946 resultados para administraciones públicas


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Through the tough economic and social situation and the lack of values that has been experienced in recent years, local governments especially in Greece, Portugal, Italy and Spain have been forced to strongly consider the structure and size of their public sector. Despite some initiative to reduce the number of municipalities and provinces, little substantive progress has been made in improving the management of the local public Administration during this crisis. In this study a territorial administrative reorganization is proposed as a strategy to optimize the structure of local government, analyzing the Spanish situation in general, and an autonomous community in particular.

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Los Planes de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS) son una herramienta de reciente implantación en España que en la última década se ha desarrollado en un buen número de municipios. El objetivo es conocer cuál ha sido la dimensión territorial y el impacto que este instrumento de planificación de la movilidad ha tenido en nuestro país entre los años 2004 y 2014. Como resultado se ha logrado describir el panorama de los PMUS en España y su evolución durante esta última década en cada una de las Comunidades Autónomas.

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El artículo plantea una contribución al debate académico sobre el surgimiento del Gobierno Abierto y los requerimientos de transformación de las Administraciones Públicas para afrontar a los retos que plantea. El texto, en base a la aportación de reflexiones y evidencias, se centra en el ámbito de los profesionales del sector público y la generación de competencias digitales. El marco analítico se combina con la presentación de evidencias basadas en dos estudios de caso de innovación en gestión de recursos humanos. Los resultados obtenidos permiten ilustrar las sinergias que se dan entre el Gobierno Abierto y el desarrollo de las competencias digitales, y cómo con ello se puede orientar la mejora las capacidades institucionales de las Administraciones públicas.

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La presente guía tiene por objeto estudiar detalladamente la accesibilidad en documentos PDF, indicando las características que éstos deben reunir para que sean accesibles, así como las pautas a seguir a la hora de su creación. Pretende ser una ayuda para aquellos profesionales de la Administración cuyas responsabilidades están relacionadas con la creación de documentos en formato PDF. En el desarrollo de la guía se han utilizado Microsoft Word 2003, Microsoft Word 2007, Microsoft Word 2010 y LibreOffice Writer 4.0 como editores de texto, y Adobe Acrobat 9 Pro como herramienta de creación, modificación y comprobación de la accesibilidad en documentos PDF.

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La conferencia “Encrucijadas de la arquitectura” de Eduardo Subirats describe cuatro momentos de la arquitectura contemporánea y moderna: el Bauhaus, una experiencia personal y negativa en Barcelona, el postmodern norteamericano de los ochenta y noventa y la arquitectura de los “8 Arquitectos Brasileiros”. Son cuatro periodos históricos marcadamente diferentes, cuatro caminos divergentes de la arquitectura moderna y cuatro escenarios que el autor utiliza provocadoramente. La síntesis de la visión fundamental ente negativa de Subirats es, sin embargo, constructiva y optimista: Niemeyer: una arquitectura expresiva y expresionista vinculada a la sensualidad femenina, al paisaje y a las tradiciones de construcción indígena – desde los palafitos amazónicos hasta la arquitectura monumental de las destruidas ciudades sagradas precoloniales de América latina. Lucio Costa: la arquitectura y el urbanismo generado en torno a la supercuadra como medio de una integración urbana y social, no de la fragmentación social que hoy asumen masivamente el urbanismo neoliberal y sus administraciones públicas. Burle Marx: la integración de la naturaleza en la arquitectura y el urbanismo como valor terapéutico y esclarecedor frente a las formas de vida crecientemente alienadas y crecientemente insostenibles en las megalópolis modernas. Lina Bo: la arquitectura como medio de restauración de las memorias mitológicas y culturales, como espacio social de encuentro físico y de creación democrática de la cultura, un arquitectura concebida como el medio abierto a las expresiones artísticas individuales y populares – frente a los panópticos postmodernos del consumo y la masificación.

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Dentro del ámbito de la economía social destacan las empresas sociales, las cuales identifican y tratan de solucionar problemas sociales que las administraciones públicas no son capaces de solventar de la manera adecuada. Por su parte, la actual crisis económica ha aumentado las desigualdades sociales y ha provocado un aumento de la pobreza y del riesgo de exclusión social. En este nuevo escenario es donde el emprendimiento social está adquiriendo relevancia, pues es capaz de satisfacer las necesidades no atendidas, ni por las instituciones públicas, ni por el mercado. Respecto a las instituciones públicas, principalmente debido a la falta de recursos, y por lo que se refiere al mercado, por la falta de interés derivada de la escasa rentabilidad económica que presenta este tipo de actividades. La empresa social puede, en este contexto, rentabilizar su actuación social innovadora al dar protagonismo por encima de todo a las personas en lugar del capital. En este sentido, su finalidad social y la reinversión de sus beneficios económicos en su propio objetivo, propician que este tipo de entidades sean idóneas para poder beneficiar a las comunidades en las que están asentadas. Dentro de los ámbitos donde el emprendimiento social puede tener una mayor incidencia se encuentra el deporte. De hecho, a lo largo del presente estudio se pretende poner de manifiesto la importancia y la idoneidad del deporte como ámbito para el desarrollo del emprendimiento social, ya que ambos buscan fines semejantes: la igualdad de oportunidades, la cohesión y la integración entre otros, junto con el logro de una sociedad más equitativa, dentro de un proyecto social responsable en todas sus dimensiones.

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Se analizan aquí los elementos que algunas experiencias (promovidas tanto por las administraciones públicas como por la sociedad civil) aportan a la hora de pensar la relación entre democracia participativa y economía solidaria. Durante las últimas dos décadas se han extendido considerablemente iniciativas de participación ciudadana, que abordan un amplio abanico de temáticas y que se han producido prácticamente en todos los campos de las políticas públicas. Más allá de la tendencia general de consolidación de una democracia de baja intensidad, se desarrollan diferentes iniciativas de profundización democrática reflejadas, por ejemplo, en algunos de los nuevos textos constitucionales latinoamericanos en los que se habla de democracia representativa, participativa y comunitaria.

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Se presentan las líneas marcadas por la Agenda Digital Europea que pueden incorporarse en el sistema público de servicios sociales a través de la utilización de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC). Los objetivos marcados en sus planes pretenden mejorar las relaciones de los ciudadanos con las diferentes administraciones públicas. Los sistemas de protección social (seguridad social, educación, sanidad y empleo) han iniciado este proceso alcanzado grandes mejoras en la atención de las necesidades de los ciudadanos. En España existen experiencias aisladas que pueden ser tomadas como referentes en la utilización de las nuevas tecnologías para mejorar el bienestar social desde la implementación de la atención que reciben los ciudadanos. Las TIC están transformado los sistemas de producción creando un mundo más globalizado sin fronteras, e incluso pueden facilitar la inclusión social de las personas a través del acceso a la información, la educación, el empleo, etc., y especialmente de las personas con discapacidad o situación de dependencia tanto a nivel nacional como internacional.

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Hace décadas que los efectos de la actuación de las empresas sobre el disfrute los derechos humanos (DH) forman parte del debate jurídico internacional. En un contexto expansión transfronteriza de la actividad económica se han generado estructuras empresariales transnacionales que alcanzan en ocasiones la posibilidad de influir (directamente o a través de grupos de presión) a gobiernos y administraciones públicas y de incidir negativamente en el disfrute de los DH. Si bien estas situaciones pueden producirse en cualquier lugar del mundo, los países con un menor nivel de desarrollo o en situaciones de transición son más susceptibles de convertirse en escenarios de violaciones de DH. Además, en ellos es más difícil hacer efectiva la persecución y sanción de las conductas infractoras por una escasa o deficiente regulación nacional y/o por la debilidad de las estructuras administrativas y judiciales, imbuidas de corrupción en muchos casos. Jurídicamente, el estudio de posibilidades de articular y exigir responsabilidad a las empresas por violaciones de los DH requiere en primer lugar analizar la existencia y alcance de las obligaciones en materia de DH que repercuten sobre las empresas. Con este fin, y teniendo en cuenta las iniciativas y propuestas más novedosas, este trabajo aborda los distintos enfoques que permiten las dos disciplinas jurídico-internacionales: el Derecho internacional Público (DIP) y el Derecho internacional privado (DIPr) adoptando lo que, frente a la ya suficientemente estudiada perspectiva judicial (acceso a la justicia), puede calificarse como aproximación reguladora. Como es obvio, tanto las fuentes como las técnicas de reglamentación varían si tomamos como sujetos de referencia a los Estados o a las empresas que, por lo demás, operan en planos normativos y de responsabilidad distintos. Mientras el Estado incurre en responsabilidad internacional, ésta no es en principio atribuible a las empresas que, más allá de la eventual responsabilidad penal y/o administrativa, incurren en responsabilidad civil establecida a escala nacional.

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Cuando se habla de los factores que producen las disparidades territoriales en Colombia, los diferenciales de capacidad institucional que tiene el Estado colombiano para hacer efectivos los derechos políticos, económicos y sociales de sus ciudadanos, cobran un valor esencial a la hora de explicar las pronunciadas brechas que se generan en las regiones del país. Es por esto que la hipótesis central de nuestro trabajo se centra en que la descentralización como modelo de gestión de los asuntos públicos presenta serios problemas de eficiencia y eficacia debido a la escasa capacidad institucional con la que cuentan las organizaciones públicas y gubernamentales en las periferias colombianas, lo que produce que las políticas de inclusión, bienestar y promoción del desarrollo no logren su implementación y adecuada aplicación en los departamentos más pobres del país. La baja capacidad institucional se explica porque las reformas se encargaron de entregar a los departamentos y municipios competencia y recursos para ejercer una amplia gama de funciones, pero no se ocuparon de dotarlas de recursos organizacionales, institucionales, de recursos humanos y de gestión, que permitieran el uso efectivo y eficiente de los recursos fiscales, ni la capacidad de respuesta de las administraciones públicas territoriales frente a las demandas de los habitantes de los municipios y departamentos.

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En Colombia, mediante la Ley 1508 de 2102, se estableció el régimen jurídico de las Asociaciones Público Privadas (APP) y con la aprobación de la Ley 1682 de 2013, se regularon los proyectos de infraestructura de transporte. Con la presente tesis se pretende demostrar la figura del Diálogo Competitivo como procedimiento incompleto e insuficiente, apropiado así por nuestro régimen jurídico en la Ley de APP, visto desde la perspectiva de la Unión Europea, especialmente de los modelos español, inglés y francés, porque carece de la mayoría de sus elementos característicos. Posteriormente se realiza una crítica al Diálogo Competitivo colombiano desde la perspectiva de la Unión Europea, ya que se evidencia en la figura interna su precariedad frente a un procedimiento debidamente definido y organizado como el de la Unión Europea. Entre las instituciones jurídicas adoptadas por la Ley de APP, se encuentra el Diálogo Competitivo, que es un procedimiento, verificado en la etapa de estructuración de los contratos APP de iniciativa pública, cuyos antecedentes registran el mayor reconocimiento internacional en la Unión Europea (UE). Ésta introdujo esa figura a su régimen jurídico, a través de la Directiva 2004/18/CE, a su vez derogada por la Directiva 2014/24/UCE. La tesis culmina con una serie de conclusiones y recomendaciones que se estiman útiles para repensar y reestructurar el Diálogo Competitivo en los proyectos de infraestructura vial en Colombia, tarea que le corresponde al Congreso Nacional, pues así lo ha dispuesta la jurisprudencia del Consejo de Estado.

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La gestión del riesgo de desastres ha cobrado importancia en los últimos años a causa de las devastadoras consecuencias de los distintos desastres naturales. Por eso, esta política pública se ha establecido en las administraciones públicas de los diferentes países; en Colombia se ha implementado a través de la Ley 1523 del 2012. Sin embargo, no se ha podido hacer una inclusión integral en todas las entidades territoriales. Entonces, la presente investigación pretende demostrar los factores presentes en el sistema de respuesta a emergencias, en dos importante departamentos del país, que influyen en la inclusión integral de la gestión del riesgo de desastres en la administración pública departamental.

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El trabajo analiza las políticas de cooperación al desarrollo llevadas a cabo por las principales instituciones públicas del País Vasco durante los últimos 25 años. Para este propósito, el estudio se divide en dos grandes apartados. El primero se centra en el examen del diseño de dichas políticas, mientras que el segundo está orientado al análisis de la manera en que las mismas se han llevado a la práctica. Para ello, se han estudiado más de 300 documentos de siete administraciones de la CAPV y casi 7.000 intervenciones financiadas por ellas.

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El diseño y la ejecución de las políticas públicas es una de las actividades fundamentales del Estado y es la forma en la que éste ofrece soluciones para suplir necesidades más apremiantes de la sociedad. La formulación y la ejecución de las políticas públicas también dan cuenta de las relaciones entre los gobiernos y la comunidad, y los niveles de legitimidad y gobernabilidad que tienen el Estado en un territorio determinado. La estructura político-administrativa de Bogotá, como Distrito Capital, es muy diferente a la de los demás municipios y departamentos del Colombia, pues desde 1991 se ha desarrollado un proceso de descentralización interna de la ciudad para acercar más al gobierno distrital con la comunidad y permitir la participación activa de los ciudadanos en la construcción de las soluciones a las necesidades de su entorno más cercano, las Localidades. En la primera década de desarrollo de este proceso interno de descentralización, tres administraciones afrontaron el reto de profundizar dicho proceso (Jaime Castro 1992-1994, Antanas Mockus – Paul Bromberg 1995-1997 y Enrique Peñalosa 1998-2000), que estaría enmarcado en el Estatuto Orgánico de Bogotá (Decreto-Ley 1421 de 1993). De estas tres primeras administraciones que se enfrentaron a la figura novedosa en el país de la descentralización al interior de un ente descentralizado como el Distrito Capital, la administración de Enrique Peñalosa adoptó políticas que disminuían la relativa autonomía que habían logrado las Localidades y planteó un modelo de recentralización que transformaba la relación entre los gobiernos locales, el gobierno central distrital y la ciudadanía.