996 resultados para INDÍGENAS DE COLOMBIA - DERECHOS POLÍTICOS Y CIVILES
Resumo:
Los intereses contrapuestos en relacin con el manejo, uso, utilizacin y aprovechamiento de los recursos naturales de los territorios indgenas, generan conflictos ambientales en donde uno de los escenarios privilegiados de expresin de los mismos es el de la consulta previa: cuando se adelanta o por el contrario, cuando aunque sea obligatoria, no se impulsa o se hace de manera inadecuada, es decir, sin el cumplimiento de los requisitos mnimos establecidos.
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El presente trabajo comenzar por abordar los antecedentes histricos y la caracterizacin del grupo tnico raizal desde una perspectiva jurdica enfocada en el turismo, el medio ambiente y la especial proteccin nacional e internacional del grupo tnico para el caso de la isla de Providencia, Colombia. A continuacin se realizar un anlisis del fenmeno turstico, incluyendo aspectos relacionados con los estudios del turismo y el desarrollo sostenible de esta actividad. A partir de este anlisis, se examinarn los antecedentes y las caractersticas del modelo actual de desarrollo turstico en el municipio de Providencia y Santa Catalina. En el marco de los resultados del anlisis anterior, se realizar una exposicin de los aspectos jurdicos relacionados con el ordenamiento ambiental del territorio en el caso de la ampliacin y remodelacin del Aeropuerto el Embrujo en zona amortiguadora del Parque Nacional Natural Old Providence and Mc Bean Lagoon. Por ltimo se expondrn las conclusiones y algunas recomendaciones.
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La del acceso a la tierra y su distribucin, ha sido una problemtica transversal a la historia de los conflictos sociales en el pas. En el caso de los pueblos indgenas, la existencia de todo un marco jurdico nacional e internacional que reconoce sus derechos territoriales, as como de importantes avances que a este punto se han producido en cuanto a titulacin de tierras de resguardo en nuestro pas, fueron dos factores que invitaron a preguntarnos en este trabajo por las dinmicas que, a pesar de ello, subyacen a un permanente desconocimiento de tales derechos. Con este objeto, en l se caracterizan las disputas que, desarrolladas en el marco del ordenamiento jurdico e institucional de la Constitucin Poltica de 1991, han llevado a la existencia de una contraposicin entre el reconocimiento y la eficacia de los derechos territoriales de los pueblos indgenas en Colombia. Desde una perspectiva crtica, la mirada propuesta presenta un abordaje a tales disputas que abarca una aproximacin a sus antecedentes histricos y posterior configuracin a instancias de la expedicin de las normas, la formulacin de las polticas y el ejercicio del control judicial constitucional, en los aos posteriores a 1991. Resultado de tal caracterizacin, se demuestra de qu manera dichas pugnas, que tienen expresiones normativas, administrativas y judiciales, y a su vez son determinadas por factores sociales, polticos, econmicos y culturales, han llevado a la existencia en nuestro pas, de una brecha de implementacin de tales derechos.
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El problema del paramilitarismo en Colombia ha afectado diversas capas de la sociedad colombiana. En la Sierra Nevada de Santa Marta especficamente unos de los principales afectados han sido las comunidades indgenas que ah habitan (Koguis, Arhuacos, Wiwa y Kankuamos), siendo estos obligados a pertenecer a una lgica de guerra caracterizada por involucrar a la poblacin civil y por utilizar al narcotrfico como medio de financiacin. Por lo tanto la investigacin que se presenta a continuacin es una aproximacin terica a las lgicas de la guerra paramilitar en la zona y su influencia sobre la situacin de los derechos humanos de las comunidades indgenas entre los aos 2002 y 2007.
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Este trabajo final de grado evala la existencia de la pena de muerte en Colombia en su visin formal y real, a travs del estudio de caso de la masacre de El Salado, en la cual las Autodefensas Unidas de Colombia toman la justicia en sus manos ejecutando a ms de 60 civiles. Inicialmente se hace una descripcin de cmo se ha tratado el tema de la pena de muerte a lo largo de la historia, dando una breve apreciacin de lo que representa y ha representado para la civilizacin occidental, as como del concepto y de los tipos de penas de muerte y ejecuciones. Seguidamente se describe la historia de la pena de muerte en Colombia; como ha sido planteada la discusin del tema y como ha sido abordada institucionalmente desde la Constitucin colombiana. Posteriormente se hace una breve descripcin de los hechos que acontecieron durante la masacre de El Salado, los juicios aplicados, los medios de eliminacin blica y no blica que all tuvieron lugar y las consecuencias psicosociales para la poblacin. La masacre tuvo lugar entre el 16 y el 21 de febrero del 2000. Finalmente se evala el concepto de pena de muerte y cmo ha sido la visin formal de su aplicacin, as como la responsabilidad del Estado ante la aplicacin de esta por parte de actores armados no institucionales. Asimismo, se evala la existencia de la pena de muerte desde tres puntos de vista: desde el Estado, desde las victimas y desde los victimarios.
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El presente trabajo surge de diversos cuestionamientos de tipo argumentativo y crtico para con la formulacin de derechos polticos en trminos universales, lo cual constituye un impedimento hacia el logro de una verdadera inclusin de las mujeres colombianas en el mbito poltico. En este sentido, lo que se pretende sealar son las problemticas que surgen de los fundamentos tericos mismos _igualdad, individuos abstractos, derechos universales y universalizantes_ al momento de garantizar una verdadera participacin y una subjetividad poltica plena de las mujeres en Colombia. A lo largo de este trabajo se intenta demostrar cmo los derechos polticos planteados en trminos universales y dirigidos a individuos abstractos excluyen a las mujeres del mbito poltico, en virtud de que se imposibilita un reconocimiento de la diferencia. Esto excluye sus propias luchas y su propia existencia subjetiva y les imposibilita nombrarse y actuar como sujetas polticas autnomas y conscientes.
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Los procesos transnacionales han marcado un cambio en las relaciones entre los actores del sistema internacional, permitiendo el trabajo por diversas causas a travs de las fronteras. Esto ha sido aprovechado por los movimientos sociales, para que su lucha no quede enmarcada simplemente en su pas, sino que a partir de objetivos, problemticas, valores y acciones similares se vea reflejado en diferentes Estados y se de una accin comn y colectiva para generar un cambio. Este fenmeno ha sido tomado como referente el Movimiento Pro-choice para articularse transnacionalmente en Colombia para la promocin de los Derechos Sexuales y Reproductivos en el periodo de 2001 a 2011, alcanzando una serie de objetivos importantes que han permitido cambios legales al interior del pas, generando tambin un cambio dentro de la sociedad colombiana. El estudio, anlisis y comprensin de la articulacin del movimiento prochoice a partir de una dinmica transnacional para la promocin de los derechos sexuales y reproductivos en Colombia, se perfila como un tema de importancia por su coyuntura actual en el mundo, puesto que ha estado latente en los ltimos veinte aos. Igualmente, la identificacin de la accin de los MST como otros actores internacionales en la transformacin de las sociedades tanto locales como internacionales, traducido como un fenmeno que se puede explicar dentro de las Relaciones Internacionales.
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Desde su creacin en 1991, la Corte Constitucional colombiana (en adelante, CCC) ha sido uno de los principales protagonistas de la vida poltica e institucional del pas. Su vigorosa intervencin en varios asuntos econmicos, polticos y sociales ha promovido cambios importantes en el balance institucional de poder, as como en la vida de minoras y grupos sociales tradicionalmente excluidos. Este activismo judicial progresista1 ha propiciado una gran cantidad de debates acadmicos y polticos: si bien ha tenido defensores entre algunos acadmicos, miembros de movimientos sociales, e incluso varios actores polticos y miembros de la rama judicial, tambin ha tenido muchos crticos entre esos y otros sectores ms poderosos.
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Este texto presenta una investigacin cualitativa y cuantitativa sobre la situacin de los derechos a la salud, a las pensiones y a los servicios sociales del adulto mayor, teniendo como base Colombia, pero tambin en relacin con Espaa, Costa Rica, Cuba, Ecuador y Uruguay, en cuanto a normatividad (sobre la base de la constitucionalizacin e internacionalizacin de los derechos), polticas sociales y contexto de la seguridad social. Este estudio se enriquece con una visin holstica del problema de la seguridad social y sus conclusiones apuntan a un fortalecimiento de las polticas con enfoque humanista, de los desarrollos normativos y de la jurisprudencia para que se garantice el reconocimiento de los derechos establecidos en las respectivas constituciones. El escenario investigativo tiene como teln de fondo el acelerado proceso de envejecimiento global, la creciente importancia de Latinoamrica en el mundo y el propsito de la mayora de sus pases de mejorar la calidad de vida de sus habitantes.
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En una poca en la que los partidos polticos estn perdiendo credibilidad y los principios ideolgicos ya no constituyen el valor preponderante, la poblacin busca otras instituciones a las cuales dirigir sus demandas y en donde poder encontrar respuestas y un sentido de seguridad. Es entonces cuando entran a jugar un papel fundamental dos actores: el presidente, con una propuesta cada vez ms populista y un poder ms personalizado, y los medios de comunicacin, la mayor parte de los cuales estn concentrados, monopolizados y manipulados por las lites polticas y econmicas. Este desplazamiento de funciones conlleva una serie de cambios, no solamente entre los sujetos en cuestin, sino tambin en las medidas, los mecanismos y los recursos con los cuales se establecen estas relaciones. A travs del estudio de dos casos particulares, el del ex presidente peruano Alberto Fujimori y el del actual presidente colombiano lvaro Uribe, quisiera que el lector analizara el triangulo gobernante-medios de comunicacin-poblacin, con el fin de establecer y de examinar crticamente las influencias que, por motivos polticos y econmicos, entran a manipular esta relacin. De hecho, en esta investigacin tratar de dar pruebas de los mecanismos de ocultamiento, falseamiento, fabricacin, construccin y deconstruccin de noticias, pero tambin procurar mostrar como el lenguaje constituye, cambia y define las estructuras sociales y nuestras visiones del mundo. Considero fundamental que las personas tomen conciencia de todos estos mecanismos, en cuanto son armas no violentas (fsicamente) utilizadas por los gobernantes y las lites para denotar y representar sus realidades, mostrndolas como verdades y, adems, para controlar, dominar y direccionar la opinin pblica y as legitimar su accionar.
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Desde la segunda mitad del siglo XX, una de las exigencias ms apremiantes que se le hace a los Estados contemporneos es que propicien formas de organizacin social aptas para la vida democrtica. La Declaracin Universal de los Derechos Humanos en 1948 propuso, una nueva configuracin jurdico-poltica derivada de la actividad intervencionista del Estado. Dicha propuesta esta fundada en nuevos valores-derechos consagrados por la segunda y tercera generacin de derechos humanos y se manifiesta institucionalmente a travs de la creacin de mecanismos de democracia participativa, de control poltico y jurdico en el ejercicio del poder y sobre todo, a travs de la creacin de un catlogo de principios y de derechos fundamentales que inspiran toda la interpretacin y el funcionamiento de la organizacin poltica. En el caso colombiano, este marco normativo se fortalece partir de la Carta Poltica de 1991 que proclama a Colombia como un Estado Social de Derecho. Sin embargo, la situacin vivida por los colombianos en las ltimas dcadas llena de sombras cualquier reflexin acerca de los derechos humanos. La zozobra se apodera de vastos sectores de la poblacin; intelectuales, polticos, empresarios, campesinos, ciudadanos de la calle, medios de comunicacin, entre muchos otros, no escapan a la pesadumbre de la guerra. Los informes sobre la violacin sistemtica de los derechos son cada vez ms alarmantes y sus ndices de vulneracin aumentan constantemente. Resulta paradjico, que el actual estado de cosas se genere luego de la promulgacin de la carta constitucional de 1991, que buscaba precisamente menguar el clima de violencia generalizado en casi todos los escenarios de la sociedad. Hoy, once aos despus, pareciera que la realidad se resistiera a cambiar y que la suma de nuestras adversidades y vicisitudes hubiera domesticado los principios democrticos y sociales de la carta.
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Este artculo trata el tema del ne bis in idem como garanta procesal penal dentro del sistema interamericano de proteccin de los derechos humanos. Haciendo referencia a los casos llevados ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, se presentan algunas reflexiones que fueron tomadas en consideracin para la flexibilizacin del principio. Esta garanta se compara con el sistema del double jeopardy de la common law. Asimismo, se compara tambin con otros sistemas de proteccin de los derechos humanos, como el europeo, el del Tribunal Penal Internacional y el del Pacto de Derechos Civiles y Polticos de las Naciones Unidas. Finalmente, se destaca la importancia de la armonizacin de garantas del proceso penal en la discusin de conflictos jurisdiccionales. Este texto es producto de las reflexiones debatidas en el curso de postgrado de la Facultad de Derecho de la Universidad de So Paulo, As Garantias do Processo Penal no Sistema Interamericano de Direitos Humanos, 2008.
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La investigacin consisti en establecer el grado de cumplimiento de los Convenios suscritos por el Estado Colombiano con la OIT, en armona con la legislacin nacional para dar cumplimiento al programa de entrega de tierras a los pueblos indgenas de Colombia durante el perodo comprendido entre 1966 2009, adelantado por las Entidades Administrativas del Estado, e ilustrado con el caso del resguardo de Cristiana.
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El fenmeno del desplazamiento interno forzado en el mundo representa una problemtica de gran envergadura que impacta a aquellas personas que se ven obligadas a migrar dentro del territorio de su pas huyendo de las zonas de conflictos y de las persecuciones de los actores armados, debido al contexto de violencia en el que se encuentran y del cual resultan ser las principales vctimas. As pues, en el caso de Colombia, el desplazamiento forzado interno representa una de las principales consecuencias que ha dejado el contexto de violencia armada sufrido en el pas a lo largo de las ltimas dcadas, lo cual ha llevado a las instancias constitucionales a pronunciarse sobre el accionar del Estado para darle solucin a esta problemtica. El trabajo se enfoca especficamente en la Sentencia T-025 de 2004 proferida por la Corte Constitucional donde se establece que el pas atraviesa por un Estado de Cosas Inconstitucional. De manera particular, a lo largo del anlisis se realiza una evaluacin de la implementacin, cumplimiento y alcance de la Sentencia en la Ciudad de Bogot, durante la Administracin de Samuel Moreno Rojas.
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La concentracin de tierras ha sido una problemtica recurrente en la historia de Colombia. La desigualdad en la distribucin de las tierras ha moldeado constantemente a lo largo de las dcadas nuestra realidad nacional. A pesar de la implementacin de polticas agrarias en el pasado como la ley 200 de 1936 y la ley 135 de 1961, el conflicto agrario ha afectado de manera constante como generador de inequidad, violencia y desplazamiento dentro de la sociedad colombiana desde la Independencia hasta nuestros das, sin que hasta el momento el problema sobre la tenencia de la tierra haya sido resuelto.
