1000 resultados para Ordenamiento administrativo


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El presente trabajo de grado tiene como propósito evidenciar los cambios que se generaron en las dinámicas sociales de los residentes y comerciantes del barrio San Bernardo, cuando se decidió declarar este territorio idóneo para el Tratamiento de Renovación Urbana como resultado de una serie de especulaciones originadas por parte de la comunidad debido a la incertidumbre generada por la presencia de las entidades distritales en este barrio de Bogotá.

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En nuestro país existen múltiples entidades y materias que no aplican la Ley 80 de 1993. Así, el desarrollo de su actividad contractual escapa al ámbito normativo que establece el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, configurándose de esta manera los denominados regímenes excepcionales. Sin embargo, teniendo en cuenta que son entidades que administran recursos públicos y en virtud del deber de observancia de los principios que orientan la función administrativa establecido por el ordenamiento jurídico, el Derecho Público que pareciere inicialmente no exigible a estos regímenes termina siendo aplicado, llegando a convivir e interactuar entonces con el Derecho Privado preponderantemente aplicable en este tipo de entidades. Dentro de estas, precisamente, se encuentran las denominadas Empresas Sociales del Estado - ESES -, las cuales por disposición expresa del legislador en materia contractual se rigen por el Derecho Privado, pero otorgándoles además la facultad de utilizar las cláusulas exorbitantes previstas en el Estatuto Contractual. Este escenario particularmente confuso, donde impera la incertidumbre sobre el alcance de la aplicación del Derecho Público y/o del Derecho Privado, constituye el problema jurídico que se aborda en el presente trabajo, el cual se desarrolla a partir del estudio del régimen contractual de las ESES, señalando sus rasgos más importantes y brindando una serie de criterios para la determinación de aspectos puntuales como: la aplicación de los principios, el régimen de inhabilidades e incompatibilidades aplicable, la utilización de las cláusulas y potestades exorbitantes, las modalidades de selección del contratista, entre otros.

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Desde la inauguración del Portal Suba de TransMilenio, han sido evidentes los cambios físico-espaciales en el sector donde fue implementado, materializándose en nuevos proyectos residenciales de alta densidad, centros comerciales, supermercados de grandes superficies, espacios públicos, y vías locales y principales, en un sector que antes de la aparición del portal se caracterizaba principalmente por ser una zona agro-industrial dedicada al cultivo de flores. No obstante, tales intervenciones parecen estar desarticuladas entre si. Por ejemplo, el centro comercial y el supermercado siguen un patrón de construcción cerrada, sin interacción abierta con el espacio público exterior y sin establecer otro tipo de dinámicas urbanas. Por otra parte, puede decirse que gracias a la implementación del portal, la estructura ecológica principal ha sufrido un deterioro importante siendo observable en la disminución significativa de zonas verdes así como en el descuido de los humedales localizados en esta localidad. Por lo tanto, es importante hacer hincapié en la relación sistemas de transporte – desarrollo urbano en tanto que son agentes transformadores del entorno, generadores de desarrollo y bienestar social, y catalizadores de espacios públicos mejor diseñados y más amables, de ser bien planificados y ejecutados, ya que, caso contrario, podrían acarrear efectos contraproducentes en cuanto a la articulación física de la ciudad, accesibilidad, segregación social y el impacto negativo sobre el medio ambiente.

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El presente trabajo de investigación, parte de un análisis histórico general del contrato de concesión en Colombia, así como de las diferentes figuras y cambios que el mismo ha tenido a lo largo de los años, con el fin de acercar al lector de una manera más clara a las disposiciones previstas en nuestro ordenamiento jurídico, que regulan los temas del contrato de concesión, equilibrio económico del contrato y distribución de riesgos previsibles en materia de contratación pública. El autor realiza una análisis normativo de todas y cada de las disposiciones jurídicas relevantes, así como el entendimiento que sobre dichas disposiciones y los conceptos de riesgo previsible y equilibrio económico del contrato, ha existido en la doctrina, jueces y árbitros, en los últimos años; conceptos que contrapone con las políticas públicas que en materia de contratación estatal, ha fijado el Estado y los cuales evidencian, diferentes posiciones y entendimientos, de lo que es, del deber ser y del entendimiento de las normas pertinentes en materia de distribución de riesgos. Finalmente, presenta un análisis propositivo frente a la definición de riesgo previsible, su posible tipificación, estimación y cuantificación, lineamientos que se deben respetar en una adecuada distribución de riesgos, los errores que generalmente se han cometido en algunos procesos licitatorios de gran envergadura, y las consecuencias jurídicas que en vía judicial o arbitral puede implicar una indebida o ilegal distribución de riesgos previsibles en el contrato estatal.

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En el transcurso del desarrollos de este trabajo se puede observar el análisis del Departamento Administrativo Nacional de Estadística en Colombia (DANE), La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN, el Departamento Nacional de Planeación DNP, La Superintendencia de Sociedades y Cámara de comercio) para entender si estas en un entorno actual a la realidad empresarial están ayudando o no a las PYMES en Colombia. Entiendo si presentan un buen servicio informativo para el apoyo estratégico y productivo desde la creación de estas mismas. Así mismo se analiza las puntos positivos y negativos que cada entidad representa hacia las PYMES y como es la percepción que las empresas tiene de las entidades gubernamentales, para lograr establecer las mejoras posibles, con el fin de manejar un mejor camino a mejorar el vínculo Logístico y administrativo en el entorno empresarial del sector privado y gubernamental.

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En este estudio de caso se observan los instrumentos propuestos desde la Gestión Ambiental, la Gestión Integral de Riesgo de Desastres y el Ordenamiento Territorial contenidos en la normativa de la ciudad de Bogotá y que propenden por la recuperación integral del río Tunjuelo.

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En Colombia, la construcción, operación y administración de los puertos, exige el otorgamiento por parte del Estado, de una concesión portuaria a sociedades portuarias, la cual se concede previo el agotamiento de un trámite administrativo especial de iniciativa privada, mediante el ejercicio del derecho de petición en interés particular, o por medio de una oferta oficiosa impulsada por el Estado. Los trámites enunciados están previstos en la Ley 1ª de 10 de enero de 1991 y en el Decreto 4735 de 2 de diciembre de 2009. Si bien, el régimen legal prevé mecanismos que permiten la comparecencia de terceros dentro del trámite, no contempla la manera como debe tramitarse la solicitud de concesión portuaria, radicada por fuera del término previsto en el artículo 10 de la Ley 1ª de 1991, sin que constituya una oposición o propuesta alternativa a una solicitud, sobre una misma área en estudio de petición de concesión.

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Los esfuerzos de la presente investigación se concentran en el cumplimiento del objetivo principal, el cual consiste en analizar el arrendamiento como un programa que puede ser incorporado en la política de vivienda en Colombia, para dar respuesta de forma transitoria y/o temporal de alojamiento a los hogares con ingresos iguales o inferiores a dos salarios mínimos, ya que actualmente la política sectorial no incorpora esta forma tenencia de la vivienda para ofertar soluciones habitacionales. El arrendamiento tiene rasgos interesantes e importantes de destacar, tales como que él mismo constituye una forma de tenencia de vivienda eminentemente urbana. Además, es un mercado al que acuden todos los estratos socioeconómicos, por lo cual no es un mercado segregado. Igualmente, al relacionar ésta tenencia con el territorio y por ende con la economía espacial, se puede decir que no existe segregación socio-espacial muy pronunciada frente a la distribución urbana de la tenencia de la vivienda en arrendamiento. En este sentido, la tenencia de la vivienda en forma de arrendamiento se presenta en todo el territorio urbano de Cali, Medellín y Bogotá.

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En Casanare, una de las actividades de mayor envergadura es la petrolera, esta desde mediados del año 1998 se ha insertado en el imaginario colectivo, cambiando la vocación agrícola y ganadera de habitantes. Esto no solo significa una transición productiva, también significa un reto y responsabilidad para los planeadores de ciudades a la hora de tomar decisiones que afectan el ordenamiento territorial y protección ambiental. Mediante el estudio de caso del municipio de Aguazul, se analiza la incidencia de la actividad petrolera y la gestión territorial en la protección ambiental del municipio, especialmente el recurso hídrico y los servicios ambientales asociados a este.

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La tesis de Maestría propone que los árbitros puedan operar como verdaderos jueces en la jurisdicción contencioso administrativa, sin que su actuación se vea limitada a ningún tipo de materia, ya que ellos podrían llevar la adjudicación en esta jurisdicción con igualdad y neutralidad.

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1) Marco conceptual: presentación de las teorías y conceptos sobre los cuales se desarrolla este trabajo: Este escrito que intenta determinar la conveniencia de mantener el Estado Centralista o reemplazarlo por un nuevo Modelo Regional, trabaja sobre tres ejes principales que son: el Estado Social colombiano como actor, la organización territorial y finalmente, la gobernabilidad en Colombia. Estos temas deben ser trabajados de manera inicial para evitar ambigüedades en la comprensión del argumento de esta monografía, por lo cual serán presentados a continuación. 2) La historia del ordenamiento territorial en Colombia: con el fin de entender las razones por las cuales se ha producido cambios de ordenamiento territorial y específicamente, los motivos que han originado la creación o supresión de departamentos. Esta información se recopiló a partir de fuentes secundarias, principalmente libros de estructura del Estado, de historia de Colombia y de desarrollos de los sociólogos en la materia. 3) La propuesta regional: En esta parte, se pretende lograr tres propósitos fundamentales: La primera, conocer cuales han sido los intentos de supradepartamentalidad y entender porque han obtenido esos resultados, la segunda, es presentar la propuesta de suprimir los departamentos para dividir el país en ocho regiones y la tercera, mostrar lo que realmente se plasmó en al constitución de 1991. 4) Presentación final del argumento. Este capítulo final, demuestra la conveniencia de mantener el departamento para mejorar la gobernabilidad. Esto se realizará partiendo de las descripciones históricas, y los análisis contenidos sobre el nivel intermedio en Colombia y adicionado, algunos datos estadísticos para fortalecer la tesis central de esta monografía de grado.

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Este trabajo parte de la necesidad de responder a la pregunta de por qué si la figura de los Curadores Urbanos fue creada para suplir una deficiencia del Estado; garantizar una eficiencia en la expedición de licencias de urbanismo y construcción y otorgar tecnicidad a una labor que tiene como principal objeto velar para que el ordenamiento territorial de la capital se aplique de manera eficaz, Bogotá continúa desordenada y caótica, con altos índices de precariedad, déficit habitacional y con problemas serios de espacio público, entre otros. Problemas que se fueron agudizando como consecuencia de las migraciones del campo a la ciudad y el aumento normal en las tasas de crecimiento demográfico. El Distrito, con las administraciones de Antanas Mockus y Enrique Peñalosa, buscó la manera de organizar los instrumentos para darle más coherencia a los procesos urbanos en la ciudad.

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Con la adopción de la constitución de 1991 se avanzó en la descentralización que hasta entonces había sido un proceso lento en Colombia y se instauro una de las estructuras m·s descentralizadas de AmÈrica Latina. Este proceso se caracteriza por tres componentes: el polÌtico, el fiscal y el administrativo. El primero de ellos se da mediante la elecciÛn de alcaldes y gobernadores; el segundo con la transferencia de aproximadamente el cincuenta por ciento de los ingresos corrientes del estado a los municipios y departamentos; y, el tercero con el traspaso a los gobiernos locales de las polÌticas sociales en salud, educaciÛn, agua potable, saneamiento b·sico, recreaciÛn, cultura y deporte.

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Este trabajo reconoce la importancia de la ley 388 de 1997 en este proceso, el estudio de caso comparativo que se ha escogido se deriva de la preocupación de la fragilidad con que la ley presenta la perspectiva ambiental en el proceso de organización de los municipios, dado que el país se caracteriza por la división en regiones naturales, entonces la amazonia colombiana responde a unos criterios de organización diferentes a las del resto del país.