941 resultados para política monetaria


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Desde hace casi un siglo, el pensamiento burgués deja de responder a los contenidos de cualquier crítica a la sociedad burguesa, para pasar cada vez más a respuestas metodológicas. Esto inicialmente se aprecia con los primeros artículos de Max Weber a comienzos del siglo, y alcanza su cúspide durante la guerra fría sobre todo con la importancia que se asigna a la metodología de Popper. La crítica marxista hablaba de la ciencia burguesa, manteniendo la posición de que el pensamiento burgués es un pensamiento científico. La sociedad burguesa contesta con una totalización de la metodología, y sostiene que la crítica marxista y, por tanto, todo pensamiento marxista, no es ciencia. Donde el pensamiento marxista mantenía cierto puente de diálogo y de respeto mutuo en la discusión, el pensamiento burgués interrumpió el diálogo, declarando que las posiciones de sus críticos - y no solamente de sus críticos marxistas - no eran siquiera científicos.

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En la actualidad, la población mundial ha adquirido mayor conciencia sobre la importancia de los bosques y su relación con la calidad de vida de las personas. A pesar de lo anterior, la tala indiscriminada continúa y se siguen realizando proyectos que afectan la flora y la fauna de las selvas, sobre todo, en los países menos desarrollados que explotan estos recursos como materia prima.En Costa Rica se ha tratado de mantener cierto control sobre los bosques. Por ejemplo, el 16 de abril de 1996 se publicó en el Diario Oficial La Gaceta, la Ley Forestal No.7575. Dicha Ley dispone una serie de medidas para la conservación de las áreas de protección y de reserva forestal. En el primer caso, se estipulan las distancias requeridas para la protección de las nacientes permanentes, las riberas de ríos, las quebradas o arroyos, las riberas de los lagos y los embalses naturales, las áreas de recarga acuífera y otros. En estas áreas, por ejemplo, no se podrá realizar ningún tipo de construcción ni autorizarse la tala de árboles.

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Al considerar necesario incorporar a los grupos económicos en el gran proyecto de alcanzar metas de desarrollo sostenible, que surge como un nuevo paradigma al tomarse en consciencia por parte de los organismos internacionales, entre ellos las Naciones Unidas, de la necesidad de hacer un planteamiento de desarrollo económico diferente al convencional que considera aspectos ambientales y de equidad social, se admite por primera vez que la explotación de los recursos naturales y su transformación en materia prima y fuente energética, tiene límites, los cuales deben ser considerados en cualquier planteamiento serio de desarrollo económico.Es así como surge la tesis de los impuestos verdes como una opción que permita a los gobiernos incidir tanto en el mercado como en el sector industrial y en los hábitos de los consumidores.

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De acuerdo al proyecto de Análisis Comparativo de Riesgos (ACR) y solicitado por la Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo, que estudia llevar a cabo acciones en la región, Costa Rica obtiene el mayor puntaje en contaminación del aire.El Consejo de Seguridad Vial, en 1986, intentó controlar la contaminación vehicular pero sin éxito, aunque desde abril de 1982 ya se había elaborado el decreto No. 13470-T para realizar legalmente esa labor. Aun, la anterior ley de Tránsito de 1976 multaba los excesos a los límites máximos de contaminación en su art. 111-g. Por ejemplo el índice de opacidad que se estableció desde 1976 es un estándar de emisión establecido en 50 UH (UnidadesHartridge, densidad del humo) para los autobuses y demás vehículos a diesel, es la misma norma que rige en el reglamento recién publicado.

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Desde el arribo de los europeos, la minería ha jugado un rol decisivo en la estructuración social, económica y espacial de nuestros países, y comparte con otras actividades económicas el papel de generar dinámicas de marginación social, miseria y destrucción ambiental.Hoy, quinientos años después del encuentro de dos mundos, si bien la minería históricamente ha sido un polo de acumulación de riqueza para las estructuras coloniales primero, y las compañías extranjeras después, para nuestras naciones y sus economías ha representado un legado de destrucción ambiental y de desestructuración de las economías indígenas y campesinas, dejando tras de sí estelas de miseria y desolación.

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En los últimos años la política monetaria en Costa Rica ha descansado fundamentalmente en las Operaciones de Mercado Abierto (OMA) y el Encaje Mínimo Legal (EML). Sin embargo, en razón de la naturaleza y magnitud de las pérdidas que enfrenta el BCCR, existe un alto grado de inflexibilidad en el uso de ambos instrumentos.A pesar de que en el plano internacional la tendencia es a reducir o eliminar del todo los requisitos de encaje, este instrumento sigue siendo ampliamente utilizado en Costa Rica. No obstante, con la nueva Ley Orgánica del BCCR (Ley 7558) vigente a partir del 27 de noviembre de 1995 se modifica la aplicación y cobertura del encaje mínimo legal. En efecto, se reducirán las tasas y modo de empleo de tal instrumento, contando el BCCR con 4 años a partir de la aprobación de su nueva Ley Orgánica para reducir el encaje mínimo legal hasta un 15%, porcentaje a ser aplicado a todos los tipos de depósitos. Por otra parte, la cobertura del encaje se extenderá no solo a todas las captaciones del público que impliquen intermediación financiera, tales como: los OPAB, fideicomisos, comisiones de confianza, sino a otros intermediarios que anteriormente no estaban regulados.

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En el debate nacional sobre temas públicos de actualidad, destaca en los últimos meses la gran controversia que se ha generado en torno a los orígenes, causas, magnitud y consecuencias de la deuda pública interna. Y como este tema se vincula estrechamente con nuestras concepciones sobre el Estado y el papel de éste en la economía y en la sociedad, es sumamente difícil que nuestras opiniones al respecto se puedan liberar enteramente de prejuicios y estereotipos ideológicos, lo mismo que de determinados intereses materiales concretos. Todos tendemos a acercarnos a los problemas que analizamos con ciertas ideas preconcebidas, limitando nuestro entendimiento a lo que nos es familiar y habitual, condicionados por nuestro ambiente, por los intereses que nos afectan, por la experiencia previa sobre el tema, y por todo tipo de circunstancias en que nos desenvolvemos. Por este motivo, es de crucial importancia que los grandes problemas nacionales se filtren a través de un amplio y democrático debate público, que además debe ser adecuadamente conducido.

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El proyecto de Reforma Constitucional llamado de las Garantías Económicas, pretende ser una solución frente a un problema -el fiscal- que captura un gran interés en la opinión pública de Costa Rica. Se sustenta en una serie de ideas preconcebidas habituales en esta materia, la mayor de las cuales es la incorrecta suposición de que este problema fiscal es el más importante en la economía costarricense. Como propuesta de solución tiene el atractivo de la simplicidad, aparte fundarse en una opción ideológica que rechaza la participación activa del Estado, y la cual es predominante en influyentes sectores de la sociedad de Costa Rica. En ese sentido, su aprobación -particularmente en su versión original o en la sustentada por el Partido Unidad- impondría una severa limitación al accionar del Estado, la cual operaría a priori como mandato constitucional superior. Ello tendría la consecuencia antidemocrática de forzar a la aplicación de una reforma del Estado de la que estaría ausente todo mecanismo de concertación social, y en la cual habrían sido omitidos a priori temas fundamentales como el de la regresividad de la estructura tributaria, el de la desvinculación de esta con relación a la estructura productiva y el de la no correspondencia entre la organización y funcionamiento del Estado y las necesidades y demandas de los grupos sociales de nivel medio y bajo. Por los limitados márgenes de maniobra en que históricamente se ha movido la política fiscal, sus consecuencias para esta no serían muy significativos, pero en cambio sí lo sería para el cumplimiento del papel que es indispensable que el Estado asuma en el desarrollo social y económico. Por lo anterior y, además, por sus ligámenes no explícitos con las propuestas para una política monetaria liberalizante y desreguladora, las Garantías constituirían un paso adelante de decisiva importancia hacia la plena vigencia de los mecanimos del "libre" mercado como organizadores fundamentales del orden social y hacia la plena transnacionalización de la economía costarricense.

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El significado para El Salvador de continuar con una economía dolarizada y donde el país no tiene una política monetaria, qué es el pacto fiscal y cómo el gobierno y la empresa privada pueden lograr coordinar proyectos juntos para dar una solución a los problemas del desempleo y cómo se logran medir el crecimiento de los países de Centroamérica. Son algunas temáticas que se tratan en esta entrevista.

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En el marco teórico de la investigación, a través de los modelos de Mundell Fleming se observa que el establecimiento de un tipo de cambio fijo neutraliza la capacidad de impacto que pudiese tener la política monetaria en el crecimiento económico, por lo que la política cambiaria se vuelve un elemento fundamental en incidir en la balanza comercial de un país y en promover el crecimiento económico, la política fiscal debe acompañarla como promotora de crecimiento. El caso de El Salvador la dolarización es un elemento aún más restrictivo que un tipo de cambio fijo, ya que elimina además de la política monetaria, la política cambiaria, y añadido a ello el país tiene una política fiscal muy restringida. En el aspecto estadístico descriptivo resalta que El Salvador es el país en centroamérica, con el peor comportamiento económico en la mayoría de casos, y en pocos no lo es, por ejemplo, el crecimiento económico alcanzado en el período del 2001 hasta la fecha es el país, fue del 1.9%, muy por debajo del resto de los países centroamericanos cuyo crecimiento promedio osciló entre el 3.3% y el 4.4%; otro indicador importante es el déficit de balanza comercial, en este caso El Salvador es de los países de la región con un alto déficit (19% respecto al PIB), y el indicador inversión que respecto al PIB, es el más bajo de Centroamérica con el 15.3%, en cambio Honduras el país que ha tenido la inversión respecto al PIB fue 26.9%. El análisis del tipo de cambio real multilateral ha sido importante en la presente investigación, ya que al considerar en su determinación la mayoría de socios comerciales con el respectivo peso que estos representan para el intercambio comercial, dicho cálculo lo hace la comisión económica para América latina (CEPAL). Dichos datos arrojan una apreciación del tipo de cambio real desde la fijación del tipo de cambio en 1994. En el tercer capítulo se observa que El Salvador tiene un desempeño mediocre o malo en algunas y aceptable en otras variables fundamentales dentro de los supuestos de los modelos de Harrod, Domar, Solow, Lucas y Mundell-Fleming. Por ejemplo en la formación bruta de capital y el ahorro, El Salvador tiene un pobre desempeño frente a países como Costa Rica y Guatemala, en cambio en materia de capital humano o educación tiene un desempeño mejor que el resto de los países de centroamérica, solo por detrás de Costa Rica; en el progreso tecnológico el país está posicionado entre la tercera y cuarta posición, del istmo, dependiendo de la variable medida. Finalmente se concluye sobre la incidencia negativa de la dolarización en el crecimiento económico, pero se recalca el hecho que hay otros elementos que puedan incidir en el bajo desempeño de la economía salvadoreña. Además se hacen las respectivas recomendaciones frente a la problemática del bajo crecimiento económico.

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El país a lo largo de su trayectoria ha exigido a las universidades estatales y privadas la formación de profesionales aptos para hacer frente a una economía que hoy se encuentra inmersa en la globalización; actualmente el gobierno central trata de una u otra manera la creación de nuevos retos para las empresas salvadoreñas que se desarrollan dentro y fuera del país, no hay duda que los costos son parte vital de las empresas para medir y cuantificar de manera exacta las inversiones realizadas, su rentabilidad y las utilidades que llenen las expectativas deseadas. El presente trabajo trata la APLICACIÓN DEL SISTEMA DE COSTOS ABC EN LAS EMPRESAS CONSTRUCTORAS DE EL SALVADOR, muestra la viabilidad e importancia de hacer efectiva la aplicación de este tipo de sistema de costos; si bien es cierto que los demás sistemas de costos generan al final de un producto su respectivo costo unitario, existen situaciones en la cual es necesario medir de manera inmediata la inversión efectuada, así pues, la aplicación del Costo ABC en las empresas constructoras del país, genera una herramienta gerencial que sirve para proyectar tanto costos como ingresos determinadas obras o proyectos. Es importante definir que al momento de hacer este trabajo de graduación el país se encontraba pasando sobre una situación muy trascendental y es el cambio de nuestra moneda de curso legal por el dólar estadounidense Esta nueva política monetaria ha generado incentivos para los empresarios y entre esos algunos afectando directamente el sector construcción y además especificando que todas las obligaciones que tuviesen los constructores con la banca salvadoreña se cambiaría pasando a ser de corto plazo a largo plazo, generando así muchas expectativas para este tipo de empresas, asimismo se definió categóricamente que las viviendas van a estar más cerca de aquellos que en la actualidad no pueden hacer efectivo un préstamo para ser propietarios de una vivienda, por lo que consideramos que este trabajo toma auge en estos momentos ya que las empresas constructoras tendrán más presencia y competitividad en la industria de la construcción, efecto de esta integración monetaria.

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This paper estimates Bejarano and Charry (2014)’s small open economy with financial frictions model for the Colombian economy using Bayesian estimation techniques. Additionally, I compute the welfare gains of implementing an optimal response to credit spreads into an augmented Taylor rule. The main result is that a reaction to credit spreads does not imply significant welfare gains unless the economic disturbances increases its volatility, like the disruption implied by a financial crisis. Otherwise its impact over the macroeconomic variables is null.

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