996 resultados para INDÍGENAS DE COLOMBIA - DERECHOS POLÍTICOS Y CIVILES
Resumo:
Se comenta que el mundo goza de una opulencia sin precedentes, donde se han registrado notables cambios en el terreno econmico, social y poltico. Se est inmerso en la cultura de los derechos humanos. La gran idea de la humanidad es conciliar la universalidad de los valores con las diversas culturas. A partir de la Segunda Guerra Mundial se procedi al diseo de un sistema de gobernacin mundial basado en la igual dignidad de todos los seres humanos. El fomento de la dignidad no es una utopa, es una necesidad indispensable para concretar los derechos y deberes humanos de los que dependen la seguridad, supervivencia y felicidad. La pedagoga de la educacin en derechos humanos es asumir que todos los seres humanos somos diferentes en nuestras caractersticas pero iguales en dignidad y derechos. Esto lleva a evitar la discriminacin como finalidad principal, ya que acepta y valora la diversidad como parte de la riqueza de las relaciones humanas. As pues, del mismo modo que en 1945 se decidi elaborar una Declaracin Universal de Derechos Humanos, sera apropiado, en la debacle tica que se encuentra la Unin Europea, una Declaracin Universal sobre la Democracia.
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Monogrfico con el ttulo: "La educacin en instituciones penitenciarias. Historia, polticas pblicas y buenas prcticas".
Resumo:
Resumen basado en el de la publicacin. Resumen en ingls
Resumo:
Este estudio explora la relacin entre derechos humanos, migracin y polticas migratorias en el contexto de la globalizacin. Para ello ubica y problematiza algunas tensiones y paradojas contenidas en estos discursos. Aborda la propuesta de los derechos humanos, las formas de conocimiento de la migracin y la globalizacin como campos complejos, conflictivos y en constante construccin. La relacin entre derechos, la capacidad de regulacin del Estado y la ciudadana son espacios de disputa de sentidos; por ello, lugares privilegiados de la lucha poltica y de emancipacin de los derechos humanos. Considera la migracin como el desplazamiento residencial de la reproduccin cotidiana de la existencia de un socio-espacio a otro. Desde el enfoque de derechos humanos, supone el reconocimiento de la libertad de trnsito y residencia establecidos en el Sistema Internacional de los derechos humanos. Sin embargo, lo dicho entra en tensin debido a la accin reguladora de los Estados que se caracteriza por la seleccin de inmigrantes desde intereses estatales y no desde la garanta de los derechos; lo que afecta la construccin del Estado social de derecho. Aborda, como se menciona anteriormente, las polticas migratorias entendidas como el resultado de las luchas polticas en torno a la gestin de los flujos migratorios; los cambios en la convivencia social provocados por la migracin; y las relaciones de los Estados involucrados en estos procesos. Revisa los principales instrumentos de proteccin de los derechos humanos a nivel internacional, regional (europeo y americano), y nacional (espaol y ecuatoriano). Evidencia, as, la concordancia en torno al principio de no discriminacin, de las libertades fundamentales, de la seguridad e integridad personal y de cierta ambigedad respecto de la libertad de trnsito y residencia. Analiza las principales medidas normativas adoptadas por Espaa y Ecuador durante el perodo 1998-2005, las mismas que expresan una lgica selectiva restrictiva, pues dan prioridad a los intereses econmicos-laborales del Estado espaol, al control policaco de la migracin irregular y a las medidas de retorno; todo ello menoscaba la garanta de los derechos humanos de la poblacin ecuatoriana inmigrante. Por su parte, las medidas adoptadas por el Estado ecuatoriano son reactivas, puntuales y de subordinacin a los lineamientos dados desde Espaa. Finalmente, ubica tensiones, debates y plantea desafos a ser repensados con la finalidad de comprender la migracin como un derecho humano; considerando esta postura como la base ms adecuada para la formulacin e implementacin de polticas migratorias y como parte de la promocin de los derechos humanos dentro de un horizonte cuyo sentido sea la construccin de sociedades que convivan con equidad y justicia.
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El disfrute de los derechos sociales depende de la existencia, el funcionamiento apropiado y acceso en condiciones equitativas de ciertos servicios pblicos. Esos ciertos servicios pblicos, comnmente son denominados servicios pblicos bsicos, entre los cuales estaran por ejemplo, la prestacin de servicios de agua potable y corriente, energa elctrica, gas natural, aseo y telefona, cuya potestad es ejercida por el Estado. No obstante lo anterior y en clara vinculacin con la consagracin de los derechos sociales y el concepto de dignidad humana, se han tejido argumentos en torno a la nocin de servicios pblicos fundamentales, entre los cuales se cuentan adems de los anteriores, la asistencia a la salud, el acceso a educacin y empleo decente como medios para satisfacer las condiciones mnimas de vida adecuada y decorosa y por ende el respeto y desarrollo de la dignidad de toda persona. En las siguientes lneas se destaca los avances normativos que en la regin se observan en relacin con la conciencia colectiva por parte de los Pases Andinos sobre la necesidad de satisfacer los derechos sociales, y los intentos de reconocimiento del acceso del individuo como sujeto de derecho internacional ante instancias que permitan satisfacer condiciones dignas y decorosas de vida.
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El presente trabajo es una investigacin sobre la intervencin de la iglesia peruana en la elaboracin del Plan Nacional de Derechos Humanos en el Per, elaborado durante el 2005. En torno a este hecho, el trabajo desarrolla un estudio, a partir del anlisis del discurso, sobre el papel de la iglesia dentro del campo de los derechos humanos en el Per desde la segunda dcada del siglo XX hasta la actualidad, mediante una perspectiva terica psicoanaltica y post estructuralista. Esta lectura de la dinmica de los derechos humanos en el Per en relacin con la iglesia catlica organiza el siguiente trabajo en cuatro captulos. El primero reflexiona sobre la genealoga de la geopoltica vaticana en torno al tema de derechos de derechos humanos partir del siglo XIX hasta Juan Pablo II, la cual produce una definicin de trascendencia que busca constituir un modelo de vida humana, implementado en cada mbito de la vida social: la poltica, el desarrollo, la sexualidad, entre otros. El segundo indaga sobre la evolucin del pensamiento social de la iglesia en el Per, la cual permite dividir esta parte en tres acpites. Analiza principalmente el periodo 1980-2005, sealando las caractersticas del discurso eclesistico y su influencia en el desarrollo del campo de los derechos humanos en torno a tres temas: violencia armada, derechos econmicos, sociales y culturales, y derechos sexuales y reproductivos. El tercero captulo aborda la influencia de la iglesia peruana en el proceso del Plan Nacional de Derechos Humanos, identificando el papel de los actores y sus demandas, y adems, las metas y las estrategias, mostrando las nuevas dinmicas que este hecho ha mostrado dentro del campo de los derechos humanos. El ltimo captulo inserta la actuacin de la iglesia peruana dentro de la dinmica que La Santa Sede gestiona en el mbito internacional en materia de derechos humanos.
Resumo:
El reconocimiento de ciertos derechos sexuales y derechos reproductivos en la Constitucin ecuatoriana de 1998, marcan sin duda un hito en la redefinicin de los derechos humanos y su impacto en los diversos aspectos sociales. Es necesario hacer mencin como antecedente del desarrollo constitucional ecuatoriano de los derechos sexuales, la declaratoria de inconstitucionalidad del tipo penal de homosexualidad que contena el artculo 516 del Cdigo Penal. Como se ver en las siguientes lneas, si bien este antecedente en jurisprudencia constitucional, no se rescata los principios de derechos humanos, es innegable el logro alcanzado, puesto que dio lugar a un proceso de articulacin entre las organizaciones GLBT y de mujeres, que tuvieron un rol importantsimo en las discusiones que sobre derechos sexuales y reproductivos, se dieron en la Asamblea de 1998, y que a su vez dio lugar al reconocimiento constitucional de algunos derechos. El cuerpo de las personas y especficamente las expresiones de la sexualidad han sido tradicionalmente objetos de control social, entendindose como tal "el conjunto de sistemas normativos como son la religin, tica, costumbres, usos, teraputica y el Derecho (este ltimo en todas sus ramas) cuyos portadores, a travs de procesos selectivos (estereotipia y criminalizacin), establecen una red de contenciones que garantizan el sometimiento de las masas a los valores de un sistema de dominacin
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Amrica Latina presenta algunas de las leyes ms restrictivas del mundo en materia de aborto. Si bien slo tres pasesChile, El Salvador y Repblica Dominicanano contemplan ningn tipo de excepcin o rebaja de la pena por la realizacin de abortos, en la mayora de los pases y jurisdicciones la ley incluye excepciones a la pena slo cuando resulta necesario para salvar la vida de una mujer embarazada y en otras circunstancias puntuales especficamente definidas. An en los casos donde el aborto no est penalizado por ley, las mujeres suelen tener un acceso severamente limitado al mismo como consecuencia de la ausencia de regulaciones adecuadas y de la voluntad poltica necesaria. El acceso al aborto seguro y legal puede salvar la vida y facilitar la igualdad de las mujeres. Las decisiones de las mujeres en materia de aborto no tienen que ver solamente con sus cuerpos en trminos abstractos, sino que, en trminos ms amplios, se encuentran relacionadas con sus derechos humanos inherentes a su condicin de persona, a su dignidad y privacidad. Los obstculos existentes para este tipo de decisiones en Amrica Latina interfieren con la capacidad de las mujeres de ejercer sus derechos, dando lugar a prcticas clandestinas e inseguras que constituyen una de las principales causas de mortalidad materna en gran parte de la regin.
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El razonamiento de los Derechos Humanos desde una visin sociolgica, poltica, filosfica y jurdica, ha librado en el estudio humano una preocupacin y a la vez una solucin en el nimo de la convivencia social. El siglo XX dej en las pginas de la historia una lucha inclaudicable, ya no de hecho sino por el derecho; para la Proteccin de los Derechos Humanos ante la amenaza sea est desde y/o el Estado o de otras personas, generando as una gama de instrumentos jurdicos internacionales, regionales y medidas internas de los estados con el objeto de prevenir, juzgar, sancionar y en especial reparar la vulneracin, restriccin, prohibicin o mejor dicho la violacin a los derechos humanos. Hoy en el siglo XXI, los derechos humanos se ven nuevamente en peligro de ser vulnerados y la pluma de la historia vuelve a escribir estos dramas que consideramos que ya habran terminado
Resumo:
El derecho a la educacin parte del reconocimiento de que el saber sistemtico es ms que una importante herencia cultural, pues es tambin un medio de apertura, que brinda al individuo una clave de autoconstruccin y un reconocimiento de sus capacidades, sin ningn tipo de discriminacin. En razn de esto, encontramos el principio incluido en el art. 4, inciso II de la Constitucin Federal Brasilea, donde se genera el sistema de proteccin de los intereses de la poblacin negra, adoptndose el criterio de cinco categoras de color establecido por el Instituto Brasileo de Geografa y Estadstica IBGE. En este contexto se da la implementacin del sistema de cuotas en beneficio de los afrodescendientes en Brasil, donde se busca el acceso real de los estudiantes afros a la universidad, as como la permanencia y sustentabilidad de los estudiantes en los programas acadmicos.
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La poltica petrolera privilegia los ingresos econmicos y margina los derechos ambientales y sociales de la poblacin en las zonas petroleras. Ilustra el anlisis de la entrega de licencias que contravienen los derechos establecidos: contrato en el bloque 20 y la explotacin en la costa ecuatoriana; a esto se suma los numerosos y graves casos de derrame de petrleo. El gobierno implementa un programa de reparacin ambiental y social entre el Ministerio del Ambiente y Petroecuador, pero falta tomar decisiones fuertes para no ampliar ms la frontera petrolera y para aplicar verdaderos procesos de reparacin integral, tal como lo estipula la Constitucin. Es urgente la derogatoria del Decreto Ejecutivo 1040, que reglamenta la participacin social, por ser inconstitucional.
Resumo:
La Constitucin de 2008 contiene importantes avances en derechos colectivos, ambientales y de la naturaleza. Con la aprobacin de la Ley de Minera (y de la Ley de Seguridad Pblica) se profundiza el modelo extractivista como parte del modelo primario exportador, contraviniendo el mandato constitucional. Falta una institucionalidad que proteja estos derechos. Es muy preocupante la criminalizacin de la protesta, entre otros casos se destacan: cierre de Accin Ecolgica, 26 juicios contra el dirigente Rodrigo Aucay, Familia Belezaca Vintimilla, comunidades shuar de Nankintza, protestas en el Pangui, comunidades de Quimsacocha, cierre de la Voz de Arutam. La CONAIE demand la inconstitucionalidad de la Ley de Minera. Se demanda la garanta de derechos, entre stos el de la resistencia.
Resumo:
El anlisis de la relacin derechos humanos (DDHH), en particular los derechos econmicos, sociales y culturales (DESC) y las polticas pblicas es fundamental para la concrecin de los derechos, y estos no sean solamente contenidos de carcter meramente declarativo. El enfoque de derechos implica la distincin entre un derecho y una necesidad. Mientras las necesidades no tienen valor de obligacin y no se pueden demandar su cumplimiento por parte del Estado, los DDHH tienen una base legal y exigible local e internacionalmente. Mientras los DDHH se relacionan con el SER, las necesidades se relacionan con el TENER, y esto implica un marco temporal acotado y no necesariamente sustentable en el tiempo. El enfoque de derechos no concierne a un gobierno especfico o a una corriente poltica sino que configura una obligacin por parte del Estado de honrar la dignidad humana. En este sentido el aparato del Estado tiene las competencias, posibilidades y mandato de implementar polticas y programas para garantizar la calidad de vida de los habitantes. En Amrica Latina, los Estados han firmado y ratificado los instrumentos fundamentales internacionales en materia de proteccin de DDHH, y por lo tanto estn obligados a proteger, garantizar y promover los DDHH de la poblacin. La proteccin y promocin de estos derechos pueden encontrar una va efectiva a travs de las polticas pblicas. Analizar la vinculacin del enfoque de derechos en las polticas pblicas es pues el objetivo de este artculo, de manera de contribuir ntegramente con este enfoque desde el diagnstico y diseo de las respuestas e iniciativas estatales.
Resumo:
En la Amrica Latina de la transicin entre siglos la nocin/valor de desarrollo est fuertemente cruzada y oscurecida por diversos factores: uno de ellos es la articulacin de la liquidacin del modelo de desarrollo de postguerra (Segunda Guerra Mundial) con el ingreso a un modelo de crecimiento econmico (Consenso de Washington, primera y segunda fase) que cuestiona tanto la base social y humana como administrativa y geogrfica del desarrollo. Este factor de oscurecimiento acenta su incidencia porque el modelo de crecimiento, determinado por la acumulacin a escala global o mundial, suele ser utilizado como conduciendo al desarrollo. Sin embargo, aqu el ltimo trmino no hace relacin directa (algunos diran que ni siquiera indirecta) a la calidad de la existencia humana de las poblaciones involucradas en la acumulacin de capital a escala global. La modernizacin eventual de estas poblaciones no es sinnimo de una mejora en su calidad de vida, sino bsicamente de su insercin, privilegiada o no, en los circuitos de la economa transnacionalizada. Esto quiere decir que el crecimiento/desarrollo sigue una teleologa no alternativizable, lo que le confiere un carcter saturante o totalitario.
Resumo:
Las polticas pblicas, independientemente de su objeto, ejercen influencia sobre la realizacin de los derechos humanos y estn llamadas a traducir las vindicaciones de los derechos humanos en reglas operacionalizables y en prcticas sociales que le permitan a los Estados cumplir con sus obligaciones internacionales en la materia. Los derechos humanos, a su vez, estn llamados a inspirar las polticas pblicas y requieren acciones afirmativas de los Estados, y por ende, polticas pblicas que favorezcan su reconocimiento, respeto y realizacin. En este marco de ideas, el presente artculo se propone ilustrar la relacin entre los derechos humanos y las polticas pblicas a travs de la presentacin de algunas propuestas para incluir el enfoque de los derechos humanos en las polticas pblicas y para elaborar polticas pblicas en materia de derechos humanos. El artculo concluye con la presentacin de los principales desafos frente a la plena realizacin de los derechos humanos a travs de las polticas pblicas en la poca contempornea.
