30 resultados para derecho a la cultura
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Los documentos del Seminario fueron publicados por UNESCO en 1961 con el título: La urbanización en América Latina/Urbanization in Latin America
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A partir de la década de 2000 se ha fortalecido la visibilidad estadística de los pueblos indígenas y afrodescendientes en América Latina, mediante acciones conjuntas entre los diferentes actores involucrados que dieron como resultado recomendaciones específicas para los censos de 2010. En este artículo se examinan algunos avances observados en los censos, como la inclusión generalizada de las preguntas de autoidentificación para los pueblos indígenas y el aumento de los países que las incluyeron para los afrodescendientes, la mayor participación en los procesos censales, la ampliación del uso de pruebas piloto, la revisión de las preguntas, la identificación de los pueblos de pertenencia y la realización de campañas de sensibilización, entre otros. Junto con lo anterior, persisten importantes desafíos, ya que los avances son dispares, los procesos no están sistematizados y no hay informes técnicos que den cuenta de ellos. Es necesario contribuir al fortalecimiento de las etapas poscensales con la participación de los pueblos y crear o fortalecer la institucionalidad para la producción de estadísticas desagregadas.
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El derecho a la educaciónUna vez más nuestro boletín asume los desafíos planteados por la Declaración del Milenio y el enfoque de derechos humanos plasmado en la Convención sobre los Derechos del Niño. Esta vez examinamos el derecho de niños, niñas y adolescentes a la educación.
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El derecho a la identidad: Los registros de nacimiento en América Latina y el CaribeUn rostro sobrecogedor de la vulnerabilidad de niños, niñas y adolescentes en América Latina y el Caribe es no estar registrados como nacidos y nacidas y, con ello, carecer de toda identidad legal. Esto implica no poder ejercer derechos ciudadanos básicos y enfrentar trabas en el acceso a prestaciones sociales, al sistema de justicia, al reconocimiento como personas en plenitud, al derecho al bienestar, al desarrollo de capacidades, al acceso a empleos productivos y a la participación política.
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Existen diversos pactos, convenciones y acuerdos internacionales que prescriben de manera inalienable el derecho de todos y todas a la educación, aunque la expresión de este derecho, en cantidad y calidad, varía de un país a otro. El promedio de enseñanza obligatoria, establecida por derecho, es de diez años en los países de la región, si bien en el 50% de ellos toda la enseñanza secundaria (baja y alta) ya es obligatoria. Esto es razonable, si se considera como un umbral mínimo para aspirar a niveles de bienestar y desarrollo de capacidades a lo largo de la vida. El artículo central de esta edición de Desafíos profundiza en este tema y muestra los rezagos y metas para avanzar en la plena titularidad del derecho a la educación en adolescentes. Destacan la baja tasa de conclusión de la educación secundaria y de aprendizajes pertinentes, la fuerte estratificación socioeconómica y sociocultural, los atrasos en competencias ciudadanas y la persistencia de un nivel relativamente alto en deserción escolar, sobre todo a lo largo del ciclo secundario. Sin duda el principal reto para avanzar en el derecho a la educación es reducir brechas de logro y aprendizaje, favoreciendo a los grupos que hoy presentan mayor postergación. Junto al artículo central, y como es habitual, se informa sobre encuentros y conferencias en la región acerca de este tema durante el semestre en curso, se presentan opiniones expertas y de adolescentes, y se destacan experiencias positivas de promoción de asistencia escolar en el Uruguay y en la República Dominicana.
Acercando el derecho a la salud a las personas mayores en el Distrito Federal de la Ciudad de México
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A pesar de que es un fenómeno mundial, y que tarde o temprano todos los países vivirán la transición demográfica, muchos de ellos aún no garantizan los derechos ni los servicios mínimos necesarios para la atención de las personas mayores. Los derechos a una vivienda, al agua potable y, de manera muy especial, a la salud y a la alimentación, son todavía una ilusión para millones de personas mayores que viven en la pobreza, que no tienen seguridad social o carecen de acceso a la atención sanitaria. El objetivo de este trabajo es describir las acciones que se han emprendido en el Distrito Federal de la Ciudad de México en esta materia para la atención urgente de este creciente grupo poblacional y sus resultados en el corto y el mediano plazo.
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Al abordar el problema del hambre y la desnutrición, la más reciente Conferencia Regional sobre Desarrollo Social de América Latina y el Caribe organizada por la CEPAL (Lima, Perú, 2 a 4 de noviembre de 2015) puso énfasis en la necesidad de tratar estos asuntos desde la óptica del derecho a la alimentación, establecido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. En el documento preparatorio de dicha conferencia se señala que el Objetivo 2 de los Objetivos para el Desarrollo Sostenible es relevante en tanto aborda la problemática de la alimentación y la nutrición de una manera más integral y considera la seguridad alimentaria como un derecho humano fundamental, cuya conculcación limita la capacidad de ejercicio de los derechos políticos y el desarrollo de una democracia participativa. En línea con este planteamiento, uno de los objetivos principales de este estudio es conocer el estado del arte que en la subregión ha tenido el enfoque de derechos en las políticas de seguridad alimentaria y nutricional y, en particular, la promoción del derecho humano a la alimentación,
