551 resultados para Sustitución fideicomisaria


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El autor analiza la Ley de Preferencias Arancelarias Andinas como política unilateral concedida por EE.UU. a países andinos (excepto Venezuela) dirigidas a promover las exportaciones andinas a mercados estadounidenses y la sustitución de cultivos ilícitos. El artículo explora las implicaciones de esta ley, y contrapone varios enfoques sobre su efectividad, unos en el sentido de que la ATPA no ha tenido una incidencia significativa en la modificación de la producción o la estructura exportadora de las naciones beneficiarias, y otros que mencionan que esta ley sí ha promovido importantes flujos de inversión entre EE.UU. y los países andinos.

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Realiza un análisis de la economía ecuatoriana y de sus políticas de desarrollo económico como la sustitución de importaciones e impulso a la industrialización interna y los impactos en la economía de los ajustes estructurales y las reformas neolibarales. Estudia las estrategias de desarrollo en el Ecuador incluyendo la dolarización y expone la precaria situación de vida de la sociedad. Analiza la forma en que se distribuye la riqueza en el país y compara su situación económica con otros países de la región, dando a conocer los coeficientes Gini y los niveles de inequidad. Analiza modelos alternativos de desarrollo más equitativos y sustentables para el país. Finalmente estudia el contexto político del país bajo la presidencia de Rafael Correa, su política económica y social, particularmente el desarrollo de la economía solidaria.

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El espíritu de esta investigación es el de desentrañar el proceso dinámico a través del cual se conjugaron la religión y religiosidad occidental cristiana con la religiosidad de los aborígenes en una zona periférica de los Andes Septentrionales. Conocer qué características particulares modelaron estos indios en el contexto de la América andina colonial. A su vez, relacionar esa dimensión cultural, con las prácticas concretas de supervivencia que se realizaban en un lugar dado. En tanto que el período cubierto en nuestro trabajo es el de la Colonia, el espacio concreto es el Partido de Puerto Viejo, perteneciente a la antigua provincia de Guayaquil, ubicada en la costa de los Andes Septentrionales. La tesis está estructurada en función de una cronología de la interacción cultural. El primer capítulo aborda el momento del encuentro/conquista, pero no desde la perspectiva de los hechos, sino de los imaginarios de los europeos y los aborígenes. A través de cada uno de los cronistas europeos, mestizos e indios que dejaron su testimonio sobre Puerto Viejo, buscamos penetrar en su mundo interior para conocer qué tipos de mitos usan para decodificar la nueva realidad de la Mar del Sur, cuyo primer territorio asequible es Puerto Viejo. Luego, qué reconfiguración se producen en sus categorías mentales a causa del impacto de la otra realidad hallada, en el caso de los cronistas occidentales. A través de un segundo capítulo buscamos ubicarnos en la otra orilla y establecer cuáles son los rasgos esenciales de la religiosidad de los indios de Puerto Viejo, vigentes en el momento de la Conquista, tarea aún más compleja que la anterior, porque para ello debemos utilizar los mismos testimonios de los cronistas europeos, aunque apelamos también al de los mestizos e indígenas, los cuales, sin embargo, estás más relacionados con la cultura Inca. En el tercer capítulo tratamos el aspecto del impacto cultural de la Conquista, la iniciación del proceso de evangelización, extirpación y sustitución de idolatrías; introducción de las doctrinas, cultos y otras instituciones religiosas; y finalmente la práctica de rituales. En suma, es en esta parte donde intentamos conocer el carácter de la transición e interacción cultural y qué tipo de religiosidad se deriva de ello en los indios. En un capítulo final analizamos las dimensiones concretas en donde se desenvuelve la religiosidad de los indios de Puerto Viejo. Operamos la relación entre este espacio real biodiverso, donde está la geografía sagrada y las prácticas indígenas para la supervivencia, es decir, las relaciones de producción, extracción, comercio y poder. Así mismo, esas prácticas para la supervivencia nos llevaron a tratar el tema del sistema de saberes que también se inserta en la tupida red que constituye la cultura de los indios de Puerto Viejo. El aspecto de los imaginarios religiosos y luego, la religiosidad misma de los indios de Puerto Viejo durante la Colonia, se tropieza con el problema de las fuentes primarias. No obstante se puede apelar a los cronistas tempranos, entre los cuales utilizamos a los de origen hispano – soldados, sacerdotes y escribanos oficiales -, y a los de origen indígena y mestizo. Varios de ellos mencionan brevemente el momento del primer encuentro y Conquista de Puerto Viejo. Utilizamos también informes oficiales y crónicas tardías para hallar respuestas sobre los siglos XVI, XVII y XVIII. Analizamos igualmente, documentos del Archivo de la Diócesis de Cuenca, que por lo demás, no están catalogados, así como algunas copias de originales que permanecen en La Casa de Horacio de Portoviejo. Así mismo, tomamos eventualmente transcripciones parciales de documentos primarios que aparecen en otros trabajos y cuyos originales no están localizados en los archivos oficiales.

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Motiva la elaboración de la presente Tesis, la necesidad del estudio del Peculado Bancario como figura jurídica del Derecho Penal Económico y su relación con los acontecimientos suscitados en la más reciente crisis financiera ecuatoriana iniciada en el año 1998. Es necesario distinguir para el análisis de este tema, el contexto de una tendencia de liberalización de los mercados y la actividad financiera en toda América Latina y obviamente en el Ecuador, proceso en el que se inscribió la legislación nacional reformada en agosto de 1994 con la aprobación de una LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO, en sustitución de la LEY GENERAL DE BANCOS existente hasta entonces. Dicha Ley General de Instituciones del Sistema Financiero estableció desde luego un avance importante en la actualización de la legislación bancaria del país a los concepto flexibles de banca múltiple, que como tales pretenden la creación de un verdadero “sistema financiero” en el país, a través de la autorización a las instituciones bancarias de una amplia variedad de servicios financieros en beneficio de los usuarios, acordes con la dinámica actual de la actividad financiera y la complejidad que supone el ejecutar distintos procesos relacionados con diferentes prestadores de servicios. Este concepto laudable en principio no excluye sin embargo la intencionalidad última de todo proceso de liberación que es el mayor desmantelamiento posible de los mecanismos de control, fiel a su premisa teórica de que todo control supone restricción y conculcación de los intangibles atributos de la libertad económica y su congénere más cercana, la libertad de empresa, así como una intromisión del Estado en el principio superior de autonomía de la voluntad y libertad de contratación, todo esto con el corolario de que así mismo, todo mecanismo de control e intervención por parte del Estado se halla dotado de un agregado ineludible de corrupción. Acogiendo estos criterios vio la luz la Ley General de Instituciones del Sistema Financiero y se estableció una permisibilidad que la experiencia ha demostrado resultó ser inconveniente y aún peligrosa para la estabilidad no solo del sistema de pagos, sino de la propia economía y que derivó en el libertinaje de los administradores de las instituciones financieras, con las dolorosas consecuencias que son de todos conocidas. De este libertinaje financiero se siguió que muchos administradores bancarios fueron encausados penalmente por la presunta comisión de delitos bancarios, cuya regulación, vale anotar, al momento de la crisis resultó insuficiente, insuficiencia que se explica desde luego, por esta flexibilización de controles que inspiró la nueva legislación bancaria.

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Se realiza un estudio de las instituciones jurídicas de la detención y la prisión preventiva y su aplicación y vigencia en el Sistema Acusatorio. Se hace un análisis histórico de su desarrollo, detectándose en la práctica un irrespeto y abuso de estas instituciones, consecuentemente a las normas del debido proceso y a las establecidas en la Constitución, en la Ley y en los Tratados, Pactos Internacionales y Declaraciones, celebrados y ratificados por nuestro País. Señalándose asimismo, que se pueden solucionar estas fisuras del sistema y con ello, no se menoscabe el prestigio del país, su seguridad jurídica; y, de esta manera, se revitalice la garantía de la aplicación plena de los derechos humanos de las personas. Se ha analizando también la nueva institución de la detención en firme, así como la sustitución de la prisión preventiva, obteniendo conclusiones de menoscabo en la aplicación y respeto de los derechos humanos, en especial de la Policía Judicial, inaplicando los preceptos legales y constitucionales como norma jurídica de la más alta jerarquía, y del sistema procesal en general. En conclusión, estimamos que si se realizan correctivos institucionales y procesales, con una nueva visión y cambio de pensamiento y actitud, lo que previamente involucra un profundo conocimiento y capacitación eficiente del derecho penal de: jueces, fiscales, abogados en libre ejercicio, y en especial de la policía judicial que en su esencia debe ser revisada y finiquitar con su sistema de militarización policial y ésta sea técnica y científica, con personas capacitadas en la materia a su mando; y, la decisión política de quienes se encuentran al frente del gobierno y de las instituciones involucradas en la Administración de Justicia, se podrá llegar a efectivizar el respeto de los derechos humanos de las personas, como el más alto fin de la sociedad y del Estado, conforme lo establece en el Art.16 de la Constitución Política.

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La economía ecuatoriana, basada principalmente en las exportaciones de petróleo desde 1972, ha enfrentado serios obstáculos para canalizar las utilidades del petróleo hacia un desarrollo equitativo y sustentable. La experiencia de las cuatro últimas décadas refleja un crecimiento económico lento e inestable, que se ha mostrado insuficiente no solamente para diversificar y fortalecer la economía sino sobre todo para superar las grandes inequidades que históricamente han prevalecido en el país, logrando la inclusión efectiva de una proporción elevada de la población. Si bien durante los últimos años se han registrado importantes avances sociales, su continuidad y profundización son dudosas, debido a factores como la mínima diversificación de las exportaciones y de la actividad productiva, y también el progresivo agotamiento de las condiciones externas que han impulsado la recuperación reciente del país y de América Latina. Adicionalmente, la progresiva declinación de la extracción petrolera a partir de 2004 y las limitadas reservas configuran un escenario caracterizado por la necesidad de una rápida sustitución del petróleo por una economía más diversificada y flexible, en un lapso de tiempo no mayor de 20 años. Los avances en este sentido han sido muy limitados. Finalmente, los impactos ambientales de la extracción petrolera sobre los ecosistemas extremadamente ricos en biodiversidad en la Amazonía, la salud de la población y las culturas indígenas han sido severos.

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Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP)

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JUSTIFICATIVA E OBJETIVOS: A intubação traqueal associada a operações das vias aéreas faz com que complicações como laringoespasmo, broncoespasmo e períodos de redução da saturação de oxigênio sejam frequentemente relatados em adenotonsilectomias, procedimento que, por sua natureza, eleva a incidência de tais complicações. O objetivo deste estudo foi analisar a ocorrência de problemas respiratórios comparando-se o uso da máscara laríngea (ML) descartável com a intubação orotraqueal em adenotonsilectomias. MÉTODOS: Foram avaliados 204 pacientes pediátricos submetidos a anestesia geral para adenotonsilectomias e alocados em dois grupos, aleatoriamente: grupo Cânula Traqueal (CT, n = 100) e grupo Máscara Laríngea (ML, n = 104). Foram observados os níveis de saturação de pulso de oxigênio (SpO2) após a indução anestésica (SpO2-1), após o estabelecimento de campo operatório (SpO2-2), ao término do procedimento cirúrgico (SpO2-3), três minutos após a retirada do dispositivo respiratório (SpO2-4) e na admissão da sala de recuperação anestésica (SpO2-5). As complicações respiratórias foram relatadas. RESULTADOS: Os valores médios e os desvios padrão de SpO2 nos grupos CT e ML foram, respectivamente: SpO2-1: 98,9 ± 1,0 e 98,7 ± 0,8 (p > 0,25); SpO2-2: 97,4 ± 1,0 e 94,9 ± 4,3 (p < 0,001); SpO2-3: 96,9 ± 1,1 e 97,2 ± 1,1 (p = 0,037); SpO2-4: 91,7 ± 9,0 e 95,2 ± 2,2 (p < 0,001); SpO2-5: 94,0 ± 2,1 e 95,8 ± 2,6 (p < 0,001). No grupo ML, em 12 pacientes, foi necessária alguma manobra para ajuste do dispositivo e correção de vazamento durante o ato operatório. A ML foi substituída pela CT em quatro pacientes. As complicações respiratórias foram similares entre os grupos. CONCLUSÕES: Adenotonsilectomias em pacientes pediátricos com o emprego da ML, em comparação com a CT, resulta em menores valores de SpO2 intraoperatórios e, eventualmente, necessidade de substituição da ML pela CT. Apesar de a ML viabilizar a cirurgia, pela segurança, o uso da CT é preferível.

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Un criterio comúnmente utilizado para clasificar países -empleado, inclusive, por los países donantes del Comité de Asistencia para el Desarrollo (CAD) de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE)- es el que se basa en el ingreso per cápita como el principal factor para definir los grupos. Esta clasificación se relaciona con la idea de que los países deberían asumir la responsabilidad de su propio desarrollo luego de alcanzar un cierto nivel de ingresos (proceso denominado "graduación"). Sin embargo, el uso de límites arbitrarios de ingresos para definir categorías acarrea muchas consecuencias importantes. En primer lugar -sobre todo en el caso de los países que están cerca de la línea divisoria entre un grupo y otro-, la "graduación" se puede alcanzar simplemente debido a modificaciones marginales en las condiciones económicas, pero puede provocar cambios mayores en el área de la asistencia para el desarrollo, como la suma recibida por este concepto y las condiciones -la mayor o menor concesionalidad- en que esta se entrega. En segundo lugar, el proceso de ascender a una categoría de ingresos superior no es lineal, y muchas veces los países retroceden al estado anterior. Esto demuestra una vez más que el cambio de categoría puede no ser el resultado de transformaciones fundamentales en la realidad del desarrollo de los países, sino solo reflejar modificaciones marginales en las condiciones económicas. Finalmente, lo más importante es que el uso de límites de ingresos conduce a agrupar los países de un modo que no captura la compleja naturaleza del desarrollo y la diversidad de situaciones que existen en cada grupo y en cada miembro de esos grupos. En particular, los países de renta media considerados como un grupo constituyen un pilar fundamental de la economía mundial; representan una gran proporción de la actividad económica y el comercio, y son el hogar de la mayoría de la población del mundo y de la mayoría de los pobres del mundo. No obstante, si se observa más detenidamente a este grupo, llama la atención la heterogeneidad existente entre los países que lo componen. Al agrupar a los países según el nivel de ingresos, no se toma en cuenta el amplio rango de capacidades y necesidades diferentes que existen entre los países de renta media. En América Latina y el Caribe, casi el 90% de los países pertenecen a la categoría de renta media. Las diferencias de un país a otro se presentan en un amplio rango de variables, no solo relacionadas con el tamaño y la situación de la economía, sino también con la situación social y las condiciones estructurales vinculadas al potencial de desarrollo y al desempeño productivo. Sin embargo, los países donantes y los organismos multilaterales rara vez toman en cuenta esta amplia diversidad de capacidades y necesidades al establecer prioridades para la asignación de asistencia oficial para el desarrollo (AOD). La lógica seguida en las últimas décadas fue canalizar la mayor parte de la asistencia hacia los países de más bajos ingresos, incluidos los clasificados como países menos desarrollados, en detrimento de los países de renta media. Se presume que, dado que estos últimos tienen un ingreso medio más elevado, sus necesidades deben de ser menores. Para una región de renta media como América Latina y el Caribe, esto ha implicado que su participación en los flujos de asistencia para el desarrollo cayera desde un monto ya bajo (9%) en 1990 a uno todavía inferior (7%) en 2009, en contraste con África y Asia, que reciben la mayor proporción (un 37% y un 30%, respectivamente). Si bien es esperable que el sistema de cooperación internacional se centre en nivelar el campo de juego de las economías de bajos ingresos y reducir la brecha del desarrollo con respecto a los países más avanzados, su mandato no debería limitarse a este objetivo. El sistema de cooperación internacional debería buscar una respuesta integral y amplia para el problema del desarrollo que no solo se oriente a las necesidades de los países de bajos ingresos, sino que también considere las diversas necesidades y vulnerabilidades presentes en los países de renta media. Para que esto sea posible, es fundamental tener un conocimiento integral, en cada caso, de las áreas que presentan mayor necesidad y son más vulnerables, e identificar las principales brechas entre las necesidades y las posibilidades, de modo que la asistencia para el desarrollo pueda asignarse adecuadamente. Un paso crucial en esta dirección sería la revisión de los métodos utilizados para clasificar países y la sustitución de los criterios actuales (basados en los ingresos) por nuevos indicadores que sean más adecuados para esta clasificación. Estos nuevos indicadores deberían ser capaces de captar la naturaleza multifacética del problema del desarrollo y, por lo tanto, permitir la formación de grupos de países menos heterogéneos entre sí. Más específicamente, los indicadores deberían reflejar los desafíos estructurales y las áreas vulnerables existentes en los países de renta media y que no son captados por el criterio del ingreso per cápita. En el caso de los países de renta media de América Latina y el Caribe, estos desafíos de largo plazo y áreas vulnerables pueden resumirse en lo que la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) presentó como brechas clave que deben cerrarse para evitar caer en la "trampa de la renta media" y avanzar hacia un proceso de desarrollo sostenible y dinámico que tenga como eje central la equidad (CEPAL, 2010a). Estas son: la brecha del financiamiento, la brecha de la desigualdad y la protección social, la brecha del capital humano y la brecha de la productividad y la inversión. Además de elaborar mejores criterios para la asignación de AOD, la comunidad internacional debe persistir en la tarea de aumentar los recursos disponibles para el financiamiento para el desarrollo. El nivel actual de financiamiento otorgado a los países en desarrollo por medio de la AOD es claramente insuficiente y, por lo tanto, en ocasiones se aumenta la asistencia a ciertos países o regiones a expensas de otros -como los países de renta media- que también tienen importantes necesidades. A pesar de los esfuerzos por parte de los países donantes para elevar el monto de AOD, los niveles de asistencia en 2010 alcanzaron un promedio de apenas un 0,32% de su ingreso nacional bruto (INB), muy por debajo de la meta del 0,7% acordada internacionalmente. Asimismo, las finanzas públicas de muchos donantes se deterioraron sustancialmente como consecuencia de la crisis mundial, lo que hace menos probable el incremento de los niveles de asistencia. Dado que el escenario posterior a la crisis ha agregado nuevas áreas de vulnerabilidad a las que tradicionalmente enfrentan ciertos países en desarrollo, persistirá la tensión entre la escasez de recursos y las grandes necesidades. Por estos motivos, es de vital importancia que la comunidad internacional aúne sus fuerzas para encontrar formas innovadoras de movilizar recursos para el desarrollo que sean adicionales, y no sustitutos, de los flujos de AOD. Los países del norte y del sur se han unido en diferentes ocasiones para elaborar mecanismos de financiación innovadora para el desarrollo. Las propuestas abarcan desde impuestos globales específicos hasta mecanismos para facilitar las donaciones voluntarias privadas de un individuo a otro. Algunas de las propuestas ya se están llevando a cabo, y los resultados son alentadores. No obstante, aún queda mucho por hacer, por lo que la comunidad internacional debería emprender una seria labor en este sentido.

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