999 resultados para Menores Estatuto legal, leis, etc.
Resumo:
El trabajo tiene como objetivo indagar respecto de algunas de las construcciones que peritos mdicos y juristas compartan o discutan respecto de qu define al nio, al joven y al menor (tanto varn como mujer) as como las ideas que circularon en el mbito de la justicia respecto de la sexualidad de aquellos, en el contexto especfico de los delitos sexuales que los tuvieran como vctimas en un amplio marco temporal que va de 1850 a 1890 en la Provincia de Buenos Aires. He decidido trabajar en forma simultnea ambos grupos de profesionales por cuanto comparten al mismo tiempo una base educativa comn, teniendo formacin universitaria, y un conjunto de lecturas similar: escritos ingleses sobre el tratamiento de las pruebas, manuales franceses sobre medicina legal, y las teoras nuevas que circulaban en Europa sobre la psiquiatra y la psicopatologa sexual. Para el trabajo utilizo expedientes judiciales relevados en el Archivo Judicial de la Corte Suprema (AJCS) y en el Archivo Histrico de la Provincia de Buenos Aires (AHPBA) buscando mostrar como los legistas involucrados dejan constancia de imgenes cristalizadas sobre cmo debe ser y quin es una victima
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El nfasis en la "calidad formal" de los productos alimenticios en detrimento de su "calidad real"- definida como la ausencia de restos de agrotxicos determina una aplicacin de plaguicidas en forma indiscriminada pudiendo causar intoxicaciones. Este trabajo persigue el objetivo de analizar y relacionar las caractersticas que asumen tres registros importantes relacionadoscon el manejo de los plaguicidas; el registro de los productos quimicos por parte de las empresas ante las instituciones del estado, el registro corporal de las intoxicaciones por parte de los productores y trabajadores y el registro de la intoxicacin por parte del sistema de salud. Para tal fin se realizaron entrevistas y encuestas a productores y trabajadores rurales y a miembros del sistema de salud, tambin se ralizo observacin participante y consulto fuentes secundarias ? registros hospitalarios, registros legales, etc.- La concurrencia de los servicios de salud exige que las personas se perciban enfermas. Esta percepcin se halla determina por el desempeo laboral, la historia ocupacional y la clase social. Los trabajadores tienen restringido su acceso a los centros de salud. Cuando logran acceder, pueden ser atendidos por las derivaciones mas visibles de la intoxicacin, sin registrarse la causa real. Las intoxicaciones, ms all del tiempo en que tarde en manifestarse, repercuten en el desempeo laboral y en las posibilidades de gozar de una vida plena de quienes la padecen
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El trabajo tiene como objetivo indagar respecto de algunas de las construcciones que peritos mdicos y juristas compartan o discutan respecto de qu define al nio, al joven y al menor (tanto varn como mujer) as como las ideas que circularon en el mbito de la justicia respecto de la sexualidad de aquellos, en el contexto especfico de los delitos sexuales que los tuvieran como vctimas en un amplio marco temporal que va de 1850 a 1890 en la Provincia de Buenos Aires. He decidido trabajar en forma simultnea ambos grupos de profesionales por cuanto comparten al mismo tiempo una base educativa comn, teniendo formacin universitaria, y un conjunto de lecturas similar: escritos ingleses sobre el tratamiento de las pruebas, manuales franceses sobre medicina legal, y las teoras nuevas que circulaban en Europa sobre la psiquiatra y la psicopatologa sexual. Para el trabajo utilizo expedientes judiciales relevados en el Archivo Judicial de la Corte Suprema (AJCS) y en el Archivo Histrico de la Provincia de Buenos Aires (AHPBA) buscando mostrar como los legistas involucrados dejan constancia de imgenes cristalizadas sobre cmo debe ser y quin es una victima
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A lo largo del siglo XIX, y coincidiendo con la disminucin de su valor estratgico militar, el litoral resurge como fuente de recursos econmicos y productivos y como elemento de ocio y disfrute personal. Es tambin por estas fechas cuando vuelve a recuperarse el concepto de dominio pblico martimo terrestre ya recogido por el derecho romano y las Partidas del Rey Alfonso X ?el Sabio?. La Ley de Aguas de 1866, que regula tanto las aguas terrestres como las marinas, incluye dentro del dominio pblico martimo las costas, o fronteras martimas, el mar litoral y las playas. Desde ese momento y hasta el da de hoy la costa queda integrada dentro del dominio pblico martimo terrestre, cuya definicin y delimitacin se va perfilando hasta la redaccin y aprobacin del texto legislativo vigente en la actualidad: la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas. Sin embargo, el concepto de dominio pblico est vinculado al Inters General que es interpretado segn las necesidades socioeconmicas y polticas de cada momento. La identificacin en exclusividad entre Inters General y desarrollo econmico en algunos periodos de la historia reciente es una de las principales causas de la degradacin actual del litoral: construccin masiva de puertos sin tener en cuenta su ubicacin con respecto al funcionamiento fsico de la costa, reconocimiento de los derechos privados en la Ley de Puertos de 1880 que autoriz la construccin de viviendas y hoteles dentro de terrenos ganados al mar, la subvencin a la desecacin de marismas a travs de la aplicacin de la llamada Ley Camb, el fomento del turismo de masas desde la poltica pblica (Ley 197/1963, de 28 de diciembre, sobre Centros y Zonas de Inters Turstico Nacional), etc. En este sentido, la explotacin del litoral como recurso econmico ha llegado a poner en juego el propio equilibrio del sistema fsico y natural, con la consecuente afeccin sobre las actividades econmicas y los usos que en l se desarrollan. Con objeto de evitar los riesgos que provoca dicha desestabilizacin sobre el sistema fsico, las polticas en costas han ido encaminadas en su mayora a la construccin de obras pblicas que no son capaces de detener la inercia del sistema ni, por tanto, el riesgo sobre lo que se pretende proteger. El reparto competencial sobre la franja litoral que limita la gestin estatal al DPMT y reconoce la soberana de las Comunidades Autnomas y Ayuntamientos en las zonas de servidumbre, no ha ayudado a la diversificacin de herramientas para la ordenacin y gestin del litoral, lo que ha provocado visiones y formas de hacer encontradas dentro de un mismo territorio continuo, como si las decisiones que se toman en la franja de 500 metros mar adentro no influyesen en el estado del DPMT A travs de la evolucin del concepto de DPMT y espacio litoral en el marco legal, la presente ponencia trata de hacer una aproximacin histrica sobre la construccin del espacio urbano en el litoral, evaluando la adecuacin de las herramientas urbansticas para la intervencin dentro de dicho espacio dentro del contexto de los nuevos retos de dicho espacio, con especial atencin a la gestin integrada de las zonas costeras y a los nuevos riesgos derivados del cambio climtico.
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Los bosques de Honduras han ido desapareciendo implacablemente en las ltimas dcadas. La tala ilegal y el consecuente comercio de maderas es un problema profundamente arraigado en la economa y en la poltica del pas, comprendiendo una amplia gama de actores que incluyen algunas de las compaas madereras ms grandes del pas y figuras de alto nivel poltico. La COOPIEYOL es una cooperativa constituida en 2010 en la ciudad de Yoro y est formada por 32 microempresas (talleres de ebanistera). Dicha cooperativa en 2011 ha sido objetivo de un estudio en el cual se detect como problemas fundamentales el utilizar de madera de procedencia ilegal o desconocida y la necesidad de disponer de un mejor nivel tecnolgico para procesar la madera. En este contexto la Universidad Politcnica de Madrid ha financiado un proyecto que quiere dotar dicha cooperativa de una Central de Compras, o sea un centro de acopio, aserrado y secado de madera de procedencia legal y proporcionar adems un modelo de gestin que permita funcionar a la cooperativa de forma sostenible. En mi estudio se ha calculado como la demanda de madera inicial de la cooperativa a la luz de algunos factores de correccin, como el mayor rendimiento debido a la puesta en marcha de la Central de Compra, sera, por lo menos al principio, de alrededor de 70 m3 al mes. Igualmente se ha evaluado la oferta de madera legal procedente de plantaciones y sistemas agroforestales certificados y se ha detectado como en la zona del Bosque Modelo de Yoro, la disponibilidad no es muy elevada debido a que no hay muchas plantaciones productivas y la mayora de ellas son demasiado jvenes para ser aprovechadas. Adems se ha calculado el coste de abastecimiento de madera a la Central de Compras, identificando los costes de aprovechamiento, transporte y de gestin de la Central de Compras (como salarios, gastos de maquinarias, luz y agua etc). El coste por pie tablar de madera aserrada ha salido poco ms de 4 lempiras y esto sin contar el precio de la madera en pie que la cooperativa paga al propietario de la plantacin, y que depende en gran medida de la especie.
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En Amrica Latina, y en Brasil en particular, las ocupaciones informales de la tierra urbana se tornaran un fenmeno generalizado en todas las ciudades, hecho que evidencio una serie de problemas urbanos y de ineficiencia en el proveimiento de los derechos bsicos de los ciudadanos, principalmente el derecho a la morada digna, con eso, trajo la necesidad de priorizacin de poltica publicas curativas, como los programas de regularizacin urbana, cuyo objetivo es la insercin de las ocupaciones informales en la ciudad formal, con todos los impactos que eso genera: urbansticos, legales, sociales y econmicos. La ley federal intitulado Estatuto da Cidade (EC), reglamentada en 2001, es entendida como un avanzo jurdico por justamente intentar contrabalancear ese contexto, trayendo una serie de principios e instrumentos que buscan garantizar la funcin social de la propiedad y de la ciudad. Esa nueva lgica, en la teora, tiene que ser la base de todas las polticas urbanas del pas. Con eso, esa tesis tiene como objetivo evaluar si, realmente, los programas de regularizacin urbana desarrollados en Brasil cumplen con los dictmenes de dicha legislacin. Para eso, fue elegido la metodologa del estudio de caso, que fue desarrollado en la ciudad de Porto Alegre, capital del Rio Grande do Sul. Primero fue analizado el Estatuto da Cidade, para la definicin de los principios de evaluacin, luego, fue propuesto un sistema de evaluacin, que fue aplicado en los dos casos estudiados: un anterior a la promulgacin del EC, el Condominio dos Anjos, que serbio como parmetro referencial, y otro desarrollado tras la promulgacin de dicha legislacin, el Programa Integrado Entrada da Cidade (PIEC). Tras los anlisis, se puede concluir que la legislacin federal efectivamente no ha tenido el reflejo necesario, como conclusiones principales se puede citar: que la legislacin municipal de Porto Alegre desde la dcada 90 ya tena avances considerables, incluso algunos sirvieron de ejemplo en la elaboracin del EC, luego, eso puede explicar el bajo impacto percibido; y que el principal fiscalizador y delineador de la poltica urbana es el financiador del programa, luego, muchas estrategias y dibujos proyectuales dependen de la lnea de dicha financiacin. ABSTRACT In Latin America, and Brazil in particular, informal urban land occupations pervasive be turned into all cities, a fact evidenced a series of urban problems and inefficiency to provide the basic rights of citizens, mainly the right to a decent housing, with that, brought the need for prioritization of public policy, such as urban regularization programs, aimed at the inclusion of informal occupations in the formal city, with all the impacts that generates: urban, legal, social and economic. Federal law entitled Estatuto da Cidade (EC), regulated in 2001, is understood as a legal advanced for just try to counterbalance this context, bringing a number of principles and instruments that seek to guarantee the social function of property and the city. This new logic, in theory, has to be the basis of all urban policies of the country. With that, this thesis aims to assess whether urban regularization programs developed in Brazil, actually, comply with the dictates of that legislation. For that, it was elected the methodology of the case study, which was developed in the city of Porto Alegre, capital of Rio Grande do Sul, Brazil. It was first analyzed the EC, for defining the principles for evaluation, then, was proposed an evaluation system, which was applied in two case studies: one before the promulgation of the EC, the Condominio dos Anjos, which used as a reference parameter, and another developed following the enactment of this legislation, the Program Integrate Entrada da Cidade (PIEC). After the analysis, it can be concluded that the federal legislation has not actually had the reflection necessary, main conclusions can be cited: the municipal legislation in Porto Alegre, since the early 90s, had considerable progress, including some served as an example in developing the EC, then, that may explain the low perceived impact; the principal auditor and eyeliner urban policy is the founder of the program, of course, many strategies and project drawings depend on the line of financing.
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El objetivo de la presente tesis doctoral consiste en realizar un anlisis descriptivo de las principales caractersticas definitorias de los menores implicados en actos delictivos, analizando variables sociodemogrficas, delictivas y clnicas, para determinar el grado en que dichas variables estn relacionadas con la reincidencia delictiva general (compuesta por reincidencia y reiteracin, no reincidencia y reiteracin, reincidencia y no reiteracin y no reincidencia y no reiteracin), la reincidencia delictiva (caracterizada por reincidencia y reiteracin, no reincidencia y reiteracin y reincidencia y no reiteracin), no reincidencia y la reincidencia violenta. A modo aclaratorio, se define la reincidencia como la presencia de uno o ms delitos por lo que un menor est cumpliendo medida en la actualidad, as como medidas judiciales pendientes por hechos delictivos que han ocurrido o bien de forma simultnea o posteriormente al inicio de la medida judicial que cumple al momento de la evaluacin. Por otro lado, la reiteracin se refiere al historial delictivo previo del menor, establecindose en funcin de la comisin pasada de uno o ms delitos por los que el menor ya ha cumplido alguna medida judicial. Adems, con la presente tesis doctoral se presenta un modelo de riesgo en funcin del valor predictivo de cada una de las variables contempladas en el ocio de riesgo del menor, para establecer las lneas de intervencin de un Programa de Ocio y Tiempo Libre que se ajuste a la realidad de los menores infractores. Para ello, en primer lugar, en el presente estudio se ha contextualizado el marco legal, realizndose un recorrido histrico desde el primer Cdigo Penal de 1922, los Cdigos Penales de 1948 y 1970, as como la Ley Orgnica de Poder Judicial de 1985 por la que los Tribunales Tutelares pasaron a ser Juzgados de Menores, hasta que fue aprobada la Ley Orgnica Reguladora de la competencia y el Procedimiento de los Juzgados de menores en 1992. As, se analizan las sucesivas reformas de dicha Ley Orgnica, llegando a la conocida L.O.R.P.M. de 5/2000, siendo su principio fundamental actuar por el superior inters del menor, derivndose de un modelo mixto, de naturaleza formalmente penal, pero materialmente sancionadora educativa, volviendo a ser reformada por la Ley Orgnica 8/2006, que implic el endurecimiento del tratamiento penal de menores...
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Refugiados ambientais so refugiados no convencionais e so migrantes forados, interna ou internacionalmente, temporria ou permanentemente, em situao de vulnerabilidade e que se veem obrigados a deixar sua morada habitual por motivos ambientais de incio lento ou de incio rpido, causados por motivos naturais, antropognicos ou pela combinao de ambos. Embora no existam reconhecimento e proteo especfica para esses migrantes no direito internacional em escala global, alguns instrumentos jurdicos regionais e leis nacionais assim o fazem. Argumenta-se, nesta tese de doutorado, que os refugiados ambientais possuem modos de proteo geral em certas reas do direito internacional e que as possibilidades atuais e futuras de proteo especfica podem ser encontradas nas fontes primrias do direito internacional, indicadas no artigo 38(1) do Estatuto da Corte Internacional de Justia. Foram identificadas sete vias de proteo dos refugiados ambientais no direito internacional e no direito interno estatal: (i) a via da ao humanitria, (ii) a via da proteo complementar, (iii) a via da legislao nacional, (iv) a via da justia climtica, (v) a via da responsabilidade compartilhada, (vi) a via da judicializao do refgio ambiental e (vii) a via do tratado internacional. Sugere-se, ainda, o estabelecimento de uma governana migratria-ambiental global baseada nos regimes internacionais e na ao dos atores nos nveis local, nacional, regional e internacional para a execuo das formas de proteo e para o atendimento das necessidades dos refugiados ambientais no mundo.
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O processo para o refgio o conjunto de regras e princpios necessrios aplicao do Direito dos Refugiados aos casos concretos. Quando este conjunto respeita os padres democrticos do Devido Processo Legal, as tendncias histricas de explorao e manipulao poltica do instituto de refgio podem ser limitadas e os objetivos humanitrios deste ramo dos Direitos Humanos podem ser alcanados com maior transparncia. Quando o Devido Processo Legal para o refgio respeitado, tambm se permite que a pessoa que figura como solicitante de refgio seja tratada como sujeito de direitos - e no como objeto do processo. Uma vez que a Conveno de Genebra de 1951, sobre o Estatuto dos Refugiados, no estabeleceu normas de processo, cada pas signatrio necessita criar um regime prprio para processar os pedidos de determinao, extenso, perda e cessao da condio de refugiado em seus territrios. O primeiro regime processual brasileiro foi criado no ano de 1997, pela Lei Federal 9497. Desde ento, o pas vem desenvolvendo, atravs do Comit Nacional para Refugiados (CONARE), regras infra legais e rotinas prticas que tm determinado um padro processual ainda fragmentado e inseguro. O estudo do aparato normativo nacional e da realidade observada entre 2012 e 2014 revelam a existncia de problemas (pontuais ou crnicos) sobre o cumprimento de diversos princpios processuais, tais como a Legalidade, a Impessoalidade e Independncia da autoridade julgadora, o Contraditrio, a Ampla Defesa, a Publicidade, a Fundamentao, a Igualdade e a Razovel Durao do Processo. Estes problemas impem desafios variados ao Brasil, tanto em dimenso legislativa quanto estrutural. O enfrentamento destas questes precisa ocorrer com rapidez. O motivo da urgncia, porm, no a nova demanda de imigrao observada no pas, mas sim o fato de que as violaes ao Devido Processo Legal, verificadas no processo para o refgio brasileiro, representam, em si, violaes de Direitos Humanos, que, ademais prejudicam o compromisso do pas para com a proteo internacional dos refugiados.
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[Introduction.] It is generally believed that while the principle of the autonomy of the EU legal order, in the sense of constitutional and institutional autonomy that is to say what concerns the autonomous decision-making of the EU, has been clearly strengthened by the most recent jurisprudence of the Court of Justice (eg. Moxplant3, Intertanko or the Kadi/Al Baraakat judgements or the Opinion 1/2009 of the CJEU etc.) as well as, in my opinion, in many aspects by the Treaty of Lisbon, it is still valid to add that the principle of a favourable approach, stemming from the Court jurisprudence, for the enhanced openness of the EU legal order to international law has remained equally important for the EU4. On the other hand, it should be also seen that in a globalized world, and following the increased role of the EU as an international actor, its indispensable and crucial role concerning the creation of world (legal) order in many policy fields ( for example let's think about the G20 issues, the global economic and financial crisis, the role of the EU in promoting and protecting human rights worldwide, the implementation of the multilateral or regional conventional law, developed in the framework the UN (e.g. in the field of agriculture or environment etc) or what concerns the Kyoto process on climate change or the conservation of marine biological resources at international level etc), it seems reasonable and justified to submit that the influence, for example, of the law-making activities of the main stakeholder international organizations in the mentioned policy-areas on the EU (especially on the development of its constantly evolving legal order) or vice-versa the influence of the EU law-making practice on these international organizations is significant, in many aspects mutually interdependent and more and more remarkable. This tendency of the 21st century doesn't mean, however, in my view, that the notion of the autonomy of the EU legal order would have been weakened by this increasing interaction between international law and EU law over the passed years. This contribution is going to demonstrate and prove these departuring points by giving some concrete examples from the most recent practice of the Council (all occuring either in the second half of 2009 or after the entry into force of the Lisbon Treaty), and which relate to two very important policy areas in the EU, namely the protection of human rights and the Common Fishery Policy.
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Description based on: Vol. 184, no. 8 (agosto 1992).
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The laws of each year are published in 2 parts, entitle "Atos do poder legislativo" and "Atos do poder exectutivo" respectively.
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