1000 resultados para Administración pública vasca


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Esta monografía busca analizar cier tas funciones que el Constituyente colombiano de 1991 le asignó a uno de los dos órganos de la Organización Electoral: el Consejo Nacional Electoral; dichas funciones está consignadas en el artículo 265, numeral 5: Velar por el cumplimiento de las normas s obre partidos y movimientos políticos y de las disposiciones sobre publicidad y encuestas de opinión política; por los derechos de la oposición y de las minorías: y por el desarrollo de los procesos electorales, en condiciones de plenas garantías. 1 Cabe s eñalar que se hará especial énfasis en ciertos aspectos. En el primer capítulo, además de una breve introducción al caso del Consejo Nacional Electoral y los temas que se desarrollarán a lo largo del texto, el análisis se centrará en las normas sobre part idos y movimientos políticos en cuanto a su financiamiento y, especialmente, a la vigilancia a la financiación de campañas electorales. En el segundo capítulo se analizará n las disposiciones sobre publicidad política, encuestas políticas y, especialmente, propaganda electoral. A la observación de estos dos criterios netamente políticos se añadirá un tercer factor caracterizado por la actividad administrativa, los recursos humanos y económicos de los cuales la Corporación dispone para desempeñar las funcione s y/o mandatos citados anteriormente.

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Desde los años setenta diferentes entidades de la administración pública han planteado intervenciones sobre el espacio natural denominado Reserva Forestal Protectora Bosque Oriental de Bogotá, con la intención de preservarlo frente a las alteraciones de las que venía siendo objeto históricamente. Sin embargo, todas estas  intervenciones fueron infructuosas debido a que nunca se integró la visión urbana de este problema ambiental. Las nuevas propuestas de política pública, reproducen dicha tendencia, llevando irrefrenablemente al fracaso de la política pública y a perpetuar las tendencias del mercado inmobiliario. 

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Dada la importancia de la primera infancia en el desarrollo de la sociedad, el Estado, a través de la gobernanza, trabaja en conjunto con otros actores en el cumplimiento de la Política Pública Nacional de Primera Infancia (PPNPI) para mejorar el bienestar de los niños menores de seis años. Hoy cada vez más empresas, al asumir su responsabilidad social empresarial, se interesan en el tema. A través de la Fundación Éxito, los almacenes Éxito promueven la nutrición de la primera infancia por medio de sus diferentes programas enfocados en nutrición. Entre estos se encuentra el Programa de gestantes y lactantes, el cual se evalúa aquí según las metas del objetivo específico de la PPNPI: promover la salud, la nutrición y los ambientes sanos, desde la gestación hasta los seis años.

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Se realizará una revisión Constitucional, legal y conceptual de los principios orientadores de la función pública en Colombia. Posteriormente, se tratará de mostrar la dicotomía entrelos mandatos contenidos en dicho marco normativo y su aplicación en la cotidianidadde la gestión

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cambios y repercusiones más importantes en las organizaciones del Estado que pasan a ser organizaciones privadas en el sector salud colombiano a través de la investigación de los antecedentes de la privatización de las empresas estatales

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Las reformas del sector salud y la falta de lineamientos sobre el talento humano han generado una disminución de tan importante recurso. Los laboratorios de salud pública -LSP son la fuente primaria de información para la toma de decisiones en Vigilancia en Salud Pública. Este estudio presenta las características del talento humano de los LSP y su directa relación con el desarrollo de sus funciones misionales. Éste es un estudio descriptivo transversal con encuesta auto-diligenciada aplicado a los 33 LSP del país en el año 2014. En los 33 LSP hay 433 profesionales para la vigilancia en salud pública, en el año 2014, con 143 (33%) de planta y 293 (67%) de contrato y 24% (102) hombres y 76% (331) mujeres. El 94% de los LSP cuenta con coordinador de planta, 52% tiene funciones exclusivas. El 51% (17) de los LSP cumplen con el 92% los lineamientos dados. 7 LSP tiene 1 o menos funcionarios de planta. El talento humano es un factor clave para cumplir con la misión de los LSP y Colombia cuenta con 433 profesionales en los 33 LSP. Se cuenta con epidemiólogo (a) en el 82% y líder de calidad en el 76% de los LSP. El 49% (16) de los LSP no cumplen con la Guía para la organización físico – funcional de los LSP. 23 LSP cuentan con cuatro (4) o menos funcionarios de planta, siendo esto una vulnerabilidad para la capacidad de respuesta del país frente a riesgos en salud pública y emergencias sanitarias.

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El presente libro, es el producto de varios años de ejercicio profesional en cargos de dirección administrativa y de asesoría externa en la función pública en los órganos y las entidades de la rama ejecutiva en los niveles nacional y territorial, y en los sectores central y descentralizado. La novedad del libro se encuentra en el hecho de reunir y presentar de manera analítica conceptos de la función pública, su origen y evolución en Colombia, los grandes interrogantes que debe resolver, sus reglas de juego, la doctrina y la jurisprudencia pertinentes para solventar problemas tomados de la vida real que, a medida que se estudian, se analizan y se proponen soluciones, hacen posible aclarar la nomenclatura, es decir, el lenguaje respectivo y que permiten construir, de manera sistemática, las competencias que deben tener y poner a prueba tanto los estudiosos del tema como los funcionarios que se desempeñan en este campo, así como los servidores públicos que de manera directa o indirecta son afectados por el ejercicio de la función pública.

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Este texto busca aproximar a la manera como los delitos contra la fe pública se encuentran estructurados en el Código Penal y plantea críticas y aciertos a esta configuración normativa. Igualmente, se intenta sistematizar los delitos contra la confianza colectiva sirviéndose de la moderna teoría del delito, aquella que permite comprender la sociedad como realmente funciona en estos tiempos modernos. El libro se divide en cuatro grandes partes. En primer lugar, se delimita el objeto de tutela penal, la fe pública, mostrando su evolución con el paso del tiempo y las teorías que actualmente se encuentran en boga no solamente en el país sino en otras latitudes. Determinado el concepto de la fe pública, se pasa al análisis de cada uno de los capítulos de los delitos, como son, la falsedad de moneda, la falsedad de sellos y efectos oficiales y, por último, la falsedad documental. El libro se divide en cuatro grandes partes.

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El desplazamiento forzado es uno de los fenómenos más dolorosos y críticos de la historia reciente a nivel mundial e interno. En respuesta a estas circunstancias han emanado de la comunidad internacional y de los Estados afectados diversas normativas y sistemas de atención, todavía en construcción, que pretenden dar respuesta efectiva a las adversas circunstancias de la población que es víctima de este flagelo. El Estado colombiano desafortunadamente no ha sido ajeno a este drama y a partir del año 1995 comenzó a registrar un inmenso número de casos en los que las personas se desplazaban a sus lugares de origen en busca de la protección de sus vidas y de su integridad. La respuesta estatal a esta problemática estuvo dada por la Ley 387 de 1997 y algunos otros instrumentos jurídicos que pretendieron establecer un marco de acción y un direccionamiento de la política pública interna que brindara un adecuado tratamiento a la población desplazada. A pesar de la existencia de la reglamentación, con el paso del tiempo el problema se agudiza, las expectativas de atención a las víctimas se incrementan y son cada vez mayores las demandas sociales de personas en estas circunstancias que pretenden hacer exigibles sus derechos. Con esta crítica situación la Corte Constitucional declara el estado de cosas inconstitucional y fija unos plazos específicos de cumplimiento por parte de los entes que conforman el sistema nacional de atención a la población desplazada, buscando un redireccionamiento de los sistemas de atención y política pública en la materia desde un perspectiva integral de derechos humanos. El presente trabajo pretende realizar una exhaustiva mirada a la respuesta estatal y jurisprudencial, la coordinación y planificación del sistema, presentar las condiciones de los grupos vulnerables y evidenciar el rol de la capital de la república, como principal receptora de quienes se desplazan de sus asentamientos.El Estado colombiano desafortunadamente no ha sido ajeno a este drama y a partir del año 1995 comenzó a registrar un inmenso número de casos en los que las personas se desplazaban a sus lugares de origen en busca de la protección de sus vidas y de su integridad. La respuesta estatal a esta problemática estuvo dada por la Ley 387 de 1997 y algunos otros instrumentos jurídicos que pretendieron establecer un marco de acción y un direccionamiento de la política pública interna que brindara un adecuado tratamiento a la población desplazada. A pesar de la existencia de la reglamentación, con el paso del tiempo el problema se agudiza, las expectativas de atención a las víctimas se incrementan y son cada vez mayores las demandas sociales de personas en estas circunstancias que pretenden hacer exigibles sus derechos. Con esta crítica situación la Corte Constitucional declara el estado de cosas inconstitucional y fija unos plazos específicos de cumplimiento por parte de los entes que conforman el sistema nacional de atención a la población desplazada, buscando un redireccionamiento de los sistemas de atención y política pública en la materia desde un perspectiva integral de derechos humanos. El presente trabajo pretende realizar una exhaustiva mirada a la respuesta estatal y jurisprudencial, la coordinación y planificación del sistema, presentar las condiciones de los grupos vulnerables y evidenciar el rol de la capital de la república, como principal receptora de quienes se desplazan de sus asentamientos.A pesar de la existencia de la reglamentación, con el paso del tiempo el problema se agudiza, las expectativas de atención a las víctimas se incrementan y son cada vez mayores las demandas sociales de personas en estas circunstancias que pretenden hacer exigibles sus derechos. Con esta crítica situación la Corte Constitucional declara el estado de cosas inconstitucional y fija unos plazos específicos de cumplimiento por parte de los entes que conforman el sistema nacional de atención a la población desplazada, buscando un redireccionamiento de los sistemas de atención y política pública en la materia desde un perspectiva integral de derechos humanos. El presente trabajo pretende realizar una exhaustiva mirada a la respuesta estatal y jurisprudencial, la coordinación y planificación del sistema, presentar las condiciones de los grupos vulnerables y evidenciar el rol de la capital de la república, como principal receptora de quienes se desplazan de sus asentamientos.El presente trabajo pretende realizar una exhaustiva mirada a la respuesta estatal y jurisprudencial, la coordinación y planificación del sistema, presentar las condiciones de los grupos vulnerables y evidenciar el rol de la capital de la república, como principal receptora de quienes se desplazan de sus asentamientos.

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Conocer y analizar los modelos organizativos predominantes en la estructura municipal española en las áreas de los servicios personales, con el objetivo de proponer un modelo de gestión que evite la departamentalización y propicie la compactación o territorialización de servicios, como vía idónea para crear unos servicios de calidad, avanzando así en la configuración de una ciudad educadora. Administración local municipal de Barcelona, Vitoria-Gasteiz y Narón (A Coruña). Se destacan tres fases una de recogida de documentación en la biblioteca de la Federación Española de Municipios y Provincias de Madrid, en la biblioteca de la Escola Galega de Administración Pública en Santiago de Compostela, el centro de documentación do Departamento Municipal de Educación y la Biblioteca de la Facultade de Ciencias da Educación de Santiago, Centro de Documentación artur Martorell y base de datos de ciudades educadoras del ayuntamiento de Barcelona. En un segundo momento se desarrolla el trabajo de campo en Barcelona, Vitoria-Gasteiz y Naron y por último se lleva a cabo un análisis de los materiales y la redacción del informe. Aunque todo modelo se tiene que concretar en una serie de acciones y proyectos con referencias geográficas, administrativas, poblacionales y sociales, se concluye que la compactación y los modelos de intervención comunitaria son los más adecuados para resolver la intervención en el campo de los servicios socioeducativos, pues amplían la intervención a organizaciones, comunidades y contextos, dotando de significación educativa a diferentes espacios y actividades; posibilitan una mayor coordinación interdepartamental y interinstitucional, una rentabilización de los recursos humanos y económicos; una globalización de intervención y trabajo desde equipos multidisciplinares, así como una mayor participación social.

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Estudia la situación de la escuela pública en la ciudad de Valencia de comienzo de siglo y su implicación en el movimiento renovador de la época. El gran interés despertado por la educación en los años 1900 a 1910 entre las clases populares produce un considerable aumento en la demanda de puestos escolares que el Estado se muestra incapaz de atender por falta de recursos económicos. La obligatoriedad resulta imposible por la escasez de escuelas y de maestros, y sólo los niños de las familias pobres que asisten a la escuela pública reciben la enseñanza gratuita. Las escuelas están instaladas en locales que no reúnen las debidas condiciones higiénicas ni pedagógicas. Bajo la dirección de un solo maestro hay un elevado número de niños de diferente edad y nivel cultural. Resulta muy difícil introducir reformas. Sin embargo, las nuevas tendencias educativas son conocidas y defendidas por los maestros que, utilizando todos los medios disponibles, intentan que se lleven a cabo las reformas que requiere la enseñanza, y así poder equipararse a los países más civilizados. El grupo escolar Cervantes, inaugurado en 1909, es el resultado de los esfuerzos de todos estos años y en él se llevan a la práctica la graduación y los nuevos postulados que demanda la moderna pedagogía. La investigación está estructurada teniendo en cuenta la vertiente teórica, la práctica pedagógica y la política educativa, en relación con la legislación escolar existente. Frente a dos tendencias extremas, una anarquista y otra católica, de renovación educativa, se encuentra la escuela pública pobre y anticuada, incapaz de resolver los muchos problemas planteados. La situación de la enseñanza es, en general, desastrosa en esta época. La administración pública se muestra incapaz de atender las necesidades educativas estipuladas en la legislación por falta de recursos. Así, la organización escolar no responde a las aspiraciones del Magisterio y a las nuevas corrientes renovadoras de la pedagogía.

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