953 resultados para PROCESOS ADMINISTRATIVOS


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Bogotá (Colombia): Universidad de La Salle. Facultad de Ciencias Administrativas y Contables. Programa de Administración de Empresas

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Bogotá (Colombia): Universidad de La Salle. Facultad de Ciencias Administrativas y Contables. Programa de Administración de Empresas

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Bogotá (Colombia): Universidad de La Salle. Facultad de Ciencias Administrativas y Contables. Programa de Administración de Empresas

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Bogotá (Colombia) : Universidad de La Salle. Facultad de Ciencias Administrativas y Contables. Programa de Contaduría Pública

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Bogotá (Colombia) : Universidad de La Salle. Facultad de Ciencias Administrativas y Contables. Programa de Contaduría Pública

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Las Empresas Públicas creadas mediante Decreto Ejecutivo se encuadran dentro del Derecho Público y su principal objetivo es el manejo de sectores estratégicos y prestación de servicios públicos. A pesar de la importancia que tiene este tipo de empresas dentro del quehacer diario del Estado en la gestión y administración pública, a éstas tras el pronunciamiento del Procurador General del Estado en el año 2010 (Oficio de Absolución de Consulta No. 00146 de 22 de diciembre de 2010), por no ser parte de la Función Ejecutiva, no les es aplicable el Estatuto del Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva (ERJAFE), norma de carácter general que regula la Administración Pública, lo que ocasiona que varios ámbitos a ser desarrollados por estas empresas queden desamparados y faltos de normativa, entre ellos los procesos de impugnación de los actos administrativos. La importancia del tema radica en el hecho de que el ERJAFE determina los procesos administrativos fundamentales, entre los que se encuentran los procesos de impugnación de actos administrativos, para el correcto desenvolvimiento de la Administración Pública, por lo que la imposibilidad de aplicar esta normativa es crítica y genera inseguridad, tanto para las Empresas Públicas como para sus administrados. Este trabajo busca realizar un análisis de la problemática que aqueja a las Empresas Públicas creadas mediante Decreto Ejecutivo, al momento de atender los procesos de impugnación de los actos administrativos, por la imposibilidad de aplicar el ERJAFE y por no contar con una norma supletoria que subsane este vacío legal, traduciéndose así en inseguridad jurídica para los administrados.

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El presente trabajo surge con la finalidad de actualizar los principales procesos de auditoría de gestión dirigidos a examinar las operaciones efectuadas por las Unidades de Adquisiciones y Contrataciones Institucionales, con base a las reformas vigentes, a partir de junio 2011, a la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (LACAP), realizado por las unidades encargadas de este proceso en los ramos que conforman el Órgano Ejecutivo de El Salvador; para contribuir a través de una propuesta viable a su ejecución, en cumplimiento a la normativa legal y técnica actual. Por lo tanto el objetivo trazado es desarrollar de manera integral, la aplicación legal práctica de procesos de auditoría de gestión dirigidos a la evaluación de las principales operaciones realizadas por la unidad de compras, que comprenda el análisis de reformas y aplicación en los programas de auditoría para su ejecución y su normativa técnica gubernamental. Para la fundamentación y posterior desarrollo de la investigación se consultó la información bibliográfica contenida en leyes, reglamentos, manuales, así como otras fuentes que abordan las auditorías de gestión gubernamentales y operaciones desarrolladas por las unidades de compra. Luego de revisar la información recabada, con los resultados obtenidos en la encuesta, de acuerdo a los objetivos trazados, se concluyó que los procedimientos en la ejecución del examen a las unidades de compra gubernamentales carecen de una actualización según las reformas realizadas a la LACAP, que refleje la evaluación de la aplicación normativa legal-práctica de sus actividades integrada a los procesos administrativos descritos, permitiendo mostrar el adecuado tratamiento para planearlas y ejecutarlas. Por lo tanto, es recomendable para las unidades de auditoría interna tomar el presente documento como base para la estructuración y complemento de sus evaluaciones.

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Un eficaz y eficiente control interno es fundamental para un buen funcionamiento dentro de la empresa, que contribuya al logro de los objetivos propuestos, en la medida en que fija la base y evalúa los procesos administrativos, contables y financieros, ayudando de este modo a detectar los posibles errores que se puedan estar cometiendo. De ahí surge la necesidad de realizar una correcta y adecuada evaluación al mismo, actividad que se ha incrementado en los últimos años, debido a lo practico que resulta medir la eficiencia y efectividad de los controles al momento de implementarlos. Esta actividad se dificulta a medida que crece el volumen dentro de la empresa, por lo que hoy en día se cuenta con un área de auditoria interna encargada de realizar dicha evaluación. En nuestro país las grandes empresas como lo son las empresas que se dedican a la compra y venta de material y equipo fotográfico, cuentan con controles internos implementados en cada uno de los departamentos que posee, ya que un departamento que no aplica los controles adecuados, corre el riesgo de no realizar las operaciones idóneas, lo que conlleva a la incorrecta toma de decisiones que más adelante ocasionaría una serie de resultados que perjudiquen su actividad. Sin embargo, hay departamentos que requieren de mayor atención, como el departamento de créditos y cobros, ya que juega un papel fundamental dentro de la empresa, en la medida en que se encarga del otorgamiento y de la recuperación de los créditos otorgados, por lo que debe existir en esta área una evaluación adecuada al control interno, pues, una eficiente recuperación de créditos contribuye en gran medida a las áreas operativas dentro de la entidad y por ende a todas las demás áreas. Es por ello que las grande empresas dedicadas a la compra y venta de material y equipo fotográfico cada vez más, se dan cuenta de la necesidad de contar con un buen control interno en el departamento de créditos y cobros, acorde a la realidad, por lo que, están optando por implementar un sistema de control interno considerando los componentes del enfoque COSO ERM. El auditor interno juega un papel fundamental en la evaluación al control interno, en la medida en que de su trabajo depende la obtención de buenos resultados en el departamento de créditos y cobros, por lo que es indispensable realizar una adecuada planeación de auditoria que le ayude a conocer el funcionamiento total del departamento, y establezca de este modo objetivos alcanzables y razonables que lo guíen en el desarrollo de su trabajo, así como a la identificación de los procedimientos a ser implementados en la evaluación. La conclusión que brinde el auditor al finalizar su trabajo es muy importante para la administración, pues en su trabajo deberá identificar los procesos de mayor riesgo en el departamento que permitan a la gerencia tomar decisiones adecuados a la situación real que está atravesando la empresa, considerando los recursos con que cuenta, y la administración del personal correcta y adecuada.

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Tesis (Maestría en Informática Administrativa con Especialidad en Procesos Administrativos) U.A.N.L.

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Tesina (Maestría en Informática Administrativa con Especialidad en Procesos Administrativos) U.A.N.L.

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Las decisiones en el mundo empresarial se basan en el supuesto de la existencia de recursos limitados. Sin importar el tamaño de las compañías, existen procesos cruciales que no pueden ser ejecutados dadas limitaciones de personal, activos físicos, financieros entre otros. Por lo anterior, propuestas como las Teoría de las Restricciones (Theory of Constraints - TOC) y el Manejo en base a Actividades (Activity-Based Management – AMB) se han posicionado como un marco de desarrollo dentro de los procesos administrativos y de producción de las compañías. En el presente proyecto se analizará el caso del proceso de reclamos presentados por los clientes en Salón Profesional, una de las Áreas de Negocio de la empresa Procter & Gamble, con el objetivo de formular una alternativa financieramente viable para mejorar el nivel de servicio en la resolución de reclamos para los clientes de Salón Profesional de Latinoamérica.

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Teniendo en cuenta que el sector de la salud es uno de los que mayor impacto tienen tanto para las personas como para los estados, la empresa Proveedora ha buscado brindar una alternativa tecnológica que le permita a los actores de la salud poder proporcionar un claro panorama para la planeación, desarrollo y la puesta en marcha de soluciones que permiten convertir las actividades del sector, en las estrategias que las CLINICAS, HOSPITALES o ADMINISTRADORAS necesitan, es así como se han diseñado soluciones para hospitales, clínicas, centros médicos, laboratorios, consultorios, centros de diagnósticos y consultas profesionales, integrando la atención médica a los procesos administrativos en busca de proveer un servicio de gestión moderno. La tecnología al servicio de la salud genera diferencias competitivas que se ven reflejadas en aumento de productividad, reducción de costos, aumento de la oportunidad de servicio y mejora operacional. Además, proporciona las herramientas suficientes a la gerencia para reducir el riesgo en toma de decisiones. Con la apertura económica, las entidades gubernamentales y las empresas del sector privado orientadas al sector salud, han iniciado un proceso de modernización que significa para la Industria Nacional del Software una oportunidad de desarrollo y crecimiento, y para la Industria internacional un atractivo de inversión en nuestro país, posicionando a las TI como herramientas claves para la prosperidad de esta región

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En la vida democrática moderna la participación ha adquirido una importancia fundamental. La idea de la participación indirecta y del papel inactivo de las personas y de las comunidades mostró su carácter insuficiente para resolver las complejidades de los asuntos contemporáneos y las necesidades de las naciones. Los cambios que se han dado en los últimos tiempos proponen un Estado que se relaciona de manera más directa con el ciudadano, con el cual toma además las decisiones a través de procedimientos de incidencia real y eficiente. La participación pasa a ocupar un puesto muy importante en la gestión del Estado, no solo en lo que tiene que ver con la toma de decisiones, sino también con la cogestión, el seguimiento y la evaluación de las mismas. Sin embargo, no basta con que el derecho a la participación sea reconocido: también se hace necesario el establecimiento de escenarios para su ejercicio como una obligación por parte del Estado. La participación es el cimiento del Estado y de la democracia; un deber y un derecho que se sustenta en el principio de solidaridad y en la unión de las comunidades en pos de un objetivo o de la integración de todas las personas en la construcción de un mejor país. El derecho a la participación es un derecho de primera generación correspondiente a los derechos civiles y políticos. En temas ambientales, una regla importante para orientar la actividad del Estado es la incidencia ciudadana en todos los ámbitos, desde las acciones de ordenamiento ambiental hasta las que tienen que ver con la investigación, con programas de control y protección de recursos, en el otorgamiento de licencias y permisos ambientales y en la planeación ambiental, entre otros. De esto se ha tenido conciencia desde la expedición del Código de Recursos Naturales en 1974, cuando se señaló que la actividad del Estado debería inducir a un manejo participativo, por cuanto se postula como regla de administración que debe promoverse la formación de asociaciones y de grupos cívicos para lograr la protección de los recursos naturales renovables y su utilización adecuada, con base en el estudio de las relaciones de la comunidad con tales recursos. Un componente importante para generar gobernabilidad es la participación de los diferentes actores sociales,1 la cual permite además una gestión ambiental planificada y evita la utilización de espacios judiciales para la defensa del derecho a gozar de un medio ambiente sano y para garantizar la inclusión en los programas, proyectos y decisiones en la materia. No obstante la importancia de esta fi gura, hoy se encuentran dificultades en su accionar, como la falta de educación, la ignorancia (se cree que solo se participa a través del voto) o el desconocimiento de los diferentes espacios y mecanismos de participación. Las posibilidades de intervención o manipulación que se presentan en muchos casos en el ejercicio de la participación, hacen que hoy exista desconfianza en la utilización de estos instrumentos y en las autoridades. Hoy se presenta el fenómeno del desencanto y la decepción en el ejercicio de la participación que obedece al fracaso y a la injerencia de intereses privados. Por esta razón, la participación termina viéndose como una demagogia dado que se ha legislado mucho al respeto pero no se han ejercido estos mecanismos o cuando se hace, terminan las comunidades por encontrar otros intereses en las decisiones finales. En materia ambiental, en Colombia en las últimas décadas se han establecido diferentes mecanismos y espacios de participación a través de los cuales se busca hacer realizar el derecho a gozar de un medio ambiente y garantizar la participación de la comunidad en las decisiones que puedan afectarles. Sin embargo, los altos costos y los escasos resultados evidencian una deficiencia en su implementación lo cual incentiva el uso de mecanismos como las acciones populares. Después de la Constitución Política de 1991, que promovió los derechos ambientales y la democracia participativa, de la institucionalización del sector público encargado de estas materias con la creación del hoy Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial y de la reorganización del Sistema Nacional Ambiental a través de la Ley 99 de 1993, es necesario ver qué ha pasado con el principio según el cual la acción para la protección y recuperación ambientales del país es una tarea conjunta y coordinada entre el Estado, la comunidad, las organizaciones no gubernamentales y el sector privado. La Universidad del Rosario, a través de la Línea de Investigación en Derecho Ambiental, viene trabajando en desarrollo del principio de participación ambiental a través de diferentes proyectos, en especial sobre los temas que tienen que ver con los mecanismos de tipo administrativo y judicial, mediante los cuales es posible hacerse parte en procesos como el de otorgamiento de una licencia o un permiso ambiental. Este documento contiene los resultados del proyecto de investigación financiado por el Fondo Institucional de la Universidad del Rosario, cuyo objetivo general es realizar una evaluación al ejercicio de la participación administrativa ambiental en los procesos para el otorgamiento de licencias ambientales en Colombia. Para ello se analizó el esquema conceptual y la caracterización constitucional, legal, política, social y cultural del derecho a la participación ambiental en Colombia; se señaló la naturaleza jurídica y los efectos de los mecanismos de participación ciudadana en materia ambiental, para de esta forma poder analizarlos dentro de los procedimientos administrativos. Adicionalmente, con este proyecto, cuyos resultados se presentan a continuación, se pretende determinar cuáles eran los espacios de participación dentro de los procesos administrativos para el otorgamiento de una licencia ambiental y así establecer la posibilidad de emplearlos y su capacidad de incidencia en las decisiones ambientales. A través de este documento se podrá identificar el impacto de la participación en la gestión ambiental y la situación de este ejercicio en Colombia. El estudio realizado permite además establecer cuáles son los aciertos y las dificultades que se han presentado en el desarrollo de estos mecanismos y proponer medidas o retos para lograr en Colombia una cultura participativa en materia ambiental. En este punto, y previo a la exposición de resultados, es preciso anotar que la totalidad del análisis que se realiza a continuación tiene como base información oficial suministrada por parte de las instituciones ambientales estatales correspondientes y que los documentos de soporte se encuentran debidamente archivados y disponibles en la Línea de Investigación para cualquier tipo de verificación. Los estudiantes que hacen parte de la Línea de Investigación han venido apoyando el proceso de recopilación y análisis de información. Este trabajo ha consistido en acceder directamente a algunos de los expedientes de estudio en las autoridades ambientales, tomar copias de la información relevante y diligenciar las guías de sistematización y análisis de los documentos. La metodología utilizada tiene como objetivo principal identificar las situaciones que tienen que ver con el ejercicio de los mecanismos de participación que hemos venido presentando y efectuar un análisis de las principales confrontaciones o problemáticas que se presentan entre la sociedad civil, las autoridades y los dueños de los proyectos por la ejecución de estos proyectos. Este trabajo se encuentra dividido en cuatro capítulos. El primero tiene que ver con los antecedentes y la contextualización en el ámbito jurídico nacional e internacional de la participación, desde las primeras formas de participación hasta lo acontecido en los últimos años en materia constitucional y legislativa. El segundo capítulo hace referencia a las clases, tipos, niveles, mecanismos y espacios de la participación, incluyendo de manera específica aspectos reglamentarios y jurisprudenciales. El tercer capítulo, de manera específica, se adentra en el análisis y conceptualización de la participación en materia ambiental. Aquí se hace referencia a la participación ambiental en el marco del derecho comparado y se establece el panorama, los elementos y espacios de incidencia de las comunidades en la gestión ambiental. En el cuarto capítulo se estudia el ejercicio de la participación administrativa ambiental en los procesos para las actuaciones administrativas, donde tienen competencia las autoridades ambientales, en especial la participación en el otorgamiento de licencias ambientales. Con este documento se pretende contribuir a la divulgación y al conocimiento de los diferentes mecanismos de participación ambiental, esperando que este sirva a las comunidades y a las autoridades ambientales para tomar los correctivos necesarios que permitan la concreción de espacios en los procedimientos y en la incidencia en la toma de decisiones ambientales. Si bien es cierto que la Constitución Política de 1991 estableció el compromiso del Estado de promover la participación ciudadana en la toma de decisiones ambientales que les incumben a las comunidades o a las personas en general, podemos ver como resultado de este proyecto de investigación que los espacios y mecanismos de participación no son suficientemente conocidos y ejercidos por la sociedad en general. Tampoco son promovidos por las autoridades ambientales. Evidencia de esta problemática se encuentra en los continuos conflictos o confrontaciones que se presentan cuando una empresa, o incluso el Estado, desea realizar un proyecto y encuentra oposición por parte de las comunidades que carecen del conocimiento de los mismos o que conociéndolos de fondo, no son tenidos en cuenta. Se encuentra en muchos casos escasa información y divulgación de los proyectos y de los programas de desarrollo que propone el gobierno nacional, o también que muchos de estos proyectos no atienden las necesidades e intereses de las comunidades que habitan el área de influencia de los mismos y además que sus reclamos no son escuchados en el proceso de toma de decisiones. Hoy el reto está en buscar solución para que se dé una verdadera participación, a través de programas que permitan difundir entre las comunidades el conocimiento de la democracia participativa y promover el fortalecimiento de la sociedad civil y de sus organizaciones para que la participación sea eficaz y permita construir de manera colectiva a un mejor país. La consigna debe ser: “Yo participo. Tú participas. Todos decidimos”.