1000 resultados para Solución pacifica de los conflictos internacionales


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En el ordenamiento jurídico colombiano el arbitramento se caracteriza por su falta de flexibilidad, su apego a la forma procesal y por un acercamiento cada vez más acentuado y peligroso al procedimiento judicial, en contravía de la tendencia mundial que prepondera la expresión de la voluntad

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Documento en el que se sientan las bases del Compromiso social por la convivencia en Extremadura. El documento es el resultado del trabajo, en el que han participado sindicatos de enseñanza, asociaciones de madres y padres, la Federación de Municipios de Extremadura, el Consejo de la Juventud de Extremadura y las diferentes asociaciones de la prensa. Su objetivo principal es que los diferentes sectores educativos, sociales e institucionales adquieran estos compromisos para que en sus ámbitos de actuación, se impliquen activamente en la prevención de las actitudes violentas, la promoción de relaciones de convivencia y la solución pacífica de los conflictos que contribuyan al desarrollo de los niños y jóvenes como ciudadanos de sociedades tolerantes y pacíficas. Se recogen las medidas que las distintas organizaciones llevarán a cabo en pro de la convivencia.

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La paz del futuro anida en el corazón de los niños de hoy es el lema de once maestras que deciden dedicar a este tema una semana del calendario escolar. Se inculca a los niños una serie de valores como la justicia, la igualdad, el respeto y la compensación de las desigualdades; se les educa para vivir en una sociedad cada vez más competitiva e injusta; y se pretende que los alumnos y alumnas adquieran el valor de la paz y la solución pacífica de los conflictos como una guía en sus vidas. La actividad concluye con una fiesta y la edición de un libro de poesías que los niños escriben con mensajes de paz y amistad.

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Trata de dotar al alumno de la capacidad de análisis y comprensión de los conflictos internacionales y de los procesos de paz, centrándose en el problema palestino por su repercusión histórica, mediante la participación activa entre el profesor y el alumno. Está estructurado en material para el profesor y en material para el alumno. Ambos materiales contienen 14 bloques temáticos en torno a los temas transversales de: educación en medios de comunicación, educación para la paz, educación para el desarrollo, educación en derechos humanos, educación intercultural y educación ambiental y el del alumnado además una cronología. Para el profesorado cada bloque temático comprende una introducción explicativa, un mapa conceptual, una propuesta de actividades y un cuadro con valores y actitudes y procedimientos y conceptos. Para el alumnado el material utilizado es: textos, fotos, recortes de prensa, mapas y esquemas.

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Los editores de la revista presentan la elaboración del texto del Acuerdo Regional sobre la Mejora de la Convivencia Escolar, cuyo objetivo es buscar la colaboración del conjunto de la sociedad para educar en la solución pacífica de los conflictos y fomentar las buenas relaciones de convivencia. Desean suerte al profesorado que van a conseguir un puesto estable gracias a las nuevas oposiciones convocadas, se despiden de los alumnos que finalizan, hacen un balance positivo del Plan de Lectura, presentan las aulas hospitalarias como ejemplo de educación justa y solidaria, se despiden de los profesores y profesoras que se jubilan y felicitan al conjunto de la comunidad educativa por su trabajo.

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La crisis del sistema penal y la recurrente crítica respecto al retardo en la sustanciación de juicios penales, ha obligado a que paulatinamente se brinde preferencia a todo mecanismo dirigido a obtener una solución rápida a los conflictos penales. Una vez que inició su operatividad la Unidad de Flagrancia en la ciudad de Quito, el 29 de octubre de 2012, se incrementaron considerablemente el número de audiencias para calificación de delitos flagrantes y se produjo una vertiginosa resolución de causas penales mediante la aplicación del procedimiento abreviado. Si bien es cierto, el procesado gracias a su confesión obtiene una disminución de la pena fruto del acuerdo con el fiscal y éste último queda exento de producir prueba en un juicio oral, público y contradictorio; no es menos cierto que en la aplicación del procedimiento abreviado se produce una tensión entre el principio de eficacia judicial y el derecho fundamental a la no autoinculpación. El propósito de esta investigación es evidenciar la aplicación del procedimiento abreviado en la nueva Unidad de Flagrancia de Quito, y para ello se analizará su realidad desde la perspectiva de la eficacia judicial y el derecho a la no autoinculpación.

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El objetivo de esta comunicación es analizar de manera exploratoria en qué forma las letras de las canciones protesta, escritas en el entorno de las movilizaciones del 15M, contienen una visión del mundo social, económico y político. Las canciones protesta se caracterizan por la denuncia social de situaciones de explotación, discriminación o esclavitud. El rasgo común a todas ellas es la existencia de un conflicto, al que responden tomando posición por una de las partes o apelando a la paz y al consenso. En ocasiones ofrecen soluciones a dichos conflictos, si bien no es la situación más extendida. En relación a las canciones del 15M, emplearemos como referencia las disponibles en la página de la Fundación Robo. En dicha página se alojan canciones cuyo nexo de unión es la protesta por la situación que vive la sociedad española. Tomando las canciones como datos de análisis, se estudiarán los estilos más empleados para protestar, el empleo del “bricoleur” (Levi-Strauss) de músicas y letras para recomponer un nuevo mensaje y finalmente se considerará la presencia de dualizaciones como las de “nosotros” y “ellos”. Se exploran las razones que se exponen en las letras para llegar al conflicto actual y las soluciones que se proponen. Tras definir qué actores y colectivos definen cada uno de los grupos, se consideran las relaciones que se proponen entre ellos. Destacan los planteamientos que presentan la relación como de lucha o conflicto, mientras que la oferta de relaciones constructivas, ya sea de diálogo, consenso o negociación, es prácticamente inexistente. Raramente ofrecen una solución pacífica a los conflictos.

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Este trabajo tratará sobre el marco jurídico que rige la solución de conflictos de los contratos de concesión a partir de la expedición de la Ley de Modernización del Estado, la misma que trajo algunas innovaciones en materia de contratos administrativos. Analizaremos brevemente el proceso de modernización del Estado Ecuatoriano que avanza lentamente desde el año de 1993. Normas constitucionales, legales y reglamentarias, así como comentarios de valiosos tratadistas ecuatorianos sobre la “modernización” del estado ecuatoriano. Vamos a analizar el Contrato de Concesión desde la perspectiva doctrinal y legal, ya que es el contrato que más ha sido utilizado por el Estado ecuatoriano en los procesos de modernización, para la prestación de servicios públicos. En el desarrollo de este trabajo no se analizará el proceso de concesiones en materia petrolera, minera, telefónica o de cualquier otra índole de una manera específica. No es el objetivo de este trabajo entrar en detalle sobre éstas materias complejas, sujetas a un régimen jurídico propio. En cuanto a los conflictos que se han presentado, hay que analizar cuáles son los mecanismos de solución de controversias previstos en la legislación nacional, que generalmente han sido jurisdiccionales, existiendo una serie de cambios de la competencia para conocer de estos procesos entre las Cortes Superiores y los Tribunales Distritales de lo Contencioso Administrativo. Finalmente, existe una reciente práctica para la solución no jurisdiccional de los conflictos de estos contratos, donde podemos destacar a la Mediación y a Arbitraje, que tienen su base normativa tanto en la Constitución como en la Ley especial de la materia, por lo que este trabajo analizará también la aplicabilidad de estos procedimientos para la solución de conflictos.

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La vinculación de Niños, Niñas y Adolescentes a los conflictos armados está catalogada como una infracción al Derecho Internacional Humanitario. En ese sentido, la comunidad internacional ha desarrollado instrumentos e instituciones en procura de la promoción y defensa de los derechos de esta población.Colombia, a pesar de contar con la aprobación de los mecanismos dispuestos por la Organización de Naciones Unidas para prevenir este fenómeno, utilizado por los Grupos Organizados al Margen de la Ley, la situación no ha cambiado mucho. Por tanto, el estudio de caso pretende determinar cuál ha sido la incidencia de las Naciones Unidas en la prevención del reclutamiento infantil en Colombia.

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Lamentablemente los conflictos territoriales son una constante de las relaciones internacionales, siendo de suma importancia que las mismas se arreglen de forma pacífica. La labor de la Corte Internacional de Justicia en este sentido ha sido fundamental. Su vasta jurisprudencia en este ámbito ha generado toda una serie de principios y reglas sobre las cuales se sustenta dicho arreglo, tales como el principio de continuidad de los tratados de carácter territorial, el uti possidetis iuris, la primacía del título jurídico, la relatividad de la efectividad, o la fecha crítica. Principios y reglas cuyo conocimiento es fundamental para futuros arreglos.

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Reflejo de la crisis de nuestro sistema judicial tradicional que se extiende a muchos países de nuestro continente, circunstancia que ha hecho imperioso lograr por eficientes mecanismos que garanticen la solución de los conflictos

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Este texto busca presentar a la comunidad académica nacional e internacional uno de los productos del trabajo de investigación aplicada, desarrollado por las Facultades de Ciencia Política y Gobierno, de Relaciones Internacionales y de Jurisprudencia, realizado con el apoyo del Instituto Rosarista de Acción Social (SERES). Debido a esto se consagran los productos académicos del trabajo del proyecto "Escuela de formación en diplomacia indígena y solución de conflictos: Tribunales internacionales y análisis de casos". Sus páginas ponen a disposición del lector un conocimiento sustantivo, fundado en investigaciones sociales, sobre la participación de representantes indígenas y especialistas en derecho de los pueblos indígenas en la promoción de causas relativas a los derechos humanos de estos pueblos. Este libro está dividido en dos grandes partes.

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Esta tesis se ocupa de analizar la eficacia de la cláusula de solución de controversias contractuales dispuesta en la contratación estatal que es financiada con recursos del Banco Mundial –regla de excepción a la aplicación del Estatuto General de Contratación Pública– pues en las normas de contratación de dicho organismo, se ha previsto que ante un conflicto contractual corresponde a un conciliador (versión 2008 de las normas Banco Mundial) o a un mediador (versión 2013) “tomar una decisión” para resolver la controversia con fuerza vinculante para las partes. La reflexión aborda el papel del “conciliador” o “mediador” según las facultades que le atribuyen las normas del Banco Mundial y su distinción respecto al concepto legal que prevé el ordenamiento nacional, donde el conciliador o mediador no toman decisiones y en consecuencia no es clara la forma de acudir a estas figuras. El reto nos lleva a considerar dos alternativas de aplicación de la cláusula para hacerla eficaz: el primero, considerar a la mediación como una figura autónoma regulada en el contrato por autorización de nuestro Estatuto de Contratación Estatal y de los Convenios suscritos con organismos internacionales, a partir de la cual se reconozca la producción de los efectos indicados por el Banco Mundial en cabeza del mediador; en segundo lugar y para desatar el efecto útil de la cláusula, considerar a la mediación como figura análoga a la amigable composición, y tramitar la solución de controversias bajo esta figura.

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La categorización jurídica de los mal llamados “falsos positivos” en Colombia es un tema controversial: en algunas ocasiones se habla de ejecuciones extrajudiciales, otras veces de homicidio en persona protegida y en otros casos de desapariciones forzadas, dependiendo de la institución que juzgue los casos. Ahora bien, al no existir unidad de criterios en la categorización jurídica de los “falsos positivos”, se hace imprescindible la integración de conceptos en torno a entender dichos hechos ilícitos inequívocamente como tales, toda vez que esto permitiría generar seguridad jurídica al interior del derecho administrativo colombiano. Precisamente, en lo a referente a la responsabilidad extracontractual del Estado. De igual manera, el concepto de reparación adoptado en los estamentos de Derecho Administrativo Colombiano, no siempre coincide con los estándares delineados por el Sistema interamericano de protección de Derechos Humanos, lo cual repercute de manera negativa en el tratamiento dado a las víctimas de los “falsos positivos” que encuadran en la categoría de desapariciones forzadas, lo que hace necesario el estudio detallado de las decisiones propias de cada sistema y compararlas, para buscar un mejoramiento de los estándares nacionales de reparación. Para dar un aporte teórico importante, esta investigación partirá del análisis sistemático de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, y la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y después inspeccionará los elementos fácticos y la reparación de los “falsos positivos”, determinando el grado de aplicación que se ha dado del sistema interamericano en los fallos proferidos por el Consejo de Estado.