938 resultados para Enunciados alfabetizadores


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Seleccionado en la convocatoria: Ayudas para proyectos de temática educativa, Gobierno de Aragón 2010-2011

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Seleccionado en la convocatoria: Ayudas para proyectos de temática educativa, Gobierno de Aragón 2011-12

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Las circunstancias políticas a nivel global, en donde la lucha contra la gran criminalidad y en especial contra el terrorismo ha adquirido mayor relevancia en el escenario internacional, sumadas a los debates jurídicos que se suscitan en torno al conflicto colombiano, hacen de La entrega en el contexto de la Corte Penal Internacional. ¿Hacía un nuevo concepto de extradición? un texto de importante alcance teórico-practico en materia jurídica. En él, adicionalmente, se invita al lector a cuestionarse frente aspectos tan relevantes como la soberanía, la vigencia de la extradición como mecanismo de cooperación judicial y del estado como paradigma de la regulación de la vida en sociedad. La obra parte del análisis de las figuras de la ¨extradición¨ y de la ¨entrega¨ desde tres ópticas diferentes, como son: la histórica, la lingüística y la estrictamente jurídica. En ella, se sigue una metodología que inicia con el análisis general de cada una de las dos figuras, para llegar, posteriormente, a un estudio comparativo de éstas. Para poder realizar el análisis, el autor toma como guía la Sentencia C-578 de 2002, providencia paradigmática en cuanto al alcance del derecho penal internacional a nivel colombiano. El estudio comparativo, crítico de las posturas asumidas por la Corte Constitucional en la referida sentencia, propone la apertura del debate acerca del tratamiento que en adelante deberá brindarse a estas figuras jurídicas, más aún teniendo en cuenta que no existe mayor regulación legal en manera de ¨entrega¨. En esta obra el autor invita al lector a manejar los conceptos por él enunciados, algunos de los cuales no derivan de estudios jurídicos tradicionales, para que los utilice como herramientas puestas a su disposición. Con ello, se busca que sea este último quien extraiga conclusiones acerca del alcance de la ¨extradición¨ y de la ¨entrega¨, como dos figuras coexistentes en materia de cooperación judicial y penal, en el escenario jurídico actual.

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¿Cómo abordar el estudio de la seguridad en los países del sur? A esta pregunta se enfrentan analistas, investigadores, académicos y demás a la hora de entender la realidad compleja y atípica de algunos países en vías de desarrollo, y entre ellos algunos andinos -Venezuela, Colombia, Ecuador, Bolivia y Perú-. Por ello, a continuación se presenta un análisis del caso ecuatoriano dividido en dos partes; una teórico conceptual que proporciona al lector herramientas epistemológicas básicas sobre el estudio del complejo vínculo entre la seguridad y la democracia. Por ello, se describen sintéticamente elementos de análisis a tener en cuenta, partiendo de los postulados más básicos de Mohammed Ayoob y Andreas Schedler. El primero en lo que respecta al estudio de la seguridad en los países del sur, y el segundo para el análisis de la consolidación democrática. Ambos allanan el camino para la comprensión del complejo vínculo causal y/o correlacional entre la seguridad y la democracia en países donde el Estado-Nación sigue siendo un entramado en construcción. En una segunda parte, el texto aspira a contrastar los postulados teóricos enunciados con la inestabilidad política ecuatoriana. Primero, se presenta un sintético análisis histórico para encontrar las razones que explican la inestabilidad política. Segundo, se examina el paroxismo de la crisis política ecuatoriana en un período que abarca desde el eestablecimiento democrático, hasta las destituciones y dimisiones presidenciales de los noventa. Finalmente, se examinará la participación política de los indígenas como factor de democratización e inestabilidad. En conjunto, se aspira a que las dos partes ilustren, con elementos mínimos, la comprensión de la seguridad en los países en vías de desarrollo y, en particular, del Ecuador. Así mismo, se espera abrir la necesaria y sana discusión sobre la relación que existe entre la consolidación democrática y la seguridad en las naciones andinas.

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Este es un estudio de caso realizado con una pareja de separados con quien se realizó un proceso de mediación familiar en el Consultorio Jurídico de la Universidad del Rosario. El propósito del mismo fue identificar la noción de vínculo que emergiera durante el proceso de intervención, base fundamental del Modelo Relacional Simbólico (MRS) desarrollado por la Escuela de Altos Estudios de la Familia de la Universidad Cattolica del Sacre Cuore de Milán, para la mediación de conflictos en familia y en comunidad. La identificación se hizo con base en las siguientes categorías explicativas del concepto de vínculo planteadas en el MRS: (1) lo afectivo (que incluye la confianza y la esperanza), (2) lo ético (que incluye la justicia y la lealtad), (3) el género (se refiere a la relación de la pareja conyugal) y (4) la generación (entendida como la relación entre los padres y los hijos). Los instrumentos utilizados para la recolección de la información, se diseñaron con base en el MRS y la pragmática formal del lenguaje de Jurgen Habermas y son unos de los productos de esta investigación. Adicionalmente, esta última se utilizó también para analizar la acción comunicativa a partir de la identificación de los actos de habla de los enunciados textuales de los miembros de la pareja en las diferentes fases del proceso de mediación lo que además, permitió visibilizar algunos efectos de la mediación. Este estudio posibilitó el análisis de la noción de vínculo a través de las categorías del MRS y de la teoría de la acción comunicativa a través de la pragmática formal del lenguaje. Los instrumentos desarrollados con este fin y los resultados arrojados en su aplicación, permiten enunciar que la pragmática formal del lenguaje puede ser una herramienta para articular la conceptualización teórica del modelo MRS con la investigación empírica, de tal manera que se pueda proponer como metodología de investigación aplicada para promover el desarrollo del MRS.

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Este es un estudio de investigación cualitativo, exploratorio, con metodología de estudio de caso en el que se indaga sobre las características y la dinámica del poder manifiesta en la relación de una pareja en separación y que se somete a un proceso de mediación desde un modelo relacional simbólico.Estos aspectos se determinaron a partir de la observación que se realizó a la pareja durante el proceso de mediación, por medio de registros audio-visuales, el desarrollo del genograma familiar y las entrevistas a profundidad durante el proceso; se obtuvieron los siguientes resultados de los enunciados verbales y de las expresiones gestuales del hombre y de la mujer: El aspecto de poder que se presenta en la pareja con mayor énfasis tiene relación con los hijos, el hombre retiene físicamente a los hijos lo que le otorga un manejo de poder en torno a ella y la mujer se aleja de ellos para evitar confrontaciones con su ex – compañero. Un segundo aspecto de poder que se manifiesta tanto en el hombre como en la mujer es el relacionado con los rasgos personales, se identifica un carácter manipulador. En él se evidencia por el manejo inadecuado de la relación de los hijos con la madre y en ella se hace visible a través de la invención de situaciones o mentiras para justificar sus vacíos. En la dinámica de poder evidenciada en la pareja objeto de esta investigación el poder se manifiesta en todo argumento defensivo, en las justificaciones, recriminaciones, en la percepción, en la desconfianza y el imaginario negativo que se tiene del otro, tornándose así en un poder preconcebido como absoluto y despótico por parte de los dos miembros de la pareja, estos aspectos de poder identificados se constituyen en verdaderos obstáculos para el negociar de la pareja, limitando la posibilidad de intercambio y entendimiento necesarios para la culminación de la mediación. Es de anotar que el presente proyecto presenta la clasificación de riesgo mínimo, según la Resolución 8430 de 1993.

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Se expone la experiencia de los autores en el desarrollo de las clases prácticas de análisis de estructuras, en la asignatura ESTRUCTURAS II de la ETS de Arquitectura de la Universidad de Granada, consistente en el desarrollo de ejercicios prácticos semanales con enunciados personalizados para cada alumno, previa elaboración de software que permite la supervisión y corrección in situ de los mismos. El objetivo de la metodología docente que se presenta, es la mejora de los tradicionalmente muy bajos índices de rendimiento académico, en las asignaturas de Análisis de Estructuras, en las escuelas de ingeniería y arquitectura, propiciando la participación activa del alumnado en el desarrollo de las clases mediante el planteamiento y resolución de ejercicios prácticos semanales de enunciado personalizado

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Resumen tomado parcialmente del autor

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En Colombia, la construcción, operación y administración de los puertos exige el otorgamiento, por parte del Estado, de un contrato de concesión a sociedades portuarias, el cual se otorga previo agotamiento de un trámite administrativo especial de iniciativa privada, mediante el ejercicio del derecho de petición en interés particular o por medio de una oferta oficiosa impulsada por el Estado. Los trámites enunciados están previstos en la Ley 1ª de 1991, reglamentada actualmente por el Decreto 4735 de 2009. Si bien el régimen legal prevé mecanismos que permiten la comparecencia de terceros dentro del trámite, no contempla la manera como debe tramitarse la solicitud de concesión portuaria, radicada por fuera del término previsto en el artículo 10 de la Ley 1ª de 1991, cuando ésta no es una oposición o propuesta alternativa a una solicitud, sobre una misma área en estudio de petición de concesión.

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Con la Constitución Política de 1991, se inicia una nueva estructura funcional en el país a partir de los preceptos consagrados en la carta magna como un estado social de derecho, situación que no fue ajena al sector salud en el cual se estableció la seguridad social como un servicio público basado en los principios fundamentales de universalidad, solidaridad y eficiencia, enunciados que fueron plasmados entre otros en la Ley 100 de 1993, la cual incorporó estos elementos que resultaban innovadores en el contexto. Hoy después de 18 años de promulgada la Ley, se ha generado un modelo estructural que ha permitido mejorar los resultados en esta área, que si bien posee falencias en algunos de sus componentes (Acceso, Flujo de Recursos, Salud Pública), las mismas pueden ser superadas, con una reforma estructural al sistema que elimine los intereses particulares de los diferentes actores al momento de su elaboración y promulgación. Uno de los avances significativos en la reforma al sistema es la promulgación de la salud como derecho fundamental, inherente al ser humano, otorgando el carácter de inalienable, imprescriptible y sagrado, dejando en segundo plano su condición prestacional establecida. El derecho a la salud tendrá como eje principal la salud pública armonizada con la promoción y prevención, diagnóstico y tratamiento integral de la enfermedad, las cuales deben ser articuladas con las políticas sociales, ambientales, culturales y económicas que permitan incidir en los determinantes sociales de la salud para mejorar la calidad de vida de la población. La reforma a la salud en el eje de la financiación como se encuentra propuesta, no generará cambios sustanciales toda vez que se avanza hacia un sistema en que el estado será el principal actor con las funciones afiliación, recaudo, pago, giro o transferencia de los recursos, responsable de la información. Sin embargo la administración del riesgo en salud seguirá delegada, función que es determinante para la administración de los recursos del sistema, en resumen se demuestra el interés del estado en retomar la gobernanza y su empoderamiento como administrador de lo público, sin que esto responda a las necesidades de cambio en el sistema de salud.

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En Colombia, la construcción, operación y administración de los puertos, exige el otorgamiento por parte del Estado, de una concesión portuaria a sociedades portuarias, la cual se concede previo el agotamiento de un trámite administrativo especial de iniciativa privada, mediante el ejercicio del derecho de petición en interés particular, o por medio de una oferta oficiosa impulsada por el Estado. Los trámites enunciados están previstos en la Ley 1ª de 10 de enero de 1991 y en el Decreto 4735 de 2 de diciembre de 2009. Si bien, el régimen legal prevé mecanismos que permiten la comparecencia de terceros dentro del trámite, no contempla la manera como debe tramitarse la solicitud de concesión portuaria, radicada por fuera del término previsto en el artículo 10 de la Ley 1ª de 1991, sin que constituya una oposición o propuesta alternativa a una solicitud, sobre una misma área en estudio de petición de concesión.