347 resultados para Normatividad
Resumo:
En la investigación se recogen las posiciones asumidas por los actores colombianos y ecuatorianos, involucrados en el desarrollo del transporte internacional de mercancías por carretera por el paso Rumichaca. Inicialmente se describe la forma en que se ejecuta el transporte terrestre de mercancías en Ecuador y Colombia y se lleva a cabo un análisis de la infraestructura vial, con énfasis en la zona fronteriza entre los dos países. Seguidamente se presenta un análisis de los problemas que inciden de manera negativa en el transporte de carga por carretera en la frontera, destacando como problemas más significativos: la piratería terrestre, transbordo de mercancías no especializadas, deficiente infraestructura administrativa en la zona de frontera, conflicto interno colombiano, narcotráfico, actitudes de los transportistas, descuido de la zona fronteriza por los gobiernos centrales y resistencia de la población local. Estos problemas en las condiciones actuales, son insolubles y hacen imposible que el transporte internacional de carga por carretera se desenvuelva acorde a la reglamentación comunitaria, obstaculizando el comercio entre los países miembros de la Comunidad Andina (CAN), y por tanto, entorpeciendo la agenda integracionista en la subregión andina. Posteriormente en el estudio se realiza el análisis de la Decisión 399, regulatoria del transporte internacional de carga por carretera entre los países miembros de la CAN y se argumenta que se ha incurrido en desacato a la normatividad por parte de Ecuador y Colombia.
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El neoconstitucionalismo, como modelo de teoría jurídica, permite entender y abordar de mejor forma la estructura del derecho en el siglo XXI, superando así los rezagos del derecho privado, insuficiente en estos tiempos para explicar en clave de derechos la relación entre Constitución, Estado y derechos humanos. En este libro se aborda la teoría del contenido mínimo de los derechos fundamentales, según la cual estos tienen, además del contenido esencial, uno que está dado por los instrumentos internacionales y que representa el estándar mínimo que los Estados no pueden desconocer bajo ninguna circunstancia so pena de eliminar o anular el derecho mismo y con ello dar lugar a responsabilidades internacionales. Esta teoría es aplicable también a los derechos sociales, por lo que, al analizar el derecho al trabajo, se busca ejemplificar de qué manera los Estados pueden, y deben, empezar a recorrer el camino de realización de ciertos derechos tradicionalmente relegados. Para ello se realiza un recorrido sobre el contenido y transformaciones del trabajo –como hecho social vital para las sociedades modernas– y se presenta una propuesta de contenido mínimo acorde con la normatividad internacional vigente.
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El Fondo Monetario Internacional tiene un programa de condicionalidad que materializa por diferentes métodos, entre los que se encuentra las cartas de intención, a través de ellas exigió a Colombia modificar la política macroeconómica a cambio de asistencia financiera y técnica en las que se determinó la orientación de la normatividad jurídica en materia macroeconómica, es decir, la política fiscal, monetaria, de comercio exterior, financiera y política cambiaria; de esta manera, el FMI interviene directamente en la política interna de Colombia bajo el pretexto de ayudar al crecimiento económico sostenible, mejorar los niveles de vida y reducir la pobreza. La aplicación de estos condicionamientos se dio a través de reformas laborales, tributarias, de reestructuración al Estado, financiera, de comercio exterior, régimen cambiario, de seguridad social y pensiones, y de regalías. Por lo tanto, en estas circunstancias es importante analizar el tema desde el ámbito del derecho económico, constitucional e internacional, a fin de determinar cuáles son los problemas jurídicos y sociales que han generado estos condicionamientos al supeditar la estabilidad macroeconómica a la balanza de pagos y a los ajustes fiscales, sin importarle el coste social generado y el desmedro a los derechos de los colombianos, contrariando los fines del Estado, debilitando la Constitución y poniendo en crisis el Estado Social de Derecho.
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El presente trabajo de investigación supone un análisis detallado de las características, delimitación y funcionamiento del principio democrático como base de un estado que reconozca la participación social como una forma de dirigir y administrar el poder constituido. En consecuencia, hacia el reconocimiento de la participación social y la devolución del poder a la población para así, fijar la vigencia de una teoría democrática. En tal virtud, se presenta un problema con la facultad reglamentaria del ejecutivo, pues, conforme la praxis existente en el Ecuador, el Presidente de la República rebasa su atribución constitucional con este acto normativo, llegando a establecer regulaciones y condiciones nuevas que no han sido previstas por la ley superior; luego, se generaría una afección trascendental y directa al principio democrático, división de funciones, normatividad de la Constitución, principio de reserva legal y jerarquía normativa. Este fenómeno jurídico político de consecuencias relevantes para el constitucionalismo será el centro de análisis en tanto se llegue a determinar las características y configuración que este acto normativo desarrollado por el Presidente de la República debe cumplir para su correcta validez material y formal en respeto a la Constitución ecuatoriana. Así, se mostrará características establecidas a los reglamentos, la configuración de los mismos y casos concretos provenientes de la praxis ecuatoriana que demuestre la realidad vigente. Además, no se desatenderá el papel que ha venido desempeñado la Corte Constitucional del Ecuador respecto de este conflicto de tipo constitucional, órgano que por cierto, mantiene un rol de guardián de la Constitución y garante de los derechos de las minorías que no detentan poder.
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El presente texto realiza acercamientos reflexivos de tipo socio-jurídico frente a distintas perspectivas normativas presentadas por el régimen de propiedad intelectual en instituciones del sistema de comercio global contemporáneo sobre protección de conocimientos tradicionales. Para ello, la presente investigación ha seleccionado como grupo representativo de los denominados conocimientos tradicionales a los pueblos y comunidades indígenas especialmente del sur y centro de la Abya Yala (América) con el objeto de contextualizar y observar las perspectivas planteadas desde una cosmovisión y enfoque distinto sobre el conocimiento y los aspectos vinculados a este -de varios que podrían existir- respecto a aquel paradigma normativo que interpreta al conocimiento como propiedad. Este estudio ha logrado plantear criterios normativos alternativos sobre protección de conocimientos tradicionales con los que se pueden nutrir las discusiones sobre segmentos actualmente descuidados en las relaciones jurídicas y económicas internacionales, en especial, aquel entre pluralismo jurídico y la corriente vigente de universalismo normativo, y por otra parte, criterios que aportan a la reflexión sobre la necesidad de acuerdos de prelación entre los distintos tipos de derecho a nivel internacional acompañados de vínculos de cooperación y coherencia entre distintos sistemas jurídicos. En el documento usted puede encontrar: Explicaciones sobre las prácticas frecuentes entre las comunidades indígenas acerca de los conocimientos que administran junto con la incidencia que estos tienen sobre su organización y vida social, además de las circunstancias históricas externas que aún se encuentran afectando sus posibilidades de existencia y protección. Una radiografía del contenido ideológico y del modelo económico comercial que se encuentra marcando actualmente la normatividad global sobre el intelecto. Una presentación de perspectivas críticas en debate con las perspectivas del régimen de propiedad intelectual en el comercio internacional; y, Conclusiones y recomendaciones para la protección global de los conocimientos tradicionales.
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El tema de investigación se centra en el ámbito urbano de la ciudad de Quito, durante la colonia tardía, concretamente en las dos últimas décadas del siglo XVIII, que estuvieron caracterizadas por cambios políticos y económicos, especialmente derivados de la implementación de las Reformas Borbónicas. Este trabajo analiza la normatividad y regulaciones que fueron impuestas por el Estado Colonial para realizar el control de la moral pública y cómo los dispositivos de control incidieron en las relaciones de género de la plebe quiteña que se debatía en una dinámica de contradicciones y tensiones. Para abordar este tema recurrimos a las fuentes históricas que dan cuenta de la estructura de vigilancia y control creada por las autoridades coloniales, donde se destaca la figura del Alcalde de Barrio y la emisión de los Autos de Buen Gobierno en la implementación de las políticas de disciplinamiento. Utilizamos varios procesos judiciales sobre contravenciones y sexualidades transgresoras, específicamente los relativos al adulterio, concubinato y amancebamiento, que fueron también formas de convivencia en las que se estructuró la vida familiar colonial. Dentro del análisis será de relevancia los períodos que corresponde a las Presidencias de la Real Audiencia, en donde las cifras de enjuiciamientos aumentan considerablemente. La casuística utilizada permite exponer las situaciones bajo las cuales se producen esas relaciones ilícitas al interior de los barrios quiteños; el accionar de las autoridades, el desempeño de los testigos como involucrados en los expedientes, los métodos punitivos y las estrategias utilizadas por los transgresores cuando apelan para gestionar su libertad. Acompaña a esta investigación cuatro anexos que contienen la sistematización de la información documental utilizada: las funciones de los alcaldes de barrio; disposiciones y sanciones que se establecieron para imponer un orden social en la ciudad y los procesos judiciales analizados, incluyendo la información correspondiente a las sentencias.
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El presente documento da cuenta de un proceso prolijo de sistematización de la normatividad vigente sobre las APPs y las OxI en el Perú, así como de su cuantificación durante los últimos años y ha sido estructurado en cuatro capítulos además de esta breve introducción. Primero se hace un recuento histórico que permita caracterizar el contexto situacional de fines del siglo pasado a fin de poder comprender mejor el escenario donde se diseñan e implementan las APPs, indentificando los 2 periodos en las últimas dos décadas: i) Concesiones (1996-2008) y ii) APPs y OxI (2008 a la fecha). Luego se desarrollan en los siguientes capítulos (tercer, cuarto y quinto capítulo, respectivamente) las principales características de esas 2 etapas, analizando las concesiones, las asociaciones público-privadas y las obras por impuesto.
