977 resultados para Desregulación de la economía
Resumo:
Las pruebas científicas son hoy en día incuestionables: el cambio climático constituye una seria amenaza mundial, que exige urgentemente una respuesta asimismo mundial. Esta revisión ha examinado una amplia gama de datos sobre las repercusiones del cambio climático y sobre sus costes económicos, habiendo utilizado diversas técnicas para la evaluación de dichos costes y riesgos. Teniendo todo ello en cuenta, la evidencia recogida en la revisión nos lleva a una clara conclusión: los beneficios de la adopción de medidas prontas y firmes superará con creces los costes económicos de la pasividad.
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Este artículo examina el negocio de las drogas ilegales en los Andes desde las relaciones de la oferta y la demanda. Luego, en el intento de construir una respuesta a la interrogante de por qué unos países producen drogas ilegales y otros no, Thoumi cuestiona las cuatro razones (pobreza, desigualdad, crisis económicas y corrupción) que comúnmente se utilizan para explicar este fenómeno, y señala que en muchas ocasiones estas variables son detonantes más que causas. En la parte final, el autor expone las características sociales e institucionales de los países que propician las destrezas necesarias para llevar a cabo actividades ilegales, y argumenta que su solución requiere cambios estructurales en la sociedad.
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Romero sostiene que la dinámica del ALCA parece seguir un curso inexorable, en medio de la contemplación de los responsables de las economías latinoamericanas. Salvo contadas excepciones, no existe un debate amplio sobre el proceso, ni una evaluación clara de sus implicaciones. El análisis de las posiciones predominantes en el gobierno y en el congreso norteamericano, expresadas en la discusión de la ""vía rápida"", señalan una clara tendencia hacia el unilateralismo, que puede vaciar de cualquier interés al ALCA. Según el autor, es preciso analizar adecuadamente esas perspectivas, revalorizando los esquemas de integración en América Latina y volver a situar al comercio en el marco de la política de desarrollo.
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Todas las previsiones sobre la economía mundial han sido rebajadas, reflejando la pérdida de dinamismo del crecimientó en los Estados Unidos y el traslado de dicha tendencia al resto del mundo, por los canales comerciales y financieros. Las promesas de la nueva economía respecto del fin de los ciclos no se han cumplido y los mercados financieros siguen caracterizados por una elevada volatilidad. A pesar de las reducciones de las tasas de interés y de los impuestos, se mantiene abierto el debate sobre los escenarios que enfrentaría la economía norteamericana y mundial. con la amenaza de una crisis de proporciones.
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El presente trabajo pretende ser una guía de orientación para el enriquecimiento de la ciencia jurídica, dirigido hacia la instrumentalización de una ley de economía solidaria, tomando en cuenta que el Preámbulo y el Art. 242 de nuestra Constitución la enuncian como un principio que rige la economía social de mercado; y, la Ley de Modernización del Estado, Privatizaciones y Prestación de Servicios por parte de la Iniciativa Privada como un principio modernizador de la esfera estatal; de tal manera que se constituya en un posible instrumento eficaz de desarrollo económico y social que conlleve a la solución de los problemas de la sociedad ecuatoriana. Dividimos la investigación en cuatro capítulos: En el Capítulo I se analizan los derechos y los principios económicos constitucionales que rigen a los países integrantes de la Comunidad Andina de Naciones, principalmente: el derecho a la propiedad privada y su función social, el derecho a la libre competencia, el derecho a la libertad de empresa, y el principio de la solidaridad económica. Los objetivos de la economía social de mercado contemplados en las constituciones andinas. En el Capítulo II se realiza un estudio sobre los orígenes remotos y próximos de la economía solidaria, así como los fundamentos del cooperativismo a nivel nacional e internacional. En el Capítulo III se establece un marco conceptual referencial sobre la necesidad de instrumentalizar una ley de economía solidaria, estableciendo su objeto, principios, fines y organización. Por otro lado, se describen los parámetros para la creación de un fondo de fomento y de una Superintendencia de economía solidaria. Finalmente, en el Capítulo IV arribamos al establecimiento de conclusiones y recomendaciones.
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El propósito del presente trabajo intitulado El rol normativo del estado ecuatoriano en la economía digital: aspectos de contratación telemática, guarda relación con la necesidad real y actual de analizar el papel que desempeña el Estado como responsable de generar un adecuado marco normativo general y específico, que impulse las actividades de comercio electrónico y de contratación telemática en particular, sobre la base de su responsabilidad de promotor de las condiciones económicas, políticas y sociales así como catalizador de la iniciativa privada a través de lineamientos, políticas y programas. En concordancia, los objetivos planteados abarcan el análisis sucinto de los conceptos de Economía Digital y Comercio Electrónico, en los que se enmarca el de contratación telemática, tema central de la investigación; la comprensión clara de las particularidades y connotaciones propias de aquella modalidad de contratación que emplea medios telemáticos para su celebración; y la reflexión sobre el panorama normativo ecuatoriano aplicable y la perspectiva a futuro del Estado en este contexto. La tesis se desarrolla a lo largo de tres capítulos que permiten abordar el tema desde su panorama más amplio para centrar y ubicar la temática específica que será objeto de análisis final con miras a absolver la pregunta central planteada. Así en el primer capítulo se hace un breve desarrollo de los temas de economía digital y comercio electrónico, que sirven como introducción para el contenido específico de la contratación telemática que se trata en el segundo capítulo y en conjunto permiten ir decantando los aspectos fundamentales del tercer capítulo que muestra un recorrido por el panorama del ordenamiento jurídico de la contratación telemática en el Ecuador.
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En el presente trabajo se analizan las causas de la reforma del sistema jurídico regulador de la economía durante el actual gobierno, desentrañando las motivaciones económicas, políticas y sociales que la han impulsado. Se considera que los actuales cambios legales no solamente dan respuesta a procesos internos, sino que obedecen a una lógica que traspasan la fronteras nacionales y tienen correspondencia con el fenómeno de la "globalización". Desde esta óptica se revisa el proceso de crisis del capitalismo de postguerra, su reestructuración y las nuevas modalidades de acumulación y centralización del capital a nivel mundial que han promovido la modificación de la forma de Estado intervencionista y por tanto han generado una radical transformación de la estructura jurídica. El análisis está centrado en América Latina y Ecuador. A la luz de estos elementos se analiza el proceso de reforma legal vivido en el Ecuador desde agosto de 1992, considerando las condiciones económicas, políticas y sociales del país y examinando las leyes relacionadas con la economía.
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El modelo de acumulación por despojo y las presiones de monopolización económica y exclusión social que se han desencadenado en años recientes, exacerban un empobrecimiento extremo, la destrucción de las condiciones de vida y el deterioro de la integridad ambiental. La lógica de las grandes corporaciones avanza demoliendo no sólo las condiciones de vida, sino las bases de nuestra soberanía, al tiempo que las movilizaciones sociales se multiplican para defender los derechos humanos y sociales; pero el mundo profesional y académico reacciona con exasperante pasividad e indolencia y las universidades entran de lleno en un modelo de educación neoliberal. Los departamentos universitarios, las unidades técnicas de agencias gubernamentales- locales y nacionales- y hasta organizaciones no gubernamentales independientes, han acogido las políticas y agendas del poder, y siguen en la línea de programas inefectivos e inocuo para encarar la tan mencionada “pobreza”, o se enrolan directamente en líneas de trabajo empresariales. Los programas sociales no van a las raíces de los problemas y terminan reproduciendo las propias reglas del juego neoliberal y la hegemonía, muchas veces en el marco de una fraseología progresiva y de la ilusión creada por acciones limitadas de desarrollo local. En este trabajo se pretende explicar aquel contrasentido histórico, reflexionando sobre aquello que el autor define como las raíces de una cultura pragmática y de resignación; sazonada en medio de las presiones del mercado de trabajo, el miedo y de las confusiones ideológicas de la época. Un análisis sobre una época donde impera en las universidades y entidades de investigación, una corriente de renuncia a la critica del capitalismo; una cultura inmediatista que ha hegemonizado muchos ámbitos académicos y técnicos, que renuncia a la construcción de una sociedad distinta, generando la incapacidad institucional y de los expertos para mirar las raíces de una creciente inequidad y el divorcio entre los aparatos tecnocráticos y la lucha de los pueblos.
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Presenta el debate en torno al recientemente publicado estudio, Desmemoria y olvido. La economía arrocera en la cuenca del Guayas, 1920-1950, del historiador ecuatoriano Roque Espinosa.
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El estudio de “La Delegación de los Servicios Públicos a la Economía Popular y Solidaria en el Ecuador”, se ha centrado en la delimitación conceptual y ubicación jurídica de los servicios públicos, y en el reconocimiento del nuevo sector económico denominado economía popular y solidaria, conforme la Constitución de la República del Ecuador vigente y la legislación aplicable. Como consecuencia, se logra conocer el alcance de la delegación por excepción a la economía popular y solidaria en la prestación de los servicios públicos; y, sus efectos en el desarrollo social y económico frente a la participación estatal, privada, mixta y comunitaria, conforme la Constitución del 2008. En vista de la amplitud del tema central, cuyo abordaje requiere la compresión de estas dos figuras, en todo su contexto, aparecen algunas limitaciones para su análisis, sobre todo por los tecnicismos, especialmente de índole económico, que rebasan la aplicación del derecho, por lo que se ha visto necesario contar con mayores estudios especializados que los aborden, para que complementariamente y en un segundo momento de estudio, se determine en forma global su alcance y efectos en la prestación de losservicios públicos. Sin embargo, se ha logrado inferir la aplicación de casos concretos por parte de los actores de la economía popular y solidaria, que cotejados con las normas del ordenamiento jurídico y la doctrina de pensadores especialistas, deducen máximas generales concluyentes para este estudio. Logrando concluir en que jurídicamente y pese a la visión estatista que se plantea en la Constitución, es factible la intervención del sector económico popular y solidario, como actor en la prestación de los servicios públicos, de forma directa en las actividades prestacionales de educación, salud y comunitarias; y, excepcionalmente por delegación en cuanto a las actividades que se enmarcan en el amplio segmento de los denominados sectores estratégicos; pero pese a esa posibilidad, prevalece la necesidad de la revisión de la ley orgánica específica, regulación administrativa e implementación de políticas públicas, a fin de que se den las condiciones adecuadas para que este acertado avance, en la práctica, no quede sin una efectiva aplicación.
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La mala alimentación ha generado que el organismo de los individuos no funcione bien provocando enfermedades crónicas. Comer es un acto tan normal, como cotidiano y se ha convertido en un problema de salud pública. Por consiguiente, el Plan Nacional del Buen Vivir plantea que hasta el 2017 se reduzca la incidencia de la obesidad y sobrepeso en niños de cinco a once años. El país está actuando con intenciones de cumplir lo que se ha propuesto y por consiguiente, nació la necesidad de realizar está investigación. El objetivo general es determinar estrategias para el sector de la economía saludable localizado en el norte de Quito, con relación a la elaboración de alimentos preparados por empresas de catering para eventos. Para esta investigación, se optó por un estudio descriptivo para determinar cómo está estructurado el sector de la economía saludable en el distrito metropolitano de Quito y se utilizó un método empírico basado en la realización de entrevistas y encuestas a un grupo objetivo. Se sustentó en diferentes bases teóricas, siendo útiles para la orientación de los procedimientos investigativos requeridos para el cumplimiento de los objetivos planteados, y por otro lado esta investigación demandó el uso de herramientas que permitan disponer de información actualizada para la propuesta de estrategias. Los resultados muestran que el sector de catering se encuentra en desarrollo, siendo sus fortalezas mecanismos para impulsar un crecimiento sostenido que aporte a elevar la calidad de vida de los consumidores. Se describen varias estrategias especializadas relacionadas en el Plan Nacional del Buen Vivir. Éstas pretenden fortalecer la descripción del Objetivo No.3, el que indica mejorar la calidad de vida de la población, en donde se establezcan lineamientos específicos que sustenten acciones concretas con referencia a la salud y el bienestar. En el diseño de las estrategias, se resalta la iniciativa de formar una asociación que permita asistir a las empresas interesadas para que adopten procesos de calidad y oferten alimentos nutritivos. La ejecución de éstas demandan de una estructura que faculte su gestión por fases y se presenta un plan operativo, el cual muestra las actividades que cada estrategia contiene, así como su relación y temporalidad. Finalmente, los impactos evaluados señalan que la propuesta incide a nivel económico, social y ambiental, siendo un aporte fundamental para mejorar la calidad de vida de la población.
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La Constitución de Montecristi de 2008 significó una ruptura con los paradigmas constitucionales y económicos clásicos predominantes en el mundo al crear y diseñar nuevos paradigmas de entender el sistema económico, basados en valores éticos y sociales, el papel del Estado, la centralidad de los derechos constitucionales en el accionar público y, sobre todo, la interconexión e interdependencia entre derechos constitucionales, Estado y sistema económico orientados a lograr el buen vivir. Sin lugar a dudas, los aspectos más significativos en los campos jurídico-institucional y económico de la Constitución de Montecristi son el haber establecido el Sistema Económico Social y Solidario (Art.283) y el Estado de derechos y justicia (Art.1), los cuales constituyen una estructura interdependiente orientada a la consecución de los derechos constitucionales y el buen vivir no solo de los ciudadanos, sino también de la naturaleza. El Estado constitucional de derechos y justicia y el sistema económico social y solidario, constituyen nuevos paradigmas basados en el principio de centralidad de derechos y la solidaridad democrática, donde las necesidades y deseos legítimos aseguran el bienestar y la existencia de todas las personas y la naturaleza; en el cual existen diversos actores económicos (públicos, privados, mixtos, populares y solidarios) que interactúan bajo principios de solidaridad, justicia y responsabilidad en el mercado, que es el punto de encuentro de los mismos, más no su ente regulador. Este nuevo modelo económico requiere de un renovado paradigma de Estado, es así que el Estado constitucional de derechos y justicia, el cual tiene como elementos de interdependencia al buen vivir como la filosofía común que sustenta y justifica al nuevo modelo de Estado y economía, un sistema normativo que responde a la centralidad de derechos y una institucionalidad orientada a aplicar el buen vivir.