Reconnaître et protéger le statut constitutionnel des municipalités: critique de l'état du droit et perspectives d'avenir

Ce mémoire propose un portrait global et une critique de l'état du droit canadien relatif au statut juridique des municipalités. L'adage voulant que les municipalités constituent des créatures des législatures ne possédant aucun statut constitutionnel est un héritage du droit américain (théorie du Dillon 's rule) de la fin du 1ge siècle. Or, plusieurs États américains ont introduit très tôt le principe du home rule (autonomie locale) dans leurs constitutions. Le Canada n'a pas fait de même et les institutions municipales ne sont toujours pas protégées dans la Constitution écrite. On constate toutefois une évolution de la législation et de la jurisprudence vers une augmentation de l'autonomie municipale. Notre hypothèse est que l'existence d'institutions municipales représentées par des élus et pourvues de pouvoirs autonomes dans les matières d'intérêt purement municipal fait partie de la Constitution non écrite. Les exceptions non écrites au pouvoir d'une province de modifier sa constitution interne, ainsi que les principes structurels de la démocratie et de la protection des minorités sont étudiés. Un statut protégé pour les municipalités est conforme au droit international et plusieurs États, dont la Californie et l’Italie, ont constitutionnalisé les pouvoirs locaux. Enfin, nous proposons diverses avenues inspirées du droit international et du droit comparé afin que le Canada, ou le Québec, reconnaisse expressément que l'existence de la troisième branche de gouvernement est protégée et que la Législature ne peut porter atteinte au caractère démocratique des municipalités, ni à leurs pouvoirs municipaux généraux.

Perspectiva constitucional del procedimiento tributario en Colombia

Lo que se propone con esta investigación es señalar de manera objetiva la infinidad de actuaciones establecidas en el Procedimiento Tributario Nacional, las cuales deben cumplir los contribuyentes. Esa disparidad de normas y actuaciones van en contravía de las instituciones modernas de orden procesal que buscan es simplificar los procedimientos, aspecto que en nuestro entender viola la defensa debida y algunos otros principios también de carácter Constitucional, tales como los de: celeridad, eficacia y economía de la actuación administrativa.

Transformaciones y evolución de las fuentes del derecho administrativo colombiano a partir de los tratados de integración

Esta tesis producto del trabajo de investigación se planteo sobre las bases de un derecho administrativo interno creado para resolver los problemas suscitados al interior del Estado en consonancia con los postulados constitucionales, teniendo en cuenta el artículo 4° en que se establece la supremacía de la Constitución y los artículo 9°, 93, 94 y 224 al 227 que ordenan el desarrollo del derecho de integración en el marco de los países Latinoamericanos y del Caribe, por lo que surge la imperiosa necesidad de armonizar el derecho de la integración con el ordenamiento jurídico nacional y en especial con el derecho administrativo quien deberá recepcionar el mencionado ordenamiento supraestatal, alterando las tradicionales concepciones de las fuentes de este derecho interno. Por lo tanto, desde la perspectiva del derecho administrativo comprendido como un derecho legislado que regula las relaciones entre el Estado y los particulares en el que prevalece el “principio de legalidad” de los actos administrativos, se puede intuir que constituye un problema jurídico los impactos derivados de los tratados de integración, donde nos preguntamos sí las categorías de fuentes actuales del derecho administrativo son las adecuadas para abordar la recepción de estas disposiciones Por lo que al explorara las incidencias en el derecho administrativo con ocasión de la recepción del derecho de integración con particular énfasis en la Comunidad Andina, identificamos que uno de los rasgos más distintivos del ordenamiento jurídico andino, como el de otros esquemas de integración, proviene del discutido concepto de supranacionalidad. Dentro de la teoría jurídica contemporánea la comprensión de este término trae una novísima concepción que al mismo tiempo es respetuosa de la soberanía interna de los Estados miembros, la cual permite el surgimiento del nuevo ente común donde es posible la distribución de competencias en la reglamentación de ciertos ámbitos entre autoridades multilaterales y nacionales, conservando su propia autonomía. Este concepto ha permitido que en el ordenamiento comunitario andino, a semejanza de lo que acontece en el derecho interno de los Estados, exista un sistema de control de las normas jurídicas garantizado por una jurisdicción contenciosa-administrativa ejercida a través del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Lo que en definitiva incide en el derecho administrativo interno al encontramos frente a ordenamientos independientes, como lo son los del derecho de integración, en los que se producen, aplican y ejecutan normas según las reglas de juego adoptadas para ese efecto por los Estados miembros, que dependerán del marco del proceso de integración y su armonización con las normas internas. Es por ello, que en el resultado final de esta tesis se constata la aparición de nuevas fuentes de legalidad, donde ya no sólo se contemplará la ley y la jurisprudencia, ésta última posicionada con el devenir del tiempo debido a su pertinencia, como lo podemos contrastar con la expedición del Nuevo Código de Procedimiento Contencioso Administrativo (L. 1437/11) que aún no ha entrado en vigencia, en donde se resalta la importancia del Precedente Judicial a partir de las sentencias de unificación del Consejo de Estado. Pero más allá, de este nuevo reconocimiento legislativo, el sistema de fuentes establecido se verá alterado en su jerarquía con el derecho que nace con ocasión de los tratados de integración, lo que aún no se refleja en este nuevo Código, el cual no prevé la aplicación de las nuevas fuentes de legalidad.

Análisis de los beneficios tributarios y el impuesto al patrimonio en la ley 1111 de 2006, frente a los principios de equidad, progresividad y eficiencia.

La historia de la tributación en Colombia en los últimos años se ha caracterizado por un sistema tributario ineficiente y poco equitativo. La reforma tributaria del año 2006, continua con la misma tendencia tributaria de años anteriores y además, crea una serie de beneficios y exenciones tributarias que están en contra de los principios constitucionales de Equidad, Progresividad y Eficiencia. Respecto al impuesto de renta, crea nuevas tarifas, descuentos y beneficios tributarios que generan un impuesto ineficiente en términos de control y de recaudo. Por otro lado, los beneficios dirigidos a sectores económicos en específico y a los contribuyentes más ricos del país, están en contra de un sistema tributario equitativo y progresivo. Finalmente, la extensión del impuesto al patrimonio, se considera como un impuesto ineficiente ya que es un impuesto transitorio que se ha vuelto permanente y costoso para el país. Se observa entonces, un carácter inequitativo, regresivo e ineficiente de la ley 1111 de 2006, soportado en la evidencia de los beneficios y descuentos tributarios otorgados a grandes capitales y la extensión del Impuesto al Patrimonio.

Periodismo sin garantismo ¿La reaparición de la picota pública?

El presente trabajo se inscribe en el debate acerca del conflicto entre los principios constitucionales de información y protección del honor en el terreno del delito flagrante. se trata de la tensión sobre la situación judicial de las personas aprehendidas o capturadas y el actuar de los medios de comunicación, en la emergente corporativización de la Política criminal (seguridad pública) por la agenda periodística. Es una reflexión de cómo el periodismo y las garantías de los detenidos no comulgan alrededor del principio de presunción de inocencia, en donde el metamensaje de la noticia penal buscaría asilo en el populismo legislativo.

El deber de pagar tributos y los principios de legalidad y de reserva de ley en la Constitución del Ecuador de 2008 (Tema Central)

Con este trabajo realizamos una aproximación al deber de pagar tributos y a los principios constitucionales de legalidad y de reserva de ley aplicables al campo tributario, destacando su naturaleza y rol en orden al logro de un equilibrio entre las necesidades del Estado y el reconocimiento de los derechos y garantías de los contribuyentes. También planteamos algunas tensiones que ocurren entre los referidos prolegómenos y cuestiones propias de la fiscalidad internacional.

Jornadas laborales prolongadas y sus repercusiones en el buen vivir del trabajador y de su familia (Tema Central)

En versiones no oficiales del nuevo Código Orgánico de Relaciones Laborales que se discute actualmente en el país, se contempla la posibilidad de distribuir el máximo de 40 horas semanales en seis días en lugar de cinco, reconociendo el recargo de apenas el 25% (en lugar del 100%) en las horas que se ejecuten durante el sexto día de labor, en franca oposición a los principios esenciales de la intangibilidad y de no regresividad de los derechos laborales, a los postulados de la Constitución, que reconoce y garantiza a toda persona una vida digna que asegure, entre otros derechos, el trabajo, el empleo, el descanso, el ocio y la salud (en definitiva los medios para conciliar el trabajo con la vida personal y familiar), y a las políticas públicas reflejadas en los Planes Nacionales del Buen Vivir.

Criação de varas do trabalho específicas para julgamento de processos tramitados pelo procedimento sumaríssimo como mecanismo de efetivação da prestação jurisdicional do Poder Judiciário trabalhista

Através desta pesquisa, analisa-se a lei 9.957/2000, que instituiu o procedimento sumaríssimo no processo do trabalho. Procura-se identificar os modelos de procedimentos utilizados na tramitação do processo trabalhista, notadamente o procedimento sumaríssimo e sua eficácia, dentro da estrutura organizacional da Justiça do Trabalho. Busca-se demonstrar a necessidade do cumprimento da lei n. 9.957/2000, como instrumento viável para uma efetiva prestação jurisdicional da Justiça do Trabalho, nas ações de valor abaixo de quarenta salários mínimos. Para atingir tais propósitos, abordam-se, inicialmente, aspectos teóricos fundamentais relacionados ao acesso à justiça, aos princípios constitucionais da duração razoável do processo e da segurança jurídica e, ainda, a interpretação e integração da legislação trabalhista. Em um segundo momento, demonstra-se a necessidade de reforma na estrutura organizacional da Justiça do Trabalho para uma integral aplicabilidade do procedimento sumaríssimo, em face da sobrecarga de processos em tramitação nas varas do trabalho. Analisa-se, também, a visão dos operadores do Direito do Trabalho, jurisdicionados e serventuários da Justiça do Trabalho sobre o procedimento sumaríssimo, na qualidade de instrumento eficaz na busca de uma prestação jurisdicional célere e, por isso, efetiva. Por fim, expõe-se a proposta de criação de varas do trabalho específicas para julgamento de processos tramitados pelo procedimento sumaríssimo, como instrumento de celeridade da atividade jurisdicional e de redução do tempo de duração do processo trabalhista.

A supressão do efeito suspensivo do recurso de apelação: uma investigação sobre seus reflexos na celeridade processual e segurança jurídica, a partir de estudos de casos e dados obtidos junto ao Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro

Esta dissertação de mestrado tem o objetivo de estudar o efeito suspensivo do recurso de apelação e seus reflexos no sistema jurídico brasileiro. Com efeito, busca-se analisar as possíveis consequências da supressão do próprio efeito suspensivo sobre o tempo de duração dos processos e quanto a possível insegurança jurídica causada pela ausência da suspensão dos julgados de primeira instância. Sustenta-se neste trabalho que a supressão do efeito suspensivo pode ser uma proposta para aumentar a celeridade na tramitação dos processos no Brasil, sem causar problemas de segurança jurídica. Em primeiro lugar, descreve-se o problema de investigação e suas proposições. O primeiro capítulo apresenta a judicialização das relações sociais e, por conseguinte, a multiplicação do número de ações distribuídas e a crescente exigência pela efetividade da prestação jurisdicional. Neste mesmo capítulo o trabalho se ocupa em apreciar dos dados obtidos junto ao Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro e com a análise qualitativa de casos típicos que demonstram o uso do efeito suspensivo tão somente para procrastinar o tempo de duração do processo bem como para barganhar um possível acordo vantajoso para o devedor. Em seguida, apreciamos os Princípios constitucionais da Segurança Jurídica e da Efetividade e Celeridade da Prestação Jurisdicional indicando o marco teórico de cada princípio. O segundo capítulo descreve conceito de sentença e seus efeitos, levando-se em consideração as últimas reformas processuais. Após, estuda-se a suposta estabilidade do sistema jurídico com a aplicação do efeito suspensivo, abordando o duplo grau de jurisdição como garantia constitucional. Posteriormente, indicamos a utilização estratégica do efeito suspensivo pelos atores (réus) do processo. O terceiro capítulo destina-se a apontar a legislação estrangeira e seus respectivos fundamentos jurídicos que influenciaram o nosso ordenamento jurídico, bem como a colaboração do autor em sugerir uma nova proposta de lei. Aproveitamos a oportunidade para trazer á baila as possíveis alterações oriundas do projeto do novo Código de Processo Civil e suas aspirações para dirimir os obstáculos que causam o longo tempo de duração dos processos. Por fim, apresentamos as considerações finais sobre a hipótese de supressão do efeito suspensivo como meio de alcançar a redução do tempo de duração do processo mantendo-se as garantias constitucionais da ampla defesa e do devido processo legal. Com efeito, demonstra-se que não há qualquer violação ao Princípio da Segurança Jurídica.

Relativização da coisa julgada nas ações declaratórias de paternidade

O presente trabalho objetiva apresentar à problemática envolvendo a existência de dois direitos fundamentais constitucionalmente garantidos (direito à filiação e a coisa julgada) que, devido ao surgimento de uma técnica científica, o exame de DNA, passouse a refletir qual direito deve prevalecer diante do outro e de uma possível relativização da coisa julgada material. Para tanto se faz necessário a análise dos princípios constitucionais envolvidos na relação, o princípio da segurança jurídica e, por outro lado, o princípio da dignidade da pessoa humana. Trata-se de um movimento que envolve uma ampla discussão doutrinária, bem como a jurisprudência competente, que serão devidamente apresentados.

As normas de observância obrigatória nas Constituições Estaduais à luz do Supremo Tribunal Federal

Este trabalho objetiva verificar se o Supremo Tribunal Federal possui ou não posicionamento sedimentado sobre as normas de observância obrigatória da Constituição Federal nas Constituições Estaduais, quais são os temas mais recorrentes nos seus julgados e os princípios utilizados como fundamento dessas decisões. Inicialmente, há uma análise doutrinária sobre os princípios que procuram conceituar, estabelecer e classificar as normas de observância obrigatória. Adiante está a ampla pesquisa jurisprudencial sobre os temas mais recorrentes e que envolvem diretamente as normas de reprodução obrigatória. Por fim, foi feito um estudo doutrinário sobre os princípios constitucionais utilizados como principais argumentos pelos Ministros do Supremo Tribunal Federal para definir se uma norma é ou não de reprodução obrigatória.

Paternidade socioafetiva, adoção à brasileira e suas atuais implicações

O objetivo desta monografia é a análise do direito de família, mais especificamente do instituto da paternidade socioafeitva e seu reflexo em situações atuais como a adoção à brasileira. A metodologia deste trabalho foi baseada na revisão de pesquisas bibliográficas, doutrinárias, legislativas e jurisprudenciais. A análise discorre, primeiramente, acerca do conceito da paternidade socioafetiva e da maneira como que os vínculos sociais e afetivos têm sido avaliados como predominante em relação ao vínculo de consanguinidade, considerando o melhor interesse do menor. Posteriormente foi abordado o tema adoção, a “adoção à brasileira”, e como a mesma, tipificada como crime no Código Penal Brasileiro, pode ser solucionada pelo instituto da filiação socioafetiva. Por fim foram revisadas as apreciações de como os tribunais brasileiros adéquam o procedimento de adoção na nova realidade familiar brasileira, tendo em vista a falta de previsão legal, o que leva para os juízes a decisão acerca deste tema. Paralelamente são apresentados exemplos das decisões tomadas caracterizando jurisprudências no tema.

Análise da adequação do regime das medidas cautelares pessoais do processo penal à constituição

Pretende-se analisar a adequação do regime das medidas cautelares pessoais, introduzido pela lei 12.403/11 à Constituição por meio de uma abordagem abstrata, debruçando-se puramente sobre o texto introduzido pela referida norma, e de outra empírica, tendo-se como base uma pesquisa sobre prisões em flagrantes ocorridas no município de São Paulo. O referencial para a análise da adequação será os princípios constitucionais regentes das medidas cautelares pessoais, notadamente o da presunção de inocência e da proporcionalidade.

Uma análise crítica do papel da jurisprudência no planejamento tributário: tensões principiológicas e desafios à uniformidade

Como em países de tradição civil law, o sistema jurídico brasileiro consagra a lei como fonte primária e garantia do Estado de Direito. A hermenêutica, como teoria científica da arte de interpretar, impõe-se em nosso sistema como canal destinado a suprir as vaguezas e imprecisões da lei e resolver-lhe os conflitos normativos, pelos métodos e critérios tradicionais. A jurisprudência, entendida como um conjunto uniforme e constante de decisões sobre assuntos similares, tem um papel secundário, e as ideias de Direito e Justiça, nesse contexto, muito se aproximam da lei. Com a promulgação da Constituição democrática de 1988, e o renascimento do direito constitucional brasileiro, cujo marco filosófico é o pós-positivismo, o constituinte atribuiu normatividade aos princípios constitucionais. Mas não sistematizou as relações dos princípios entre si, e destes com regras igualmente positivadas na Constituição, fazendo emergir certas tensões principiológicas e também entre princípios e regras constitucionais. Superado o modelo positivista, que equiparava o Direito à lei, ganharam grande importância as discussões relacionadas à neutralidade do aplicador da norma, e os voluntarismos e personalismos praticados sob ideais subjetivos de justiça. Nesse novo contexto, a jurisprudência assume papel protagonista, e aproxima o modelo brasileiro das jurisdições do common law. Entretanto, a vinculação apenas extraordinária dos julgadores aos precedentes, que deita raízes no regime de livre convencimento, induz falta de uniformidade e de coerência dos julgados, acerca de questões jurídicas similares, comprometendo a estabilidade, gerando incerteza e insegurança jurídica, e por via de consequência, relevantes empecilhos ao planejamento empresarial e aos investimentos que dele dependem, o que tende a gerar prejuízos ao ambiente de negócios do País. Essa perspectiva tem o objetivo de demonstrar que o Direito, enquanto sistema harmônico de normas, requer limites claros, e que esses limites, em nosso sistema constitucional, significam precisamente a imposição de métodos que assegurem à sociedade pronunciamentos uniformes e coerentes por parte do aplicador da norma, mediante observância de precedentes adequadamente sopesados em direção à harmonia, segurança jurídica e previsibilidade.

O judiciário e a governança democrática dos recursos hídricos na região metropolitana: uma abordagem a partir do caso Matanza-Riachuelo

A previsão constitucional de competência concorrente dos entes políticos para a promoção de políticas públicas nas regiões metropolitanas abre caminho para que no caso de omissão dos poderes legislativos e executivos a questão seja judicializada. O Judiciário, como guardião dos direitos fundamentais e dos princípios democráticos, tem legitimidade para impor a cooperação entre os entes políticos a fim de que seja prestado um serviço publico eficiente e igualitário para todos os cidadãos. Essa atuação, contudo, está limitada aos princípios constitucionais e à vontade popular, além da existência de capacidade institucional e atenção aos efeitos sistêmicos. É apresentado o caso Matanza Riachuelo, em que o Judiciário condenou os entes políticos a promoverem, entre outras medidas, um plano estratégico comum. Ao final, apresenta-se uma visão crítica da atuação do Judiciário na execução desse julgado.