965 resultados para CONSENSO DE WASHINGTON
Resumo:
Las directrices del Consenso de Washington en los años 90, implicaron la transformación política y económica de los Estados de Latinoamérica caracterizada por la liberalización de la economía, la reforma del Estado, la desregulación del sistema financiero y las privatizaciones de los servicios públicos. Siguiendo estas directrices, el término “inversión extranjera” se transformó en un imperativo de crecimiento económico y desarrollo, por lo que los Estados, para conseguir tales fines, recurrieron a soluciones bilaterales, modificando la legislación nacional y suscribiendo tratados bilaterales de inversiones extranjeras (TBI). La incorporación de una serie de estándares de protección como trato justo, cláusulas de expropiación, de nación más favorecida; como condición para la participación de inversores extranjeros en la prestación de servicios públicos de los Estados son un claro ejemplo de esta nueva realidad. De esta manera, el régimen de promoción y protección de inversiones extranjeras ha venido constituyéndose en un nuevo “subsistema” jurídico internacional, con sus particularismos normativos y su propio mecanismo de solución de controversias, a través de tribunales arbitrales internacionales, aunque en algunos casos en colisión con normas constitucionales de los Estados.
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La república del Perú se ha configurado como una nación minera emergente en América del Sur, desde finales de la década de los noventa. La aplicación de las reformas neoliberales del Consenso de Washington introdujeron una visión de desarrollo sustentada a partir de la promoción de la inversión extranjera directa que provocó el auge de las industrias extractivas en departamentos como Cajamarca. En este contexto, surgieron problemas de contaminación y vulneración de los derechos ambientales, los cuales propiciaron la reorganización de sectores de la sociedad civil alrededor de movimientos sociales como Grufides a nivel local, y CONACAMI, a nivel nacional. Mediante el establecimiento de redes transnacionales con la ONG Global Greengrants Fund, se articuló una tendencia activista por medio del cual ésta se convirtió en el canalizador de las demandas de resistencia y promoción del desarrollo sostenible frente a los impactos de los proyectos mineros.
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Para el desarrollo de las actividades mineras en nuestro país, es imprescindible que los concesionarios cuenten con condiciones que permitan la continuidad de las actividades de exploración y explotación mineras, y con ello que las condiciones jurídicas, a partir del inicio del trámite precontractual y el contrato de concesión sean claras, y se encuentren inmersas en reglas para las partes de la relación contractual, fundamentadas en los principios de seguridad y estabilidad jurídica, como garantía para efectuar la actividad minera proyectada. Dentro del trabajo de investigación se aborda un análisis del sector minero, la problemática para el desarrollo de las actividades mineras, desde la perspectiva de los principios objeto de investigación, para determinar, si el contrato de concesión minero colombiano, como instrumento generador de derechos y obligaciones, brinda condiciones que permitan adelantar el proyecto minero y se alcancen los objetivos señalados por el Estado para el beneficio de la colectividad, y del contratista minero alcanzando los beneficios económicos proyectados.
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La del acceso a la tierra y su distribución, ha sido una problemática transversal a la historia de los conflictos sociales en el país. En el caso de los pueblos indígenas, la existencia de todo un marco jurídico nacional e internacional que reconoce sus derechos territoriales, así como de importantes avances que a este punto se han producido en cuanto a titulación de tierras de resguardo en nuestro país, fueron dos factores que invitaron a preguntarnos en este trabajo por las dinámicas que, a pesar de ello, subyacen a un permanente desconocimiento de tales derechos. Con este objeto, en él se caracterizan las disputas que, desarrolladas en el marco del ordenamiento jurídico e institucional de la Constitución Política de 1991, han llevado a la existencia de una contraposición entre el reconocimiento y la eficacia de los derechos territoriales de los pueblos indígenas en Colombia. Desde una perspectiva crítica, la mirada propuesta presenta un abordaje a tales disputas que abarca una aproximación a sus antecedentes históricos y posterior configuración a instancias de la expedición de las normas, la formulación de las políticas y el ejercicio del control judicial constitucional, en los años posteriores a 1991. Resultado de tal caracterización, se demuestra de qué manera dichas pugnas, que tienen expresiones normativas, administrativas y judiciales, y a su vez son determinadas por factores sociales, políticos, económicos y culturales, han llevado a la existencia en nuestro país, de una brecha de implementación de tales derechos.
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La Gobernanza Democrática Territorial (GDT) constituye un enfoque conceptual en torno a las formas de “organización” de los agentes locales y regionales, que se expresa en un modelo o modo de gobierno. Este enfoque emerge desde la década de los años noventa como una opción ó una alternativa frente a otros modelos de gobierno (el modelo burocrático y el modelo gerencial). La diferencia entre este concepto y otros afines – como la gobernabilidad, la gobernabilidad democrática y el buen gobierno – no es de grado sino de naturaleza. Así se deriva del análisis comparado entre estos conceptos.
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Este trabajo de grado busca analizar el papel que juegan los principios en las fallas del Régimen Internacional de Pagos a la hora de responder a situaciones de crisis, específicamente, en la actuación del Fondo Monetario Internacional durante la crisis económica argentina de 2001. El Régimen, atado al cumplimiento de sus principios, actuó de manera tal que produjo unas fallas que terminaron exacerbando la crisis. Mediante el análisis de fuentes primarias y secundarias, y con métodos tanto cualitativos como cuantitativos se busca demostrar que efectivamente, los principios en los que se fundamentan las actuaciones de los regímenes, que son creencias, tienden a tornarse dogmáticos, por lo tanto, se hacen resistentes al cambio y no permiten a las instituciones obrar de manera que se ajuste a la realidad. Es así que los principios llegan agravar las crisis que debían solucionar, tal y como sucedió en Argentina en 2001.
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El proceso de liberalización del mercado de telefonía fija en Ecuador tenía como finalidad la introducción de la competencia en un mercado donde las empresas de telecomunicaciones de propiedad del Estado ecuatoriano mantienen el monopolio en la prestación del servicio de telefonía fija. Este proceso estuvo siempre delineado por los 10 lineamientos del Consenso de Washington, basados a su vez en los preceptos de la economía liberal de mercado. Con las recomendaciones planteadas, en Ecuador se dio inicio al proceso de liberalización del mercado de la telefonía fija, para lo cual se realizaron varias reformas normativas para permitir la participación del sector privado en el sector de las telecomunicaciones fijas, y la introducción de la competencia en el mercado de telefonía fija. Sin embargo, a pesar de las reformas, el proceso de liberalización del mercado de telefonía fija en Ecuador no logró cumplir con las expectativas por varios factores atribuibles directamente a la gestión del Estado que no supo aplicar adecuadamente el modelo económico propuesto. Entre estos factores se pueden mencionar el fracaso en la privatización de las empresas de telefonía estatales, la débil actuación del Regulador para que se logren acuerdos de interconexión oportunos y eficaces, la ingerencia política en la dirección de las empresas estatales, y la no eliminación de tarifas subsidiadas.
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En la América Latina de la transición entre siglos la noción/valor de “desarrollo” está fuertemente cruzada y oscurecida por diversos factores: uno de ellos es la articulación de la liquidación del modelo de ‘desarrollo’ de postguerra (Segunda Guerra Mundial) con el ingreso a un modelo de crecimiento económico (Consenso de Washington, primera y segunda fase) que cuestiona tanto la base social y humana como administrativa y geográfica del ‘desarrollo’. Este factor de oscurecimiento acentúa su incidencia porque el modelo de crecimiento, determinado por la acumulación a escala global o mundial, suele ser utilizado como conduciendo al ‘desarrollo’. Sin embargo, aquí el último término no hace relación directa (algunos dirían que ni siquiera indirecta) a la calidad de la existencia humana de las poblaciones involucradas en la acumulación de capital a escala global. La ‘modernización’ eventual de estas poblaciones no es sinónimo de una mejoría en su calidad de vida, sino básicamente de su inserción, privilegiada o no, en los circuitos de la economía transnacionalizada. Esto quiere decir que el crecimiento/’desarrollo’ sigue una teleología no alternativizable, lo que le confiere un carácter saturante o totalitario.
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El autor describe las reformas económicas emprendidas por los países andinos desde la década del noventa. Este análisis se acompaña de una evaluación de los resultados obtenidos, sus efectos redistributivos, su impacto en la estructura social y el contexto internacional en que se desenvolvieron. El artículo concluye con una perspectiva crítica del Consenso de Washington, y alerta sobre la necesidad urgente de que los países del área realicen reformas dirigidas a mejorar el sistema educativo, la distribución del ingreso, el empleo y el acceso a oportunidades.
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En esta conferencia, Stiglitz aborda la teoría de la información imperfecta y sus implicaciones en la economía. Cuestiona los fundamentos de aquellos presupuestos económicos mantenidos durante mucho tiempo y sostiene que las fallas del mercado ocurren cada vez que la información es imperfecta o que los mercados son incompletos. Esta teoría de la información imperfecta rebate los fundamentos del conjunto de ideas usualmente denominadas como el "Consenso de Washington", basado en un fundamentalismo de mercado.
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Las consecuencias de la implementación de las medidas neoliberales promovidas por el Consenso de Washington en Latinoamérica, en la década de los noventa, han puesto en duda los beneficios de la estabilidad económica. En efecto, aunque algunos países de la región lograron estabilizar sus economías, las condiciones de vida de gran parte de la población no han mejorado. Son evidentes: el incremento en los índices de pobreza, el aumento del desempleo y un creciente sector informal. Por otra parte, la cooperación internacional debido a diversas circunstancias tales como, el traslado de la ayuda a los ex países socialistas, y el abandono de su antigua visión asistencialista, ha reducido los montos de apoyo a América Latina, por lo que ahora se hace necesario que los recursos provenientes de esta fuente se utilicen eficientemente. En este contexto, la presente tesis pretende describir la eficiencia con que los recursos de la cooperación internacional han sido canalizados a través de ONGs en la década de los noventa, para promover el sector microempresarial ecuatoriano, considerando además que en el contexto de la globalización, los proyectos que generan recursos revolventes y que están dirigidos hacia el mercado, están teniendo cada vez mayor cabida. Se suma además el hecho de que la microempresa es vista como una solución al desempleo y a una mejor distribución del ingreso. De esta manera, el primer capítulo de esta tesis analiza la posición de la cooperación internacional y de las ONGs en el caso del Ecuador, frente a la necesidad de un uso eficiente de los recursos en proyectos microempresariales, principalmente por el hecho de que la sostenibilidad tanto de las ONGs, como la de los proyectos que promocionan, están en juego. En un segundo capítulo, se explicará mediante el caso específico del Programa de Queserías Sierra Norte, impulsado por el Fondo Ecuatoriano Populorum Progressio – FEPP y la Cooperación Belga, los criterios con los que se ha utilizado el financiamiento de la cooperación internacional, para lo cual se propone la construcción de una matriz de eficiencia.
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Entre 1982 e inicios del actual mileno, las políticas sociales en América Latina, y la región andina en particular, estuvieron inspiradas en el Consenso de Washington, y guiadas por tres ideas dominantes: a) el mecanismo fundamental de reducción de la pobreza es la promoción del crecimiento económico, b) la inversión en educación y salud debe contar con una alta participación del sector privado, y c) se deben implementar transferencias condicionadas de dinero y programas asistenciales para los más pobres (Solimano, 2005). Estas líneas se insertaron en una política económica que buscó la minimización de la intervención del Estado en la economía, la promoción de mecanismos de mercado para el crecimiento y la apertura comercial internacional. En general, el crecimiento económico de la región fue mínimo e inestable, la pobreza mantuvo niveles persistentes y la inequidad social se profundizó, aunque se registraron avances moderados en educación y salud. A partir de mediados de la década anterior, se observan dos cambios fundamentales. Por una parte, la región retoma un crecimiento económico relativamente sostenido, basado en la expansión de sus exportaciones de bienes primarios y en una mejora sustancial en los términos de intercambio. Adicionalmente, cambia la concepción de las políticas sociales en muchos países, y el nuevo enfoque se basa en un aumento significativo de la inversión pública en educación, salud y seguridad social, en la aceptación más amplia de un enfoque universal de las políticas sociales basadas en la noción de derechos, y en la consolidación de programas de transferencias monetarias condicionadas. Los resultados alcanzados durante los últimos 10 años son alentadores en términos de reducción de pobreza, aumento de la equidad social y mejoras en educación, salud y empleo. Estos avances, al parecer, se registran en la mayor parte de los países, y la orientación política de sus gobiernos no juega un rol importante como factor diferenciador. Desafortunadamente, el escenario positivo para el crecimiento económico de la región comienza a agotarse, principalmente como resultado del menor impulso económico en China, la reducción del crecimiento de la economía mundial y del menor dinamismo en la demanda de ciertas materias primas, que ha conducido a una nueva declinación en los términos de intercambio. Los resultados alcanzados por la región en términos de diversificación económica son muy poco alentadores, y en varios países han aparecido manifestaciones importantes de descontento social e inestabilidad económica. Este artículo analiza, en el caso de los países andinos, los resultados sociales alcanzados a partir de 2004, su relación con la orientación política de sus gobiernos, y sus perspectivas de continuidad bajo un nuevo escenario internacional menos favorable. Se analiza con mayor profundidad la experiencia ecuatoriana.
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El inicio de la exportación de petróleo en agosto de 1972 determinó la aceleración de la industrialización y un corto auge de la inversión pública y privada, sin precedentes en la historia económica del Ecuador. Al mismo tiempo, esta súbita abundancia produjo distorsiones estructurales identificadas en la literatura del desarrollo económico como «enfermedad holandesa» que se mantuvieron durante el resto del periodo analizado, hasta finalizar el siglo XX, tornando más difícil la política económica. Esta etapa histórica presenció el cambio del modelo de desarrollo, desde la industrialización horizontal hacia el neoliberalismo, en un tortuoso proceso de ajustes: macroeconómicos primero, inscritos en el enfoque monetario de la balanza de pagos, y desde finales de los años ochenta estructurales, en la línea del Consenso de Washington. Este lapso de casi treinta años estuvo caracterizado por la insostenibilidad macroeconómica, resuelta en dos ocasiones por medio de agresivas devaluaciones monetarias (1982 y 1992) y en una tercera y final con la anulación de la soberanía monetaria mediante la dolarización unilateral de la economía. La deuda externa, factor fundamental de este tránsito hacia el neoliberalismo, jugó un doble papel: desviar el ahorro y la inversión internas hacia los acreedores externos, y supeditar la política económica al condicionamiento del FMI. Sin embargo, fue el libertinaje practicado por algunos grupos financieros el que al finalizar el siglo causó la pérdida del signo monetario.
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La presente investigación examina cuáles son los aportes de la Cooperación Internacional (CI) en el proceso de reforma de la justicia en Ecuador desde los años 90 y en este contexto describe sus dinámicas y orientaciones, en diferentes períodos. Fue central comprender por qué instituciones de gran influencia como el Banco Mundial (BM) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), se volcaron a impulsar la reforma de los estados y del sector justicia. Por ello, este proceso se sitúa en una temporalidad extensa que abarca dos dimensiones: la reforma de las estructuras del Estado y las transformaciones de los sistemas específicos de justicia. En esta perspectiva central, que reenvía al objeto de esta tesis, el referéndum y la consulta popular del Ecuador del 2011, sobre la reforma de la justicia, no es sino uno de los hitos de una reforma del sector más amplia que debe remontarse a los procesos explícitos diseñados por el “Consenso de Washington”, en la décadas de los 90 y 2000 y que hablan, entonces, ya de una intervención programada de muchos actores y entre ellos, protagónicamente de las Instituciones Financieras Internacionales (IFIS), con sus iniciativas judiciales de promoción de las economías de mercado y en paralelo el reforzamiento de un modelo de desarrollo neoliberal. En otro período posterior de la reforma del sector, los organismos de CI disminuyen su incidencia, ante un Estado que reasume un protagonismo que había perdido. La metodología empleada privilegia el mapeo de las intervenciones de la CI y evidencia cómo las cuantificaciones de sus aportes son solo indicadores parciales, que miden la importancia de su influencia en el proceso de estas reformas. Como conclusión, se llega a valorar el peso del aporte de la CI en la reforma de la justicia; se encuentra la variación en el protagonismo de su intervención frente al otro actor central, el Estado. Por otra parte, se develan las modalidades de intervención de la CI en el proceso de reforma de la justicia en el Ecuador. Las reformas se tomaron aquí como principal objeto de investigación empírica y por ello se buscó identificar las agendas de los organismos internacionales; con este aporte se abre el paso a que otras investigaciones indaguen más allá las implicaciones políticas y sociales de tales reformas en el campo nacional y global.
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O fracasso do consenso de Washington e das políticas macroeconômicas, baseadas em altas taxas de juros e taxas de câmbio não-competitivas para promover o crescimento da economia, levou os países da América Latina a formularem estratégias nacionais de desenvolvimento. O novo desenvolvimentismo é uma estratégia alternativa não apenas à ortodoxia convencional, mas também ao antigo nacional-desenvolvimentismo latino-americano. Enquanto o antigo nacional desenvolvimentismo era baseado na tendência à deterioração dos termos de troca e, adotando uma abordagem microeconômica, propunha planejamento econômico e industrialização, o novo nacional-desenvolvimentismo pressupõe que a industrialização foi alcançada, apesar de em diferentes estágios em cada país, e argumenta que, para assegurar rápidas taxas de crescimento e o catch up, a tendência que deve ser neutralizada é a da sobrevalorização da taxa de câmbio. Contrariamente à economia convencional, um estado capaz continua sendo o instrumento chave para assegurar o desenvolvimento econômico, a política industrial continua sendo necessária; mas o que distingue a nova abordagem é principalmente o crescimento com poupança interna, ao invés de com poupança externa. Uma política macroeconômica baseada em taxas de juros moderadas e uma taxa de câmbio competitiva, e não altas taxas de juros e moeda sobreapreciada conforme recomenda a ortodoxia convencional.