685 resultados para DERECHO PÚBLICO
Resumo:
El Instituto Salvadoreño de Fomento Cooperativo (INSAFOCOOP), es una Corporación de derecho público con autonomía en los aspectos económicos y administrativos, que tiene como objetivo iniciar, promover, coordinar, supervisar la organización y funcionamiento de las Asociaciones Cooperativas, brindándoles la asistencia técnica que ellos necesiten. El objetivo del siguiente trabajo es proponer el diseño de Programa de Clima Organizacional que ofrezca a la Dirección una herramienta administrativa para evaluar y mantener un Clima Organizacional que propicie un ambiente agradable y la satisfacción del personal de la institución. La metodología de la investigación consistió en primer lugar en recopilar la información bibliográfica para formular el marco teórico sobre los conceptos básicos relacionados con el tema; luego se realizó la investigación de campo, donde se tomó como base la información brindada por el personal de la institución, representados por una muestra de 29 personas. Posteriormente, ser realizó un diagnóstico de la situación actual en donde se detectaron los principales problemas que afectaban el Clima en la Organización, agrupándolos en ocho dimensiones representativas: Estructura, Liderazgo, Puesto de Trabajo, Prestaciones, Valores, Comunicaciones, Relaciones Interpersonales y Ambiente Físico de Trabajo. También, se identificaron fortalezas y oportunidades que se han incluido dentro del Programa para ser aprovechadas y de esta forma ayudar a superar la problemática. Entre las principales conclusiones del trabajo se puede mencionar la confusión en cuanto a la estructura organizativa, la falta de conocimiento de las prestaciones por parte del personal; por otra parte se ha concluido también que las relaciones interpersonales se desarrollan en un ambiente hostil, lo que influye de forma negativa en el Clima. La principal recomendación es implementar el Programa de Clima Organizacional propuesto, el cual contiene una serie de estrategias a adoptar para superar los problemas encontrados en las diferentes dimensiones planteadas.
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El presente trabajo se origina por la necesidad de realizar una auditoría al proceso de ejecución presupuestaria de las instituciones autónomas, de forma completa, las instituciones que realizan este proceso no lo hacen a todos los rubros si no que a ciertas líneas presupuestarias que las define la unidad de auditoría interna basándose en las áreas susceptibles de riesgo. En el primer capítulo se presentan los aspectos teóricos fundamentales para el tema “auditoría al proceso de ejecución presupuestaria de las instituciones autónomas” comprende antecedentes de la auditoria, auditoria gubernamental origen y desarrollo de la auditoria en El Salvador, marco conceptual, importancia de las entidades autónomas, detalle de las entidades según el ramo al que pertenecen, fases para elaborar el presupuesto, marco legal y teórico. Las entidades autónomas gubernamentales poseen la característica común, que su creación está dada por una ley especial a través de un decreto legislativo en las que expresamente se designa como entidades autónomas gubernamentales de derecho público con personería jurídica y patrimonio propio. El objetivo principal de la investigación es estructurar el proceso de auditoría a la ejecución presupuestaria, que sirva de apoyo a los encargados de las unidades. Al diseñar el proceso antes descrito, se pretende orientar a la unidad de auditoria para que lo realice de forma completa, tomando en cuenta todos los rubros de esta manera se le dará valor agregado en las instituciones autónomas. La población estuvo conformada por el total de las instituciones autónomas de El salvador, porque son menores a 30, no fue necesaria la determinación de una muestra estadística debido a que solo hay 16 instituciones. Para desarrollar el trabajo se utilizaron técnicas bibliográficas y de campo, las cuales fueron necesarias para el logro de los objetivos trazados. Una de ellas fue el cuestionario los cuales fueron contestados por los encargados de las unidades de auditoria de las instituciones, además por medio de esta herramienta, se obtuvo mayor conocimiento de las áreas críticas de las entidades. De acuerdo a los resultados obtenidos se determinó que la mayoría de instituciones no realizan auditoria al proceso de ejecución presupuestaria, las que lo realizan no lo auditan de forma completa si no a ciertas líneas presupuestarias basándose en las áreas más susceptibles de riesgos. La mayoría de instituciones manifestaron que en relación al proceso de capacitaciones en temas de ejecución presupuestaria solo reciben de 1 a 10 horas en todo el año, los encargados de las unidades de auditoria estiman conveniente que se realice auditoria al proceso de ejecución presupuestaria cada año, sin embargo no lo realizan de forma completa. Cabe mencionar la importancia de realizar auditoria al proceso de ejecución presupuestaria la cual radica en garantizar la eficiencia y eficiencia de los recursos otorgados, validando la disponibilidad de fondos. Por tal motivo se recomienda la utilización del proceso de auditoría a la ejecución presupuestaria de las instituciones. Lo cual ayude al logro de los objetivos planteados por cada institución autónoma.
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La auditoría integral se ha dirigido a evaluar lo adecuado y apropiado, de los sistemas de control interno, administrativo y financiero, siendo fomentada especialmente por el Instituto de Auditores Internos de Estados Unidos (IAI) a través de sus programas de capacitación y su literatura, así como la incorporación de los conceptos integrales dentro de las normas profesionales de la rama. El término integral fue escogido para transmitir la idea de que este tipo de auditoria va más allá de los controles tradicionales de cuenta y legalidad con los organismos de derecho público y con los reglamentos. La auditoría integral realiza un examen del grado en que una organización hace la consideración a la cuestión del valor a cambio del dinero, es decir a la economía, la eficiencia y la eficacia. El objetivo principal de la investigación es Diseñar un Manual de Procedimientos de Auditoria Integral, que sirva de guía a las unidades de auditoria interna para la ejecución de auditorías de este tipo, que permita verificar y evaluar con eficiencia, eficacia y economía el cumplimiento de los procedimientos de control aplicables a las operaciones municipales. La metodología utilizada fue la investigación bibliográfica y de campo, la que consistió en la utilización de un cuestionario el cual fue dirigido a los encargados de las unidades de auditoria interna de las municipalidades en estudio, para obtener la información que permitiera evaluar el funcionamiento de las mismas y así realizar un diagnóstico de la situación actual de estas municipalidades. El resultado obtenido es el diseño de un Manuel de Procedimientos de Auditoria Integral para las unidades de auditoria interna de las municipalidades, el cual se constituye en una herramienta para los auditores internos al momento de llevar a cabo un examen de este tipo en dichas entidades. Las principales conclusiones que se obtuvieron son las siguientes: Se determinó que la mayoría de las unidades de auditoria interna de las municipalidades, no tienen bien definidos sus objetivos, ni las actividades que deben realizar cada integrante, en razón de que no cuentan con suficiente personal para establecer una relación con el flujo de operaciones y actividades que ésta realiza, debido a las exigencias de un manejo transparente de los recursos económicos que se le asignan al sector municipal, en la actualidad, éste se ve en la necesidad de aplicar otros tipos de evaluaciones que le permitan medir los resultados de su gestión, para dar a conocer con un grado de seguridad razonable el uso que se le ha dado a dichos recursos; y conociendo que la auditoría integral representa un medio decisivo para la modernización y transparencia en la forma de administrar los recursos públicos, es necesario que se realice un examen de este tipo de conformidad con las normas de Auditoria Gubernamental. Por lo anteriormente expuesto, se recomienda a los encargados de las unidades de auditoria interna de las municipalidades, utilizar esta propuesta como herramienta para evaluar en forma integral las políticas, el control interno, la confiabilidad de la información financiera y el grado de eficiencia de las operaciones que realiza la municipalidad.
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El presente trabajo tiene por objeto el análisis del castigo supremo por el cual se lleva a cabo la privación del derecho fundamental por antonomasia, como es, el derecho a la vida; todo ello por parte del Estado y de una forma premeditada. Pena que actualmente han abolido, para todos los delitos, 140 países, es decir, dos tercios del total mundial. Se ha llevado a cabo un trabajo multidisciplinar en el que se ponen de manifiesto aspectos de índole jurídico pero teniendo siempre muy presente aspectos de carácter social, ético y de derechos humanos; queriendo con ello presentar la relación existente entre la pena de muerte y el derecho a la vida y dignidad humana; todo ello al analizar, entre otros, el riesgo que supone para las personas inocentes, la discriminación y arbitrariedad a la hora de hacerla efectiva, su aplicación únicamente por los delitos considerados “más graves”, así como los límites y restricciones en su aplicación.
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31 p.
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El trabajo de grado se estructuró en tres capítulos. El primero constituye un marco teórico sobre el cual se fundamentan los siguientes, pues se realiza un análisis de la cláusula penal en el derecho privado, incluidas las prácticas comerciales internacionales. El segundo capítulo aborda el tema de las multas en la contratación estatal, para lo cual se estudió la normatividad y jurisprudencia pertinente; en esa parte del escrito se incluyó el apartado correspondiente al derecho comparado. Finalmente, en el tercer capítulo, se formula una propuesta que permite hacer de esta medida coercitiva provisional una herramienta idónea para lograr el correcto y oportuno cumplimiento del contrato.
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El presente artículo aborda el tema de la responsabilidad del Estado por el daño ambiental y las limitaciones del sistema tradicional de responsabilidad jurídica adoptado por el Consejo de Estado para su exigibilidad y reparación efectiva. En especial, afronta las dificultades que se presentan para establecer la prueba del daño y el nexo de causalidad para su imputación al Estado, así como la conveniencia de mitigar esa exigencia en consideración a las connotaciones propias y especiales de esta clase de menoscabos. Propone igualmente que en todos los casos en que se verifique la existencia de un daño ambiental se adopten en la jurisprudencia del Consejo de Estado las medidas tendientes a rehabilitar el medio ambiente afectado, cuando ello fuere posible, o proceder a su compensación o indemnización plena.
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A raíz del impacto ambiental que produce la actividad minera sobre la biodiversidad y los recursos naturales, el sistema jurídico colombiano sustrajo de esta actividad, zonas de especial importancia ecológica y ambiental, que podrían llegar a deteriorarse en su totalidad. Sin embargo, si bien es clara la importancia de proteger estas zonas de la actividad extractiva, lo cierto es que en la actualidad se presenta un alto porcentaje de estas zonas que se superponen con títulos mineros. Circunstancia que conlleva a que entren en tensión intereses constitucionales protegidos. Por un lado, el interés general de proteger el medio ambiente y los recursos naturales y por el otro, el interés público de desarrollar la actividad minera. De acuerdo a lo anterior, a través de este trabajo de investigación, se busca describir y analizar las consecuencias en el ámbito jurídico, que se generan, al prohibir la actividad minera en zonas sobre las cuales el Estado había autorizado la realización de actividades de exploración y /o explotación minera con anterioridad al cambio regulatorio. En consecuencia, se expondrán los escenarios en que se puede encontrar un contrato de concesión, con la prohibición legal de desarrollar actividades mineras en ecosistemas de páramos. Específicamente, se analizará la situación de los títulos mineros que cuenten con licencia ambiental, títulos mineros que se encuentren en etapa de exploración y los títulos que habiendo terminado la etapa de exploración su licencia ambiental se encuentre en trámite.
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La migración internacional está relacionada, en principio, con el movimiento de un grupo de personas a través de las fronteras nacionales y que implica la intención de desplazarse y permanecer en el lugar de destino , creando así vínculos de tipo comercial, económico, social y político. Sin embargo una subcategoría de análisis es la movilidad. De este flujo migratorio hacen parte aquellos movimientos de personas en las que la permanencia a largo plazo no es el objetivo fundamental, sino el desarrollo de una actividad concreta durante un periodo de tiempo determinado en el destino. Dentro de estos flujos se pueden mencionar la movilidad estudiantil, la movilidad de trabajadores calificados y empresarios, inversionistas y otros que son calificados por algunos como expatriados . La idea más fuerte para lograr materializar la movilidad internacional como parte del diseño de la política exterior de los Estados se basa en el hecho que la población que emigra a un nuevo destino encuentra un espacio laboral y profesional diferente en el cual desempeñarse, y es a partir de esto que existe la posibilidad de generar una homogenización de los patrones culturales ya que el intercambio de ideas, imágenes y conocimientos crea de inmediato un enlace y un impacto mucho más concreto entre los individuos originarios y las personas del Estado receptor.
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El estatuto de contratación administrativa (Ley 80 de 1993 y Ley 1150 de 2007) por regla general regula todos los negocios jurídicos que surgen de la actividad de la Administración Pública, pero teniendo en cuenta las actividades que desarrollan algunas entidades del Estado esta regla tiende a presentar excepciones, como es el caso de aquellas Entidades que tienen por objeto la Exploración y Explotación de los Recursos Naturales renovables y no renovables. El principal actor del régimen excepcional de contratación para la exploración y explotación de hidrocarburos es la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), el cual cuenta con dos reglamentos de contratación especial para la asignación de áreas y de contratación misional, en donde por disposición legal debe dar aplicación a los principios de contratación contemplados en el estatuto General de la Contratación pública (Transparencia, economía, responsabilidad y el deber de selección objetiva), este trabajo de investigación procura realizar una mirada analítica a cada procedimiento para determinar con posterioridad el grado de acatamiento de la orden legal establecida en el artículo 76 de la Ley 80 de 1993 así como sus principales falencias
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El Estado colombiano tiene una capacidad de sanción que ha sido diseñada para ser ejercida por el presidente de la república. En algunas ocasiones gracias a la figura de la delegación se les entregan estas facultades de sanción a los gobernadores, los alcaldes de los distritos y los alcaldes de los municipios, quienes actúan como representantes legales de estas entidades territoriales que hasta la fecha son las únicas que existen en Colombia. El presente trabajo evaluará esa capacidad de sanción en un tema especifico como es el procedimiento sancionatorio de alimentos, procedimiento que es similar en su estructura legal en todas las entidades territoriales, pero que en su aplicación presenta características diferentes, estas diferencias permiten demostrar la hipótesis planteada que los procedimientos sancionatorios en alimentos en las entidades territoriales son débiles, no obstante contar con toda la facultad sancionadora delegada para ejercer esta actividad.
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Análisis de la dinámica legitimadora de la Corte Constitucional en el tributo de estampillas, considerado desde la jurisdicción departamental, en el Estado colombiano.
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ResumoEste artigo tem como objetivo analisar a trajetória internacional do caso Maria da Penha e sua jurisprudência internacional. Com base no estudo de tratados internacionais ratificados pelo Estado brasileiro e sua efetivação no país, busca-se demonstrar a eficácia do sistema internacional de direito público, levando em conta a participação de organismos internacionais, como a Organização dos Estados Americanos (OEA), mais especificamente a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, e a resposta do governo brasileiro, tanto juridicamente como legislativamente.O caso Maria da Penha tornou-se o primeiro a ser aceito pela Comissão Interamericana por violência doméstica e sua condenação por negligência e omissão levou a abertura de discussões neste âmbito Diante da denúncia, a Comissão da OEA publicou o Relatório Nº 54, de 2001, que dentre outras constatações, recomendou a continuidade e o aprofundamento do processo reformatório do sistema legislativo nacional, a fim de mitigar a tolerância estatal à violência doméstica contra a mulher no Brasil.A sanção dessa lei representa, assim, um avanço na proteção da mulher vítima de violência familiar e doméstica, incluindo, também, uma inovação legal quanto às formas de gênero já positivadas.Palavras-chave: Tratados de direitos humanos, Lei Maria Da Penha, direitos fundamentais da mulher; Comissão Interamericana de Direitos Humanos.ResumenEn este artículo se pretende analizar la trayectoria internacional del caso de María da Penha y su jurisprudencia internacional. Basándose en el estudio de los tratados internacionales ratificados por el gobierno brasileño y su reconocimiento en el país, el texto tiene la intención de demostrar la efectividad del derecho público internacional, teniendo en cuenta la participación de organismos internacionales como la Organización de Estados Americanos (OEA), más concretamente la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y las respuestas del gobierno brasileño, tanto jurídicas como legislativas.El caso de Maria da Penha se convirtió en el primero caso sobre violencia doméstica en ser aceptado por la Comisión Interamericana, y su condena por negligencia y omisión llevó a abrir el debate en este ámbito frente a la denuncia, la Comisión de la OEA publicó el Informe N º 54 de 2001 que entre otras conclusiones recomienda la continuación y profundización del proceso del sistema de reformatorios de la legislación nacional a fin de mitigar la tolerancia estatal a la violencia doméstica contra las mujeres en Brasil.La sanción de la ley representa un avance en la protección de las mujeres víctimas de violencia familiar y violencia doméstica, incluyendo también una innovación en lo que respecta a formas jurídicas de los procesos de género.Palabras clave: tratados de derechos humanos, Ley Maria da Penha, derechos fundamentales mujer, Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
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Resumen: En muchos países del mundo se suceden actualmente reclamos de reconocimiento público de las uniones homosexuales. Diversos países europeos han introducido normas tendientes a reconocer nuevas modalidades de ser pareja y familia sobre la base de una nueva concepción “de género” de la sexualidad humana. Pero la impresión que surge es que tales reconocimientos no son siempre precedidos de una profundización propiamente jurídica. En tal sentido, a la luz de las recientes solicitaciones político-sociales en materia de sexualidad y de familia, la presente contribución pretende proponer, en una perspectiva filosófico-jurídica, una reflexión sobre la función y el sentido del derecho frente a los cambios sociales.