956 resultados para Cultura judicial lega profesional


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Los modelos de calidad son empleados para medir la evaluación, de las organizaciones o instituciones, bien por su personal interno o externo, llegando a conocer cuál es la situación de esta, respecto al ideal de excelencia así como las oportunidades de mejora. En el orden de las ideas anteriores, la presente investigación se elaboró con el objetivo de diseñar un modelo de calidad que contribuya al eficiente servicio al cliente, en el Departamento Representación de la División de la Defensa de los Intereses del Estado de la Fiscalìa General de la República de El Salvador. Para el diseño del modelo de calidad, se realizó previamente un diagnóstico en el Departamento de Representación Judicial, con el objetivo de conocer la situación actual de dicho ente, este diagnóstico es resultado de la investigación de campo, cuyo método utilizado fue el inductivo; razonamiento que aborda un problema partiendo de lo particular a lo general,analizando las variables que influyen en el objeto a investigar, empleando como técnicas la entrevista, encuestas y la observación. La entrevistas fueron realizadas a los directivos del Departamento de Representación Judicial, mediante el instrumento denominado guía de preguntas, en lo concerniente a las encuestas se efectuaron por medio de cuestionarios dirigidos a usuarios y empleados del Departamento de Representación Judicial y como técnica final se utilizó la observación directa auxiliándose del instrumento hoja de observación, todo esto permitió obtener información del estado actual del objeto a investigar, pudiendo así diagnosticar una serie de carencias que obstaculizan el buen y eficiente servicio, como por ejemplo la inexistencia de un modelo orientado a servicio al cliente, retraso en la resolución de trámites, deficiencias a la hora de canalizar las insatisfacciones o quejas de los usuarios. En consecuencia a la situación anteriormente planteada, se propone el diseño del modelo de calidad que contribuya al eficiente servicio al cliente en el Departamento de Representación Judicial, el cual consta de catorce pasos lógicos de cómo establecer una cultura de calidad orientada hacia el servicio, el tiempo de ejecución de este modelo es de doce meses en concordancia al periodo laboral presupuestado por las instituciones públicas, como lo es la Fiscalía General de la República, con la implementación de este modelo, se pretende alcanzar la satisfacción de los usuarios en sus necesidades y exigencias al solicitar los servicios que ofrece el Departamento de Representación Judicial.

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El presente trabajo de investigación se encuentra basado de manera particular en los antecedentes del Código de Ética profesional para contadores públicos, emitido por el Consejo de Vigilancia de la Profesión de Contaduría Pública Auditoría, que se encuentra fundamentado en el Código de Ética para Contadores Profesionales de La Federación Internacional de Contadores (IFAC). Así como también, se basa en lo establecido por la normativa técnica y legal vigente en el país, tales como: Normas Internacionales de Auditoría, Norma Internacional de Control de Calidad Número 1, Ley Reguladora del Ejercicio de la Contaduría, Código Tributario y Código de Comercio. El objetivo principal de la investigación es proporcionar un documento que muestre “El Papel del Auditor Independiente y su Responsabilidad Social en el Marco de la Ética Profesional”, en el ambiente que se desenvuelve y que contenga elementos que hagan conciencia al mencionado profesional para que mejore su calidad en la prestación de servicios, conservando su independencia e integridad profesional. La investigación de campo se llevó a cabo con la participación de los profesionales en Contaduría Pública, que laboran en las empresas industriales inscritas en la Asociación Salvadoreña de Industriales (ASI), ubicadas en la ciudad de Ilopango y Soyapango, para obtener sus opiniones y puntos de vista relacionado con el desempeño del Auditor Externo Financiero, en cuanto a la responsabilidad social y conducta ético-profesional de éste. Tomando en consideración que es el contador de la organización, quien tiene contacto directo con el trabajo realizado por los profesionales objeto de estudio de la investigación. La metodología o estrategia utilizada para obtener la investigación de campo, consistió en la elaboración de un cuestionario, dirigido al contador general de las empresas consideradas como universo de estudio, del listado proporcionado por la Asociación Salvadoreña de Industriales (ASI), seleccionando una muestra representativa, procediendo a la tabulación y análisis de datos de los resultados obtenidos. Los resultados de la investigación permitieron conocer que la implicación social del trabajo de la auditoría externa, es impactante, pero a su vez mostrando un poco de contradicción al respecto ya que hay quienes opinan que apenas y se percibe dicha implicación, ya que muchas veces se relega solamente a emitir una opinión sobre la razonabilidad de las cifras en los estados financieros, sin considerar el impacto que esto ocasiona en el entorno social de la organización. Además se estableció que los principios más infringidos son: la calidad profesional, responsabilidad personal, independencia de criterio, preparación y calidad profesional y la retribución económica. Lo que nos hace ver que a pesar de que el auditor efectúa su trabajo aplicando herramientas éticas y legales no las aplica como debiera, al momento de efectuar la auditoría externa en la organización. Lo que conlleva al auditor a que muestre una deficiente responsabilidad social en los servicios que éste presta. La investigación permitió determinar que entre los factores que más influyen para que se dé esta situación es la competencia desleal, falta de suficiente conocimiento técnico, y la deficiente calidad del servicio profesional, también, que la deficiencia de valores morales y éticos en la prestación de los servicios profesionales por parte del auditor independiente trae como consecuencia a la sociedad, la desvalorización de la profesión, deslealtad a la profesión y a los colegas, falta de confiabilidad y criterio en el desempeño de su trabajo; en cuanto a ésto se puede decir que el Auditor Independiente en la prestación de sus servicios no le da la relevancia que debiera al aspecto ético y moral de la profesión, lo que origina una cultura negativa que afecta directamente a la sociedad.

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Hoy se hace imperioso que la ética periodística se complemente con el tratamiento jurídico de la libertad de expresión. La precaución jurídica es la invitación a una visión integral de la ética profesional basada en la autorregulación y en el conocimiento de la teleología del periodismo

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El objetivo general de esta revisión es explicar que la educación superior en Colombia necesita integrar al campo administrativo el reconocimiento y manejo de las emociones, para que la gerencia contribuya al verdadero desarrollo social sostenible. Como el campo de interés está centrado en la gerencia, se hizo uso de los aportes del marketing relacional, la teoría de creación de valor compartido y la inteligencia emocional, así como otras aproximaciones teóricas y bibliográficas que sirvieron de soporte durante el desarrollo del seminario de gerencia. Consecuentemente, los aportes de los autores soportan las razones por las cuales se requiere de una reestructuración de la gerencia para mitigar las externalidades del medio y promover el desarrollo social y económico. Finalmente, se pretendió proporcionar la información adecuada al lector acerca del tema, de forma tal que facilite la comprensión y promueva la discusión acerca de los diferentes aportes de los autores.

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Basada en los conceptos de Alexis de Tocqueville, esta investigación busca explicar de qué manera la cultura del trabajo influyó en la igualdad de condiciones. Para esto fue necesario analizar cómo la sociedad neogranadina acogía nuevas teorías y prácticas del mundo moderno liberal en su estructura socio-económica y política, haciendo indispensable, en primer lugar, realizar un estudio detallado de la situación de la Nueva Granada en los aspectos mencionados, durante finales del siglo XVIII y gran parte del siglo XIX. En principio se puede deducir que la cultura del trabajo no tuvo influencia en la igualdad de condiciones, porque la concepción protestante de la salvación del alma no halló en los neogranadinos la aceptación que requería para hacer de este un pueblo trabajador y tampoco se pudo garantizar una situación de igualdad de condiciones desde un aspecto cultural, sino que estuvo presente por medio de leyes que no eran respetadas.

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Recent decisions of the Family Court of Australian reflect concerns over the adversarial nature of the legal process. The processes and procedures of the judicial system militate against a detailed examination of the issues and rights of the parties in dispute. The limitations of the family law framework are particularly demonstrated in disputes over the custody of children where the Court has tended to neglect the rights and interests of the primary carer. An alternative "unified family court" framework will be examined in which the Court pursues a more active and interventionist approach in the determination of family law disputes.

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In Australia seven schemes (apart from the Superannuation Complaints Tribunal) provide alternative dispute resolution services for complaints brought by consumers against financial services industry members. Recently the Supreme Court of New South Wales held that the decisions of one scheme were amenable to judicial review at the suit of a financial services provider member and the Supreme Court of Victoria has since taken a similar approach. This article examines the juristic basis for such a challenge and contends that judicial review is not available, either at common law or under statutory provisions. This is particularly the case since Financial Industry Complaints Service Ltd v Deakin Financial Services Pty Ltd (2006) 157 FCR 229; 60 ACSR 372 decided that the jurisdiction of a scheme is derived from a contract made with its members. The article goes on to contend that the schemes are required to give procedural fairness and that equitable remedies are available if that duty is breached.

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Sexual harassment can be conceptualized as a series of interactions between harassers and targets that either inhibit or increase outrage by third parties. The outrage management model predicts the kinds of actions likely to be used by perpetrators to minimize outrage, predicts the consequences of failing to use these tactics—namely backfire, and recommends countertactics to increase outrage. Using this framework, our archival study examined outrage-management tactics reported as evidence in 23 judicial decisions of sexual harassment cases in Australia. The decisions contained precise, detailed information about the circumstances leading to the claim; the events which transpired in the courtroom, including direct quotations; and the judges' interpretations and findings. We found evidence that harassers minimize outrage by covering up the actions, devaluing the target, reinterpreting the events, using official channels to give an appearance of justice, and intimidating or bribing people involved. Targets can respond using countertactics of exposure, validation, reframing, mobilization of support, and resistance. Although there are limitations to using judicial decisions as a source of information, our study points to the value of studying tactics and the importance to harassers of minimizing outrage from their actions. The findings also highlight that, given the limitations of statutory and organizational protections in reducing the incidence and severity of sexual harassment in the community, individual responses may be effective as part of a multilevel response in reducing the incidence and impact of workplace sexual harassment as a gendered harm.

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Internationally, sentencing research has largely neglected the impact of Indigeneity on sentencing outcomes. Using data from Western Australia’s higher courts for the years 2003–05, we investigate the direct and interactive effects of Indigenous status on the judicial decision to imprison. Unlike prior research on race/ethnicity in which minority offenders are often found to be more harshly treated by sentencing courts, we find that Indigenous status has no direct effect on the decision to imprison,after adjusting for other sentencing factors (especially past and current criminality).However, there are sub-group differences: Indigenous males are more likely to receive a prison sentence compared to non-Indigenous females. We draw on the focal concerns perspective of judicial decision making in interpreting our findings.

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A good faith reading of core international protection obligations requires that states employ appropriate legislative, administrative and judicial mechanisms to ensure the enjoyment of a fair and effective asylum process. Restrictive asylum policies instead seek to ‘denationalize’ the asylum process by eroding access to national statutory, judicial and executive safeguards that ensure a full and fair hearing of an asylum claim. From a broader perspective, the argument in this thesis recognizes hat international human rights depend on domestic institutions for their effective implementation, and that a rights-based international legal order requires that power is limited, whether that power is expressed as an instance of the sovereign right of states in international law or as the authority of governments under domestic constitutions.

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Nationally, there is much legislation regulating land sale transactions, particularly in relation to seller disclosure of information. The statutes require strict compliance by a seller failing which, in general, a buyer can terminate the contract. In a number of instances, when buyers have sought to exercise these rights, sellers have alleged that buyers have either expressly or by conduct waived their rights to rely upon these statutes. This article examines the nature of these rights in this context, whether they are capable of waiver and, if so, what words or conduct might be sufficient to amount to waiver. The analysis finds that the law is in a very unsatisfactory state, that the operation of those rules that can be identified as having relevance are unevenly applied and concludes that sellers have, in the main, been unsuccessful in defeating buyers' statutory rights as a result of an alleged waiver by those buyers.