La acción de amparo sobre los actos administrativos en el derecho ecuatoriano

La Administración Pública se manifiesta a través de hechos, actos, contratos, resoluciones y procedimientos administrativos que producen los órganos de la administración de acuerdo con su competencia, esto es, todas las actividades que realizan en el ámbito de sus funciones los servidores públicos, autoridades funcionarios y empleados de la administración en general que producen efectos jurídicos. Pero, cuando la administración emite actos administrativos que vulneran los derechos consagrados en la Constitución nuestro ordenamiento jurídico ha consagrado la acción de amparo como una garantía para suspender los efectos ilegítimos de estos actos, en una forma preferente y sumaria es decir a través de un procedimiento ágil y oportuno, prohibiendo cualquier acto que tienda a retardar su despacho. Los objetivos del presente trabajo investigativo son: • Determinar qué actos administrativos de autoridad son impugnables por la acción de amparo y por qué se produce una aplicación inadecuada de esa acción sobre los actos administrativos en el derecho ecuatoriano. • Describir algunas características que permitan puntualizar el mal uso en la utilización de la acción de amparo constitucional, sobre los actos administrativos de autoridad en el Ecuador. En la actualidad, vemos que también existe un abuso en la promoción de esta acción de amparo ya que, por diversidad de motivos, se ha convertido en una especie de acción paralela de administración de justicia, transformándose en un proceso ordinario contrariando la naturaleza de esta acción que es preferente y sumaria, y que tiene como fin último el de proteger la supremacía de la Constitución. El presente trabajo consta de cuatro capítulos. El capítulo I trata sobre la Impugnabilidad de los Actos Administrativos, el capítulo II me refiero a los principios en los que se sustenta el Control Constitucional, en el capítulo III analizo sobre la Acción de Amparo de los Actos Administrativos en el Ecuador y concluyo en el capítulo IV con las conclusiones y recomendaciones. He creído necesario incorporar al final del trabajo, algunos elementos relacionados a la Acción de Amparo Constitucional contemplada en la nueva Constitución que fue aprobada el 28 de septiembre del 2008, mediante referéndum, la misma que pasa a llamarse la Acción de Protección.

El delito de peculado en el Ecuador

La presente investigación, trata de conocer al servidor público, su naturaleza jurídicaadministrativa, clases, así como su rol frente a la administración pública; se estudia el servicio público como actividad encaminada a satisfacer una necesidad de carácter general, bien sea que su prestación este a cargo del Estado directamente, de concesionarios o mediante procedimientos peculiares del derecho público. Trata de las disposiciones constitucionales referente a la función pública, sus organismos y dependencias, las servidoras y servidores públicos que actúan en virtud de una potestad estatal, las competencias y facultades que les atribuye la Constitución y la ley. Dentro de las responsabilidades se puntualiza las tres principales que son: La administrativa, civil y penal y la competencia que ejerce la Contraloría General del Estado en estos casos. En lo referente al peculado, se realiza una síntesis histórica, citando varios conceptos y los comentarios, su clasificación en peculado propio, impropio, por uso oficial diferente, lo que permite conocer de manera objetiva cada uno de estos delitos. Se presenta el peculado en el Ecuador, su evolución a través de los Códigos Penales y los cambios que se han venido presentando a través del tiempo, se ha identificado el peculado bancario en nuestra legislación, el que se aparta de la figura de la malversación de fondos. En esta tesis se ha determinado que el delito de peculado es eminentemente doloso, por cuanto agota toda la fase del iter crimines; mientras que, lo que conocemos como peculado culposo, que está inmerso netamente dentro del campo administrativo. Se concluye con las conclusiones y recomendaciones de rigor.

El sistema de ejecución presupuestaria y su aplicación en las instituciones del Gobierno Central

El presente trabajo está basado en el análisis realizado al Sistema de Ejecución Presupuestaria y su aplicación a las instituciones del Gobierno Central, en el cual además de las Instituciones del Sector Público están involucrados el Ministerio de Economía y Finanzas, y Organismos de Control. Como un preámbulo, se realiza una reseña histórica de los antecedentes que motivaron al Banco Central del Ecuador y Ministerio de Economía y Finanzas buscar una nueva alternativa para que las instituciones del sector público ya no realicen sus operaciones en el Banco Central utilizando los cheques entregados por esta entidad como medios de pago, diseñando para el efecto un sistema de Ejecución Presupuestaria que les permita realizar transferencias, pagos y depósitos a través de la banca privada corresponsal, el cual constituye un medio normativo que posibilita la ejecución de los presupuestos del Gobierno Central. Con la finalidad de fomentar el uso de la tecnología de la información y de comunicaciones en la gestión del sector público, tendiente a mejorar los niveles de transparencia, eficiencia y seguridad en los procesos, relacionados con la gestión de cobros y pagos de las instituciones del Gobierno Central, el Banco Central del Ecuador a diseñado el Sistema de Pagos del Sector Público, a través del cual se realizan el pago de las remuneraciones de los servidores públicos, además se pueden incluir en el mismo, otros pagos como servicios, viáticos, pago a proveedores y cualquier cancelación que las instituciones deban realizar por concepto de obligaciones ya devengadas. Para el efecto se ha coordinado la colaboración del sistema financiero nacional, el cual involucra a Bancos Privados, Asociación de Mutualistas y Cooperativas de Ahorro y Crédito, en las cuales los servidores públicos aperturarán sus cuentas de ahorros o corrientes para la transferencia de sus remuneraciones. Este sistema a más de brindar agilidad en los procesos, permitirá al Gobierno Central disponer de información veraz y oportuna respecto al número de empleados del sector público que se encuentran laborando en sus diferentes dependencias, contribuyendo a un ahorro considerable en el Presupuesto General del Estado, además que permitirá al Ministerio de Economía y Finanzas programar el presupuesto de gastos para dichas instituciones, con base a información transparente.

Diseño del Plan de mejoramiento de comunicación interna en la Dirección de Auditoría de Empresas de la Contraloría General del Estado

El presente trabajo de tesis está orientado a diseñar un plan de mejoramiento de la comunicación interna para la Dirección de Auditoría de Empresas, de la Contraloría General del Estado, en el cual se plantea mejorar la gestión en la comunicación de 60 servidores públicos que la conforman. El objetivo es mejorar el flujo de las relaciones formales e informales, fortalecer el vínculo entre: el personal administrativo, apoyo técnico, autoridades y auditores que se encuentran ubicados dentro y fuera del edificio matriz, reduciendo el tiempo en la difusión, comprensión y respuesta de disposiciones, mensajes e información; procurando que la comunicación sea colaborativa y más efectiva para todos. La propuesta no forma parte de un programa institucional, es una iniciativa que nace en la Dirección de Auditoría de Empresas para definir y mejorar el flujo de la información y mensajes utilizando las tecnologías de información y comunicación (TIC). En el primer capítulo, se realiza una breve introducción del problema, los objetivos de esta investigación y su delimitación. La metodología aplicada en esta investigación, es el estudio de un caso, por tratarse de un problema interno en una organización. A través de la encuesta en el capítulo tercero se realizó el diagnostico de la comunicación interna de la Dirección de Auditoría de Empresas, la tecnología disponible y el análisis las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas (F.O.D.A.). Finalmente en el capítulo cuarto se aplica los conceptos definidos en el marco conceptual y finalmente se presenta la propuesta del “Plan de Comunicación interna para la Dirección de Auditoría de Empresas”.

La prejudicialidad en la instauración del sumario administrativo en el delito de peculado

Las acciones u omisiones de los servidores públicos, en el ejercicio de sus actividades dispuestas en la Constitución y la Ley, producen consecuencias jurídicas tanto en la función jurisdiccional, como en el desarrollo administrativo del Estado. Uno de esos ejemplos, se presenta cuando el dependiente de la Administración Pública incurre en el delito de peculado, este ilícito debe ser perseguido y provoca el surgimiento de responsabilidad penal, pero además genera responsabilidad administrativa, que accesoriamente, por una disposición constante en la Ley Orgánica del Servicio Público, que dispone la existencia de la primera, antes de resolver la segunda, generan la figura jurídica de la prejudicialidad. Nuestro estudio entonces, en el primer capítulo, se enfoca a determinar la definición de la prejudicialidad, problema jurídico del cual se derivan otras aristas, como la teoría de división de funciones y la cosa juzgada. Asimismo, veremos si mediante el recurso extraordinario de casación se la ha tratado en el Ecuador, si existen sentencias respecto al tema, para finalmente complementar con el análisis teórico jurídico que nos evidencia las corrientes existentes y la clasificación de la misma. En el segundo capítulo, ya más concretamente, veremos cómo afecta la prejudicialidad al sumario administrativo en el delito de peculado y las garantías del debido proceso perjudicadas por el mismo procedimiento, estableciendo a través de la jurisprudencia y de la legislación comparada, temas propios del derecho administrativo sancionador. Finalmente, al generarse responsabilidades penal y administrativa en el delito de peculado, producto de la prejudicialidad enunciada, consideramos necesario el distinguir al menos someramente que son cada una de ellas y sus diferencias.

El delito de tortura y su compatibilización en la legislación ecuatoriana

El delito de tortura, considerado delito de lesa humanidad por el Estatuto de Roma, se tipifica, igualmente, como delito de lesa humanidad, en el Art. 89 de nuestro Código Orgánico Integral Penal. Ambos cuerpos normativos establecen como requisito esencial que este delito se cometa como parte de un ataque generalizado contra una población civil, lo que concuerda con el Art. 119 del Código Orgánico Integral Penal, que tipifica como tortura el ilícito que se cometa con ocasión y en desarrollo de un conflicto armado en el territorio nacional o a bordo de una aeronave o de un buque de bandera ecuatoriana, lo que no requiere del “ataque generalizado” a que alude el Art. 89 ibídem. Igualmente, el Art. 151 del Código Orgánico Integral Penal, tipifica como tortura a la persona que inflija u ordene infligir a otra persona, grave dolor o sufrimiento, ya sea de naturaleza física o psíquica o la someta a métodos que anulen su personalidad o disminuyan su capacidad física o mental, aun cuando no causen dolor o sufrimiento físico o psíquico, con cualquier finalidad en ambos supuestos, el cual se sanciona con una pena privativa de libertad de siete a diez años, agravándose el delito en los casos de los numerales 1 a 4 del referido artículo y que dicen relación con los conocimientos técnicos para aumentar el dolor de la víctima (1); cuando se trate de funcionarios o servidores públicos u otra persona en el ejercicio de funciones públicas, por instigación suya o con su consentimiento o aquiescencia (2); que se cometa con la intención de modificar la identidad de género u orientación sexual (3) y se cometa en persona con discapacidad, menor de 18 años, mayor de 65 años o mujer embarazada En esta investigación se analiza la tortura consagrada en los Convenio y Tratados Internacionales con nuestro derecho interno, para establecer la diferencia de la tortura, sus efectos y causas. Pero lo relevante es compatibilizar este tipo penal con nuestra legislación desde la perspectiva que dicha acción sea considerada imprescriptible, para evitar como el Caso Tibi, que los violadores de los derechos humanos quedan sin sanción alguna. Finalmente, el Ecuador no ha cumplido, con las Sentencias de la CIDH, respecto a enjuiciar y castigar a los responsables de las violaciones de los DD.HH.

Cómo manejar la comunicación interna en un proceso de planeación estratégica. Caso: Ministerio de Turismo

La comunicación es una variable de toda organización que influye de diversa manera en todos sus procesos, sea que exista una gestión planificada de la misma o un manejo empírico. La finalidad del estudio es la de determinar el estado del manejo actual de la comunicación interna en el Ministerio de Turismo, y como interactúa con el proceso de planeación estratégica. La investigación partió de la recopilación bibliográfica para la construcción del marco teórico. Se llevó a cabo una investigación de campo descriptiva, bajo un enfoque cualitativo y cuantitativo. Las técnicas utilizadas fueron la entrevista y la encuesta, esta última aplicada a una muestra de 153 servidores públicos de una población total de 251 personas. Los resultados mostraron la prevalencia de una comunicación descendente con poca retroalimentación y dando al personal operativo poca participación en las decisiones organizacionales. Las encuestas también muestran que el Ministerio cuenta con diversos recursos para comunicación pero no todos son utilizados de forma frecuente o de forma eficiente. Se realizó una propuesta consistente en un cambio de modelo de comunicación, de uno lineal a uno circular, donde se incremente la retroalimentación a cada nivel, y se mejore la coordinación interna entre áreas. Se concluyó que, en el Ministerio de Turismo existe una gestión empírica de la comunicación interna, dándose relevancia únicamente a la comunicación externa lo que afecta a los procesos de planeación estratégica a disminuir la frecuencia y calidad de las comunicaciones entre los equipos de trabajo encargados de planificar, socializar y ejecutar las estrategias de la organización.

La acción de protección: vía eficaz para reparación integral por la compra de renuncias obligatorias con indemnización

El presente trabajo tiene como propósito ratificar la importancia del derecho procesal enfocado desde la garantía jurisdiccional de la acción de protección contemplada en el artículo 88 de la Constitución de la República, como herramienta idónea y eficaz para tutelar de los derechos de los servidores públicos ante el advenimiento de la compra de renuncias obligatorias con indemnización como causal de cesación de funciones. Para el efecto se ha realizado el análisis cuantitativo de las sentencias de acción de protección interpuestas por servidores públicos en el trimestre de noviembre de 2011 a enero de 2012 en la ciudad de Quito, en una suerte de inseguridad jurídica ante la ausencia de argumentación jurídica y motivación de estos fallos. En el primer capítulo se aborda la acción de protección en el estado constitucional en línea con los derechos al debido proceso y la motivación. Un segundo capítulo trata sobre la argumentación jurídica de las sentencias frente a las compras de renuncias que inmiscuye: la admisibilidad y procedencia de la acción de protección, sus filtros procedimentales -fondo y forma- , la independencia judicial y la desnaturalización de la esta garantía ante el tema de fondo –la compra de renuncias obligatorias con indemnización. Finalmente, se realiza un análisis de la Sentencia No. 003-13-SIN-CC, publicada en el Suplemento del Registro Oficial No. 154 de 03 de enero de 2014, respecto de la acción de inconstitucionalidad interpuesta respecto del artículo 8 del Decreto Ejecutivo No. 813.

El control constitucional en el Ecuador

La presente tesis tiene como propósito contribuir a profundizar en el conocimiento del nuevo sistema de control constitucional, que surge a raíz de la expedición de la constitución del 2008, que clarifica la supremacía constitucional y el mandato de que las normas y los actos del poder público deben imperativamente mantener conformidad con las disposiciones constitucionales, pues en caso contrario el efecto es que estas carecerán de eficacia jurídica, siendo obligación de las Juezas y Jueces, autoridades administrativas y servidoras y servidores públicos aplicar directamente tales normas constitucionales, además de que la Corte Constitucional, se constituye en el máximo órgano de control interpretación constitucional y de administración de justicia, fijándose exclusivamente este rol en este organismo del Estado, despojándoles a los administradores de justicia de la potestad de ejercer este control constitucional como ocurría con el sistema anteriormente vigente. En camino hacia tal objetivo el trabajo contiene una primera ubicación del tema que esclarece el fundamento jurídico de esta nueva concepción de control constitucional en el marco de la orientación garantista, apoyado con un análisis de temas de derecho comparado, se desarrolla un estudio detallado de la normativa constitucional y legal sobre el tema, ofreciendo una visión general de aspectos sobre la supremacía de la constitución, competencia privativa del órgano de control constitucional, los objetivos, funciones y actos provenientes además del procedimiento y las resoluciones con sus efectos, bajo cuyos contenidos se realiza el análisis de casos que han sido de conocimiento y resolución de la Corte Constitucional en aplicación de la nueva normativa constitucional y legal para arribar finalmente a la estructura de conclusiones que señalan la situación actual del tema constitucional en el país.

La acción de repetición en la legislación ecuatoriana

El tema materia de esta tesis comprende dos partes: (i) La responsabilidad del Estado análisis conceptual, doctrinario y jurídico de la responsabilidad directa, indirecta, patrimonial, contractual, extracontractual, análisis de las teorías de responsabilidad del Estado para profundizar sobre la acción de repetición, generalidades y características, objetivos, evolución histórica, evolución constitucional en nuestra legislación. (ii) Fundamentos constitucionales y legales de la acción de repetición, el servicio público, los servidores públicos y sus tipos de responsabilidades como las responsabilidades administrativa y civil, la acción de repetición a través de la historia constitucional, la acción de repetición en la constitución de la república del 2008, la acción de repetición en la normativa vigente, la acción de repetición en materia constitucional, procedimiento actual, el legitimado activo, requisitos de la demanda, documentos que debe acompañar a la demanda , Juez competente, la acción de repetición en el Código Orgánico de la Función Judicial, Procedimiento, De la jurisdicción Contencioso Administrativa, Recurso de Apelación, el análisis comparativo con la legislación colombiana, requisitos para la acción de repetición, aspectos sustanciales, procesales. Si bien en la norma actual no existe un procedimiento específico y eficaz para demandar la acción de repetición hasta obtener una sentencia ejecutable, el problema central radica precisamente en la dificultad de ejercer el derecho de repetición.El Estado ecuatoriano incorporó a la acción de repetición a partir del 2008 en la Constitución de la República, sin brindarle la importancia que la misma posee dado que se realizaron reformas a leyes existentes tal como es la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional y el Código Orgánico de la Función Judicial, los cuales no poseen un procedimiento claro y uniforme que permita ejercerla.

A ampliação de tarefas como alternativa de flexibilização da administração pública municipal : estudos de caso

As transformações sociais, políticas e econômicas verificadas em escala global têm influenciado sensivelmente na definição de um novo papel e nova conformação do município enquanto ente integrante da federação. Neste contexto, busca-se investigar, em particular, a efetiva adequação das estruturas de cargos de provimento efetivo vigentes numa amostra de três pequenos municípios situados na região da Grande Porto Alegre - RS. A verificação desta adequação toma por orientação as necessidades efetivas da administração pública, bem como as realidades observadas no ambiente local. Buscando captar a percepção de pessoas envolvidas diretamente com a formulação, gerenciamento e controle das estruturas de cargos vigentes nos municípios pesquisados, realiza-se um estudo que parte de uma coleta de dados baseada em fontes secundárias e avança para uma pesquisa in loco, que tem o propósito de levantar as necessidades e a natureza das atividades efetivamente desenvolvidas pelos servidores públicos nas prefeituras. O estudo evidencia contradições entre proposições legais e orientações teóricas, acerca da definição das estruturas de cargos, e necessidades reais das administrações municipais quanto a pessoas e postos de trabalho. Verifica-se, assim, um confronto entre as estruturas formais e as estruturas reais em vigor. Os resultados alcançados na pesquisa apontam para a existência de desconformidades entre as estruturas de cargos administrativos e operacionais definidas em lei e as reais necessidades dos municípios. Pôde-se perceber, nos três casos estudados, que a prática administrativa atual reflete um paradoxo. De um lado, existem sólidas orientações e pressupostos burocráticos e legalistas (princípio da legalidade administrativa) e, de outro, realidades permeadas de ilegalidades e desvios de função, que se justificam pela efetiva realidade dos governos municipais, que são pressionados por novas, muitas e diferentes demandas sociais. A partir da análise das realidades encontradas nos três casos estudados, sugeremse estruturas mais flexíveis e adequadas às necessidades dos respectivos municípios, evidenciando, assim, que os seus quadros de pessoal podem ser conformados a um novo e mais moderno papel.

A desoneração da dívida pública

O governo, para fazer frente a todos os seus inúmeros compromissos, necessita angariar recursos junto ao setor privado. Pode fazê-lo de diversas maneiras. A mais conhecida delas envolve a tributação. No entanto, para conferir o necessário caráter de compulsoriedade à arrecadação de tributos, torna-se imprescindível elaborar todo um sistema legal que venha ao encontro dos mais elevados princípios da administração pública. Uma outra forma de obtenção de recursos envolve a capacidade de contrair empréstimos que são garantidos, em sua grande maioria, pela emissão de papéis de dívida pública. Também neste caso, faz-se necessário observar ditames de ordem legal, que atuem como garantidores de direitos e deveres de todas as partes envolvidas. Pelo lado da utilização dos recursos arrecadados constatam-se, igualmente, restrições impostas pela observância de diversos dispositivos previstos em lei, que podem vir a limitar, em muito, a discricionariedade do administrador público no emprego do montante apurado. Exsurge, portanto, que, preliminarmente a qualquer estudo (referente a aspectos técnicos ou operacionais) que envolva a gestão da coisa pública, deve-se tentar compreender a função, a importância e as implicações que a estrutura legal vigente no País impõe. Explicitada essa etapa, analisam-se os aspectos técnicos e operacionais que o governo adota na administração da dívida pública. O objetivo do trabalho se delineia a partir da junção de todos esses aspectos. Sob a ótica do aplicador, o retorno dos seus investimentos em títulos públicos está sujeito a um determinado nível de tributação. O rendimento líquido obtido deverá ser de tal monta para que ele o julgue atrativo em comparação com os demais produtos de investimento do mercado. Sob a ótica do governo, a necessidade de financiamento faz com que seja oferecida uma taxa de juros que se mostre competitiva em relação às demais do mercado. A tributação incidente sobre os rendimentos dos títulos públicos (prevista em lei) pode vir a exercer, nesse ponto, uma função "amortecedora". Ao mesmo tempo em que o governo amplia o seu dispêndio ao pagar, na data de resgate, o principal e os juros pactuados, aufere, também e no mesmo momento, receita em um montante, que corresponde ao valor do tributo incidente sobre o rendimento, e que se constitui em receita derivada. Acontece que, mesmo essa receita, arrecadada pela União, está sujeita à repartição com outros entes federados, de acordo com dispositivos constitucionais, o que diminui o ganho efetivo que o Poder Central aufere com a tributação. Assim, o objetivo que se busca é o de investigar, analisar e, se possível, quantificar, as implicações (positivas e/ou negativas) que a desoneração da dívida pública poderia trazer no contexto da economia brasileira, incluídos aí, os aspectos financeiros, micro e macroeconômicos, formadores de preços, de contas nacionais (déficit/superávit primário), etc.

Motivação no serviço público : um estudo de caso da Secretaria de Administração da Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Sul

A dissertação analisa quais fatores influenciam a satisfação e motivação no trabalho dos servidores públicos municipais da Secretaria de Administração da Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Sul. A metodologia da pesquisa, que tem características de um estudo de caso, tem caráter qualitativo e é exploratóriodescritiva, tendo sido escolhida a análise de conteúdo como método de análise dos dados. Foram aplicadas entrevistas semi-estruturadas a nove servidores públicos da Secretaria objeto do estudo. Para a interpretação dos dados, adotouse basicamente o modelo dos “Dois Fatores de Herzberg”. Os resultados são apresentados em treze Categorias Iniciais, quatro Categorias Intermediárias e duas Categorias Finais, que são: “Fatores Motivadores e Fatores Higiênicos”. Os resultados obtidos apontam que os fatores motivadores “Realização profissional, Reconhecimento profissional e O gosto pelo trabalho” e os Fatores Higiênicos “Estabilidade, Coleguismo e Relacionamento com superiores” são os que mais influenciam positivamente na satisfação e motivação dos servidores. Em contrapartida, os Fatores Higiênicos “Condições de trabalho, Processo de comunicação, Política salarial, Descontinuidade administrativa e Burocracia” e os Fatores Motivadores “Resultados e Falta de reconhecimento profissional” são os que mais geram insatisfação no trabalho. Os resultados também indicam inexistir uma política definida de recursos humanos por parte da organização, visando propiciar condições para o aumento da satisfação e motivação dos servidores. O estudo sugere que seja procedida uma posterior ampliação de enfoque, para contemplar outras categorias de servidores (estatutários, estáveis, contratados e comissionados).

A sustentabilidade fiscal de um plano de carreiras no setor público: o caso do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro

With the consolidation of democracy, the society being more aware of their rights as citizens, demands from the public administration services of more quality as well as efficiency and transparency when it comes to what is being done with the money of the tax payer. In order to have that, the public administration needs competent, highly-motivated and well-qualified civil servants. In this project, we describe the importance of a career plan motivating the civil servants, especially those who work for the Court of Accounts of the State of Rio de Janeiro. Based on the Law of Fiscal Responsibility and on the legal rules, we¿ve measured the sustainability of TCE-RJ plan, based in another project developed by the Fundação Getulio Vargas for a federal administrative body. Having evaluated the sustainability of the plan, we offer the administration of TCE-RJ a study which is able to signal for moments of the cut on costs as well as those of the revenue available for investments which are destined for the capacitation of their civil servants, always complying with the legal rules.

Nomeações em cargos de direção no serviço público federal: fundamentos e efeitos

As diversas transformações por que passou a administração pública federal brasileira trouxeram melhorias. O estado brasileiro de hoje é muito mais profissionalizado em termos de pessoal do que já foi no passado. Uma das principais medidas nesse sentido foi implantada pela constituição em 1988 com a exigência de concurso público para o ingresso em cargos e empregos públicos. Procuramos investigar neste trabalho um aspecto da política de pessoal a partir do momento seguinte, ou seja, durante o exercício do cargo, em especial a nomeação para as funções de direção: o que fundamenta ou desautoriza a forma atual de nomeação e que efeitos podem ser apontados como inerentes a sua aplicação. Para tanto, verificamos aspectos da organização do estado moderno, da teoria de administração pública e dos argumentos que procuram sustentar essa forma e prática de nomeação, além do que acarreta esse proceder para o próprio serviço público.