25 resultados para Derecho a la seguridad de la persona


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Existen diversos pactos, convenciones y acuerdos internacionales que prescriben de manera inalienable el derecho de todos y todas a la educación, aunque la expresión de este derecho, en cantidad y calidad, varía de un país a otro. El promedio de enseñanza obligatoria, establecida por derecho, es de diez años en los países de la región, si bien en el 50% de ellos toda la enseñanza secundaria (baja y alta) ya es obligatoria. Esto es razonable, si se considera como un umbral mínimo para aspirar a niveles de bienestar y desarrollo de capacidades a lo largo de la vida. El artículo central de esta edición de Desafíos profundiza en este tema y muestra los rezagos y metas para avanzar en la plena titularidad del derecho a la educación en adolescentes. Destacan la baja tasa de conclusión de la educación secundaria y de aprendizajes pertinentes, la fuerte estratificación socioeconómica y sociocultural, los atrasos en competencias ciudadanas y la persistencia de un nivel relativamente alto en deserción escolar, sobre todo a lo largo del ciclo secundario. Sin duda el principal reto para avanzar en el derecho a la educación es reducir brechas de logro y aprendizaje, favoreciendo a los grupos que hoy presentan mayor postergación. Junto al artículo central, y como es habitual, se informa sobre encuentros y conferencias en la región acerca de este tema durante el semestre en curso, se presentan opiniones expertas y de adolescentes, y se destacan experiencias positivas de promoción de asistencia escolar en el Uruguay y en la República Dominicana.

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En el artículo se propone analizar y sistematizar el alcance, las limitaciones y los desafíos de las fuentes de información producidas oficialmente en la Argentina en los últimos 15 años, para el monitoreo del ejercicio del derecho a la salud de las personas mayores. Se realiza una compilación de indicadores propuestos principalmente por el Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía (CELADE)-División de Población de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) en el marco de diferentes conferencias internacionales y se analizan las posibilidades de implementación, con una mirada desde el enfoque basado en los derechos humanos. Entre las principales conclusiones, se destaca que la Argentina cuenta con un conjunto de fuentes de información que permiten abordar una cantidad importante de indicadores. Sin embargo, para medidas clave en este grupo poblacional, las principales fuentes de información no permiten monitorear diferencias entre distintos grupos socioeconómicos y geográficos ni su evolución, por lo que no admiten una mirada desde el enfoque de derechos.

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El panorama demográfico internacional apunta en una misma dirección: la población mundial está envejeciendo. América Latina y el Caribe no es la excepción, las grandes transformaciones de las décadas pasadas abren paso a nuevas realidades en la región. La Declaración Universal de Derechos Humanos, en su artículo 22, señala que: “Toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a la seguridad social”, y en su artículo 25 establece que toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure la salud y el bienestar, en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios.