715 resultados para Administración de justicia España 1553 ordenanzas


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El establecimiento de los medios idóneos para asegurar la eficacia práctica de las decisiones judiciales es una exigencia del buen funcionamiento de la Administración de Justicia. En ello juega un rol esencial la tutela cautelar. Durante los últimos años, tanto la doctrina como varios de los ordenamientos jurídicos de Europa y Latinoamérica han avanzado en la construcción de amplios y sólidos regímenes cautelares en el proceso administrativo, superando la visión tradicional del contencioso que limitaba la tutela cautelar a una única medida posible: la suspensión de la ejecución de los actos administrativos. Sin embargo, ello no ocurre así en Cuba, cuyo derecho procesal continúa descansando en la técnica de suspensión del acto y en la exacerbación del privilegio de autotutela ejecutiva de la Administración. El presente trabajo se propone demostrar la necesidad de creación de un nuevo régimen de tutela cautelar en el contencioso administrativo cubano, que sea capaz de garantizar una justicia administrativa eficaz en su misión de proteger los derechos de los ciudadanos y del interés general frente a cualquier comportamiento de la Administración Pública que los vulnere.

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La configuración del Registro Civil como organismo administrativo que introduce la Ley 20/2011, de 21 de julio, del Registro Civil; la omisión de la mención al médico forense en alguno de su preceptos relativos a la inscripción de la defunción, siendo sustituida por la más genérica de facultativo; la nueva ordenación de las funciones del colectivo forense por Ley Orgánica 7/2015, de 21 julio, de reforma de la Ley Orgánica del Poder judicial, eliminando de entre ellas la asistencia técnica a las Oficinas del Registro civil; y por último la modificación de parte del articulado de la Ley del Registro Civil relativo a la inscripción de fallecimiento por Ley 15/2015, de 2 de julio, de Jurisdicción voluntaria, y por Ley 19/2015, de 13 de julio, de medidas de reforma administrativa en el ámbito de la Administración de Justicia y del Registro Civil, justifican a mi entender el tratamiento registral del fallecimiento, realidad jurídica tan vinculada al colectivo forense.

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La presente obra examina el acto administrativo y consta de dos capítulos. El primero inicia con anotaciones generales sobre la materia; posteriormente desarrolla los conceptos existencia, inexistencia, validez, invalidez, ejecutoriedad y ejecutividad. En el tratamiento específico de los requisitos de existencia, examina los sujetos, la competencia, la voluntad, el objeto o contenido, los motivos o causa, la forma y el fin, aspecto este último respecto del cual efectúa una anotación especial sobre sus implicaciones en la labor interpretativa. Igualmente, analiza sus elementos accidentales y señala las diferencias entre acto administrativo y acto de la administración para lo cual se apoya en las tres características básicas de aquel. Explora, asimismo, la figura de la revocabilidad y la revocatoria directa para precisar su naturaleza jurídica y su nuevo régimen normativo en la Ley 1437 de 2011, Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso-Administrativo, enlistando las causales. Concluye esta primera parte con una clasificación de los actos administrativos. El capítulo segundo relaciona el catálogo de acciones en materia contencioso-administrativa. Finalmente expone la teoría de los fines y de los móviles con detalle jurisprudencial de las posturas disímiles de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado, con el propósito esencial de resaltar las implicaciones de una y otra en la actividad jurisdiccional y, especialmente, en la materialización de la garantía constitucional del libre acceso a la Administración de Justicia.

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El Grupo de Investigaciones en Derecho Procesal de la Universidad de Medellín presenta a los profesionales del derecho y a la comunidad académica en general, un libro de alta calidad que orientará la formación de estudiantes en temas de Derecho Probatorio Contemporáneo, además de brindar una contribución significativa para la solución de problemas que vinculan el estudio de la prueba, para el avance del ámbito jurídico profesional y para la Administración de Justicia en Colombia. Se presenta el libro Derecho probatorio contemporáneo, prueba científica y técnicas forenses, con la seguridad de que permitirá la construcción de espacios adecuados para el análisis y la crítica constructiva de las diversas tendencias jurídicas contemporáneas en el ámbito del derecho probatorio.

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Este trabajo ha desglosado los principios de actuación según la Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, si bien su estudio es mucho más amplio y complejo, ya que de cada uno de los principios se derivan muchos aspectos. Se inicia el trabajo con la definición del concepto de policía y el estudio de los diferentes sistemas y modelos policiales, centrándonos en el modelo español, con la sistematización de las funciones de las diferentes Fuerzas y Cuerpos de Seguridad según la LO 2/1986, de 13 de marzo, concluyendo con el estudio de la evolución histórica del papel de la policía, como paso previo para analizar los principios básicos de actuación. Tras una breve introducción de la definición de la deontología policial, entramos al estudio de los principios que establece el artículo 5 de la LOFCS. Por un lado, la adecuación al ordenamiento jurídico y, en consecuencia, el respeto a la Constitución, neutralidad e imparcialidad, integridad y dignidad, jerarquía y subordinación y colaboración con la Administración de Justicia. Por otro lado, en las relaciones con la comunidad, impedir actuaciones arbitrarias o discriminatorias que entrañen violencia física o moral, realizar trato correcto, actuar con la decisión necesaria, rigiéndose por los principios de congruencia, oportunidad y proporcionalidad en los medios utilizados. Asimismo, se dedica parte del estudio al tratamiento de los detenidos, dedicación profesional, secreto profesional, así como la referencia a la responsabilidad de sus actuaciones. Finaliza el trabajo expuesto, siendo consciente de que la observancia y el cumplimiento de estos principios establecen las bases de una policía democrática.

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La concepción del Estado social de derecho que introdujo la Constitución Política de 1991 plantea un cambio de paradigma fundamental en la forma de operar el sistema jurídico; en consecuencia, constituye una obligación para quienes desarrollan el quehacer en la formación de profesionales del derecho poner de relieve los desafíos que enfrentan al momento de la aplicación del derecho vigente, ya sea en calidad de funcionarios judiciales o abogados litigantes. Uno de los componentes del sistema jurídico es el momento operativo en el que hoy se ha superado su finalidad exclusivamente instrumental, y se le han adicionado componentes axiológicos. Por ello, el interés de los autores se centra fundamentalmente en esta visión valorativa del derecho procesal; además, el eje temático de la obra se inicia con una visión general de la filosofía que presenta el Estado social y democrático de derecho, para pasar, luego, a examinar los fundamentos constitucionales del valor justicia, pues no se trata hoy exclusivamente de indagar por la justicia judicial. El concepto Estado social y democrático obliga, además de las valoraciones jurídicas, a que realicen valoraciones sociales, lo cual, como contrapartida, lleva ínsito el deber de colaboración con la Administración de Justicia que todos tienen para contribuir al fin último del derecho que es lograr la paz social.

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La estación de servicio “La Americana S.A.S” ha sido una de las primeras estaciones de servicio ubicada en Bucaramanga, dedicada a la comercialización y distribución tanto de gasolina como de los diferentes repuestos y accesorios para los vehículos, razón por la cual desde su fundación y hasta nuestros días, ha venido prestando un servicio destacado, efectivo y cumpliendo siempre con la demanda del mercado proporcionalmente a su consumo. Del mismo modo dicha experiencia dentro de este sector ha producido que con el transcurrir de los años, algunos entes privados y gubernamentales en su mayoría hayan querido hacer acuerdos y negociaciones organizacionales con dicha estación de servicio; claramente este tipo de alianzas estratégicas y negociaciones son de gran importancia ya que le dan el reconocimiento respectivo a La Americana y es así como esta organización recibe periódicamente ganancias y dineros fijos. Resultado de los acuerdos anteriormente mencionados, cabe resaltar que la mayoría de las ventas que realiza esta estación de servicio son producto de las compras hechas por los vehículos pertenecientes a las entidades gubernamentales y privadas en convenio; es importante mencionar que todas estas ventas se realizan vía crédito y por ende la cancelación del servicio correspondiente se hace uno o dos meses luego de prestado el servicio. Así mismo también se ha logrado evidenciar que el consumo por parte de los automóviles particulares con el transcurrir del tiempo se ha disminuido drásticamente debido a diversos factores (geográficos, competitivos y de procesos) tanto internos como externos y siendo una razón para que el total de las ventas y posteriores utilidades no sea el esperado. De continuar esto así en un futuro la empresa podría incurrir en serios problemas que afecten su participación dentro de este mercado. La alta dependencia de las ventas a crédito (entidades públicas y privadas) y la disminución continúa de las ventas de contado (particulares) está ocasionando que la Americana desde ya hace un tiempo tenga baja liquidez financiera y baja rotación de inventarios, así como la disminución considerada de sus utilidades, razón por la cual creemos que la implementación de un modelo de mercadeo así como la creación de un sistema para el conteo y supervisión de los inventarios ayudara a La Americana a poder superar esta pequeña crisis y poder ser una empresa perdurable durante los próximos años .

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Con ocasión de la decisión de aplazamiento de la confirmación de cargos de 3 de junio de 2013 en el caso contra Laurent Gbagbo (ex presidente de Costa de Marfil), se analiza en el presente trabajo si, en el marco de una confirmación de cargos ante la CPI, los hechos que se utilizan para mostrar la existencia de los elementos contextuales de los delitos imputados han de ser probados con el mismo tipo de evidencia que aquella utilizada para probar los hechos relativos a los elementos específicos (entendiendo, en todo caso, que el estándar de prueba aplicable a ambos conjuntos de hechos es el de “prueba suficiente de que existen motivos fundados para creer” previsto en el art. 61 (7) del Estatuto de Roma). Para ello, se analizaron las decisiones de confirmación de cargos proferidas por la CPI en los casos en contra de Germain Katanga, Jean Pierre Bemba, William Ruto y Uhuru Kenyatta, en lo relativo a los crímenes de lesa humanidad.

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La reducción de la demanda, específicamente por medios alternativos al sistema penal tradicional, ha sido uno de los componentes más discutidos en los análisis que abordan la lucha contra las drogas. Este artículo se propone determinar el papel de la Organización de Estados Americanos en el establecimiento de los Tribunales de Tratamiento de Drogas en Estados Unidos como mecanismo de reducción del daño en el periodo comprendido entre 1989 y 2013. Se sugiere que la organización internacional, a través de la CICAD, ha jugado un papel de promoción, y evaluación de los Tribunales de Tratamiento de Drogas en Estados Unidos, generando presión entre sus Estados miembro, dada la necesidad de instaurar alternativas legales de reducción del daño. Sin embargo, se presentan deficiencias en los mecanismos de evaluación, ya que las indicaciones realizadas no tienen un carácter obligatorio y por tanto las determinaciones de la CICAD no necesariamente son adoptadas.

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Esta investigación tiene como objetivo estudiar la relación que existe entre política criminal y los derechos humanos carcelarios durante el desarrollo del gobierno de Álvaro Uribe Vélez (2002-2010), y su incidencia en la cárcel Modelo de Bogotá. Pues en Colombia, al amparo de un discurso meramente punitivo, la pena privativa de la libertad se ha vuelto el fin último del aparato judicial, lo que ha ocasionado altos índices de hacinamiento y, colateralmente, violaciones a los derechos fundamentales de la población reclusa en Colombia. Esta investigación se centra en el análisis de la política criminal, entendida como el estudio del conjunto de medidas empleadas por los órganos de gobierno para hacer frente a la criminalidad que afecta a un Estado. En este sentido, se pretende demostrar que la política criminal se ha enfocado en la pena más que en la prevención y/o la reinserción.

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El presente trabajo de investigación tiene como objetivo analizar el papel del Centro Forjar Ciudad Bolívar en la reincidencia de actos delictivos de los adolescentes infractores, basado en la teoría de la justicia restaurativa que se busca generar desde el Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes en Colombia. De esta manera, se pretende demostrar que, al ser una política pública para generar una justicia restaurativa, su implementación ha sido fundamental dentro de la localidad, para generar un proceso de reinserción social y acompañamiento para evitar la reincidencia de actos delictivos de estos adolescentes. Para lograr este objetivo se utilizará un análisis metodológico cualitativo, basándose en estudios de las fuentes primarias, trabajo de campo a partir de entrevistas realizadas en el Centro Forjar de Ciudad Bolívar, para entender el impacto de la política pública en la localidad.

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Objetivo: Establecer la relación entre la percepción de seguridad con los factores ocupacionales y socio demográficos de los trabajadores pertenecientes a 11 clínicas odontológicos particulares en Bogotá. Materiales y métodos: Estudio de corte transversal en población de trabajadores pertenecientes a clínicas odontológicas particulares de Bogotá (Colombia). La muestra incluyó 105 odontólogos y 107 auxiliares pertenecientes a 11 clínicas odontológicas privadas en Bogotá que cumplieron con los criterios de selección. Se incluyeron variables ocupacionales y socio demográficas y las relacionadas con el sistema de seguridad y salud en el trabajo. Se aplicó el “Cuestionario Nórdico Sobre Seguridad en el Trabajo. Para los factores socio-demográficos de la población estudiada, se utilizó estadística descriptiva, medidas de frecuencia absoluta y porcentual, las variables cuantitativas se describieron con medidas de tendencia central y de dispersión; para la asociación de las variables cualitativas con el tipo de percepción se usó la prueba Ji Cuadrado de Pearson o el test exacto de Fisher para valores esperados menores de 5. Resultados: Las dimensiones con mejor percepción fueron las relacionadas con la confianza en la eficacia de los sistemas de seguridad (D7 3.35±0.43) y la Administración de justicia de seguridad (D3 3.1±0.55). Las dimensiones que evalúan la Gestión de empoderamiento de seguridad (D2 2.74±0.99) y la prioridad de los trabajadores con la seguridad (D5 2.64±0.54) tuvieron la menor percepción. La percepción de seguridad fue buena en general teniendo en cuenta que el promedio de todas las dimensiones fue superior a 2.5; percepción mayor significativamente en los hombres (3.78±0.38), odontólogos (3.89±0.38) y personal que tienen o han tenido pareja (3.83±0.4). Las personas con más trabajos adicionales (4.07±0.17), mayor nivel educativo (3.89±0.31), mayor antigüedad laboral (3.92±0.51) y trabajadores mayores de 30 años (3.89±0.35), mostraron mejor percepción de seguridad. En el análisis multivariado los factores cargo y antigüedad laboral encontraron asociación en las dimensiones 2, 4 y 6 (p<0.001), mientras que para las variables numéricas, las dimensiones 1, 3, 4 y 6 tuvieron asociación significativa las variables género y posición (p<0.001). Conclusiones: La percepción de seguridad en las siete dimensiones se relacionó con el género, edad, estado civil, nivel educativo, cargo, posición y antigüedad laboral. No se encontraron diferencias significativas por turno de trabajo o clínica.

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El trabajo de investigación es un estudio de caso que pretende analizar la forma en que factores del contexto institucional y la capacidad de influencia de ciertos actores se reflejan en la discusión y aprobación de la Ley 975 de 2005. Factores del contexto institucional y la capacidad de influencia sobre las posiciones asumidas por los actores políticos y sociales en las diferentes etapas del proceso legislativo y sobre las decisiones que se tomaron para la aprobación de la Ley, en torno a dos elementos fundamentales de ésta que son el delito político y la rebaja de penas. Para ello, se tiene en cuenta el enfoque neo-institucional y el concepto de agencia.