1000 resultados para voluntad


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En el presente trabajo se estudia la responsabilidad precontractual del Estado en el marco del proceso de licitación pública, haciéndose un paralelo con el régimen del derecho privado. Se comienza delimitando la etapa precontractual, identificándose los estadios más relevantes descritos por la doctrina, con el fin de desentrañar la verdadera naturaleza de los actos que se producen para formar la voluntad contractual. Definido lo anterior, se pasa al análisis de los intereses que son tutelables en dicha etapa y las consecuencias jurídicas que se siguen de su vulneración. En esa línea, se considera posteriormente el tema de la forma de reparar los daños causados en la fase precontractual, y cuando se trata de indemnización, el monto de la misma. Finalmente, se emprende el análisis de las acciones judiciales disponibles en el ordenamiento jurídico colombiano, que pueden activarse cuando se han desconocido los principios y reglas que rigen la actividad precontractual de la Administración Pública.

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El continente americano es la región del mundo que cuenta con el mayor número de sistemas de integración regional (ALENA, MERCOSUR, CAN, MCCA, CARICOM, G2), y es necesario admitir que estos procesos se han llevado a cabo más por la lógica económica que por la voluntad política de integración. En América del Sur los procesos más importantes de integración que se pueden encontrar son MERCOSUR y la CAN. Durante el año 2006 la Comunidad Andina va a experimentar una de sus mas grandes crisis institucionales con la retirada de Venezuela durante el ejercicio de la presidencia pro tempore de la organizacion. Esta coyuntura politico-economica va a establecer nuevos roles para los paises miembros. Colombia comenzará a jugar un papel relevante debido a sus capacidades como pais emergente, liderando procesos de integracion a diferentes niveles.

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Una de las dificultades que enfrentan las grandes urbes, es manejar todo aquello que resulta del consumo diario de su población como lo son los residuos sólidos. Frente a esto los gobiernos, en su voluntad por transformar comportamientos, determinan las reglas de juego introduciendo políticas públicas que permitan modificar situaciones percibidas como insatisfactorias y problemáticas. Muchas veces aunque exista un universo normativo este no logran materializarse, evidenciando una brecha entre lo que se supone deben hacer los ciudadanos y lo que realmente hacen. Por lo anterior, involucrar los hábitos, concepciones e imaginarios colectivos en el análisis de la incidencia del comportamiento ciudadano en la implementación de la política pública en Bogotá en materia de residuos sólidos permite indagar sobre los hábitos y prácticas ciudadanas y su incidencia cuando de implementar una política pública sobre residuos sólidos se trata.

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Las negociaciones del cambio climático no han arrojado resultados contundentes para afrontar la problemática que trata. El estudio de la institucionalidad establecida en el régimen, específicamente en el Protocolo de Kioto, para efectos de las negociaciones y de la lucha directa contra la problemática del cambio climático muestra señales de inoperancia. El GTE-PK no ha logrado concluir satisfactoriamente con su mandato y las negociaciones parecen estancadas por la falta de voluntad para negociar por parte de los grupos de negociación tanto de los Países Parte del Anexo I como de los No Anexo I. Lo anterior, no permite dar claridad sobre el futuro del Mecanismo de Desarrollo Limpio. Sin embargo, su institucionalidad no ha sido del todo un fracaso ya que la Junta Ejecutiva del Mecanismo de Desarrollo Limpio (JE) ha logrado registrar una gran cantidad de proyectos MDL y ha permitido lograr importantes avances en transferencia de tecnología verde entre los países Parte. En este trabajo se analizarán las dinámicas de las negociaciones en el régimen del cambio climático y su injerencia en la institucionalidad establecida bajo el Protocolo de Kioto.

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Durante el último siglo, el país ha planteado alternativas para la configuración institucional y estructural del campo, y para lograr que la tierra sea más productiva y equitativa, pero no lo ha logrado. Al contrario, pareciera que este largo periodo ha significado para el campo el deterioro de cualquier institucionalidad que fomente la permanencia, la productividad y una tenencia pacífica. Varias razones pueden contarse para este penoso resultado en las políticas de tierra. Algunos expertos advierten una discrepancia entre las políticas, el arreglo institucional vigente y la perspectiva de país que se tenía en mente. El corto plazo alentó la formulación de políticas públicas de tierra bajo un esquema institucional excluyente y cargado de tensiones y poderes políticos. Ante esta situación, el éxito de la reforma agraria hubiese sido una coincidencia prácticamente imposible. Es decir, el país ha alcanzado lo que ha podido, dado el panorama institucional. Juanita Villaveces Niño, profesora de la Facultad de Economía de la Universidad del Rosario, plantea que la política de tierras y la reforma agraria sean revisadas desde una perspectiva dinámica, en la cual se incluyan no sólo las estrategias de política, sino el entorno institucional, el bagaje cultural de los actores que intervienen directa e indirectamente en la política y el peso de la historia. De acuerdo con este esquema, la profesora Villaveces propone una revisión a la lógica detrás de la política de tierra en Colombia y subraya que sus múltiples enfoques pueden ser percibidos de distinta manera por los hacedores de políticas públicas. En el país se han implementado políticas de tierra, distribución y uso, con la intención aparente con la intención de crear una organización rural compuesta por pequeños y grandes propietarios con miras a fomentar la producción agrícola y la industria; sin embargo, los resultados de los distintos intentos no parecen ser los esperados. Algunos expertos señalan que se han ensayado prácticamente todos los modelos de reforma agraria en Colombia, pero no se ha contado con la organización institucional adecuada ni se ha puesto la voluntad política indispensable para hacerlas efectivas.

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Desde la introducción del postulado de la “autonomía de la voluntad” en el Estatuto de Contratación Estatal, es posible afirmar que trajo consigo grandes cambios, los cuales se ven reflejados en varios escenarios de la contratación y que sin lugar a duda revelan suma importancia, pero cuando nos referimos a la tipología contractual, primer estadio al cual deben enfrentarse las partes al momento de contratar, este postulado toma real trascendencia al proporcionar libertad a los contratantes, tanto para la entidad como para el particular, de crear conforme a sus necesidades y a los fines estatales la forma contractual que más se ajuste, teniendo en cuenta las limitantes generales que el ordenamiento jurídico le impone. Este entorno ha sido la clave para que se llegue a hablar del contrato estatal atípico, tópico que ha generado discusiones entorno a su admisibilidad en el derecho público por no serle originalmente propio a este.

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El consentimiento informado es la expresión de la voluntad del paciente, relacionada con una intervención o un tratamiento terapéutico que se hará en su cuerpo, para que se dé aquel; previamente el profesional de la salud debe suministrar veraz, integral y oportunamente la información referente a los riesgos, los procedimientos, las expectativas, el diagnóstico y el pronóstico de su enfermedad y su respectivo tratamiento. Por lo tanto, del consentimiento informado se derivan obligaciones y derechos, tanto para el paciente como para el profesional de la salud, al ser un elemento tan especial y esencial en la relación médico-paciente, y en el mismo acto médico, cobra especial relevancia en la responsabilidad médica. Sin embargo, en la praxis muchas veces se olvida la importancia del consentimiento informado en relación con aquella. El propósito de este artículo consiste en analizar los elementos estructurales del consentimiento informado, los cuales son fundamentales a la hora en que el médico lo solicite. En dicho escenario surgen situaciones que generan dudas jurídicas en cuanto a su formación. De igual forma, para tener una idea concreta y completa del consentimiento informado, dividiremos este artículo en dos partes. En la primera, nos ocuparemos del desarrollo doctrinal del concepto, en el que analizaremos su noción, su evolución en la historia y sus modelos (beneficencia, paternalismo, autonomía, entre otros); posteriormente, estudiaremos la problemática que se puede originar durante el proceso de informar al paciente, debido a que no en todos los casos este está en pleno uso de sus facultades para otorgar su consentimiento. Es allí donde miraremos la capacidad en el ámbito médico y los casos en que se puede pedir un consentimiento informado directo e indirecto. Finalmente, analizaremos el tema del riesgo y el desarrollo que la doctrina ha dado al respecto, para revisar en último lugar el consentimiento en la historia clínica y su solicitud correcta al paciente. En la segunda parte, nos encargaremos de examinar detenidamente el desarrollo jurisprudencial del consentimiento informado surtido en la Corte Constitucional y en el Consejo de Estado de la República de Colombia, desde 1991 a la fecha, del cual sin duda alguna el lector podrá concluir lo esencial e imperioso de este en la práctica médica y en la prevención del daño antijurídico.

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Se analizan dos componentes que afectan a la enseñanza de las ciencias sociales, el bagaje ideológico y la realidad política actual, que enmarcan el Plan de Mejora de la Enseñanza de Humanidades promovido por la ministra Esperanza Aguirre, que marca unos contenidos educativos unitarios y cierta campaña en contra de la enseñanza en catalán, vasco y gallego. Algunas líneas de trabajo para invertir la situación serían, a juicio del autor, acercarnos de una manera lo más objetiva posible a la historia y a las humanidades, porque el alumnado posee la capacidad crítica para construir su propia interpretación; hacer de la historia una enseñanza viva y activa, ligada a la realidad del alumnado; vincular permanentemente el nivel local con los niveles generales; una visión de la historia al margen de ideologías ayudará a depurar visiones en negativo o de carácter maníqueo; un enfoque ético de la enseñanza de la historia se debe dirigir, entre otras cosas, a remarcar los valores de justicia y solidaridad presentes en la evolución de la sociedad. Señala el autor que desde la aceptación de la pluralidad es posible establecer vínculos de convivencia y respeto mutuo; en cambio, querer imponer contenidos unitarios no expresa más que la voluntad de hacer de la historia y de la escuela una herramienta más de despersonalización, como pasó durante décadas con la pedagogía franquista.

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El municipio Mesitas de El Colegio se caracteriza por tener una temperatura promedio de 23°C y se encuentra localizada a dos horas de la ciudad de Bogotá, en el Departamento de Cundinamarca, en la parte oriental de la región del Tequendama, a partir de lo anterior consideramos que este municipio es un lugar propicio para el desarrollo de actividades turísticas. En el análisis realizado en el proyecto Municipio saludable y polo de desarrollo local se consideran diversos pilares, forjados en la definición del turismo como una voluntad de servicio de los habitantes, característica carente en la población del municipio de Mesitas de El Colegio; haciendo necesario un cambio de mentalidad, en donde los pobladores de la región estén dispuestos a ser parte de los proyectos que ha planteado el gobierno como lo son el mirador turístico, parador turístico y la ruta ecológica. A través de la metodología de marco lógico se logro concluir que para el desarrollo de las actividades es de gran importancia contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes del Municipio de Mesitas de El Colegio, articulando los programas municipales a través del fortalecimiento de las capacidades corporativas y del apoyo a las iniciativas empresariales de dichos municipios. Todo con el propósito de realizar campañas de concientización que estén dirigidas a los habitantes del Municipio para promover actitudes proactivas en el desarrollo de las actividades turísticas y económicas.

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Se analiza la historia reciente de formación del profesorado a nivel estatal, haciendo especial referencia a la situación de los CEP y CPR. Se concluye que supone un reto para la administración dotar estas infraestructuras de los suficientes recursos económicos, humanos y materiales, responder con coherencia al orden de prioridades del profesorado, y atender con voluntad y capacidad política sus necesidades.

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Resumen tomado de la revista. El autor es coordinador del grupo de trabajo MUSNOC

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Análisis del riesgo de oportunismo del gobierno Colombiano planteado por el diseño institucional y normativo de la CREG, y favorecido por una notoria concentración de calidades en cabeza del Estado Colombiano como agente de mercado y regulador.