703 resultados para ANTICIPO IMPUESTO


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Una apuesta importante del actual Gobierno es el campo y el tema rural. Vuelven a la agenda política la tierra, la propiedad, los derechos de los poseedores, la restitución y el agro como estrategias desarrollo y construcción de paz. El predial, como impuesto sobre la propiedad, es un asunto fundamental y complementario de cualquier estrategia que se implemente; sin embargo, ha sido el gran ausente en los estudios y políticas sobre el uso de la tierra en Colombia. Por ello, una mirada al desempeño del predial rural abre nuevas ventanas para entender la manera integral la problemática de la tierra en Colombia. En particular, la investigación adelantada por economistas del a Universidad del Rosario busca saber si existen razones políticas que determinen la desactualización catastral, el bajo recaudo y las bajas tarifas del predial rural. Pretende. Igualmente analizar el comportamiento de este impuesto a la luz de la política local, que pueda afectarlo positiva o negativamente.

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La utilización de la provisión de un bien privado por parte del sector público como política de redistribución del ingreso, es considerada una buena herramienta ante la falta de información sobre los agentes. No obstante, si se puede recaudar, a cierto costo, la información necesaria puede aplicarse un impuesto progresivo que mejore la eficacia redistributiva de la política. Por otra parte, los costos sociales de sobrestimar esta herramienta pueden llegar a ser altos, dependiendo de las condiciones institucionales y del bien privado con el que se implementa la política. Si se tiene un orden institucional que no permite la discriminación por niveles de ingreso en la provisión del bien privado, necesariamente entra a operar la autoselección de los individuos como una relación inversa entre efecto redistributivo y calidad del bien privado. Si esta última tiene efectos sobre la acumulación de capital humano, también tendría efectos sobre el crecimiento y la distribución del ingreso a largo plazo. Es por ello, que los gobiernos enfrentan un dilema entre apaciguar a corto plazo problemas de distribución y obtener beneficios políticos, y lograr un mayor crecimiento y equidad En el largo plazo.

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Hace 37 años, aproximadamente desde el 13 de mayo de 1970, fecha en la que el profesor Claus Roxin leyó su ponencia titulada “Política criminal y sistema de derecho penal”, la ciencia del derecho penal ha experimentado un profundo cambio en su método y en su objeto. El antiguo paradigma de que el derecho penal debía ser la barrera infranqueable del derecho penal, vigente desde los tiempos en que Franz von Liszt pronunció su conocido “Programa de Marburgo”, fue sustituido por una nueva perspectiva en la que la dogmática jurídico-penal sólo adquiere su verdadera dimensión de sentido, cuando se la elabora en función de la realización de los fines político-criminales que a la ley penal le atribuye la Constitución. La doctrina penal actualmente dominante, en consecuencia, ha abandonado por completo el método lógico-deductivo de los tiempos del positivismo, y el método teleológico-valorativo impuesto por el neokantismo, para adoptar como método para la elaboración y determinación del derecho penal uno con orientación teleológica hacia la realización de la política criminal del Estado. Hoy la doctrina general, casi de forma unánime, toma como punto de partida la idea de que la Constitución Política reconoce positivamente un conjunto de valores éticosociales,cuya preservación explica desde sus fundamentos el ius puniendi. Si se toma realmente en serio el carácter de Estado social y democrático de derecho, esa potestad con la que cuenta el Estado para crear delitos y para imponer penas, sólo puede fundamentarse como contrapartida del deber que le asiste de actualizar esos valores positivamente reconocidos en la Constitución. La Carta Política, depositaria de ese acuerdo sobre lo fundamental al que supo llegar el constituyente primario, determina con exactitud cuáles son esos valores sobre los que ha de erigirse el Estado; valores que luego se encarnan en las libertades civiles y en los bienes jurídicos fundamentales, y que habrán de servir como límite y fundamento del derecho penal. Si por política criminal entendemos el conjunto de principios que orientan, enmarcan, limitan y fundamentan el uso del ius puniendi que, legítimamente, puede hacer el Estado en orden a prevenir la realización de conductas que afecten las libertades y los bienes jurídicos básicos, entonces no queda duda de que ella se encuentra ya delineada en sus trazos más fundamentales en la Constitución Política, y que la ley penal no es más que la concreción de la política criminal del Estado en su más pura expresión. Muchos son los valores dignos de protección, y por ellos son muchos también los bienes que tradicionalmente han gozado de alguna forma de tutela jurídico-penal: la vida, la libertad individual, la libertad y el pudor sexual, la honra y el buen nombre, el patrimonio o la administración pública, son sólo algunos ejemplos de ellos. No obstante,junto a esos bienes jurídicos tradicionales, que desde mediados del siglo XVIII integran lo que actualmente se suele conocer como el derecho penal clásico o nuclear, han empezado a surgir otros que reclaman también protección penal. Se trata, en general, de bienes jurídicos que se aglutinan en lo que hoy se conoce como el derecho penal moderno o accesorio, y cuya protección se garantizaba anteriormente apelando a la legislación mercantil o administrativa. Y me refiero, en particular, a bienes jurídicos que, como la propiedad industrial, los derechos patrimoniales de autor, el medio ambiente o los recursos naturales, han pasado recientemente a disfrutar de un indiscutible estatus de protección penal del que antes no gozaban. Uno de esos bienes jurídicos que han pasado recientemente a disfrutar de la tutela jurídico-penal, es el orden económico y social, y es en el estudio de las conductas por medio de las cuales se le lesiona o pone en riesgo, donde se centra nuestra principal preocupación académica.

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Inmersos en un conflicto armado y guiados por un modelo político que busca aprovechar el boom minero en pro del desarrollo de Colombia, se han potencializado dinámicas ilegales donde los Actores Armados Ilegales (A.A.I), como ‘bandidos estacionarios’, se han ido adaptando a las nuevas dinámicas del mercado donde el lucro, la rentabilidad y la financiación son su objetivo central. En el departamento de Antioquia, esa situación data desde la formación de sus regiones, como son el caso del Bajo Cauca y Nordeste Antioqueño. Empero, lo novedoso en el conflicto armado, y que tiene relación directa con la minería aurífera es, la alta posibilidad que los A.A.I. estén viendo en esta actividad su principal fuente de financiación como consecuencia de dos hechos importantes: 1). El éxito que ha tenido la lucha contra el narcotráfico y por ende, contra los cultivos ilícitos. Y, 2) El elevado precio del oro en el mercado internacional puesto que, se estima que en los próximos años alcance entre $2.000 y $2.107 dólares la onza. En este orden de ideas, el lector encontrará como los actores armados ilegales actúan como bandidos estacionarios que ejerciendo la “minería criminal”, inciden en la política fiscal municipal a partir de la para-tributación o ‘impuesto de protección’, captación de regalías y el lavado de activos; donde el fin es financiar sus actividades criminales, afectando negativamente la política tributaria de los gobiernos municipales que se caracteriza por su baja capacidad de gestión.

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El comercio internacional es básico para el desarrollo económico de algunos países, en la actualidad los tratados de libre comercio son un recurso que se utiliza actualmente en muchos países para poder obtener beneficios económicos. Dado que se firmó en 2013 el tratado de libre comercio entre Colombia y la República de Corea surgió un interés por desarrollar un trabajo investigativo, debido a los pocos que se han realizado con respecto a este tema, que tratara las oportunidades que le surgen a la economía nacional con dicho tratado. Se determina con la investigación, de acuerdo a la oferta de la producción colombiana, cuales son las verdaderas oportunidades que debe aprovechar el país con respecto a su sector agropecuario.

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Diageo es la multinacional líder en producción y comercialización de bebidas espirituosas Premium y cuenta con presencia en más de 80 países incluyendo Colombia, donde la industria de licores presenta una tendencia creciente consecuente con el crecimiento económico del país. Dentro de este contexto, la categoría de bebidas espirituosas juega el papel principal con productos como ron, whisky y aguardiente, con la mayoría de la participación en el mercado nacional. Sin embargo, existe en esta industria un sistema tributario que se presenta como una barrera para la expansión del mercado que tienen los bienes importados. Bajo este marco, se presenta con gran importancia la firma de un Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea, el cual a la fecha se encuentra en una etapa avanzada después de haber sido aprobado por el Congreso en Colombia y por la Unión Europea aunque todavía no ha entrado en vigencia. Este tratado podría beneficiar a las compañías productoras y comercializadoras de bebidas europeas, facilitando su ingreso a los mercados departamentales y logrando con esta negociación un mayor control por parte del gobierno nacional a las prácticas anticompetitivas que se llevan a cabo por parte de algunos departamentos. A lo largo de este trabajo se estudia particularmente a la empresa británica Diageo, teniendo en cuenta que su portafolio mayoritariamente proviene de Europa y que existe una tendencia creciente en el consumo de este tipo de bebidas. Asimismo, se estudiará la situación actual del sector de bebidas alcohólicas en Colombia, con lo cual se conocerá más de cerca la posición estratégica de Diageo dentro de la industria y se verá como es el comportamiento de las empresas que participan en esta para las cuales el Tratado traería consigo oportunidades y retos importantes que deben afrontar y aprovechar.

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Durante décadas, el tema indígena en Colombia estuvo marginado como producto de la proliferación del conflicto armado y de demás ejes de distinta índole que han marcado la intrincada realidad social en el país. Para nadie es un secreto que los indígenas han sido víctimas de distintos procesos, sobre todo en lo que a materia territorial respecta, y sus territorios han sido focos de violencia por parte de actores armados ilegales y por el accionar del Estado y de distintos sectores de carácter privado, que han vulnerado los derechos de estos grupos y que han impuesto un ordenamiento arbitrario sobre estas comunidades. A raíz del surgimiento de nuevos temas en la agenda internacional y por consiguiente, de la importancia de la baja política en la agenda interna de los Estados, se pone de manifiesto la importancia de incluir los temas ambientales y en especial lo referente a las minorías étnicas, como ejes importantes a tener en cuenta dentro de la formulación de políticas de los Estados Nación. Es así como después de décadas, el Estado ve la necesidad de concebir el multiculturalismo como una política necesaria para proteger los derechos de los grupos minoritarios quienes durante años, a través de movilizaciones sociales, venían consolidando un discurso de reivindicación identitaria. De esta manera surgen entonces en la década de los 70s las primeras organizaciones indígenas, las cuales a partir de la construcción de este discurso de reivindicación identitaria, empiezan a abogar por el reconocimiento y protección de sus derechos y de su identidad.

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Con la Constitución Política de 1991, se introdujo en el sistema jurídico colombiano un nuevo paradigma de interpretación a partir del cual la Constitución, como norma de normas, fija los límites para que el sistema normativo estructure las directrices que rigen la organización de nuestro país. Ante este inevitable fenómeno jurídico, nuestro sistema tributario no fue ajeno y fue el Artículo 338 de la Carta Política el encargado de sentar las bases para la reglamentación a nivel nacional y territorial de las normas tributarias.

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It is in the interest of most states to eliminate double taxation (i.e. the payment of the same tax in two jurisdictions) of transnational commercial enterprises. Because such disputes involve, on the one hand, the state imposition of taxes, a right universally asserted by all states, and private entities on the other, taxation disputes between such parties are not, on their face, easily susceptible to arbitration. This article analyzes two dispute settlement procedures-the OECD First Model Tax Convention and a similar EU Convention-with the exclusive focus on disputes relating to the imposition of double taxation. It will look at the ways in which state roles may vary under these procedures from assisting in the negotiation process to taking a part similar to, but with important differences from, diplomatic protection on behalf of an affected enterprise. The article will examine the situations under which the settlement procedure is required and/or available, how the procedures are triggered, the obligations and parts played by the parties, the means by which the disputes are resolved (from negotiations to tribunals) and the limitations of the procedures. Are they “taxpayer friendly”? As a result the reader may draw comparisons between the two procedures. Finally, the article will look at the proposed OECD Arbitration Clause which is intended to be incorporated into Article 25 of the OECD Model Tax Convention as well as how these mechanisms relate and/or conflict with bilateral tax treaties and the GATS.

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This paper affirms that the economic and political failure of the Radical Period provided opportunities for those who proposed Regeneration as a means of defending authority. Family law became an important tool in that process. During the period studied by this article, the equality clause remained in Colombian constitutions without any practical affect for the majority of the people. Discrimination was imposed through family law over those who had born outside of a Catholic marriage and/or had not previously legitimized their union through a Catholic ceremony. By the middle of the 20th century, the dramatic situation of the nation’s children led to efforts to change the social prejudices through legislation, that is, in the same way the prejudices had been imposed.

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A partir de la propuesta del Diseño Curricular Base para Francés segunda Lengua en la Educación Secundaria Obligatoria, actualmente en fase de elaboración, se trata de poner en práctica en el aula, con evaluación externa la unidad didáctica diseñada en el curso anterior, diseñar nuevas unidades, reelaborarlas y publicarlas. Objetivos: -Reflexionar sobre la práctica de la enseñanza del francés, especialmente del francés segunda lengua en la E.S.O. a través del intercambio de experiencias de los componentes del grupo estable. -Potenciar la actualización de los componentes del grupo estable en el área de francés, mediante la profundización y puesta al día de los conocimientos científicos y didácticos específicos. -Llevar a la práctica la introducción del Francés 2' idioma como experiencia de innovación y anticipo de la LOGSE en los centros públicos. -Experimentar en el aula la Unidad diseñada en el curso anterior. -Realizar nuevas unidades didácticas a partir de la propuesta del D.C.B. de Francés 2' idioma. -Elaborar materiales diversos y recursos didácticos para los profesores de Francés 2' idioma en el marco de la E.S.O., primer y segundo ciclos. La investigación-acción ha constituido el binomio metodológico hacia el que se ha intentado conducir la dinámica de trabajo de este grupo. Se hace constar que, a lo largo de todo el curso, por un lado se ha puesto en práctica la Unidad Didáctica diseñada el año pasado, y por otro lado, se ha diseñado, sin terminar, una nueva unidad.

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Este trabajo es la continuación de un proyecto presentado el pasado curso académico, cuyo contenido trata de la enseñanza del idioma francés como segunda lengua en la Educación secundaria. Participan 22 docentes de 19 centros de EGB repartidos en la zona noreste de la isla de Tenerife. Objetivos: -Reflexionar sobre la práctica de la enseñanza del francés. -Potenciar la formación y actualización de los componentes del grupo estable en el área de francés. -Llevar a la práctica la introducción del francés como experiencia de innovación y anticipo de la LOGSE en los centros públicos, debidamente autorizados para hacerlo. -Experimentar unidades didácticas a partir de la propuesta de los Diseños Curriculares de Francés. -Elaborar materiales y recursos didácticos para los profesores de francés. Se diseñó la unidad didáctica: J`Arrive en ville, para alumnos de octavo de EGB (primer ciclo de la ESO). No existe comentario sobre la experimentación en el aula de la unidad didáctica ni de resultados..

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1) Llevar a cabo una validación de constructo de la escala AA, antiautoritaria. 2) Comparar la estructura empírica de la muestra canaria con la estructura teórica postulada por Kreml. 3) Establecer correlaciones entre la escala AA y un subtest de compresión verbal CV, del PMA y la versión de la escala F. Estuvo compuesta por 149 personas, estudiantes de la Facultad de Filosofía y Ciencias de la Educación. Se utilizó un diseño correlaciones para comprobar la relación existente entre hechos medidos, tal como ocurren en la naturaleza. Las variables que se estudian son: 1) Antiautorismo, medida por la escala AA. 2) Autoritarismo, medida por la escala F. 3) Comprensión verbal, medida por el subtest CV del PMA; las variables controladas fueron: nivel cultural, orden de presentación de las pruebas, tiempo, tendencias a la equiescencia y edad. Escala AA de antiautoritarismo: fueron seleccionados 30 ítems, 10 de la creación de Krel, 1977, y 20 de propia creacion. Escala F de autoritarismo. Subtest CV del PMA de compresión verbal. 1) Pruebas de análisis de ítems y fiabilidad por el método de Crombach, para la escla AA y la escala F. 2) Pruebas de análisis factorial para determinar la estructura interna de las escala, sobre todo de la escala AA, por relación oblícua. 3) Correlaciones canónicas con la escala F y con el subtest CV. 1) En la escala A encontramos cuatro factores que denominamos: antipoder, antiorden impuesto, impulsividad e introspección y antiorden personal. 2) La diferencia principal entre el despiece factorial de Kreml y el nuestro, es que él encontró un factor de instrospección separado y otro de impulsividad, mientras que nosotros los encontramos juntos en un sólo factor. En estudios posteriores deberian añadirse otros ítems para ver si obtienen los mismos resultados que nosotros. 3) No encontramos ninguna correlación significativa entre los factores, lo que apoya la tesis de que no existe factorial del Dr. Castor Méndez, 1982. 4) Al correlacionar la escala AA con la escala F de Pinillos encontramos que las actitudes autoritarias son el reverso de las antiautorias. Creemos encontrar criterios suficientes para el establecimiento de validez de constructo de nuestra escala AA ya que:el muestreo nos parece adecuado, la fiabilidad es bastante alta,el análisis factorial presentó una estructura parecida a la teóricamente esperada, el análisis de correlaciones canónicas son F. Nos aporta datos para encontrar el criterio de validez convergente y debido a que las correlaciones con CV nos aporta pruebas necesarias para el establecimiento de validez discriminante de nuestra escala. Fecha finalización tomada del código del documento.

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La presente investigación pretende abordar con eficacia el análisis de la expresión escrita en escolares de La Laguna /Tenerife/ para proponer desde él una didáctica coherente y contextualizada, delimitando conceptos con claridad, señalando elementos con rigor y diseñando, cualitativamente, procedimientos de evaluación, corrección y concreción.. El uso de los textos escolares de elementos externos se descuida en los niveles superiores analizados. /7' y 8' de EGB/. En cuanto a la ortografía, aparecen más diferencias en los grupos de los primeros niveles analizados, quizá por su falta de maduración. En el uso de las técnicas de composición existe poca diversidad dentro de los grupos y, sobre todo, pocos elementos significativos personales que refuercen la coherencia del contenido. Se da poca viveza expresiva en el vocabulario utilizado. Parece que la tarea de escribir, excepto algunos textos concretos, se convierte en un ejercicio con escasa proyección de rasgos personales. Existen abundantísimas anomalías de concordancia que requieren un análisis paralelo de la influencia de la lectura y condiciones socioculturales de los alumnos. Apenas se usan adjetivos ni otros recursos expresivos.. Existen muchas deficiencias en los modelos de valuación de la expresión escrita. No se aplican metodologías coherentes que sistematicen el diagnóstico, la enseñanza, la evaluación y la recuperación de la expresión escrita, porque no existe ninguna que unifique tales tareas. Debe tenerse en cuenta al menos siete aspectos seleccionados, propuestos y utilizados en esta investigación. Cada uno tiene su importancia, su significado y tratamiento. No existe uniformidad de criterios en la terminología de las diversas actividades de expresión escrita. Deberían unificarse las denominaciones. No se sigue un plan de trabajo sistemático en la enseñanza de la composición. Las actividades ocasionales no favorecen la progresión de esta enseñanza-aprendizaje. Debe diversificarse técnicas, etapas y temas en la enseñanza de la composición escrita. El triple valor reconocido de las actividades de composición -motivador, creativo y práctico- dará efectividad y alegría a esta enseñanza. El habla se manifiesta en la escritura por los desajustes existentes entre los códigos oral y gráfico. Con pocos consejos se enriquecerá la calidad del aspecto fonético y, consecuentemente, la variedad escrita de la gramática de los escolares canarios. En el lenguaje infantil abundan los anacolutos, la alteración de la concordancia, la escacés de recursos expresivos, la escasa adjetivación. Muy escasamente se hace uso de recursos expresivos y de elementos creativos en la expresión escrita infantil más bien por falta de modelos lectores propuestos por los profesores a los alumnos. Los profesores deben sistematizar una metodología en la enseñanza de la expresión escrita: sus propios modelos son los dinamizadores de las actividades de los alumnos. Parece clave el ciclo medio como anticipo de los aprendizajes madurativos posteriores..

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En muchos foros se habla del emprendimiento como una salida frente a la crisis del empleo. Sin embargo, gracias a la investigación realizada en la Facultad de Administración de la Universidad del Rosario y de la experiencia adquirida luego de acompañar más de 100 iniciativas emprendedoras, considera el equipo del Centro de Emprendimiento de esta Facultad, que es un tema que debe observarse con detenimiento, pues es necesario generar herramientas adecuadas que ayuden y faciliten al emprendedor a realizar con éxito la tarea que se ha impuesto.