959 resultados para democratic security
Resumo:
El interés de esta monografía es conocer las estrategias de marketing político utilizadas por Álvaro Uribe Vélez en el período 2002- 2010, que influyeron en la configuración de la percepción de seguridad de los colombianos. Por lo tanto se analizará cuáles fueron las estrategias de marketing político implementadas por Uribe, que estuvieron enfocadas en el aumento de la percepción de seguridad. Así mismo, se estudiará la estrategia política de marketing político en la política de seguridad democrática, contrastando la percepción de seguridad de los ciudadanos frente a las condiciones reales de seguridad.
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Desde el inicio de su primera gestión presidencial, en el año 2002, el presidente Álvaro Uribe Vélez convirtió el concepto de Seguridad Democrática en un término recurrente para invocar una política de seguridad que legitimara la acción del Estado contra las principales amenazas identificadas por los colombianos: el terrorismo (condensado en las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC - EP) y el narcotráfico. La presente investigación tiene como objetivo discutir si este discurso del presidente Álvaro Uribe Vélez que privilegia, entre los años 2002 y 2004, una política del miedo, fue una estrategia de marketing del miedo o fue una estrategia de profundización democrática.
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El presente trabajo de investigación tiene por objetivo explicar cómo influyó el tratamiento informativo de las capturas masivas presentadas durante los años 2002- 2004 por parte de Noticias RCN en la construcción del discurso político de la Seguridad Democrática.
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Este artículo evalúa uno de los componentes fundamentales de la política más icónica del gobierno de Álvaro Uribe: la ´ Seguridad Democrática. En particular, se evalúa el impacto sobre la intensidad del conflicto armado de los despliegues y refuerzos de policía en municipios con poca o nula presencia policial antes de agosto de 2002. Para ello se utiliza el estimador de diferencia en diferencias que compara el cambio en la dinámica del conflicto una vez se asignan los nuevos efectivos a los municipios receptores, relativo al cambio ocurrido simultáneamente en los municipios no receptores. Nuestros resultados sugieren que tanto los despliegues (instauración de inspecciones de policía en municipios que carecían de ´estas) como los refuerzos (envío de nuevos efectivos a municipios con poca presencia policial previa) generan incrementos en el número de ataques guerrilleros. Por otro lado, también hay evidencia que en los casos en los que la asignación de efectivos policiales estuvo acompañada de la movilización de tropas del ejército el conflicto disminuyó en las áreas afectadas, lo que sugiere que la coordinación de las fuerzas armadas resulta clave para el éxito de iniciativas regionales de seguridad.
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La presente monografía tiene por objeto estudiar y analizar las reacciones generadas en Venezuela, Brasil y Perú ante la implementación de la Política de Seguridad Democrática en Colombia, pues el desarrollo de una política de seguridad nacional termina generando en múltiples ocasiones lo que Robert Jervis denomina un Dilema de Seguridad. Así pues se hará necesario demostrar los resultados de dicha política para la seguridad nacional del Estado colombiano para posteriormente evaluar las implicaciones para la seguridad de los Estados vecinos y finalmente estudiar los mecanismos adoptados por estos con el fin de preservar su seguridad y disminuir la posible amenaza representada por Colombia.
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El propósito de esta investigación es verificar si la implementación de la política de seguridad democrática en la región del Catatumbo permitió recuperar la gobernabilidad en la zona de estudio. Por esa razón se describen y analizan las características de la región, las lógicas operativas de los actores armados, así como, los efectos de la implementación de la política pública de seguridad democrática y la incidencia de lo anterior en la construcción de la gobernabilidad. A la luz de los autores Joan Oriol Prats, Federmán Rodríguez y Rubén Sánchez se estudian los componentes esenciales de los conceptos de gobernabilidad y seguridad democrática respectivamente.
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Éste trabajo de grado investigará cómo han incidido los ‘falsos positivos’ en la deslegitimación de las Fuerzas Militares en Colombia en el marco de la política de seguridad democrática, y si las ejecuciones extrajudiciales han sido una práctica sistemática y articulada, o en cambio se constituye en casos aislados e individuales perpetuados por miembros de la institución castrense. Este proyecto plantea la necesidad de que nacional e internacionalmente se adelanté con rigor y objetividad un examen histórico y jurídico, libre de enfoques polarizados, de las acciones que la Fuerza Pública desarrolló en relación con su misión constitucional en el conflicto armado colombiano para determinar así la responsabilidad de la institución y del Estado colombiano
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A difficult transition to a new paradigm of Democratic Security and the subsequent process of military restructuring during the nineties led El Salvador, Honduras, Guatemala and Nicaragua to re-consider their old structures and functions of their armed forces and police agencies. This study compares the institutions in the four countries mentioned above to assess their current condition and response capacity in view of the contemporary security challenges in Central America. This report reveals that the original intention of limiting armies to defend and protect borders has been threatened by the increasing participation of armies in public security. While the strength of armies has been consolidated in terms of numbers, air and naval forces have failed to become strengthened or sufficiently developed to effectively combat organized crime and drug trafficking and are barely able to conduct air and sea operations. Honduras has been the only country that has maintained a proportional distribution of its armed forces. However, security has been in the hands of a Judicial Police, supervised by the Public Ministry. The Honduran Judicial Police has been limited to exercising preventive police duties, prohibited from carrying out criminal investigations. Nicaragua, meanwhile, possesses a successful police force, socially recognized for maintaining satisfactory levels of security surpassing the Guatemalan and El Salvadoran police, which have not achieved similar results despite of having set up a civilian police force separate from the military. El Salvador meanwhile, has excelled in promoting a Police Academy and career professional education, even while not having military attachés in other countries. Regarding budgetary issues, the four countries allocate almost twice the amount of funding on their security budgets in comparison to what is allocated to their defense budgets. However, spending in both areas is low when taking into account each country's GDP as well as their high crime rates. Regional security challenges must be accompanied by a professionalization of the regional armies focused on protecting and defending borders. Therefore, strong institutional frameworks to support the fight against crime and drug trafficking are required. It will require the strengthening of customs, greater control of illicit arms trafficking, investment in education initiatives, creating employment opportunities and facilitating significant improvements in the judicial system, as well as its accessibility to the average citizen.
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El interés de esta monografía es analizar la transformación de relación bilateral colombo – estadounidense en materia de seguridad y defensa durante el periodo 2002 – 2014, y cómo dicha transformación puede incidir en la formulación de la política exterior colombiana. Se analizará la política exterior de Álvaro Uribe Vélez y la del actual presidente Juan Manuel Santos. Esto se llevará a cabo bajo dos de las teorías de Relaciones Internacionales, el realismo subalterno y neoclásico, las cuales ayudarán a entender el porqué del cambio de la política exterior de colombiana.
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El presente trabajo tiene como objetivo mostrar como se dio la modernización de las Fuerzas Militares de Colombia a través del Plan Colombia y como la implementación de este, fue determinante para el desarrollo operativo-estratégico y táctico adelantado en la Política de Seguridad Democrática de tres maneras: la primera hubo una gran inversión adelantada por el gobierno colombiano en colaboración con el gobierno estadounidense. En segunda instancia, una vez realizado el desembolso previsto se procedió a la compra a gran escala de armamento, aeronaves y vehículos de combate pesados. En tercera y ultima instancia se aumento el pie de fuerza y se invirtió en entrenamiento militar contraguerrilla, que consolidaron la presencia del Estado en zonas de conflicto interno y prolongado, supliendo las necesidades de los colombianos en situación de vulnerabilidad.
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This paper examines the performance of the European Parliament in EU AFSJ law and policy-making from the entry into force of the Lisbon Treaty until the end of the first half of 2013. The paper situates the EP in the new post-Lisbon institutional setting, documenting its transition to ‘AFSJ decision-maker’, and its new powers to shape and make policy covering the EU’s internal and external security agenda. While the paper finds that the EP has become an active co-owner of the EU AFSJ post-Lisbon, with the Parliament demonstrating a dynamic adjustment to its new post-Lisbon role and powers, the authors identify a set of new developments and challenges that have arisen in the conduct of democratic accountability by the EP in the AFSJ since 2009, which call for critical reflection ahead of the new parliamentary term 2014-2019 and the post-2014 phase of the EU’s AFSJ.
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Many commentators have treated the internet as a site of democratic freedom and as a new kind of public sphere. While there are good reasons for optimism, like any social space digital space also has its dark side. Citizens and governments alike have expressed anxiety about cybercrime and cyber-security. In August 2011, the Australian government introduced legislation to give effect to Australia becoming a signatory to the European Convention on Cybercrime (2001). At the time of writing, that legislation is still before the Parliament. In this article, attention is given to how the legal and policy-making process enabling Australia to be compliant with the European Convention on Cybercrime came about. Among the motivations that informed both the development of the Convention in Europe and then the Australian exercise of legislating for compliance with it was a range of legitimate concerns about the impact that cybercrime can have on individuals and communities. This article makes the case that equal attention also needs to be given to ensuring that legislators and policy makers differentiate between legitimate security imperatives and any over-reach evident in the implementation of this legislation that affects rule of law principles, our capacity to engage in democratic practices, and our civic and human rights.
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Digital signature is a breakthrough of modern cryptographic systems. A (t, n) threshold digital signature allows every set of cardinality t or more (out-of n) co-signers to authenticate a message. In almost all existing threshold digital signatures the threshold parameter t is fixed. There are applications, however, in which the threshold parameter needs to be changed from time to time. This paper considers such a scenario, in order to discuss relevant problems, and proposes a model that solves the related problems.