdenas (Coordinador), Fescol-Cerec Bogotá, 2004. 298 pp. -- TLC: más que un tratado de libre comercio, Alberto Acosta y Fander Falconí, Flacso-Ildis, Quito. 2005, 255 pp. -- El TLC en debate. Alan Fairlie. Freidrich Ebert Stiftung-Red Latinoamericana de Política Comercial. Lima, 2004, 320 pp.
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El comercio internacional es considerado como una herramienta que facilita el desarrollo de las naciones y su fortalecimiento a nivel regional ha sido uno de los objetivos que han perseguido los países andinos. La integración económica es uno de los objetivos que varias naciones han tomado como alternativa para el desarrollo. A nivel regional, la Comunidad Andina, a pesar de sus limitaciones, representa uno de los esfuerzos de integración más grandes realizados en este campo. Dentro de la integración comercial a nivel andino se siguió un proceso de etapas definidas, por lo que se creó una zona de libre comercio y posteriormente una unión aduanera. No obstante, no todos los países miembros se adhirieron a este proceso por igual. Los países andinos han tenido una considerable la falta de compromiso con el proceso de integración comercial, el cual se ha visto afectado en gran medida por la situación económica y política de cada nación, además de las propias falencias internas de los países. El comercio se concentró en mayor medida en los países más grandes. No obstante, cada país ha tenido un comportamiento particular frente al comercio intra regional, lo que dificultado se alcancen los objetivos planteados en un inicio. Esta investigación analiza la evolución del comercio intracomunitario de bienes enfocándose en los principales productos exportados por los países andinos, determinando sus características, a los principales beneficiarios y los limitantes que no permitieron avances en la integración andina. El objetivo de esta investigación es identificar estos limitantes, con el fin de establecer las causas por las que el proceso se estancó, y así, no repetir los mismos errores al asumir el desafío de una integración regional a nivel sudamericano.
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El modelo económico y de mercado de las Constituciones de 1978 y 1998, la adopción de una moneda fuerte como el dólar, los procesos aperturistas y de globalización de los mercados y de la propia economía, pero sobre todo la instauración de una “nueva” Asamblea Constituyente, han provocado una revolución frente al sistema económico y de mercado que debe ser incorporado en la nueva “Constitución Económica Ecuatoriana”, nos obliga a definir de manera clara y precisa cual debe ser el papel del Estado frente al mercado, los agentes económicos y sobre todo los consumidores, a través de la respectiva política económica. La situación micro y macroeconómica en relación con el modelo económico y de mercado que ha sido escogido y establecido a nivel constitucional no han sido desarrolladas, reguladas, ni controladas adecuadamente –a través de la ley secundaria respectiva- para hacer frente a las múltiples fallas del mercado. Todo esto con la finalidad de poder dotar de un verdadero instrumento que permita diseñar una auténtica y efectiva política económica estructural –en especial de una política de competencia-, dirigida a lograr que la economía del Ecuador se situé en la senda de un verdadero crecimiento, duradero –sustentable-, competitivo, no inflacionario, generador de empleo, distributivo y no discriminatorio a favor del interés económico general. La realidad de nuestro mercado y economía, hace que resaltemos aún más que, la eficacia de la política de competencia, no depende sólo de su capacidad para encuadrar determinadas conductas como infracciones y resolver determinados problemas de eficiencia a través de correctivos estructurales o de conducta. Sino también tiene que ver con la posibilidad de generar un ordenamiento jurídico que sea aceptado y respetado por todos los agentes económicos, y de contar con Instituciones de control fuertes –autónomas e independientes- capaces de aplicar dicho ordenamiento y que todo esto se sustente en el marco de nuestra constitución económica. Para esto debemos establecer normas de competencia modernas, eficientes, legítimas y eficaces para el Ecuador. Ese es el propósito de este trabajo, el cual pretende recoger información sobre la experiencia internacional para ser tomados en cuenta al momento de su elaboración. Para finalizar, debemos manifestar que asumimos que la Asamblea Constituyente dejará claramente establecido como parte de los derechos fundamentales, el derecho de la competencia, como parte de la política económica y social de nuestro país.
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La liberalización del comercio de bienes es un medio que establece la CAN para alcanzar sus objetivos de integración aún más ambiciosos, para lo cual ha estructurado un sistema supranacional con un órgano de tipo jurisdiccional independiente que solucione las controversias que surjan del Acuerdo. En la OMC su mecanismo de solución de diferencias se compone de elementos propios de la investigación internacional y de la conciliación, así como de ciertos procedimientos contenciosos. En ambos casos, la liberalización comercial tiene semejanzas, como su fin último de mejorar el nivel de vida de la población, y diferencias como el tipo de normativa que sustenta cada caso: Derecho Comunitario o Derecho Internacional. Ese marco institucional y normativo en el que se encuentra cada mecanismo analizado, permite que se haga un acercamiento de los objetivos de cada uno, que en definitiva se circunscriben a que la normativa que los respalda sea cumplida y de este modo se puedan alcanzar los objetivos del Acuerdo. Por ello, en el presente estudio se hace un análisis detallado y novedoso sobre aspectos puntuales de cada mecanismo, como su estructura, conformación, financiamiento, los legitimados para intervenir ante ellos, los procedimientos y plazos establecidos —que incluyen recuadros ilustrativos sobre el tiempo que debería tomar una controversia—, los tipos de decisiones que adopta cada órgano, los recursos que procede ante cada decisión, su fuerza vinculante y exigibilidad. Tras breves pero claras reflexiones sobre la necesidad de que una norma sea efectiva para que pueda ser eficaz, y sólo de este modo sea posible valorar su eficiencia, se llega a afirmar que no será por un excelente o mal mecanismo de solución de controversias que las normas sobre libre comercio serán reconocidas por los Estados parte, y por ende se cumplan sus objetivos. Sobre esa base se realiza un estudio detenido de la estadística que reflejan las causas tramitadas ante el TJCA y el OSD, a fin de valorar el nivel de actividad de cada uno, los tiempos promedios que tarda cada mecanismo en resolver las causas, y lo eficiente o no de cada etapa en que se lleva a cabo el procedimiento para solucionar la diferencia. También se analizan los costos promedios para acudir ante cada mecanismo, la relación porcentual entre los aportes de los países y su grado de intervención, para demostrar, por ejemplo, que habría más eficiencia si los países que contribuyen con financiarlos actúan de buena fe frente a la normativa correspondiente. También se valora la calidad e importancia de las decisiones y pronunciamientos emitidos por el TJCA y el OSD, a fin de medir sus costos políticos y sociales. De este modo podemos extraer criterios que miran al fiel cumplimiento de la norma como única solución a los conflictos que se presentan, y otros que buscan restablecer la reciprocidad de intereses potencialmente afectada ante lo cual sólo caben acuerdos políticos. Ello permite concluir que si la liberalización comercial viene a ser un elemento para alcanzar un grado de integración que trascienda el libre flujo de bienes entre dos o más países, es oportuno adoptar un auténtico mecanismo de tipo jurisdiccional de solución de controversias. Si el acuerdo comercial no persigue ese tipo de integración, se deberían prever mecanismos de solución de controversias que busquen alcanzar cierta equidad entre lo preceptuado en la norma y las necesidades comerciales del momento y caso concretos.
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Realiza un análisis de las oportunidades comerciales que tiene Ecuador en el mercado de Chile cuando presente una oferta exportable aceptable. Para la consecución de tal objetivo, en primera instancia, se consideró necesario el análisis -capítulo1- de los acuerdos comerciales que existen entre las dos naciones. El capítulo 2, basado en las estadísticas presenta cuál es la verdadera oportunidad comercial con la que cuenta Ecuador, y nos muestra como referencia, como quedaría su oferta exportable para el mercado de Chile. El capítulo 3, resume y condensa todo el estudio y permite, luego del análisis, realizar una serie de conclusiones y recomendaciones de los distintos enfoques que tiene la oferta exportable ecuatoriana. Finalmente, en las conclusiones y recomendaciones que se presentan de manera cronológica se reúne de manera general y secuencial los dos capítulos que componen esta obra. La base del estudio se sostiene en la realización de un análisis del marco legal del Acuerdo de Complementación Económica (ACE Nº 65), y cuál es el alcance que nuestro país Ecuador, y cuyo producto resultante se encuentra contenido en esta investigación. El principal valor de este trabajo radica en la descripción de los datos obtenidos y en el análisis realizado de las exportaciones e importaciones entre ambos países, que permiten saber con exactitud las ventajas y desventajas del Acuerdo de Complementación Económica Nº 65 de la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI), y para ello ha sido preciso realizar un gran esfuerzo de revisión y síntesis de la literatura de los acuerdos y normas que rigen el comercio exterior en la Región y más directamente entre estas dos naciones.
Resumo:
Incluye Bibliografía
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