590 resultados para SEGURIDAD CIUDADANA - CARTAGENA (COLOMBIA) - PROGRAMAS


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Colombia durante los últimos años ha intentado cambiar el estigma que tiene, en cuanto a su imagen internacional. Por lo tanto, el país ha tratado de explotar y potenciar las zonas que ha considerado con mayores fortalezas destacándose entre ellas la región de la costa, especialmente la ciudad de Cartagena, permitiéndose el fortalecimiento notable del sector del turismo en esta ciudad. En esa medida, este sector se ha preocupado por mantenerse en una competencia permanente en cuanto a la captación de turistas. Sin embargo, la ciudad de Cartagena se encuentra dentro de una dualidad enmarcada por la desigualdad social que ha polarizado su población. Abriendo paso a la generación actividades que se encuentran determinadas como indeseables. De acuerdo con lo anterior, podría hablarse de que en virtud del turismo se generan unas actividades, que no se encuentran propiamente bajo el marco de lo deseable como en el caso de la prostitución, la venta de estupefacientes y el comercio informal, que sumados a la mala planeación, se han convertido en los mayores problemas que atacan a esta ciudad.

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Cambiante, controversial, prometedora, enemiga de los asaltantes, preocupante para los ciudadanos y dolor de cabeza para los alcaldes. En 1995 con la primera elección de Antanas Mockus como alcalde de Bogotá nacen nuevos programas y políticas para atender los problemas que aquejan la seguridad ciudadana.

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Los estudios sobre seguridad en Colombia han incorporado en sus análisis las implicaciones políticas que la seguridad tiene para la consolidación de la democracia, la ciudadanía, la memoria, la verdad o los Derechos Humanos. Por esta razón, este artículo analiza la primera política estatal sobre seguridad que se implementó entre 1978 a 1982, conocida como el Estatuto de Seguridad y los efectos que tuvo en la institucionalización de la protección y defensa de los Derechos Humanos. El texto esta dividido en tres partes: La primera parte, analiza la instrumentalización del Estatuto a través de las relaciones cívico-militares, la ideologización y la ocupación y administración de las instituciones; la segunda parte, los alcances del Estatuto respecto a las violaciones de los derechos fundamentales y de los procedimientos legales, así como un intento por ver este fenómeno a través de la dinámica campo-ciudad. La última parte, explica el desmantelamiento del Estatuto en las postrimerías del gobierno en 1982.

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Este libro presenta las tendencias más recientes en políticas de seguridad ciudadana y modernización de la policía en el mundo. El interés por estos temas ha sido escaso entre los académicos en América Latina a pesar de la preocupación creciente de sus ciudadanos por los problemas de inseguridad que los aquejan diariamente. La desproporción entre la enorme producción académica mundial en la materia y el interés puntual de un puñado de investigaciones latinoamericanas resulta, al mismo tiempo, sorprendente y poco halagüeña para poder proponer e implementar en el futuro reformas y cursos de acción efectivos. Por esta razón los autores abren con este libro el abanico de opciones y perspectivas en el estudio de la seguridad ciudadana y la policía, contribuyendo con un análisis comparado internacional. Autoridades nacionales y locales, administradores públicos y asesores gubernamentales; profesionales de la seguridad; miembros de los cuerpos de policía; profesores, investigadores y estudiantes en las diversas ramas de las ciencias sociales, la criminología, la equística y la gestión publica y urbana podrán contar con un panorama amplio de los debates y las transformaciones alrededor de las políticas de seguridad ciudadana y el rol de la policía en su desarrollo e implementación.

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Durante varias décadas, el debate sobre el rol de la policía en las políticas de seguridad de las ciudades se enfocó en la disyuntiva represión-prevención. Sin embargo, en la actualidad, el tono del debate se ha tornado muy diferente. Hoy día, las políticas de seguridad más recientes y exitosas se caracterizan por ser esencialmente preventivas, esto quiere decir que están enfocadas hacia la creación de un mayor tejido social y al restablecimiento del control de las comunidades sobre sus barrios. No obstante y pese a que la base de las políticas de seguridad en esencia misma, existen diferencias sustanciales respecto de la forma como se concibe la construcción de este tejido social en el mundo. Los diferentes países han establecido sus propios modelos con objetivos claros. Tres de estos modelos se destacan en este siglo: el modelo “inmunológico” estadunidense, el “profiláctico” europeo y el modelo de los hábitos saludables.

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Desde el inicio de su primera gestión presidencial, en el año 2002, el presidente Álvaro Uribe Vélez convirtió el concepto de Seguridad Democrática en un término recurrente para invocar una política de seguridad que legitimara la acción del Estado contra las principales amenazas identificadas por los colombianos: el terrorismo (condensado en las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC - EP) y el narcotráfico. La presente investigación tiene como objetivo discutir si este discurso del presidente Álvaro Uribe Vélez que privilegia, entre los años 2002 y 2004, una política del miedo, fue una estrategia de marketing del miedo o fue una estrategia de profundización democrática.

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La presente investigación tiene como objetivo principal, explicar la influencia de la línea de intervención de Seguridad Humana del plan 75-cien, en la seguridad ciudadana de la UPZ Las Cruces, con el fin de demostrar que la política pública no influye de manera significativa en la seguridad ciudadana de la UPZ Las Cruces, ante la participación casi nula de la Policía Nacional en el proyecto. A pesar de que la intervención focaliza el territorio y prioriza las necesidades sociales, el vacío que existe en el trabajo conjunto entre la Policía y la Secretaria Distrital de Gobierno, implica que no se establezcan acciones policivas que acompañen las estrategias de desarrollo humano para evitar o disuadir el delito. Por lo tanto a partir de la utilización del método cualitativo, se recolectaran datos de grupos focales, informes de las fuentes primarias y un diagnóstico de la línea de intervención, que permitan un análisis descriptivo y explicativo del fenómeno.

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La revocatoria de mandato es una herramienta de participación política ciudadana en Colombia establecida hace ya más de veinte años. Sin embargo, y a pesar de que ha sido implementada en 146 casos, ningún gobernante ha sido revocado o ratificado por este medio en el país. Este hecho ha motivado varias investigaciones que se han centrado en los problemas operativos, normativos y las dificultades en la implementación de la herramienta. Este trabajo busca ir más allá y centrarse en los efectos políticos y sociales que afectan, de manera positiva o negativa, esta herramienta de participación política ciudadana. Siendo una herramienta que involucra directamente a los ciudadanos con la política local, las acciones que se lleven a cabo durante todo el proceso pueden afectar a la población. Esto se puede afirmar si se tiene en cuenta que la historia política colombiana ha estado permeada por el autoritarismo y el clientelismo, donde actores poderosos a nivel local, pertenecientes a oligopolios políticos, se encuentran legitimados por características históricas para adelantar acciones que afectan la seguridad, tranquilidad e integridad de la población. El análisis involucra tres procesos de revocatoria de mandato en el departamento de Boyacá durante el periodo 2008-2011: Tunja, Samacá y Somondoco; resaltando el papel que cada actor juega en el respectivo proceso de revocatoria, así como sus motivaciones para ser parte de él y las acciones que adelanten para asegurar el éxito o fracaso de esta herramienta. Para ello se utilizó una metodología cualitativa, consistente en monitoreo de medios y entrevistas semiestructuradas a los diferentes actores de los procesos, lo cual permite reconstruir los casos de estudio.

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El presente texto constituye una reflexión teórico-normativa sobre la política de informantes y cooperantes implementada en Colombia durante el período presidencial de Álvaro Uribe Vélez (2002-2010). El análisis propuesto de la política de informantes y cooperantes tiene como objetivo principal identificar el tipo de ciudadano que se construye a través de la implementación de dicha política. Para lograr este fin, la autora, primero, da a conocer de forma integral los antecedentes contextua les del país en el que se ejecuta la política y presenta algunos argumentos gubernamentales expresados en la política de seguridad de mocrática. Después, plantea el funcionamiento –instituciones estatales implicadas, pautas y estrategias de ejecución, tipos de ciudadanos participantes–, los logros y problemas de dicha política para, por último, analizar todos los elementos a través de algunos discursos filosóficos de tipo liberal y republicano que permiten comprender la relación Estado-ciudadanos que promueve la política. Con esta amplia argumentación, la autora concluye que la política de informantes y cooperantes busca crear un tipo de ciudadanía súbdita, obediente, que protege y es protegida por la entidad dominadora: el Estado.

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Se analizan aquí a partir de fuentes documentales las políticas de seguridad en Córdoba siguiendo la conformación y transformación de la categoría de intervención pública "seguridad", su institucionalización en el estado y los cambios en componentes, orientaciones y medidas en las dos últimas décadas.Se presta especial atención a la mutación desde la categoría seguridadciudadanaùdesarrollada durante los noventa con la impronta de juristas y criminólogosùpor la de seguridad pública, emergenteen la última década, en un contexto de criminalidad estable y de inseguridad creciente. El cambio semántico refleja el recambio en el partido de gobierno y el ascenso de actores policialesen la definición de programas y medidas que han proyectado su poder perfilando el ministerio de seguridad, enfatizando el componente policial y represivo, y subordinando componentes comunitarios y de planificación. Se concluye con una breve referencia a los efectos de esa mutación institucional en la conformación del particular sentimiento de inseguridad y los regímenes de ciudadanía.

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Se analizan aquí a partir de fuentes documentales las políticas de seguridad en Córdoba siguiendo la conformación y transformación de la categoría de intervención pública "seguridad", su institucionalización en el estado y los cambios en componentes, orientaciones y medidas en las dos últimas décadas.Se presta especial atención a la mutación desde la categoría seguridadciudadanaùdesarrollada durante los noventa con la impronta de juristas y criminólogosùpor la de seguridad pública, emergenteen la última década, en un contexto de criminalidad estable y de inseguridad creciente. El cambio semántico refleja el recambio en el partido de gobierno y el ascenso de actores policialesen la definición de programas y medidas que han proyectado su poder perfilando el ministerio de seguridad, enfatizando el componente policial y represivo, y subordinando componentes comunitarios y de planificación. Se concluye con una breve referencia a los efectos de esa mutación institucional en la conformación del particular sentimiento de inseguridad y los regímenes de ciudadanía.

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Se analizan aquí a partir de fuentes documentales las políticas de seguridad en Córdoba siguiendo la conformación y transformación de la categoría de intervención pública "seguridad", su institucionalización en el estado y los cambios en componentes, orientaciones y medidas en las dos últimas décadas.Se presta especial atención a la mutación desde la categoría seguridadciudadanaùdesarrollada durante los noventa con la impronta de juristas y criminólogosùpor la de seguridad pública, emergenteen la última década, en un contexto de criminalidad estable y de inseguridad creciente. El cambio semántico refleja el recambio en el partido de gobierno y el ascenso de actores policialesen la definición de programas y medidas que han proyectado su poder perfilando el ministerio de seguridad, enfatizando el componente policial y represivo, y subordinando componentes comunitarios y de planificación. Se concluye con una breve referencia a los efectos de esa mutación institucional en la conformación del particular sentimiento de inseguridad y los regímenes de ciudadanía.

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Las Mesas es un corregimiento del municipio del Tabl?n de G?mez, ubicado al norte del departamento de Nari?o con m?s de 7 mil habitantes, este pueblo ha sido considerado como un corregimiento de gente amable y trabajadora. Pero a partir de la d?cada de 1990 la poblaci?n civil experimenta un notorio cambio en su comportamiento sociocultural y econ?mico debido a la plantaci?n de cultivos il?citos; propiamente de amapola, llevando este corregimiento al aumento de niveles de violencia y convirti?ndose en un punto propicio del narcotr?fico para las fuerzas insurgentes del pa?s (grupos guerrilleros: FARC, ELN)1 y la alteraci?n del orden p?blico. Es as? que desde el 2008 vemos ya los notorios cambios : p?rdida de autoridad de muchos de los ni?os y las ni?as, adem?s los j?venes del corregimiento de Las Mesas, haciendo que la seguridad ciudadana de los habitantes de este corregimiento se vea muy afectada, siendo los ciudadanos propensos a robos, atracos a mano armada, ri?as , secuestros , extorciones, homicidios. Esta regi?n considerada por los lugare?os como el para?so terrenal, se convirti? en un campo propicio para los conflictos sociales y armados como respuesta de la administraci?n municipal, s?lo hay planteamientos escritos, sin el rigor de una pol?tica p?blica que contenga los fundamentos para evitar la proliferaci?n de dichos conflictos.

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El interés de este Estudio de Caso, tiene como objetivo analizar la incidencia de la desmovilización de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) en la Política de Seguridad Ciudadana y Convivencia de Bogotá (PSCCB) durante el periodo 2004 – 2013. Se identifica y analiza, cómo se incluyó un programa para desmovilizados en la Política de Seguridad Ciudadana y Convivencia; además de la reconfiguración de las estructuras del crimen organizado tras dicha desmovilización. Lo anterior, para explicar el aumento de los delitos de alto impacto y la percepción de inseguridad en la capital durante este periodo de tiempo.