1000 resultados para Servicios públicos - Aspectos jurídicos


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Existen intereses públicos y particulares en la enseñanza del estado, cuya realidad tiene que ser encomendada, como la de otros servicios públicos, al elementos personal, al profesorado oficial. En ellos, existe una confluencia de intereses, tanto público y privado, como profesores y como personas que muchas veces son divergentes. Pero, debe imperar el criterio de conjugación de los dos. La administración ha de considerar cada vez más suyos los intereses personales de los profesores oficiales. Sólo así, conseguirá el bien común, al conseguir el éxito del interés público de la educación.

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Se analiza el 'Anuario Estadístico' correspondiente al año1942, que contenía datos estadísticos que abarcaban diversos temas. Entre las materias más importantes, destacaban: 'El inventario de la población', 'El volumen, desarrollo y eficacia de los servicios públicos del Protectorado' y 'la descripción y medida de las relaciones de intercambio entre la zona y España'. Se examina el capítulo del Anuario dedicado a la Enseñanza dividido en cuatro partes: Enseñanza española, Enseñanza Marroquí, Enseñanza Primaria privada israelita y Bibliotecas públicas y se ofrecen datos detallados sobre aspectos relativos a estas materias.

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gvSIG Mini es un visor de mapas teselados con soporte a capas de OSM, WMS, WMS-C, TMS, otros servidores de mapas, rutas, localización, etc. Las nuevas funcionalidades de gvSIG Mini incluyen la creación de un API vectorial que permita acceder a datos vectoriales de ficheros locales y de servicios públicos que ofrecen información de puntos de interés. Se ha desarrollado un API vectorial para Android que permite cargar y visualizar capas de puntos, líneas y polígonos sobre gvSIG Mini, soporte para selección de geometrías y visualización de información alfanúmerica. Este API permite cargar en gvSIG Mini archivos GPX, KML y GML almacenados en el propio dispositivo móvil. Por otra parte, debido al carácter casual de los usuarios de gvSIG Mini y gracias al nuevo API vectorial se ha conseguido soportar la información que ofrecen algunos servidores públicos de puntos de interés, como: Nominatim, Cloudmade, MapQuest, Geonames... e información proveniente de servicios de redes sociales como: Flickr, Twitter, Buzz, Foursquare, etc. Para ello se ha desarrollado un servicio que sirve de intermediario entre gvSIG Mini y esos servicios de puntos de interés, que homogeniza las peticiones y el tipo de respuesta de cada uno de ellos. Las nuevas funcionalidades de gvSIG Mini permiten cargar, visualizar y consultar gran cantidad de información vectorial de utilidad para usuarios profesionales, ya que pueden acceder a información almacenada en archivos vectoriales estándar (GPX, KML, GML) e información de redes sociales y puntos de interés más adecuada para uso casual o turismo

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El desarrollo de este trabajo de investigación consiste en un análisis doctrinario de los diversos criterios de atribución de potestad tributaria; toda la información recolectada será procesada de tal forma que inicialmente a través de la doctrina se analizará los criterios de atribución de potestad tributaria, posteriormente utilizando las directrices y recomendaciones de los organismos internacionales determinar cual es el criterio de imposición adecuado a las actividades comercio electrónico, siempre resguardando la soberanía fiscal de todos los Estados que asegure un reparto equilibrado de la base imponible; para llegar a conclusiones válidas sobre estas cuestiones nos referiremos a los tributos que gravan el comercio electrónico, nos centraremos en el impuesto que recae sobre la renta. En primer lugar abordaremos las nociones generales del impuesto a la renta tanto de personas naturales, de las sociedades y de los no residentes; luego se consideraran las nociones generales del comercio electrónico, discutiremos si es bien o servicio las transacciones realizadas en el comercio electrónico, que incidencia tiene que los bienes o servicios objeto de las transacciones comerciales circulen por la red o no y haré una breve descripción de los principios tributarios aplicables al comercio electrónico; en tercer lugar me referiré al ejercicio de la soberanía de los Estados, al ejercicio de la potestad tributaria y a los diversos criterios de atribución de potestad tributaria para someter a imposición las transacciones del comercio electrónico, hablaré brevemente sobre el establecimiento permanente, su relación con el servidor y la página web; en cuarto lugar hablare de ciertos problemas que presenta la fiscalidad del comercio electrónico en el ámbito de la imposición sobre la renta, dentro de los cuales esta la dificultad para localizar las actividades comerciales; y, por ultimo expondré, algunas de las soluciones ofrecidas por organismos internacionales.

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La presente investigación se centra en el análisis de las figuras administrativas de la Licencia, el Permiso y la Autorización, las mismas que en la práctica no han sido muy utilizadas pero que sin embargo con un uso adecuado pueden constituir herramientas muy útiles y efectivas para delegar obras y servicios a la iniciativa privada. Es así que en el Primer Capítulo comienzo analizando el objeto propiamente de la delegación a la iniciativa privada, que es lo que conocemos como “Servicio Público”. Para ello establezco los conceptos, antecedentes, elementos y características. En el Segundo Capítulo doy un vistazo a nuestra legislación de modernización a fin de conocer los distintos mecanismos de delegación de obras y servicios a la Iniciativa Privada que ésta prevé. A continuación procedo a enfocarme en el estudio de los conceptos, naturaleza jurídica, y características de la Concesión, de la Licencia, del Permiso y de la Autorización, para finalmente marcar sus diferencias. En el Tercer Capítulo profundizo aún más en nuestra legislación con la finalidad de conocer en que ámbitos del derecho se utilizan las Licencias, los Permisos y las Autorizaciones para delegar la ejecución de obras o prestación de servicios. Posteriormente, hago una revisión de la legislación comparada, para conocer como se encuentran reguladas, y termino el Capítulo determinando las ventajas y desventajas de delegar Obras y/o Servicios mediante estas 3 figuras administrativas y señalando mi propuesta. Finalmente, en el Cuarto Capítulo establezco las Conclusiones y Recomendaciones respectivas.

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El fundamento de esta tesis se encuentra en la trascendencia que las telecomunicaciones han adquirido en la época actual. Ahí están, junto al avance tecnológico del sector, la importancia adquirida en el aspecto económico. No en vano se asevera que el desarrollo de un país está determinado por el avance de sus telecomunicaciones. La perspectiva que ofrece el área para el Derecho Económico es de un increíble potencial. Sinembargo, es de lamentar la poca dedicación que desde el campo jurídico se le ha dado para considerar a las telecomunicaciones como un bien jurídico que se ha de proteger por las importantes consecuencias que genera. Mi propósito al elegir el tema, fue realizar el análisis partiendo desde el estudio de la evolución económica que en la época actual nos coloca en el camino de la Globalización y la Interdependencia, estados a los que se puede acceder en base de las redes telefónicas que permiten crear poderosos grupos integrados que dominan la mayor actividad económica actual que es el intercambio. La afirmación es que en el Siglo XXI la integración económica irá aumentando de modo inevitable. Mi visión del tema se dirigió al estado de las telecomunicaciones en el Area Andina, incluido el Ecuador, por la incidencia de la Privatización del sector en la economía de cada Estado, un poco más exahustivo en nuestro País. Finalmente, me he preocupado de la legislación ecuatoriana en torno al tema, tan desatendido y consecuentemente, lleno de contingencias que estamos llamados a solucionar y para lo cual realizo mi aporte con Conclusiones y Recomendaciones.

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El tema de las competencias, ha germinado con la idea de desarrollar en el individuo diferentes capacidades que integradas le permitan desenvolverse en medios y contextos determinados. Uno de estos contextos es precisamente el sector público, donde las personas que dependen del servicio que brinda este sector esperan que sea de calidad y orientado a satisfacer sus necesidades. Una manera de cubrir las expectativas de un servicio público de calidad es la capacitación, la misma que orientada bajo un enfoque por competencias promete desarrollar en el servidor público las capacidades necesarias para cubrir estas expectativas. Una propuesta curricular que coadyuve a una capacitación de calidad, oriente el desarrollo de capacidades y pueda merecer la atención de las instituciones y empresas públicas para mejorar el servicio a la ciudadanía es el propósito que anima este trabajo.

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El interés del presente estudio radica en resaltar la importancia que tiene el sector privado como prestador de servicios de salud dentro del esquema de la seguridad social, en virtud de la creciente demanda de servicios que se viene dando en este sector y por cuanto la seguridad social, representada en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social IESS, si bien ha incrementado su oferta en infraestructura y por ende con ello parcialmente ha dado respuesta positiva dentro del colectivo ciudadano, esto ha sido posible también debido a las alianzas efectuadas con los hospitales y clínicas privadas que ha incorporado a su red a nivel nacional, lo que ha generado como resultado en la ciudadanía una importante aceptación de los servicios de salud prestados por el IESS debido a la credibilidad con la que cuenta el sector privado en este ámbito, esto debido a que en muchas partes del país, el usuario de los servicios de salud del IESS es derivado a los hospitales y clínicas privadas con las que tiene convenio, por cuanto el sistema de seguridad social no está en la capacidad de poder asistir a un usuario con sus propias coberturas e instalaciones o bien porque simplemente no tiene presencia en determinada región del país. Este estudio no pretende maximizar a un sector en desmedro de otro, sino resaltar la necesidad de propiciar los espacios de colaboración entre estos dos sectores tradicionales, toda vez que esta alianza puede dar resultados favorables en beneficio de los usuarios que buscan la eficiencia y calidad en la prestación los servicios públicos, tan necesarios en nuestra cotidianeidad.

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La Constitución de la República y demás legislación secundaria establecen la posibilidad de delegar la participación en los sectores estratégicos y servicios públicos entre otros a la iniciativa privada, la cual de forma recurrente es autorizada para ejercer actividades de comercialización de combustibles; la referida actividad se constituye en un servicio público que por sus características e importancia debe ser analizado y comprendido de forma integral. El objetivo planteado en el presente trabajo es analizar el contenido y alcance de la delegación administrativa para prestar servicios públicos y así establecer entre otras cosas su pertinencia, aplicación, regulación, y control en la esfera administrativa. El problema materia de la presente investigación se justifica por cuanto del análisis del mismo se establece cualidades que posibilitan en forma científica resaltar los aspectos que determinan la presencia de la problemática a investigar, la misma que se cimienta en los parámetros de: actualidad, importancia, relevancia, y factibilidad. La investigación se sujeta a los lineamientos del método científico que versa sobre aspectos de recolección de información de fuentes fidedignas, reales y lógicas que fundamenta la aplicación de métodos auxiliares como el inductivo y deductivo. Por otra parte, la doctrina, la literatura académica importante que se va a utilizar en la presente investigación será extraída de disposiciones normativas, libros, folletos, y demás documentos relacionados con el tema a investigar. Como resultado de la investigación se espera lograr una mejor aplicación y uso adecuado de las figuras jurídicas de delegación administrativa, mismas que permitirán satisfacer necesidades de carácter general que contribuyan al bien común y al cumplimiento de los fines del Estado.

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La Constitución del Ecuador (2008) otorga al Estado la potestad de planificar el desarrollo del país y ejercer un rol protagónico como agente dinamizador de la economía. Uno de los instrumentos con los que cuenta el Estado para intervenir en la economía es la creación de empresas públicas como instrumentos de política.1 Para lograr estos cometidos, el Estado tiene en sus manos –a través de estas personas jurídicas- la responsabilidad de ejercer como prestador de servicios públicos y ejecutor de obra pública. También está habilitado para intervenir en el desarrollo de otras actividades económicas, generalmente de tipo comercial, sobre las cuales la doctrina y academia ecuatoriana muy poco se han referido. La Ley Orgánica de Empresas Públicas prescribe cuál es la naturaleza jurídica de las empresas públicas, pero deja de ser tan explícita cuando se refiere a la determinación de los actos, hechos y contratos que aquellas expiden, ejecutan o celebran, cuando no estén relacionados con la construcción de obra pública e infraestructura. Estimamos que esta indeterminación, efectivamente, puede producir inseguridad jurídica o violaciones al derecho a la tutela judicial efectiva de los administrados. El análisis al giro específico del negocio de las empresas públicas nos permite entender el régimen particular de los actos, hechos y contratos que se deriva de la actividad que realiza el Estado cuando asume el rol de proveedor de bienes y servicios de carácter comercial. Este análisis admite que existe una cierta oscuridad en la actual legislación sobre estos regímenes de contratación. El estudio abordará una breve reseña histórica que distingue los diferentes tipos jurídicos que precedieron a las hoy denominadas empresas públicas (EP) en el Ecuador, procurando identificar los momentos político-económicos que dieron origen a dichas figuras jurídicas. Finalmente, examinaremos el régimen de solución de controversias aplicable, en el giro ordinario y específico del negocio de las EP, en consideración a que el administrado debe contar con las herramientas jurídicas que posibiliten hacer efectiva la garantía de sus derechos constitucionales, especialmente, los derechos a la seguridad jurídica, de impugnación y de la tutela judicial efectiva.

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A incorporação da proteção do direito à saúde em textos constitucionais é uma forma contemporânea de expressão do desejo de uma sociedade em ver efetivado esse direito fundamental. Os efeitos dessa incorporação dependem da interação de diferentes fatores relacionados ao comportamento dos agentes públicos e dos cidadãos. A resultante dessa interação têm sido pouco estudada do ponto de vista quantitativo. Nesse trabalho foi realizada uma análise de regressão múltipla visando identificar o efeito, sobre a taxa de mortalidade infantil, da presença da proteção ou da ausência da proteção do direito à saúde nas constituições de 112 países. Para tanto, foi desenvolvida uma variável categórica denominada ¿nível de proteção constitucional do direito à saúde¿, avaliada a partir da análise de conteúdo dos textos constitucionais e incorporada ao modelo na forma de uma variável dummy binária. Também foram incorporadas variáveis de controle para renda per capita, efetividade do governo, despesas públicas com saúde, alfabetização feminina, presença de jovens na população e distribuição de renda (F sign.= 0,000; R2 ajustado = 0,901). A análise de regressão revelou que a variável dummy é estatisticamente significante a um nível de 5% (p-valor = 0,039) e revelou ainda uma associação negativa entre a presença da proteção constitucional do direito à saúde e as taxas de mortalidade infantil. De acordo com o modelo testado, a presença da proteção constitucional do direito à saúde, mantidos constantes os demais fatores, está associada a uma redução no valor esperado da mortalidade infantil da ordem de 14,61%. Os resultados sugerem que a inclusão da proteção do direito à saúde no texto constitucional efetivamente exerce um impacto positivo sobre o sistema de saúde de um país.

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Este livro reúne diversos artigos acadêmicos de jurista sobre aspectos jurídicos do desenvolvimento sustentável relacionados aos temas que estão sendo negociados na Rio +20.

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A existência de instrumentos monetários paralelos àqueles “oficiais” não é um fenômeno recente: ao longo da história, diversas foram as formas e ocasiões em que circularam moedas paralelas. No entanto, nos últimos anos, esses instrumentos fundiram-se com a tecnologia, atingindo um alcance praticamente ilimitado, trazendo consequências que ainda não se sabe como estimar. Este trabalho tem por objetivo estudar um caso específico de moeda paralela de alta complexidade tecnológica, o Bitcoin, e descrever quais têm sido os posicionamentos adotados por uma série de jurisdições a esse respeito. Trata-se de uma aproximação mais palatável da linguagem da Tecnologia da Informação e da Economia aos operadores do Direito. O estudo estende-se na direção de propor uma reflexão acerca do significado de se reconhecer no Bitcoin uma moeda paralela – muito embora a discussão acerca de ser ou não moeda constituir apenas uma das discussões possíveis. Explora-se quais têm sido as opções de regulação adotadas pelos Estados que se vêem obrigados a assumir uma posição em relação às moedas virtuais, em geral, e ao Bitcoin, em particular. Percebe-se que a terminologia escolhida pelas jurisdições no tratamento do Bitcoin resulta na sua inclusão em diferentes categorias do Direito e, como consequência direta disso, as implicações jurídicas variam de acordo com a terminologia adotada. O principal tratamento dispensado ao Bitcoin é aquele via tributação, notando-se a preocupação de cada Estado em classificar juridicamente o Bitcoin de acordo com a regulação específica que se pretende invocar a incidência. De acordo com o levantamento realizado, 62 jurisdições já assumiram um posicionamento em relação ao Bitcoin. Com cada vez mais atenção dispensada por órgãos regulatórios internacionais – como é o caso do Banco Central Europeu e do Fundo Monetário Internacional – o Bitcoin reforça seu potencial e suas limitações, principalmente no tocante aos desafios enfrentados à uma regulação eficaz. A conclusão deste trabalho procura reforçar que o tratamento jurídico dispensado a fenômenos novos não é uniforme, e que, uma vez encarado pelo viés da teoria econômica que reconhece a existência das moedas paralelas, o Bitcoin pode ser mais facilmente apreendido em um aparato regulatório.

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No julgamento do recurso especial referente à ação ajuizada pela apresentadora Xuxa Meneghel para compelir o Google Search a desvincular dos seus índices de busca os resultados relativos à pesquisa sobre a expressão “Xuxa pedófila” ou qualquer outra que associasse o nome da autora a esta prática criminosa, a relatora da decisão, a Ministra Nancy Andrighi, definiu de maneira clara a controvérsia de que cuida este trabalho: o cotidiano de milhares de pessoas depende atualmente de informações que estão na web, e que dificilmente seriam encontradas sem a utilização das ferramentas de pesquisas oferecidas pelos sites de busca. Por outro lado, esses mesmos buscadores horizontais podem ser usados para a localização de páginas com informações, URLs prejudiciais resultantes da busca com o nome das pessoas. Diante disso, o que fazer? Existiria realmente um direito de ser esquecido, isto é, de ter uma URL resultante de uma pesquisa sobre o nome de uma pessoa desvinculado do índice de pesquisa do buscador horizontal? Há quem afirme que a medida mais apropriada para lidar com esse problema seria ir atrás do terceiro que publicou essa informação originariamente na web. Há também quem defenda que a proteção de um direito de ser esquecido representaria uma ameaça grande demais para a liberdade de expressão e de informação. Diante deste quadro, esta dissertação visa a estabelecer quais podem ser as características e os limites do direito ao esquecimento na era digital, de acordo com o estado atual da legislação brasileira a respeito, confrontando-se tal direito com outros direitos e interesses públicos e privados (especialmente o direito à liberdade de expressão e à informação) e levando em conta as características de funcionamento da própria rede mundial de computadores, em especial das ferramentas de buscas. Tendo em vista a importância dos buscadores horizontais no exercício do acesso à informação e, além disso, as dificuldades relacionadas à retirada de URLs de todos os sítios em que tenham sido publicadas, nossa pesquisa focará no potencial – e nas dificuldades – de se empregar a regulação de tais ferramentas de busca para a proteção eficaz do direito ao esquecimento na era digital.

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State intervention generally demands the purchase or rental of goods and services, and such acquisitions are subject to a number of indispensable legal frameworks. In the Brazilian State, Law 8.666 of 21 June 1993 and further norms regulate the necessity of a formal process, usually licitation. Given the importance of this subject to public and private spheres, one of the prerequisites of these formal contracting rules is the openness of public acts, and society s knowledge and accompaniment. The objective of this study is to investigate society s participation in public contracting, with the aim of debating theories surrounding the state/society relationship proposed by public political thought and authors in relation to legal aspects involving licitations. The principal question of this research is: despite the possibility of society s participation being predicted in the legal frameworks which orientate licitations, why is this social control not carried out? Why does it only occupy a secondary position to both individual and collective agents? In order to test some of this study s hypotheses, field research was carried out in the Coqueiral community in Aracaju, Sergipe, in relation to public acquisitions of goods and services during the period of May to September 2009. Research involved observation visits and guided interviews with the relevant community and public sector representatives. This project s hypotheses were confirmed, as this social control is not apparent, even in areas where popular participation is a strong component in asserting ones local rights, like in the Coqueiral community.