873 resultados para Art 32 Tratado del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena
Resumo:
La zona fronteriza de Norte de Santander ha sido un territorio que a lo largo de la historia ha tenido periodos de grandes superávits para la población de la zona, así como periodos de crisis. La región fundamenta su vida económica, social y cultural en el intercambio que se realiza con Venezuela. En esta investigación mediante el análisis del estado actual de la región y por medio del uso de herramientas y análisis administrativos se estudiara la viabilidad de implementar una Zona Libre en la zona de frontera colombo-venezolana, sector de Tienditas. Con herramientas como las 5 fuerzas de Porter, pronósticos cuantitativos, diagramas de flujo, análisis cualitativos, etc. se brindara un mayor entendimiento de las fortalezas y debilidades de la región, flujo de productos y servicios en la frontera y las propuestas de mejoramiento, localización de la zona, sectores potenciales y legislación o propuestas que generarían un valor agregado a esta zona.
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El presente trabajo tiene como finalidad analizar y comparar Puertos Secos en tres países diferentes: Colombia, México y España; y con ello determinar las claves o herramientas para el éxito de estos. Para esto, la investigación se llevó a cabo a nivel documental y teórico, abarcando desde documentos de investigación académicos y de entidades supranacionales, hasta documentos de carácter legislativo de diferente orden, para los tres países de estudio, incluyendo estudios privados y herramientas estadísticas propias de los Puertos Secos o sus empresas concesionarias. Gracias a todo esto, se pudo desarrollar el documento con la siguiente estructura: Historia, Referencias, Legislación y Descripción. En la primera etapa, resalta el enfoque de desarrollo portuario y de promoción del tren como medio de transporte y herramienta comercial; en la segunda etapa, se corrobora la dificultad que estos proyectos enfrentan en Colombia por parte del sector público centralista y carente de visión y una precaria participación del sector privado; en la tercera etapa se ratifica esto al ser la principal diferencia el enfoque logístico en la legislación, partiendo de la constitución misma, y su presencia o ausencia en los marcos legales de cada país; y se termina con el resultado de estos elementos previos condensado en elementos tangibles en México y España, y tan solo ilusiones y fracasos para Colombia. Por todo lo anterior, se llega a la conclusión que un Marco Jurídico bien estructurado, una fuerte Inversión del Sector Público y Privado, y una Voluntad Política de largo impulso son las claves para el éxito de estos proyectos, y todo lo que viene ligado a ellos.
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Este trabajo buscando tal fin, se ha divido en cuatro partes, teniendo en cuenta que se pretenden analizar los principales factores que impiden un proceso de integración coherente y efectivo en la Comunidad Andina, y que hacen notoria la gran incertidumbre en torno a su viabilidad. La primera parte determina las características de los países miembros de la Comunidad, basadas en los parámetros que tipifican el Estado del Tercer Mundo descritos por Mohammed Ayoob, enfatizando en la falta de cohesión interna. En segundo lugar, se expone de qué manera el proceso de construcción del Estado Nación es inconcluso. En tercer lugar se analiza la manera en que los países andinos, dadas las características anteriores, son altamente vulnerables frente a actores y a situaciones derivados del Sistema Internacional. Por último, se hace un análisis de la integración alcanzada en los últimos años con base en el estudio realizado a los países miembros, proponiendo una serie de consideraciones sobre el futuro de la integración andina, para concluir que las diferencias en el proceso de state-making12 de los países miembros de la Comunidad Andina, y las discrepancias políticas en la orientación de sus asuntos domésticos y exteriores, tienden a generar crisis y a entorpecer los objetivos que a partir del Acuerdo de Cartagena se establecieron suscitando poca viabilidad a corto plazo en el proceso de integración regional.
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La genealogía de la integración andina realizada en esta investigación recoge el papel fundamental de los ideólogos, teóricos y actores presentes a lo largo de las etapas de teorización en torno a la integración latinoamericana y andina. En un primer momento se abordan las teorizaciones por parte de Felipe Herrera, Raúl Prebisch, Gustavo Lagos entre otros, quienes las llevan a la práctica en la ALALC en 1960 y aportan para la conformación del Acuerdo de Cartagena de 1969, el cual es consolidado a partir de la teorización realizada por Eduardo Frei Montalva, Carlos Lleras Restrepo y Germánico Salgado entre otros, de ahí que en el Pacto Andino se comience a evidenciar la construcción teórico-práctica de la integración andina. Lo anterior, nos lleva a un segundo momento de consolidación del Pacto Andino durante la década de los setenta. Un tercer momento es el estancamiento del proceso de integración andino en la década del ochenta causado por la crisis de la deuda de esta época, a partir de allí se empezó a pensar en un rediseño del proceso de integración. De esta manera, se produjo un cuarto momento de transición hacia finales de la década de los ochenta y comienzos de los noventa, donde se hizo un rediseño del Pacto Andino. En consecuencia se da como resultado un nuevo dinamismo de la integración andina lo que permite la consolidación de la Comunidad Andina de Naciones (CAN) en la década del noventa, y este dinamismo del proceso andino se detiene a principios del siglo XXI cuando la CAN comienza a entrar en una nueva etapa de estancamiento que sigue hasta el día de hoy. Al final de la investigación se formulan una serie de reflexiones en torno al estado actual de la CAN.
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Este trabajo académico analiza la participación de los empresarios ecuatorianos en el proceso de integración andina, haciendo énfasis en la posición de los industriales de Pichincha. La primera parte del trabajo está dividida en dos capítulos que exponen la referencia teórica de la integración; y la segunda que concentra las explicaciones empíricas en un capítulo. El primer capítulo desarrolla y evalúa las teorías de la integración, desde la visión estructuralista, comercialista y del regionalismo abierto. Posteriormente y considerando que el eje central de este análisis es la participación empresarial, se destaca el rol que los desarrollos teóricos sobre la integración asignan a los empresarios, desde la perspectiva de las asociaciones empresariales. El segundo capítulo se centraliza en el análisis de la participación empresarial, profundizando el proceso de integración andina, desde la firma del Acuerdo de Cartagena hasta su situación actual. Se toma en cuenta, para el efecto, su estructura institucional, la dinámica comercial en la región, las características de dichos flujos comerciales; y de igual forma, el rol de los empresarios en el Grupo Andino, desde su conformación hasta la actual Comunidad Andina de Naciones, CAN. El tercer capítulo analiza la percepción de los empresarios ecuatorianos sobre la fase más reciente de la integración andina, desde la década de los 90’ hasta la actualidad, partiendo de la sistematización de una evaluación realizada a comienzos de la misma. Este aspecto sirve como punto de referencia para avanzar en el estudio concreto de las posiciones adoptadas por la Cámara de Industriales de Pichincha, como gremio empresarial, y como protagonista activo de la integración andina. Para examinar su participación en el proceso, se considera la posición de los industriales frente a la reforma institucional, realizada a mediados de los 90’; y frente al Acuerdo de Santa Cruz, cuyo fin es la consolidación del mercado común andino. En el cuarto capítulo se exponen las principales conclusiones de la investigación.
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Estudiar el rol que tienen actualmente las Empresas Transnacionales en el proceso de integración del Pacto Andino, resulta de gran interés, en virtud a la nueva dinámica de concepción integracionista que se aprecia en la ahora novísima Comunidad Andina. Por estas razones, el presente estudio pretende conocer con mayor profundidad el grado de significación e importancia de las Empresas Transnacionales en la Comunidad Andina, observando sus perspectivas futuras e intentando reconocer el tipo de integración que apoyan y promueven. A este efecto se ha considerado oportuno encontrar en el análisis básico de las Decisiones 24 y 291 del Acuerdo de Cartagena, el modelo de integración asumida. Como corolario se intenta formular las bases para un Proyecto de Código de Conducta que regule las actividades de las Empresas Transnacionales que operan en los países miembros del Grupo Andino. Son estos los elementos o rasgos característicos que conforman la investigación del presente trabajo, que como se advertirá en los capítulos respectivos, constituyen la justificación misma del trabajo.
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Con la presente investigación, se pretende ir más allá de una simple descripción de las normas que han regulado el capital extranjero en los países de la Comunidad Andina. El propósito principal es hallar las razones, que han motivado el cambio en las normas y las incidencias que ha tenido ese cambio sobre la afluencia de capital. Asimismo se pretende ver si la legislación comunitaria de los países andinos es compatible con la de la OMC. Para cumplir con este propósito se han desarrollado cinco capítulos: En el primero se hace mención a los antecedentes históricos. Su objetivo es mostrar que una de las preocupaciones fundamentales que tuvieron los gobiernos andinos, antes de la entrada en vigencia del Acuerdo de Cartagena, fue adoptar una legislación común que regulará al capital extranjero. En el segundo capítulo se estudia, el Régimen Común de Tratamiento a los capitales extranjeros sobre Marcas, Patentes, Licencias y Regalías. Su objetivo es ver cual ha sido la evolución que han tenido las normas que regulan al capital extranjero, señalando los cambios que se introducen en cada una de ellas. El tercero busca analizar ¿Cuáles han sido las razones que motivaron el cambio en las normas que regulan al capital extranjero?. En el cuarto se hace referencia a la evolución que ha tenido la inversión extranjera directa en la Comunidad Andina, una vez adoptadas las normas. El quinto capítulo estudia los acuerdos de la OMC relacionados con inversión. Su objetivo es ver si las normas que se han establecido en la Comunidad Andina son compatibles con las de la OMC.
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La XVII Reunión de Directores Nacionales de Aduanas de América Latina, España y Portugal, se celebró en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia del 27 al 31 de enero de 1997. Participaron representantes de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Cuba, El Salvador, España, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Portugal, República Dominicana, Uruguay y Venezuela. En calidad de observadores participaron representantes de Australia, Estados Unidos, Francia y Japón. Asimismo, concurrieron representantes de los siguientes organismos internacionales: Asociación de Despachantes de Aduanas del Uruguay, Asociación Internacional de Agentes Profesionales de Aduanas (ASAPRA), Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI), Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), Conferencia de las Naciones Unidas para el Comercio y Desarrollo (UNCTAD), Conferencia Latinoamericana de Empresas Courier (CLADEC), Instituto Centroamericano de Administración de Empresas (INCAE), Junta del Acuerdo de Cartagena (JUNAC), Organización de Estados Americanos (OEA), Organización Mundial de Aduanas (OMA), Unión Postal para las Américas, España y Portugal (UPAEP).
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El ordenamiento jurídico portugués consagra un régimen fiscal especial para el sector cooperativo, basado, al igual que otros ordenamientos como el español o el italiano, en la protección de la mutualidad como forma de organización empresarial especialmente benéfica en el plano social. Para alcanzar ese objetivo, el régimen fiscal cooperativo debe ser selectivo, lo que significa que al legislador se le plantea el reto de establecer criterios para separar, dentro del marco cooperativo, lo que debe ser protegido de lo que no merece protección fiscal. El legislador portugués optó por un modelo basado en dos grupos de ramos cooperativos claramente diferenciados según los beneficios fiscales aplicables, ambos con amplias exenciones fiscales. El presente trabajo no se centra en el contenido de los beneficios aplicables sino en las condiciones que las cooperativas deben reunir para acogerse a esos regímenes fiscales favorables. Estos criterios son: i) una división entre operaciones con socios y operaciones con terceros; ii) una delimitación de las operaciones o actividades cooperativas según estén o no vinculadas con el “fin propio de la cooperativa”; y iii) una estructura prevalentemente mutualista del factor trabajo. Esta fórmula legal tiene su raíz en una legislación de 1929 y se ha mantenido hasta el día de hoy debido en parte a un fenómeno de inercia legislativa. El presente trabajo, basándose en la metodología de la sociología jurídica, asienta en una encuesta dirigida a 64 cooperativas, por la que se buscaba indagar hasta qué punto estos criterios (de acuerdo con los que se seleccionan las cooperativas que pueden acogerse a los regímenes fiscales favorables) cuadran con la realidad cooperativa actual. Como era de esperar, la vetustez del régimen hizo que se encontraran desajustes muy significativos, que reclaman una reforma urgente.
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Durante los siglos XVII y XVIII se presentaron varias querellas ante el Tribunal de Justicia Criminal del Nuevo Reino de Granada, en las que se denunciaba que había personas que ejercían los oficios médicos sin tener títulos que los acreditaran como facultativos en las artes curativas. Por ese entonces, se creía que quienes utilizaban yerbas y conjuros como métodos terapéuticos, por lo general mujeres, debían ser juzgadas como yerbateras-envenenadoras, porque no pretendían curar sino matar a quien consumiera sus preparados. El texto establece que los procesos criminales por envenenamiento constituyen un prisma en el que convergen diferentes problemáticas del periodo colonial neogranadino, relacionadas con la salud, los oficios médicos, las enfermedades, las creencias mágico-religiosas, el ideal de mujer en la época, la delincuencia, y las dinámicas de las instituciones españolas, entre otras. De esta manera, se estudió cómo fue la relación entre los aspectos jurídicos, las leyes criminales (dictadas por la Corona) y las conductas “desviadas” (relacionadas con el crimen por envenenamiento) de los habitantes del Nuevo Reino de Granada, entre los siglos XVII y XVIII. Para ello se revistaron desde diferentes perspectivas, varios temas del mundo colonial neogranadino, relacionados con los rumores, la comidilla, los chismes y la importancia de la comunicación hablada en el virreinato; el problema de la honra, como una de las virtudes más sobresalientes de la época y las creencias de la cultura popular con relación al envenenamiento y los diferentes métodos curativos.
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La tesis devela la connotación sistemática y multicausal de lo que a través de la investigación se denomina como "Procesos de Territorialización de la Inseguridad Ciudadana". Mediante un estudio de caso, se pone en evidencia la apropiación y captura sostenida en el tiempo de fenómenos como la inseguridad y la criminalidad, sobre determinadas zonas o barrios urbanos que por sus características socioeconómicas, políticas, geográficas, culturales, laborales y de mercado de quienes los habitan o frecuentan, se consideran como sectores "críticos y/o vulnerables".
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L'objectiu d'aquesta tesi doctoral és analitzar el llegat jurídic de Ramon Martí d'Eixalà, especialment els seus manuals de dret mercantil i dret civil. En aquest sentit, cal recordar que Ramon Martí d'Eixalà va viure en el segle XIX, moment en el qual s'havien iniciat una sèrie de canvis econòmics i socials profunds. El seu manual de dret mercantil, Instituciones de derecho mercantil de España fou molt més reconegut que el Tratado elementar del derecho civil romano y español. Doncs, el manual de dret mercantil fou recomanat com a llibre de text pels estudis de Jurisprudència durant varis anys, mentre que el manual de dret civil mai va formar part del llistat de manuals elaborat pel govern. A més, la filosofia britànica ocupa una part important de la investigació, ja que Ramon Martí d'Eixalà coneixia el pensament britànic i va introduir la filosofia del sentit comú a Catalunya.
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La tesis trata sobre la justificación del mandato de impedir determinados delitos contenido en el artículo 450.1 del CP español. Para ello se utiliza una perspectiva de filosofía política. Se propone una justificación general en términos de justicia política para el derecho penal y una teoría especial para la justificación e interpretación del mandato de impedir determinados delitos: la teoría del rescate.
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L'objectiu de la tesi es centra en la definició, en l'àmbit de l'ordenament comunitari, de l'actual estatut jurídic dels treballadors extracomunitaris assalariats que formen part del mercat de treball regular d'un Estat membre. Els treballadors nacionals de tercers països que formen part del mercat de treball regular d'un Estat comunitari, així com els membres de les seves famílies, gaudeixen d'un estatut jurídic fragmentat: els seus drets són variables, depenen de la norma que els regula. En aquest sentit, la situació varia en funció de la llei interna de l'Estat d'acollida, l'existència o no d'acords bilaterals entre l'Estat d'acollida i l'Estat d'origen, i les normes de dret comunitari. Aquesta situació també és diferent atenent a l'existència i el contingut d'un acord extern celebrat per la Comunitat i els seus Estats membres i el país de la nacionalitat de l'immigrant, aquest aspecte centra el present estudi. Els acords que s'analitzen són aquells que juntament amb aspectes econòmics, contenen disposicions relatives als treballadors, i que s'han celebrat, prenent com a base jurídica l'actual article 310 TCE, amb països geogràficament fronterers amb la Unió Europea. D'entre ells, el model a seguir és l'Acord d'Associació amb Turquia, que preveu uns objectius més amplis, com ara la creació d'una unió duanera enfront a la zona de lliure comerç prevista en els altres acords i que s'ha desenvolupat mitjançant les decisions adoptades pel seu Consell d'Associació. Aquest acord ha estat objecte d'una àmplia jurisprudència per part del Tribunal europeu, relativa a l'aplicació i la interpretació de les seves disposicions. A fi de delimitar l'abast de les disposicions de l'Acord, i valorar si es tracta d'un estatut privilegiat respecte del dels altres treballadors extracomunitaris, es comparen les seves disposicions amb les corresponents a les dels acords celebrats amb els països del Magreb, entenent per aquests el Marroc, Tunísia i Algèria i amb els 10 països d' Europa Central i Oriental (els anomenats PECO's). A fi de clarificar l'estatut jurídic dels treballadors extracomunitaris, és necessari entrar a considerar altres aspectes directament relacionats amb aquest estatut, com són les condicions d'accés i de permanència en un Estat, matèries, que, fins a l'entrada en vigor del Tractat d'Amsterdam, eren competència exclusiva de cadascun dels Estats membres. De totes maneres, no es fa un estudi comparatiu de les diferents legislacions internes en matèria d'immigració, donat que l'àmbit d'anàlisi es limita a l'ordenament comunitari, i no a l'ordenament intern. La tesi s'estructura en dues parts diferenciades, correspon la primera als 2 Capítols inicials i la segona als altres 3. En els dos primers Capítols se segueix un criteri cronològic, començant amb el Tractat de Roma i culminant amb el Tractat de Niça. En aquests Capítols s'analitzen les possibles bases jurídiques del dret originari que podien haver-se utilitzat, així com la cooperació que varen fer els Estats membres, tant a dins com a fora, de la Unió Europea, en relació a les mesures adoptades destinades a la regulació de l'accés i de l'estatut jurídic dels treballadors immigrants. L'entrada en vigor, l'1 de maig de 1999 del Tractat d'Amsterdam ha suposat un important avenç per a l'atribució de competències a la Comunitat en matèria d'immigració, que queda vinculada al nou objectiu de la creació de l'espai de llibertat, seguretat i justícia. A partir d'aquest moment, s'assumeix la lliure circulació de persones com objectiu propi, que requereix la regulació del control a les fronteres externes, d'asil, de la immigració i de la cooperació dels Estats membres en la prevenció i la lluita contra la delinqüència. Això es concreta en la comunitarització d'una part del Tercer Pilar destinada a visats, asil i immigració, amb l'exclusió del Regne Unit, Irlanda i Dinamarca, i en la integració del cabal Schengen a l'estructura de la Unió Europea, tot i que permetent una exclusió per al Regne Unit i Irlanda. Es crea, doncs, una cooperació sui generis plena de solucions d'enginyeria jurídica, que si bé suposa un avenç, trenca la unitat i l'homogeneïtat del dret comunitari. Tot i aquestes complexitats tècniques que deriven de la reforma del Tractat d'Amsterdam, el nou article 63 en els seus apartats 3 i 4 permet abordar, a través de la coordinació o de l'harmonització, els temes d'interès comú vinculats al fenomen de la immigració. Entre ells, hi ha la possibilitat d'elaborar un estatut comú per als treballadors no comunitaris. Les iniciatives legislatives presentades des de l'entrada en vigor del Tractat d'Amsterdam demostren l'acceleració en l'elaboració i el desenvolupament d'una política comunitària d'immigració, integrada en uns objectius comuns, per primera vegada sembla realista pensar en l'adopció d'un estatut jurídic únic per l'extracomunitari que sigui resident de llarga durada. Tot i que aquest estatut pot quedar configurat com un estàndard mínim de protecció, considero que la seva adopció constituiria un pas de gran rellevància en la clarificació dels drets d'aquest col·lectiu de treballadors. Els altres tres Capítols conformen la segona part de la tesi, dedicada a analitzar l'actual estatut dels treballadors nacionals de tercers Estats. Aquest estatut es caracteritza pel seu caràcter fragmentat, que deriva de la diversitat de les disposicions contingudes en els acords externs. Mitjançant un estudi comparatiu, s'analitzen els objectius, l'estructura, els antecedents i el desenvolupament dels acords celebrats amb Turquia, amb els països del Magreb i amb els PECO's. El contingut dels objectius d'aquests acords constata que ens trobem davant 3 models diferents que reflecteixen una disminució del compromís comunitari. El Tribunal de Justícia, en la seva jurisprudència, ha manifestat que tant els acords externs celebrats per la Comunitat, com les decisions adoptades pels òrgans que els desenvolupen, formen part de l'ordenament jurídic comunitari. El Tribunal de Justícia és l'òrgan competent per interpretar-los, contribuint a clarificar el contingut d'aquests instruments jurídics. Aquesta perspectiva es completa amb l'anàlisi de les nocions que recullen els acords externs, a fi de dilucidar si un mateix terme té idèntic contingut, i si, tot i la diversitat dels instruments jurídics utilitzats, tenen una mateixa interpretació jurisprudencial. Per aquest motiu ha estat necessari, que el Tribunal de Justícia determinés l'abast dels diferents conceptes emprats, i clarifiqués si és el mateix que el relatiu als treballadors comunitaris o és diferent. La redacció dels acords estudiats reflecteix un estatut jurídic privilegiat per als treballadors turcs en relació als altres treballadors immigrants. Els treballadors originaris dels països d'Europa Central i Oriental o del Magreb, podran millorar la seva situació actual en la mesura en què les disposicions dels seus respectius acords siguin, en el futur, desenvolupades. De totes maneres, aquesta situació de privilegi que ha estat un fet fins el moment actual, ha canviat amb l'entrada en vigor de diferents lleis d'estrangeria estatals, i pot modificar-se, també, amb el desenvolupament del Tractat d'Amsterdam. Actualment, a un treballador turc li perjudica, més que no beneficia el sistema de terminis que per accedir a un lloc de treball preveu la Decisió 1/80. Els treballadors turcs que formen part del mercat regular de treball d'un Estat membre haurien de quedar protegits pel règim jurídic que els sigui més beneficiós, amb independència de que aquest sigui l'intern de l'Estat d'acollida, el comunitari previst a l'Acord d'Associació i el seu posterior desenvolupament, o el que derivi de les futures directives quan entrin en vigor. Si bé aquestes disposicions dels Acords d'Associació varen ser positives, actualment hauran de ser objecte de modificació, la qual cosa no implica la seva desaparició. El seu contingut haurà de tendir a ressaltar l'especificitat de les relacions que es volen establir amb un tercer Estat concret, establint en aquest sentit un tractament preferent als seus nacionals enfront als altres immigrants, i reconeixent el seu dret de residència com derivat del permís de treball. De tota manera, amb l'entrada en vigor de la directiva relativa a l'estatut dels residents de llarga durada, aquest règim privilegiat només afectarà als immigrants residents legals a l'Estat d'acollida durant els primers 5 anys, és a dir, abans de que se'ls concedeixi el citat estatut.
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El presente trabajo indaga sobre la significación del Tribunal Constitucional de Bolivia como nueva institución en la administración y fortalecimientos de la justicia, y como órgano especializado de control constitucional, que contribuye a la defensa, protección, garantía y promoción eficiente de los derechos fundamentales, que son requisito sine qua non para la consolidación del régimen democrático. Desde esta óptica, se analiza al Estado de derecho y al Estado constitucional de derecho en un Estado moderno; con especial detenimiento en la justicia constitucional, las razones y motivos para su existencia y los presupuestos jurídicos que la sustentan sus principios y los sistemas de control institucional. El estudio analiza el control constitucional antes y después de la reforma constitucional boliviana de 1994; se detiene en las justificaciones para la creación del Tribunal Constitucional y en los criterios para la elaboración de su ley orgánica; precisa sus antecedentes, composición, independencia, funciones y alcance como actor principal en la justicia constitucional, y los efectos y carácter de sus resoluciones. Así se examina el papel que éste desempeña en la defensa y garantías de los derechos fundamentales, y se ubica al órgano constitucional como instrumento para el fortalecimiento el régimen democrático y la consolidación de la Constitución.