981 resultados para Políticos colombianos
Resumo:
Durante los últimos años ha existido un interés en tres amplios aspectos de la formación del profesorado: 1õ. Se refiere a las relaciones entre la teoría y la práctica de la educación y, en especial, al déficit existente entre lo que los enseñantes esperan de la teoría y lo que razonablemente se les puede ofrecer. 2õ. Metamorfosis que sufre el trabajo académico en su trayectoria desde su génesis hasta el mundo de la teoría y la práctica educativa. 3õ. Papel del sistema educativo tanto de sistema de recepción como de sistema de producción de teorías, ideologías e ideas. Existen cuatro formas de ver la profesionalidad de los profesores o de ver la formación de profesores llamadas perspectivas: ideológica, tecnológica, de oficio y crítica. Aunque son diferentes cualquier programa de formación del profesorado...puede contener elementos de más de una de estas perspectivas. Estas se diferencian entre si según las respuestas que den a tres preguntas: naturaleza de la educación, objetivos, metas, intereses; Índole y alcance del conocimiento al que los profesores y otras personas pueden acceder para ayudarlos en su labor; La legitimación profesional. La perspectiva no necesariamente es falsa, pero si parcial e incompleta, es limitada toda perspectiva aceptada.
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Se ha aceptado en la historiografía general que Madrid por ser la capital de España y la sede del gobierno central, siempre ha mantenido una identidad de objetivos con la Administración central y se ha encontrado en una situación de privilegios económico y político con respecto a otras grandes ciudades españolas. Esto puede ser verdad en determinadas etapas históricas y ante ciertos factores ideológicos, pero no es extrapolable a cualquier momento y circunstancia. Si nos circunscribimos al primer tercio del siglo XX y al problema de la enseñanza primaria pública, veremos que los intereses de Madrid no estaban tan cercanos a los de la Administración central como podría suponerse. También es verdad que el poder estatal consideró a la capital como sede de diversos ensayos pedagógicos que no transpasaron los límites de la excepcionalidad, y que también le adjudicó un papel único con respecto al resto de España, rol asumido por el poder municipal e incluso por la opinión pública. Y, por tener este carácter de modelo se reprimieron duramente todos los aires de autonomía pedagógica, para evitar que pudieran inspirar a otras capitales de provincia. El origen de las diferencias entre el Estado y el Ayuntamiento de Madrid es muy claro, parte de 1901 cuando muchas de las competencias municipales en materia educativa pasaron al Estado por decreto. El Ayuntamiento de la capital no lo aceptó, ya que le relegaba a un segundo plano en temas de enseñanza y sin poder intervenir en su organización y supervisión. Este marginación se notó no solo en Madrid, sino también en todas las grandes poblaciones españolas ,en Cataluña y País Vasco especialmente. Por eso, cada una de ellas no dejaron de luchar durante la primeras décadas del siglo XX, para recuperar el control de las escuelas públicas..Tal era la situación de tensión que tuvieron los poderes central y local en el trienio 1911-13 que el Ministerio de Instrucción Pública publicó una orden para dejar bien claros los límites del gobierno municipal de Madrid y que también sirviese de ejemplo para el resto de las ciudades españolas con aires autonómicos. Hubo que esperar al Plan de 1922 para que se produjese la armonía y el entendimiento entre las partes implicadas. Ese cambio de actitud se debió a una serie de factores del Concejo madrileño: económicos y de distinta índole que explican esas desavenencias con los poderes centrales.
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Resumen tomado de la publicación
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Resumen basado en el de la publicación
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Se ofrece un repaso a lo largo de la historia sobre el interés político del pueblo y sobre los estudios políticos, desde el siglo XVI hasta el siglo XX, comentándose los aspectos diferenciadores entre España y sus países vecinos, con Estados Unidos y Rusia. Asimismo, se explica cómo se fundó el Instituto de Estudios Políticos en España en 1939, constituido para la investigación con criterio político y rigor científico de los problemas y manifestaciones de la vida administrativa. Pasó por dos períodos, uno fundacional, correspondiente al tiempo en que estuvo bajo la dirección del Catedrático de Estudios Superiores de Derecho Privado de la Universidad Central D. Alfonso García Valdecasas. En el segundo período, el Instituto se transformó en un centro editor de obras políticas de valor destacado, poniendo en circulación importantes libros de primera actualidad nacional.
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El artículo forma parte de un una sección de la revista dedicada a investigaciones.- Resumen tomado parcialmente del autor
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Definir bien los conceptos de espacio y territorio y educarnos como ciudadanos del mundo global desde la localidad, es preciso para que las personas puedan racionalizar con libertad sus sentimientos respecto al medio ecológico y la acción humana que lo transforma. La geografía nos ayuda a entender nuestros deseos, así como las percepciones y explicaciones existentes sobre el territorio.
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Monográfico con el título: 'Participación política, democracia digital y e-ciudadanía para el protagonismo de adolescentes y jóvenes'. Resumen basado en el de la publicación
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Esta investigación busca dar cuenta del estado de cumplimiento del derecho a la educación a partir del principio de igualdad y no discriminación de los niños y niñas colombianos/as en condición de refugio en Ecuador. El derecho a la educación posibilita la disminución de las brechas sociales a partir del cumplimiento de las obligaciones de asequibilidad, accesibilidad, adaptabilidad y aceptabilidad del Estado, implica el principio de igualdad y no discriminación durante todo el proceso educativo. Colombia sufre un conflicto armado de más de 50 años, que ha provocado el desplazamiento de muchas personas. A partir del año 2000 se presenta una afluencia masiva de personas colombianas en situación de refugio al Ecuador. El marco normativo nacional e internacional en materia del derecho a la educación de los niños y niñas en situación de refugio, ratificado por Ecuador, es amplio y ofrece un marco importante para la realización de este derecho. Sin embargo, las condiciones sociales y políticas de Ecuador, el aumento de la discriminación, el desconocimiento de los derechos, entro otros factores, dificultan la realización de este derecho. Las políticas públicas desde el enfoque de derechos humanos implican el cumplimiento de las obligaciones estatales y la participación de la población, sobretodo de aquella más vulnerada en sus derechos, en la definición de los problemas públicos y en el diseño, ejecución y evaluación de las políticas públicas. La adopción de acciones positivas es necesaria para el logro de condiciones de igualdad de oportunidades en el acceso de niños y niñas colombianos/as en situación de refugio. La atención psicosocial brinda posibilidades para subsanar las secuelas del conflicto armado y la situación de desplazamiento y refugio en niños y niñas y además contribuye a la reconstrucción del tejido social que fortalece a las comunidades en la participación política.
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En una época en la que los partidos políticos están perdiendo credibilidad y los principios ideológicos ya no constituyen el valor preponderante, la población busca otras instituciones a las cuales dirigir sus demandas y en donde poder encontrar respuestas y un sentido de seguridad. Es entonces cuando entran a jugar un papel fundamental dos actores: el presidente, con una propuesta cada vez más populista y un poder más personalizado, y los medios de comunicación, la mayor parte de los cuales están concentrados, monopolizados y manipulados por las élites políticas y económicas. Este desplazamiento de funciones conlleva una serie de cambios, no solamente entre los sujetos en cuestión, sino también en las medidas, los mecanismos y los recursos con los cuales se establecen estas relaciones. A través del estudio de dos casos particulares, el del ex presidente peruano Alberto Fujimori y el del actual presidente colombiano Álvaro Uribe, quisiera que el lector analizara el triangulo “gobernante-medios de comunicación-población”, con el fin de establecer y de examinar críticamente las influencias que, por motivos políticos y económicos, entran a manipular esta relación. De hecho, en esta investigación trataré de dar pruebas de los mecanismos de ocultamiento, falseamiento, fabricación, construcción y deconstrucción de noticias, pero también procuraré mostrar como el lenguaje constituye, cambia y define las estructuras sociales y nuestras visiones del mundo. Considero fundamental que las personas tomen conciencia de todos estos mecanismos, en cuanto son “armas no violentas (físicamente)” utilizadas por los gobernantes y las élites para denotar y representar sus realidades, mostrándolas como verdades y, además, para controlar, dominar y direccionar la opinión pública y así legitimar su accionar.
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El concepto de ciudadanía-ejercicio de derechos y deberes- es coemergente con el de democracia. No existe democracia sin ciudadanía ni ciudadanía sin democracia. De allí que el análisis de la ciudadanía (estado en el que se encuentran el ejercicio de los derechos y deberes) está obligadamente ligado al análisis de la democracia (características de las normas sobre la toma de decisiones de interés público). La democracia es posible solamente donde existen ciudadanos, es decir, sujetos con iguales derechos y deberes. De la misma manera, el reconocimiento y ejercicio de la ciudadanía solo es posible donde las decisiones de carácter público se las toma según las reglas de la democracia. Históricamente, la ampliación de la ciudadanía a todos los individuos ha resultado en la profundización de la democracia y esta última se ha consolidado como resultado de las luchas por la ampliación de los derechos a todas las personas. Ciudadanía y democracia son dos caras de una misma moneda.
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La democracia representativa, expresada fundamentalmente en el voto para elegir unos representantes que, deben “interpretar” la voluntad del pueblo que los ha elegido. Esto es, lo que se conoce como modelo clásico liberal. Es también la manifestación más clara de la soberanía de los partidos políticos. Los que en Colombia no aprovecharon, el inmenso poder que este sistema les confería y por el contrario, abusaron del mismo y terminaron corrompiéndose hasta los niveles que hoy conocemos. Esos fueron los presupuestos teóricos de los Constituyentes, autores intelectuales de la actual carta que rige a los colombianos. El gran propósito era superar el estrecho marco de la democracia (electorera) representada y gestar un nuevo ethos político, que diera un nuevo significado al Estado colombiano. El nuevo modelo pretendía mayor igualdad en el ejercicio de la política para los nuevos sectores y movimientos independientes de las tradicionales colectividades “históricas” liberales y conservadoras. Era desde luego fundamental superar desde luego la marginalidad, la exclusión y la pobreza a la que habían sido sometidos la mayoría de los colombianos. Y para lograrlo se pacto un nuevo compromiso político.
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Desde la segunda mitad del siglo XX, una de las exigencias más apremiantes que se le hace a los Estados contemporáneos es que propicien formas de organización social aptas para la vida democrática. La Declaración Universal de los Derechos Humanos en 1948 propuso, una nueva configuración jurídico-política derivada de la actividad intervencionista del Estado. Dicha propuesta esta fundada en nuevos valores-derechos consagrados por la segunda y tercera generación de derechos humanos y se manifiesta institucionalmente a través de la creación de mecanismos de democracia participativa, de control político y jurídico en el ejercicio del poder y sobre todo, a través de la creación de un catálogo de principios y de derechos fundamentales que inspiran toda la interpretación y el funcionamiento de la organización política. En el caso colombiano, este marco normativo se fortalece partir de la Carta Política de 1991 que proclama a Colombia como un Estado Social de Derecho. Sin embargo, la situación vivida por los colombianos en las últimas décadas llena de sombras cualquier reflexión acerca de los derechos humanos. La zozobra se apodera de vastos sectores de la población; intelectuales, políticos, empresarios, campesinos, ciudadanos de la calle, medios de comunicación, entre muchos otros, no escapan a la pesadumbre de la guerra. Los informes sobre la violación sistemática de los derechos son cada vez más alarmantes y sus índices de vulneración aumentan constantemente. Resulta paradójico, que el actual estado de cosas se genere luego de la promulgación de la carta constitucional de 1991, que buscaba precisamente menguar el clima de violencia generalizado en casi todos los escenarios de la sociedad. Hoy, once años después, pareciera que la realidad se resistiera a cambiar y que la suma de nuestras adversidades y vicisitudes hubiera domesticado los principios democráticos y sociales de la carta.
Resumo:
La educación es el proceso por el cual las sociedades humanas a lo largo de la historia han perpetuado sus saberes, costumbres, hábitos, normas, etc., es decir, ha existido educación siempre que han existido sociedades humanas, por lo tanto, habría diferentes formas de “educar”, teniendo en cuenta la diversidad de sociedades humanas que han existido a través de la historia y las que permanecen en la actualidad. La complejidad del proceso educativo no está aislada de las situaciones históricas, sociales, culturales, económicas y políticas en los que se enmarca, es decir, la educación como fenómeno social está vinculada a las realidades específicas de quienes la dinamizan y las particularidades de los contextos en los que tiene lugar el acto educativo.
Etnicidad, género y rebelión en los Andes colombianos: la sublevación de los Pastos, 1800 (Estudios)